¡ÚLTIMA HORA!
El Metro de Santo Domingo, el más moderno e importante sistema de transporte masivo del Gran Santo Domingo, esconde sobre sus rieles una problemática que rara vez sale a la luz pública: el deterioro progresivo de la salud de sus conductores.
Pocos ciudadanos se imaginan el costo en salud que significa movilizar diariamente hasta 300,000 personas. Los conductores sí lo saben y lo padecen en silencio para garantizar el empleo.
Las principales lesiones son musculoesqueléticas. Diversos testimonios de trabajadores revelan un patrón preocupante de lesiones físicas, especialmente en el hombro derecho, asociado a las condiciones laborales dentro de la cabina de conducción.
Según relatan, hasta 8 de cada 10 conductores desarrollan algún tipo de afección en esta zona, principalmente relacionadas con el manguito rotador o procesos inflamatorios como la bursitis.
El diseño de la cabina es señalado como uno de los principales factores de riesgo. El asiento se encuentra separado del panel de control, lo que obliga al conductor a mantener una postura forzada del brazo para manipular la palanca de aceleración y frenado.
Las jornadas de trabajo son de 8:00 horas consecutivas, según relatan, con apenas poco tiempo para descansar, lo que, con el tiempo, agrava la situación que, en algunos casos requieren de intervención quirúrgicas.
A esto se suma la dinámica propia del sistema: estaciones separadas por aproximadamente 1 kilómetros obligan a realizar movimientos constantes de aceleración y frenado durante toda la jornada.
“Es un movimiento constante, todos los días, sin suficiente descanso. Con el tiempo, la lesión es casi segura”, afirma uno de los exempleados consultados que rehusó identificarse.
Los turnos pueden iniciar desde antes de las cinco y media de la mañana y extenderse hasta la noche. Aunque existen pausas teóricas para desayuno y almuerzo, los trabajadores indican que muchas veces no pueden tomarlas en el momento adecuado, debido a la falta de personal.
Esta sobrecarga laboral se agrava por la escasez de conductores, lo que reduce las posibilidades de rotación y descanso.
El acceso a atención médica depende en gran medida de la iniciativa individual. Muchos trabajadores optan por soportar el dolor hasta que la lesión se agrava, lo que en algunos casos termina en cirugías.
De acuerdo con testimonios de afectados, aunque el seguro de salud cubre parte de los gastos, los empleados deben asumir costos adicionales tanto en consultas como en procedimientos quirúrgicos.
Además, denuncian la ausencia de un reconocimiento formal de estas afecciones como riesgos laborales, lo que limita cualquier compensación económica.
El impacto no se limita a lo ortopédico. También se reportan altos niveles de estrés, que han derivado en problemas psicológicos en algunos empleados.
Según los testimonios, en 2022 se entregó documentación al Colegio Médico Dominicano detallando casos de enfermedades, incluyendo lesiones físicas, estrés y otras situaciones de salud, sin embargo, los afectados de ese entonces aseguran que estas denuncias no generaron cambios significativos.
Sin intervenciones que incluyan rediseño de cabinas, rotación de tareas, pausas activas y reconocimiento de enfermedades laborales, el problema podría continuar afectando a nuevas generaciones de conductores del moderno sistema del Metro de Santo Domingo.
Diario Libre consultó a la Empresa Metropolitana del Transportey desde comunicaciones prometieron indagar sobre el tema.
Las autoridades detuvieron a un profesor de matemáticas del Instituto Politécnico Víctor Estrella Liz (ubicado en el Distrito Nacional y conocido como La Perito) acusado de agresión sexual contra una estudiante menor de edad, en un caso que se encuentra bajo investigación del Ministerio Público.
Al imputado, identificado como Inocencio Lebrón Montero, lo arrestaron el pasado 22 de abril y permanece bajo custodia preventiva en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción, pautada inicialmente para el 24 de abril, la aplazaron para el próximo 2 de mayo tras una solicitud de la defensa, que alegó más tiempo para preparar el proceso.
Según el expediente, los hechos ocurrieron el 10 de mayo, cuando el docente se desempeñaba como profesor de matemáticas de la adolescente. La investigación señala que el imputado desarrolló un acercamiento progresivo hacia la estudiante mediante mensajes de carácter personal, hasta generar una relación de confianza que luego derivó en conductas inapropiadas.
De acuerdo con la denuncia formal —presentada el 27 de enero por la madre de la adolescente— Lebrón Montero ejerció presión emocional sobre la menor para obtener interacciones de carácter íntimo, pese a la negativa de la joven. El expediente también refiere un encuentro fuera del entorno escolar en el que, según la parte querellante, se produjeron tocamientos de naturaleza sexual.
El Ministerio Público acusa al docente de violar los artículos 330 y 333 del Código Penal Dominicano, relacionados con agresión sexual y atentado al pudor, así como el artículo 396 de la Ley 136-03 sobre protección de niños, niñas y adolescentes, que sanciona el abuso físico, psicológico y sexual contra de menores de edad.
Consultada por Diario Libre sobre el caso, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) expresó que mantiene una posición de “rechazo y condena” frente a cualquier acto de abuso o acoso sexual contra estudiantes en centros educativos públicos.
La organización sostuvo que este tipo de hechos atenta contra la integridad física y emocional de niños, niñas y adolescentes, y recordó que en ocasiones anteriores respaldó medidas disciplinarias e incluso la expulsión de miembros del gremio vinculados a procesos judiciales por violencia o abuso contra estudiantes.
La ADP señaló que en distintos puntos del país se registraron casos similares que derivaron en investigaciones penales y sanciones administrativas contra docentes. Entre ellos, mencionó hechos ocurridos en provincias como San Pedro de Macorís y La Altagracia.
En noviembre, las autoridades investigaron una acusación por agresión sexual contra una estudiante de 13 años en una escuela del municipio Quisqueya, en San Pedro de Macorís. Por ese caso sometieron a la justicia a dos docentes señalados en la investigación del Ministerio Público.
Ese mismo año y provincia, también trascendió el sometimiento de otro maestro acusado de mantener conversaciones inapropiadas con una alumna menor de edad y presuntamente enviar contenido sexual explícito a través de medios digitales.
Asimismo, en 2024 la Fiscalía de La Altagracia obtuvo una condena de 20 años de prisión contra el profesor John Kelly Martínez por el abuso y muerte de la adolescente Esmeralda Richiez Martínez, en un hecho ocurrido en el distrito municipal La Otra Banda, en Higüey.
Durante ese año, el Ministerio de Educación (Minerd) informó sobre la desvinculación y suspensiónpor acoso sexual de más de 30 docentes en el año escolar 2023-2024.
Según los registros de la División de Resolución de Conflictos Laborales del Minerd, "elmayor número de casosse produjo en el Distrito Nacional, Regional 15, con ocho; en Cotuí, Regional 16, con cinco; en La Vega, Regional 06, con cinco y en Santiago, Regional 08, con cuatro".
Este mediointentó obtener una reacción oficialdel Politécnico Víctor Estrella Liz, pero representantes del centro indicaron no tener información sobre el proceso. También se solicitó una posición al Minerd, sin que hasta el momento se recibiera una respuesta oficial.
Este martes se cumplieron dos meses desde que comenzó el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, y aún no se vislumbra un alto al fuego, pese a las múltiples conversaciones de paz entre los países involucrados.
La guerra comenzó la mañana del sábado 28 de febrero, cuando los equipos de inteligencia de Estados Unidos se enteraron de que el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, estaría en un complejo en el centro de Teherán, y los aliados aprovecharon la oportunidad para atacar.
El ataque, en el que murieron Jameneí, parte de su familia y altos mandos militares iraníes, desató una guerra que ha dejado unos 3,375 muertos en Irán y 2,521 en Líbano. Otras 23 personas han fallecido en Israel y más de una docena en los estados árabes del Golfo.
En represalia, Irán cerró el estrecho de Ormuz, el canal por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial. Esto ha provocado un aumento en los precios del crudo a nivel global.
El panorama sigue dominado por la incertidumbre. La comunidad internacional se mantiene en alerta, consciente de que cualquier escalada tiene implicaciones globales.
Ayer, el Comando Central de Estados Unidos afirmó que debido a su bloqueo naval impuesto sobre Irán unos 20 barcos se encuentran varados en el puerto de Chah Bahar, el único con acceso directo al océano Índico, siendo una pieza clave del comercio con países del sur y centro de Asia.
“Antes del bloqueo estadounidense a Irán, el puerto de Chah Bahar tenía un promedio de cinco barcos anclados diariamente. Hoy más de veinte embarcaciones permanecen varadas”, informó el Comando Central en su cuenta oficial de la red social X.
Además, EE. UU. interceptó en el mar Arábigo un buque comercial por sospechar que se dirigía a Irán, aunque lo soltaron tras determinar que no iba a un puerto de ese país.
El presidente Donald Trump, informó ayer que Irán le ha comunicado que está en un “estado de colapso” y que, mientras resuelven sus problemas de liderazgo, quieren que Washington reabra el estrecho de Ormuz “lo antes posible”. Trump también habría comunicado a su equipo que está insatisfecho con la nueva propuesta de Irán para avanzar las negociaciones estancadas y reabrir el estrecho de Ormuz sin incluir un diálogo nuclear inmediato, informaron este martes medios estadounidenses.
Entre los principales objetivos de la guerra lanzada por EE.UU. e Israel contra Irán, Trump ha insistido en que quieren impedir que la República Islámica tenga acceso a un arma nuclear.
La creciente llegada de visitantes al país y el apoyo al turismo a través de la inversión extranjera y el financiamiento a la banca han permitido que la industria afiance su dinamismo y contribuya cada vez más a la economía.
El flujo turístico aportó 25,000 millones de dólares en valor agregado a la economía solo en el 2025, mismo período en el que el sistema financiero dominicano destinó un total de 3,293.4 millones de dólares a esta industria.
Durante la celebración del foro “Capital, confianza y crecimiento”, un evento organizado por la banca múltiple y el sector hotelero para pasar balance al dinamismo del turismo e identificar oportunidades de estrechar el apoyo del sector financiero a este sector, el ministro de Turismo, David Collado, resaltó que estos resultados están respaldados por un trabajo público-privado que fortalece el destino, la ampliación de conectividad aérea y los esfuerzos de promoción internacional.
El flujo turístico contribuyó a la actividad económica de este sector en un 76 %. En conjunto, esta industria generó el 18 % del producto interno bruto en el 2025 si se incluye el impacto de la inversión extranjera directa, puntualizó la viceministra técnica de Turismo, Jacqueline Mora.
Si se analizara el valor al producto interno bruto (PIB) de esta actividad económica por el tipo de visitante que ingresa al país, el 65 % de estas divisas se generó gracias a la llegada de extranjeros no residentes, el 25 % fue alcanzado por la visita de dominicanos no residentes, el 8 % fue debido al turismo interno y el 2 % fue aportado por los cruceristas.
El turismo también genera un impacto positivo sobre otros sectores que forman parte de su cadena de valor.
De este modo, la industria contribuyó en un 17 % a la generación de valor agregado de los hoteles, seguido de sectores como construcción (11 %), pymes (10 %), transporte interurbano y turístico (10 %), comercio (9 %), inmobiliario (6 %), entre otros segmentos (12 %).
“Solamente los hoteles (compraron) anualmente unos 98,000 millones de pesosdel sector comercio, transporte y manufactura”, aseguró Mora, tras agregar que cada turista que viene al país “trae esperanza y trae bienestar”.
Este desempeño se debe en gran medida al acceso sostenido a créditos otorgado por la banca.
El asesor general de la Superintendencia de Bancos (SB), Enmanuel Cedeño, explicó que, del total destinado por el sistema financiero a la banca, la mayor cantidad de créditos provino de la banca, que mantuvo una cartera de 1,860 millones de dólares en 2025.
A esto le siguió el financiamiento a través del mercado de valores (con 1,231 millones de dólares) y los préstamos offshore (con 202.4 millones de dólares).
La banca dominicana ha aportado el equivalente al 0.7 % del PIB en financiamiento para el desarrollo de los proyectos de inversión dentro del sector turístico, aseguró Mora.
Durante la celebración del foro, la presidenta de la ABA, Rosanna Ruiz, otorgó un reconocimiento a David Collado en el que resaltó su liderazgo y trayectoria al frente del Ministerio de Turismo, implementando una estrategia de promoción turística que ha contribuido a apuntalar a la industria frente a otros países competidores.
Ruiz destacó que su gestión ha fortalecido la confianza de los inversionistas y ha promovido iniciativas que generan bienestar y desarrollo para el país, manteniéndolo como uno de los principales destinos turísticos para la región.
La irrupción de la inteligencia artificial y la evolución del crimen organizado están reconfigurando los sistemas de justicia penal, coincidieron los juristas franceses Raphaële Parizot y Xabier Pin durante un panel celebrado en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), centrado en el análisis del nuevo Código Penal dominicano a partir de la experiencia del modelo francés y del enfoque europeo comparado.
Parizot, catedrática de Derecho y codirectora del Departamento de Derecho Penal de la Universidad París 1 Panthéon-Sorbonne, expuso que la transformación digital de la justicia penal tiene antecedentes de varias décadas. “Las primeras experiencias fueron en cuanto a las videoconferencias, en procesos penales”, explicó, al referirse a mecanismos implementados desde los años noventa para facilitar la conexión entre territorios. Posteriormente, este proceso avanzó hacia la desmaterialización de los expedientes, con el paso progresivo del papel al soporte electrónico.
En cuanto a la inteligencia artificial, la experta subrayó que su incorporación en la toma de decisiones judiciales sigue siendo limitada. “Estamos al principio de la utilización de la inteligencia artificial en la procedura penal, porque se rechaza que la justicia sea otorgada a través de la inteligencia artificial”, afirmó. En ese sentido, insistió en que no existe, ni desde el punto de vista humano ni tecnológico, una correspondencia automática entre comportamiento delictivo y sanción penal.
No obstante, Parizot señaló que el uso de algoritmos podría consolidarse en el ámbito de la investigación penal, particularmente frente a delitos económicos, financieros y cibernéticos. Aun así, advirtió sobre los riesgos que esto implica en términos de transparencia y garantías. “Se deberá cuidar que estos algoritmos no sean los únicos que hacen la prueba”, sostuvo, al enfatizar que la evidencia no puede depender exclusivamente de sistemas automatizados.
Desde su perspectiva, cualquier avance en inteligencia artificial debe estar acompañado de principios claros de regulación. Entre ellos, destacó la fiabilidad de los sistemas, el respeto a los derechos de defensa y el principio contradictorio. “La posibilidad para la persona que sea acusada (…) de poder defenderse y tener acceso al proceso de recogida de la prueba” fue planteada como una garantía esencial. A esto añadió la necesidad de control judicial sobre todo el proceso y la prohibición de condenas basadas únicamente en pruebas generadas por inteligencia artificial.
Parizot también cuestionó la idea de un vacío regulatorio absoluto, al señalar que ya existen disposiciones relacionadas con pruebas digitales. No obstante, consideró que futuros marcos normativos deberán ser lo suficientemente amplios y flexibles para adaptarse a la evolución constante de la tecnología, en un contexto donde la regulación penal se construye cada vez más en clave europea.
Por su parte, Xabier Pin, catedrático de Derecho y director del Centro de Derecho Penal de la Universidad Lyon 3, centró su intervención en la transformación de las estructuras del crimen organizado. Explicó que en los últimos años se ha producido una fragmentación significativa. “Donde había unas estructuras grandes organizadas, ahora son una multitud de pequeñas organizaciones”, indicó, lo que dificulta su identificación y persecución por parte de los sistemas de justicia.
Ante este escenario, detalló que Francia ha adoptado reformas orientadas a centralizar y fortalecer la respuesta penal. Entre ellas, mencionó la creación de figuras especializadas como el procurador nacional contra la criminalidad organizada, inspirado en modelos ya existentes para el combate al terrorismo, así como el refuerzo de las capacidades de investigación en materia de comunicaciones e imágenes. También se han incorporado nuevas figuras penales, como la asociación criminal, y se han endurecido las medidas frente al uso de menores en actividades delictivas.
El jurista añadió que estas reformas incluyen el fortalecimiento del estatuto de los colaboradores de la justicia y el endurecimiento de las condiciones de reclusión para condenados por crimen organizado, con mayores controles sobre las comunicaciones desde los centros penitenciarios.
En cuanto al carácter transnacional del fenómeno, Pin sostuvo que la cooperación internacional presenta avances desiguales. “La mejor manera de actuar es a nivel regional”, afirmó, al destacar el papel del espacio europeo, donde existen mecanismos como el mandato de arresto europeo y sistemas de intercambio de información entre cuerpos policiales. Sin embargo, precisó que a escala global la cooperación sigue siendo limitada y, en muchos casos, se activa después de la comisión de los delitos.
Ambos expertos coincidieron en que el desarrollo tecnológico ha sido igualmente aprovechado por las organizaciones criminales, lo que obliga a una adaptación constante de las herramientas de persecución penal. “Los criminales ya saben muy bien utilizar la inteligencia artificial”, señalaron, al mencionar prácticas como la manipulación de voces e imágenes. Frente a ello, las autoridades han comenzado a desarrollar tecnologías de verificación, en una dinámica que, según describieron, evoluciona en paralelo entre quienes cometen los delitos y quienes los investigan.
El acto contó con la presencia del presidente y fundador de Funglode y expresidente de la República Dominicana, doctor Leonel Fernández, quien dejó formalmente iniciada la actividad.
El evento fue organizado por Funglode en conjunto con el Observatorio Judicial Dominicano (OJD), el Centro de Estudios de la Francofonía, el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL), la Cátedra UNESCO y el Institut International du Droit d’Expression et d’Inspiration Françaises (IDEF), y congregó a académicos, juristas, magistrados y representantes del sector judicial.
También participó Stéphane Faucher, presidente de Funglode Francia, quien valoró este tipo de encuentros como puentes de cooperación intelectual entre Francia y la República Dominicana, fortaleciendo el intercambio académico y jurídico entre ambas naciones.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo de nuestro director ejecutivo, doctor Marco Herrera, quien destacó la importancia de promover debates rigurosos y comparados en torno a una pieza legislativa de tanta trascendencia institucional como el Código Penal. Subrayó, además, la necesidad de fortalecer el sistema de justicia desde una visión moderna, garantista y alineada con los estándares internacionales.
La moderación estuvo a cargo del magistrado Hermógenes Acosta, exjuez del Tribunal Constitucional, quien condujo el intercambio resaltando el valor de analizar experiencias comparadas, como la francesa, para enriquecer el debate jurídico dominicano.
Un video muestra el momento en que un agente de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional dispara contra un hombre cuando ya se encontraba postrado en el suelo, en un hecho ocurrido en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste.
La Policía identificó al occiso como Jefferson Voicy Lamy, alias “Jenson” y/o “Yeison”, de nacionalidad haitiana. Afirmó que el hombre era buscado por tener cuatro órdenes de arresto.
Según el informe preliminar, los agentes localizaron al individuo en el sector Las Cinco Casitas, en la comunidad Hato Nuevo de Manoguayabo, municipio Santo Domingo Oeste, donde se produjo un "incidente violento" que no quedó registrado en video que circula en redes sociales y que actualmente se encuentra bajo investigación.
La institución indicó además, que el agente involucrado, cuyo nombre "se mantiene bajo reserva para no afectar el curso de la investigación", formaba parte de una patrulla que daba seguimiento a alias Jenson.
La Policía dijo -en nota de prensa- que contra Jefferson Voicy Lamy pesaban cuatro órdenes de arresto por distintos hechos delictivos, emitidas entre octubre de 2024 y enero de 2025, relacionadas con varias personas afectadas.
Según la información de la institución, al notar la presencia de los agentes, Voicy Lamy habría disparado contra la patrulla con un arma de cañón corto que supuestamente portaba de manera ilegal, lo que provocó que los agentes respondieran a la agresión.
"En la escena fueron ocupados un arma de fuego y seis casquillos calibre 9 milímetros, los cuales están siendo analizados como parte del proceso de investigación", agregó la Policía.
La Policía Nacional aseguró que no tolerará conductas contrarias a la ley o a los procedimientos institucionales, y que cualquier irregularidad será sancionada sin importar el rango del miembro involucrado.
Asimismo, indicó que los resultados de la investigación serán dados a conocer oportunamente, conforme avancen los procesos correspondientes.
En un mueble en el condado de Queens, Nueva York y entre los recuerdos de una casa paterna en el sur de República Dominicana, comenzó a construirse una idea que hoy cruza continentes: demostrar que el cacao dominicano no solo se exporta, sino que puede transformarse en un producto de clase mundial.
Así nació Inaru, una marca creada por dos hermanas de origen dominicano, Janett y Erika Liriano, que, tras crecer en Estados Unidos, decidieron regresar al país para construir algo más que un negocio: un modelo que revaloriza el campo, el productor y el origen.
Desde pequeñas, crecieron escuchando una misma idea en casa: la República Dominicana es rica. Rica en tierra, en recursos y en potencial. Sus padres, oriundos del Cibao, emigraron en busca de mejores oportunidades para ellas y sus tres hermanas, pero nunca dejaron de hablar de la finca, del cacao, el café y de la posibilidad de volver.
Ese regreso tardó más de 18 años.
Ambas construyeron carreras exitosas en Estados Unidos, Erika en finanzas, Janett en biofarmacia, pero la inquietud persistía: trabajar tanto para otras personas, cuando podían poner ese mismo esfuerzo en un emprendimiento propio.
Entre 2018 y 2019 comenzaron a estudiar el mercado agrícola dominicano, viajando constantemente al país. En medio de ese proceso, en febrero de 2020, una llamada cambió el ritmo de todo. Su padre les pidió que viajaran a verlo ante el temor de perder a su madre.
Llegaron a la finca, en un momento familiar difícil, y en medio de ese contexto, entre conversaciones y recorridos por la tierra, la idea volvió a tomar fuerza.
“Ya son dos años de estudio, ¿por qué no ahora?”, pensaron.
Días después, el país cerró por la pandemia. Y lo que sería una visita temporal, se convirtió en el punto de partida.
Tras años de estudio del mercado agrícola dominicano, entendieron una realidad clave: el país produce una gran parte del cacao orgánico y premium del mundo, pero casi todo se exporta como materia prima. El valor real se genera fuera.
Mientras el cacao dominicano sale del país como grano, en mercados internacionales se transforma en chocolate comercial y de alto valor. Esa desconexión fue el punto de partida.
“Si el cacao es tan valorado, ¿por qué el mercado no reconoce su origen?”, se cuestionaron.
La respuesta fue clara: había que crear una marca desde el origen.
“Inaru”, nombre que significa mujer, representa no solo a las fundadoras, sino también a la tierra, la fertilidad y la creación. Una conexión con el origen que buscan reflejar en cada etapa del proceso, desde sus empaques hasta los colores pensados para su marca.
El resultado es un producto que apuesta por la pureza: chocolate oscuro, ingredientes orgánicos y perfiles de sabor que varían según la cosecha, como ocurre con el vino.
Típicamente, en los mercados exteriores, una barra de 70 gramos se puede vender entre 8 y 11 dólares, incluso hasta 12 o 15, dependiendo del mercado. También manejan tamaños más pequeños, entre 3 y 5 dólares, lo que en contexto local supera los 300 pesos.
No hay químicos ni nombres imposibles de pronunciar; cuando lo abres hay una historia por dentro. Es un proceso de descubrimiento, porque entienden que primero se aprecia la belleza de la naturaleza y desde ese aprecio nace la curiosidad por disfrutarlo.
Inaru apuesta principalmente por el chocolate oscuro. Menos azúcar, más cacao. No para hacerlo más exclusivo, sino para que se sienta el origen: que cada cosecha tenga matices, que el sabor cambie, que no todo sea uniforme.
“Queremos que la gente entienda que esto no es solo un dulce”, dicen.
Que el cacao dominicano no sea un ingrediente anónimo en chocolates extranjeros, sino un protagonista reconocido a nivel mundial.
Pero más allá del sabor, hay un mensaje.
La marca busca “reeducar el mercado” sobre el origen de lo bueno. Que cuando se piense en chocolate de calidad, se piense en República Dominicana.
Por eso, aunque localmente está a la venta, su estrategia fue internacional desde el inicio. Han llevado su producto a mercados como Corea del Sur, Australia, Medio Oriente y Asia, apostando por consumidores dispuestos a valorar el origen y la calidad.
También están presentes en mercados como Qatar y Arabia Saudita, y han decidido no enfocarse tanto en Europa o Estados Unidos, más allá de la venta de ingredientes, para posicionarse en mercados en crecimiento y con mayor curiosidad por el producto. Actualmente, Australia se ha convertido en uno de sus mercados más fuertes, llevando el cacao dominicano literalmente a uno de los puntos más lejanos.
Desde el inicio, las hermanas entendieron que el verdadero cambio debía comenzar en la tierra. Apostaron por un modelo regenerativo que rompe con la dependencia exclusiva del cacao, uno de los principales riesgos para los productores.
“Menos cultivos aumentan el riesgo”, explican.
Por eso integraron otros productos como plátanos y guineos entre los árboles de cacao. Estos no solo generan ingresos adicionales mientras el cacao crece, sino que también aportan sombra, nutrientes y equilibrio al suelo.
La meta es clara: que los productores nuncase queden sin ingresos.
Porque, al final, transformar el cacao no es solo convertirlo en chocolate, sino cambiar todo lo que ocurre antes de que llegue a serlo.
El 40 % de los investigadores dominicanos está agrupado en tres universidades del país, de acuerdo con el Informe Cienciométrico de la República Dominicana, un estudio desarrollado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) sobre el estado de la investigación científica en el país.
El estudio indica que entre 2003 y 2024 se registró una expansión sostenida de la masa crítica de autores únicos en el país, con una aceleración marcada a partir de 2015. “Este crecimiento refleja no solo un aumento en la base activa de investigadores, sino también una progresiva consolidación institucional del sistema”, indica el informe.
Agrega que para 2024 el 70 % de la masa crítica de investigadores se encontraba en nueve instituciones del país y que solo la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) agrupan más del 40 % del total.
El informe señala que, junto a ese liderazgo, emerge un proceso de diversificación visible en el crecimiento de universidades como la Universidad Iberoamericana (Unibe), además de una mayor participación de instituciones vinculadas al sector salud, como el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat) y el Ministerio de Salud Pública.
La producción científica de la República Dominicana ha experimentado una evolución significativa en las últimas dos décadas, al pasar de una etapa fragmentada a un proceso de consolidación estructural, según indica el informe.
El análisis muestra que entre 2003 y 2010 la actividad investigativa se caracterizaba por aportes limitados y dispersos, sin una continuidad definida.
No obstante, después de 2010 se observa un cambio progresivo en esta dinámica. Este giro coincide con la implementación y expansión de instrumentos nacionales de financiamiento y el fortalecimiento de la carrera científica, que han permitido una mayor estructuración del sistema de investigación.
Pese a estos avances, el informe advierte sobre un desafío estructural: el impacto internacional de la producción científica dominicana aún se mantiene por debajo del promedio mundial.
“Ninguna de las principales instituciones alcanza un valor igual o superior a 1.0 en el período 2003–2024, lo que indica que los documentos liderados a nivel nacional reciben, en promedio, menos citas que la media global ajustada por disciplina”, detalla.
El informe señala que, aunque esta revelación no descalifica el proceso de consolidación observado, “sí indica que el sistema se encuentra en una etapa de expansión con desafíos pendientes en términos de posicionamiento internacional y excelencia citacional”.
Advierte que la política científica nacional “enfrenta un tránsito necesario desde la construcción de masa crítica hacia el fortalecimiento del impacto y la competitividad global”.
Los desarrolladores del informe destacan que la ciencia dominicana se apoya en una estructura institucional concentrada en las universidades, que se han consolidado como el principal soporte de la producción científica nacional, acompañadas por un sector salud de menor volumen, pero con niveles de impacto comparativamente más altos.
“Esta configuración muestra que la consolidación del sistema no ha dependido solo del crecimiento en publicaciones, sino de la capacidad de ciertas instituciones para sostener agendas de investigación, articular talento y dar continuidad a su actividad científica en el tiempo”, agrega el documento.
El Informe Cienciométrico de la República Dominicana tiene como autora principal a Martha Báez y recoge 22 años de trabajo científico en el país, con más de 4,000 publicaciones y 150 instituciones.
Siete dominicanos fueron apresados luego de que presuntamente se les ocupara más de 500 televisores y otros artículos que introdujeron de contrabando al país por Puerto Plata, entre ellos cinco camiones y una yipeta del año. Contra el grupo el Ministerio Público solicitó este martes medidas de coerción y que el caso sea declarado complejo.
La audiencia fue aplazada.
Los artículos fueron ocupados en Santo Domingo Este y los hombres detenidos en flagrante delito durante un operativo coordinado por la Dirección de Inteligencia Delictiva (Dintel), cuando realizaban el trasbordo de la mercancía desde un furgón desde el muelle de Puerto Plata, conforme al órgano acusados.
Los detenidos fueron identificados como Sergio Luis Cáceres Leonardo, de 38 años; Nike Eduardo Rosario Villanueva, de 33; Ramón Francisco de Jesús Batista, de 21; Francis Montero Peña, de 24; Junior Drullard, de 34; Jhon Dairo Torres Ozuna, de 36, y Francis Mojica Matos, de 39.
De acuerdo con la instancia acusatoria, Cáceres Leonardo es señalado como el presunto cabecilla de la red, por lo que el órgano persecutor solicitó prisión preventiva en su contra. Para los demás imputados pidió garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.
A Cáceres Leonardo también se le atribuye porte y tenencia ilegal de arma de fuego.
Los imputados son acusados de defraudación aduanera, contrabando, violación a la ley tributaria, evasión del Impuesto Selectivo al Consumo y asociación de malhechores.
Según el expediente, los televisores son de la marca TCL, Samsung, varios DVR y otros equipos electrónicos. Además, se incautaron cinco camiones, una yipeta Hyundai Tucson del año, una pistola, 772,750 pesos en cheque y 286,200 en efectivo, así como comprobantes de retiros bancarios por montos millonarios.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este aplazó el conocimiento de la medida de coerción para este miércoles 29 de abril de 2026, a las 9:00 de la mañana.
El Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mivehed) informó este martes que comenzó un proyecto de integración vial y urbana en el sector Los Praditos, en el Distrito Nacional, con el propósito de mejorar la movilidad, reorganizar el espacio público y elevar la calidad de vida de sus residentes.
La intervención, encabezada por el ministro Víctor -Ito- Bisonó forma parte de una solución estructural a problemas urbanos acumulados durante décadas, derivados del crecimiento desordenado del sector, según una nota de prensa.
El proyecto conectará la calle Olof Palme con la Heriberto Núñez. También se ampliarán las calles 9, 11 y 6 para ordenar el tránsito y mejorar la vida de los residentes del sector.
“Se trata de corregir una situación de más de 50 años que hoy limita la movilidad y el acceso. Estamos recuperando espacios para la gente y facilitando la entrada de servicios esenciales como emergencias y ambulancias”, explicó Bisonó.
En la actividad también participó la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, quien indicó “Que esta conectividad mejora la calidad de vida y en los accesos y en lo que respecta a una mejora comercial, además, en el impacto urbano y todo eso redunda en bienestar de nuestra gente”.
Los trabajos ya se encuentran en ejecución en el sector, específicamente en las calles 9 y 11, donde se han iniciado las intervenciones como parte de esta primera etapa.
En ese sentido, el ministro explicó que las demoliciones se han llevado a cabo de manera progresiva, priorizando aquellas estructuras donde se han alcanzado acuerdos, lo que ha permitido avanzar de forma ordenada y respetuosa.
El proyecto contempla la conexión y ampliación de las calles 9 y 11 para enlazar la avenida Olof Palme con la calle Heriberto Núñez, además de la extensión de la calle 6, lo cual permitirá mejorar la conectividad interna y el flujo vehicular hacia la calle Doctor Defilló.
La intervención también incluye la construcción de aceras, iluminación LED, áreas verdes, parques lineales, parqueos públicos y mejoras paisajísticas, con el objetivo de crear un entorno más ordenado y funcional.
Bisonó indicó que el proyecto se desarrolla bajo un enfoque participativo con la comunidad, lo que ha permitido avanzar con acuerdos para demoliciones y ejecución progresiva de los trabajos.
