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El sector empresarial dominicano manifestó este miércoles su preocupación por el impacto del alza de los combustibles, en medio de la crisis internacional generada por la guerra en Irán, aunque aseguró que el país cuenta con las condiciones para salir airoso de la situación.
Durante la Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), celebrada en el hotel El Embajador, líderes empresariales sostuvieron un diálogo estratégico con autoridades del Gobierno para evaluar cómo mitigar el impacto de la guerra en Irán en el país.
El presidente del Conep, Celso Juan Marranzini, advirtió que la volatilidad del precio del petróleo, que oscila entre los 80 y 110 dólares por barril, representa un reto para las finanzas públicas, al tiempo que limita la capacidad de sostener subsidios de forma prolongada.
No obstante, reiteró la confianza del empresariado en el manejo económico del Gobierno. "El sector privado confía en la política monetaria, fiscal y en la gestión de la banca pública (...) Estamos convencidos de que saldremos airosos de esta crisis", afirmó.
Además, dijo que el encuentro reunió a representantes de unas 80 empresas y gremios que agrupan a más de 50 mil compañías en todo el país, lo que permitió abordar temas de coyuntura con una visión amplia del aparato productivo nacional.
Indicó que esta crisis en Medio Oriente ha generado presiones en los costos, lo que obliga a mantener una comunicación constante entre el sector público y privado.
"Esta coyuntura externa ha tenido un impacto directo en el aumento de los combustibles y algunos insumos, como los plásticos. No se sabe cuánto tiempo durará esta crisis, por lo que requiere comunicación constante y medidas oportunas para mitigar su impacto en el presupuesto nacional, las empresas y la población", sostuvo.
Marranzini destacó que, pese al escenario adverso, la economía dominicana ha mostrado resiliencia, apoyada en la diversificación de la matriz energética, incluyendo mayor generación fotovoltaica, así como en contratos previamente establecidos para el suministro de energía.
Agregó que, aunque los precios de los combustibles han registrado presiones, estos han mantenido una estabilidad relativa en comparación con otros países, gracias al monitoreo constante y la coordinación entre el sector público y privado.
Sobre las acciones en curso, explicó que las medidas se han ido ajustando de manera gradual conforme evoluciona la crisis, priorizando el mantenimiento del dinamismo económico, la generación de empleos y el equilibrio fiscal.
De su lado, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, valoró el diálogo permanente entre el Gobierno y el sector empresarial, destacando que este tipo de encuentros fortalece la transparencia y la toma de decisiones en momentos de incertidumbre.
"Esta es una crisis externa que no controlamos, pero que vivimos de cerca por su impacto en los precios de los combustibles. Es un momento de unidad, de crear sinergias y proteger, sobre todo, a los sectores más vulnerables", expresó.
Señaló que el Gobierno continuará el diálogo con los distintos sectores productivos.
En el encuentro también participaron el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, así como el vicepresidente ejecutivo del Conep, César Dargam.
El Ministerio Público depositó este miércoles ante la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la solicitud de medida de coerción contra un profesor de un centro educativo acusado de agresión sexual contra una alumna menor de edad.
El órgano acusador pide prisión preventiva contra el docente de matemáticas identificado como Inocencio Lebrón Montero, quien –de acuerdo a una querella interpuesta en su contra- incurrió en “conductas de índole íntima con la alumna”, pese a la negativa de ella.
El imputado permanece detenido en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva luego de ser arrestado el 22 de este abril. La audiencia de conocimiento de medida de coerción fue fijada para el dos de mayo, luego de que la pautada para el pasado viernes 24, no se materializara.
De acuerdo a la querella presentada por familiares de la menor, el caso ocurrió en el Instituto Politécnico Víctor Estrella Liz (La Perito), en el Distrito Nacional.
De acuerdo con la investigación, el imputado aprovechó la relación de confianza derivada de su condición de docente para iniciar un acercamiento progresivo hacia la víctima.
El expediente indica que, posteriormente, ejerció presión emocional sobre la estudiante con la finalidad de que accediera a conductas de índole íntima, pese a que esta, había manifestado de manera expresa, su negativa.
El Ministerio Público establece que en ese contexto se produjeron varios encuentros dentro del vehículo del imputado, donde este presuntamente realizó tocamientos indebidos en perjuicio de la adolescente e insistió en sostener relaciones sexuales, a lo que la víctima se negó.
La investigación, también, señala, que el imputado habría reiterado las conductas denunciadas, manteniendo presión emocional sobre la menor de edad.
Como parte de las evidencias aportadas, el órgano acusador presentó una evaluación psicológica practicada a la víctima por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la cual establece indicadores emocionales compatibles con situaciones de vulneración.
El imputado fue apresado el pasado 22 de abril, en virtud de una orden de arresto emitida en su contra por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.
El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 330 y 333, literal D, del Código Penal Dominicano, que tipifican la agresión sexual. También en el artículo 396, literal C, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Las procuradoras fiscales Adalgisa Tavares y Mariela Ramos, adscritas a la Unidad de Prevención de Violencia de Género y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, depositaron la instancia con la solicitud de medida de coerción contra el imputado.
La audiencia fue aplazada por la jueza Lissa Veras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para este sábado, 2 de mayo, a solicitud de la defensa, que requirió más tiempo para preparar sus argumentos.
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene al Distrito Nacional en alerta amarilla y elevó a 15 las provincias en esa categoría por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, debido a la incidencia de una vaguada.Además, mantiene nueve provincias en alerta verde.
El COE basó sus alertas en los informes meteorológicos e hidrológicos emitidos por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), que establecen que, en la tarde y la noche de este miércoles, se esperan aguaceros fuertes a localmente intensos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, y granizadas aislada.
Las provincias en alerta amarilla son María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte, Puerto Plata, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, Valverde, Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat, Samaná, Montecristi, Santiago Rodríguez y Santo Domingo.
El COE mantiene en alerta verde a Monte Plata, Peravia, San Pedro de Macorís, San Juan, La Altagracia, San José de Ocoa, San Cristóbal, El Seibo y La Romana.
El organismo recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
Así mismo, instó a la ciudadanía a seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.
Exhortó a las personas a mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y el Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809-472-0909, 9-1-1, *462 de la Ogtic.
Un video grabado ha generado preocupación en la comunidad educativa tras mostrar a varios niños, con edades aparentes entre los 8 y 12 años, portando un arma blanca en las afueras del centro educativo Pedro Livio Cedeño, ubicado en Verón, provincia La Altagracia, en aparente actitud de tratar de herir a algunos estudiantes.
En las imágenes se observa cómo varios menores se aproximan inicialmente a una niña, estudiante del centro, en actitud agresivacon un cuchillo mohoso en la mano.
Posteriormente, uno de los niños, vestido con bermuda y polocher azul, portando el cuchillo dobla una esquina del centro educativo. Acto seguido, otro menor con un polocher rojo toma el arma blanca y regresa hacia la acera frente al plantel, donde persigue a otro estudiante, quien sale corriendo.
El caso fue confirmado por la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en la zona, Arleny Santana, quien explicó que el menor que aparece con el arma es estudiante del mismo centro educativo.
Indicó que el video comenzó a circular ampliamente en redes sociales durante la mañana de este miércoles en Verón, Bávaro y Punta Cana, y que el caso ocurrió la tarde de ayer martes.
Santana señaló que, tras tener conocimiento del hecho, se estableció contacto con la directora del centro, Lucy Cueto, quien informó que los estudiantes involucrados ya fueron identificados. Asimismo, los padres fueron convocados para sostener una reunión y determinar las circunstancias que originaron el incidente.
“Es en el día de hoy cuando se estará investigando el por qué de esta situación”, explicó Santana, al tiempo que destacó que, aunque en la zona se han detectado casos de pandillas y bandas en otros centros, principalmente en liceos, este tipo de casos no se había registrado anteriormente en esa escuela, que corresponde al nivel primario.
Sobre las posibles consecuencias, advirtió que se trata de un hecho grave que podría tener implicaciones legales. “Si el menor tiene más de doce años, podría enfrentar hasta dos años de prisión por tratarse de un acto de vandalismo. Si es menor, la responsabilidad recae en los padres”, indicó.
En el ámbito educativo, Santana consideró que el hecho constituye una falta “gravísima”, lo que podría conllevar sanciones severas, incluyendo la expulsión inmediata del estudiante involucrado.
También expresó preocupación por la seguridad dentro del plantel, señalando que en el momento del incidente una docente se encontraba cerca, sin percatarse de la situación. “Tenemos que cuidar a todos: estudiantes, maestros y personal de apoyo”, afirmó.
La ADP aseguró que dará seguimiento al caso para verificar las medidas que adopte el centro educativo y garantizar la seguridad de la comunidad escolar.
El Senado de la República aprobó este miércoles en primera lectura, tras ser liberado de lectura, el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Alertas (AlertasRD), una iniciativa que busca establecer un mecanismo de búsqueda inmediata a nivel nacional para la prevención, localización, asistencia y resguardo de las personas desaparecidas.
La pieza legislativa, que perimió en la pasada legislatura y fue reintroducida, es autoría de las diputadas Liz Mieses Díaz y Carmen Ligia Barceló, y plantea la implementación de un sistema que permitirá activar protocolos de localización ante la denuncia de una desaparición, sin necesidad de esperar plazos prolongados.
El proyecto incluye la conocida "Alerta Amber" para niños, niñas y adolescentes; sin embargo, va más allá de este mecanismo, al contemplar un conjunto de alertas especializadas según el perfil de la persona desaparecida. Entre ellas figuran la "Alerta Silver" para adultos mayores, la 'Alerta Azul' para personas con discapacidad en alto riesgo y la "Alerta Rosa" para mujeres en situaciones de violencia o trata.
La iniciativa establece que la activación de las alertas deberá conllevar la difusión inmediata de la información a través de medios de comunicación, redes sociales, plataformas digitales, terminales de transporte y entidades de seguridad, lo que permitirá una respuesta coordinada a nivel nacional.
Asimismo, prevé la cooperación con organismos internacionales en los casos que involucren posibles traslados fuera del país o redes transnacionales, así como la participación de distintas instituciones del Estado en los procesos de búsqueda e investigación.
En materia de sanciones, el proyecto indica que los servidores públicos que, teniendo conocimiento de una desaparición, omitan reportarla o no activen los protocolos correspondientes, incurrirían en una falta grave, conforme al régimen disciplinario de la administración pública. Esto podría traducirse en medidas como suspensión o destitución del cargo.
La propuesta legislativa deberá ser conocida en segunda lectura antes de pasar a la Cámara de Diputados para su eventual aprobación definitiva.
La directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro, afirmó que durante el período enero–marzo de 2026 las exportaciones del país alcanzaron los 3,738.6 millones de dólares.
Riveiro indicó que estos resultados evidencian la resiliencia y el potencial de la oferta exportable nacional, la cual dijo continúa posicionándose en mercados estratégicos como Estados Unidos, Canadá, Haití, India, Puerto Rico, Países Bajos y China, reflejando una diversificación sostenida de los destinos de exportación.
“El fortalecimiento de la competitividad exportadora no es una opción, sino una necesidad para garantizar la inserción efectiva de nuestras empresas en el comercio global”, expresó.
Sus declaraciones fueron ofrecidas durante el encuentro “Competitividad exportadora: cómo diversificar mercados y competir globalmente”, un evento realizado en conjunto con Banco Popular Dominicano y la Red Global de Exportación (RGX).
El director de RGX, Diego Frediani, presentó el Índice de Competitividad Exportadora Sostenible, abordando las principales brechas y retos del sector y dijo que el país cuenta con un gran potencial exportador, pero es fundamental continuar cerrando brechas en competitividad, innovación y adaptación a las exigencias de los mercados internacionales.
Frediani también destacó la importancia de la diversificación de mercados en un contexto global desafiante, al señalar que la identificación de la demanda internacional, el uso de herramientas digitales, el comercio electrónico y la inteligencia artificial, junto con certificaciones de calidad, son factores determinantes para lograr una inserción exitosa en el comercio mundial.
En materia financiera, el vicepresidente de productos especializados del Banco Popular, Jorge Luis Arias, manifestó el rol del financiamiento como habilitador del crecimiento exportador.
“El acceso a herramientas financieras adecuadas permite a las empresas fortalecer su capacidad productiva, innovar y competir en mercados internacionales con mayor valor agregado”, indicó.
El precio delpetróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), de referencia para la República Dominicana,escalóeste miércoles por encima de los 107 dólares, mientras que el barril del Brent cerró superando los 118 dólares, impulsados por la indefinición del conflicto bélico en Medio Oriente.
El WTI cerró con una subida del 6.95 %, hasta los 106.8 dólares por barril, ante la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Los contratos de futuros del Texas para entrega en junio sumaron 6.9 dólares con respecto al cierre del día anterior.
El precio del barril del crudo se disparó por el prolongado cierre del estrecho de Ormuz, pese al alto al fuego acordado por ambos países.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió antes en su red Truth Social que Irán "no logra ponerse de acuerdo" ni "sabe cómo firmar un acuerdo no nuclear", y urgió al país persa a "espabilar pronto", mientras las conversaciones siguen estancadas.
De igual forma, el costo del barril de petróleo Brent, para entrega en junio, subió un 6.08 % y finalizó la jornada por encima de los 118 dólares en el mercado de futuros de Londres, también impulsado por el bloqueo de la citada vía marítima.
El precio del crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó en 118.03 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, 6.77 dólares más que al cierre de la jornada anterior, correspondiente al martes, cuando finalizó en 111.26 dólares. En esta sesión, el Brent tocó su máximo intradía desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, en los 119.76 dólares, después de haber subido más del 7.6 %.
Pese a este máximo intradía, el precio al cierre del mercado no ha logrado batir el récord al cierre desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, establecido en 118.35 dólares el pasado 31 de marzo.
Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, el pasado 28 de febrero, el precio del barril se ha revalorizado más del 62 %; en lo que va de año, sube cerca del 94 %.
La tensión se ha recrudecido este miércoles, cuando se cumplen 61 días del inicio de la ofensiva, después de que la República Islámica amenazara con una "acción militar sin precedentes" si Estados Unidos no cesa las intervenciones de sus buques y desbloquea Ormuz.
Después de recibirlo del Senado con algunas modificaciones, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles en única discusión el proyecto de ley que pagaría las deudas viejas por obras ejecutadas con o sin contrato, algunas con hasta más de 30 años de realizadas.
El proyecto de ley es un sustituto de otra pieza congresual que fue aprobada en enero de este año, pero que fue observada por el presidente Luis Abinader porque no identificaba fielmente a los contratistas y porque no detallaba de dónde saldrían los fondos para el pago.
Originalmente el proyecto fue aprobado en dos discusiones en la Cámara de Diputados, luego fue al Senado, donde se modificó para agregar más obras que se ejecutaron en infraestructuras escolares de todo el país.
De hecho, una comisión de revisión de infraestructuras del Gobierno informó al Congreso que las obras agregadas en el proyecto son el fruto de una revisión que se hizo por meses para enlistar las construcciones y los correctivos.
A diferencia de la pieza previa, que reconocía de forma directa un conjunto de deudas y ordenaba su pago a 571 contratistas ya identificados, el nuevo proyecto cambia el enfoque y crea una comisión que deberá revisar cada reclamación antes de autorizar cualquier desembolso.
Esta comisión, según el proyecto, tendrá la facultad de rechazar solicitudes o reducir los montos reclamados, pero no podrá incluir nuevos beneficiarios.
Mientras el proyecto anterior partía de un listado cerrado de acreedores y montos a pagar, el nuevo texto somete esos mismos casos a un proceso de validación y confirmación.
Como sucedió en las dos aprobaciones anteriores del mismo proyecto, los opositores en la Cámara de Diputados votaron en contra del proyecto por considerar que la pieza no está clara y que fue aprobada con mucha rapidez.
En ese sentido, el vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, Rafael Castillo, cuestionó que la ley aprobada no contemple exactamente los montos de las obras ni los lugares donde se realizaron las ejecutorias.
Mientras que el diputado Charlie Mariotti, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), criticó la urgencia con la que el Congreso lleva la pieza de ley, dijo que la propuesta no es totalmente transparente y pidió que, para aplicar una aprobación más confiada, el proyecto se estudie con más detenimiento en una comisión.
A pesar de las críticas, el proyecto de ley quedó aprobado con 97 votos a favor y ahora se dirige al Poder Ejecutivo para que el presidente Abinader decida si lo promulga o lo observa.
?La diputada Leivy Bautista y su esposo, el empresario Lugel Gasilie (Jean Claude), interpusieron ayer una querella penal con constitución en actor civil, ante la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, en contra del comentarista Eduardo Saint-Hilaire Ramírez, panelista del programa “Esto no es Radio Show”, y Alofoke Media Group y Alofoke Music como terceros civilmente responsables.
Según el documento de la demanda, la acción judicial se fundamenta en presuntos delitos de difamación e injuria cometidos a través de medios electrónicos, tipificados en la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y el Código Penal Dominicano.
De acuerdo con la querella, Saint-Hilaire realizó de forma pública reiteradas acusaciones consideradas falsas y difamatorias, al vincular al empresario Jean Claude con supuestas actividades delictivas como narcotráfico, contrabando, tráfico de armas y crimen organizado.
La demanda incluye a las empresas Alofoke Media Group y Alofoke Music por su vinculación con la producción y difusión del programa.
El documento indica que las declaraciones del comentarista afectaron la dignidad de la diputada Bautista y causaron perjuicios morales a sus hijos menores.
Sostiene que estas implicaron indirectamente a otros miembros del entorno familiar, incluida la propia Bautista, a quien se le habría vinculado de manera implícita con la supuesta estructura criminal, ampliando el alcance del descrédito.
La querella sostiene que el comentarista también insinuó que la posición política de Batista había sido obtenida con “dinero del contrabando”, lo que, según el documento, la vincula indirectamente con recursos ilícitos y afecta su honor y trayectoria.
Los denunciantes califican estas expresiones como una campaña de descrédito y reclaman una indemnización de 100 millones de pesos por concepto de daños morales, personales y reputacionales.
Diario Libre intentó obtener una declaración de Alofoke, pero por el momento prefieren no emitirla.
En medio de las tensiones por el planteamiento de un proyecto minero en la provincia San Juan, el senador Félix Bautista advirtió este miércoles que la explotación en la zona podría impactar de manera directa el río San Juan y, en cadena, el río Yaque del Sur y la presa de Sabaneta, lo que provocaría posibles consecuencias para el abastecimiento de agua en varias provincias del sur.
El legislador representante de la provincia sureña sostuvo que la actividad minera que busca encabezar la empresa GoldQuest, especialmente si se desarrolla de forma subterránea, como se proyecta, implicaría intervenciones en el entorno del cauce del río San Juan que, según explicó, afectaría tanto las aguas superficiales como las subterráneas que alimentan el sistema hídrico de la región.
Indicó que esa situación podría traducirse en contaminación por el uso de equipos pesados, cuyos residuos como diésel, aceites y sedimentos terminarían contaminando el afluente.
Bautista señaló que el río San Juan no solo nutre la presa de Sabaneta, sino que sus aguas desembocan en el río Yaque del Sur, que a su vez alimenta la presa de Monte Grande, aún en construcción y destinada a irrigar tierras en provincias como Barahona y Bahoruco.
En ese sentido, advirtió que cualquier afectación en el origen del sistema tendría repercusiones en toda la cadena hídrica.
El senador también afirmó que la zona donde se proyecta la explotación forma parte de la Cordillera Central, la cual describió como “la principal fuente de agua tanto para el norte como para el sur del país”, por lo que consideró esencial su preservación.
Explicó que estas concesiones están ubicadas de forma contigua, lo que, a su juicio, permitiría una explotación progresiva en toda la cordillera.
De acuerdo con lo expuesto, el proyecto habría iniciado en el área denominada Romero, donde existen reservas de oro y cobre, pero la intención sería continuar con el resto de las concesiones.
En ese contexto, Bautista llamó la atención sobre lo que describió como “un plan de expansión minera a gran escala” en la región.
El senador también hizo referencia a un gráfico que, según indicó, muestra la realización de unos 170 sondeos en ambos lados del cauce del río San Juan. A partir de esa información, sostuvo que una eventual explotación subterránea requeriría excavaciones que atravesarían el área del río, lo que agravaría los riesgos ambientales.
En otro orden, el congresista cuestionó la viabilidad legal del proyecto, al afirmar que este contravendría disposiciones de la Constitución, específicamente en los artículos 6, 15, 66 y 67, así como la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Ley de Energía y Minas, la Ley de Ordenamiento Territorial y una sentencia del Tribunal Constitucional.
Como alternativa, propuso la creación de un distrito energético en la provincia, basado en proyectos de generación mediante hidrobombeo vinculados a la presa de Sabaneta.
Bautista aseguró que ese modelo generaría mayores ingresos para el Estado que el proyecto minero e indicó que mientras la explotación minera proyecta ingresos de 46,000 millones de pesos en ocho años, el esquema energético podría generar más de 85,000 millones de pesos en el mismo período, además de duplicar la cantidad de empleos directos.
Las declaraciones del senador se producen en un contexto de protestas en San Juan de la Maguana, donde diversos sectores realizaron una huelga general de 24 horas y organizan una marcha en rechazo al proyecto de la empresa canadiense GoldQuest en la zona de Romero.
La empresa, por su parte, señaló que actualmente se encuentra en fase de exploración y que los estudios que realiza buscan determinar la viabilidad ambiental del proyecto antes de cualquier explotación.