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El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, consideró como "asombroso" que los primeros diez imputados de la Operación Calamarhayan admitido este viernes su culpabilidad ante la jueza Kenya Romero, durante la audiencia de conocimiento de medidas de coerción.
"Debemos confesar que lo que ha sucedido hoy en el tribunal es algo simple y llanamente asombroso, y lo es por tres razones: en primer lugar, diez de los 20 imputados han admitido los hechos ante el tribunal, lo que constituye el 50 % de los imputados", expresó Camacho a los periodistas.
Indicó que estas admisiones son las consecuencias directas de la contundencia de la investigacióny de que las defensas actuaron inteligentemente, al darse cuenta que las "evidencias del Ministerio Público son irrefutables".
En segundo lugar, entiende que las admisiones "corroboran todas y cada una de las líneas presentadas por el Ministerio Público en este proceso".
En tercer punto, Camacho agregó que por la forma en que los encartados narraron ante el tribunal cómo operaba el entramado descubierto mediante la Operación Calamar, estos dijeron más de lo que esperaba el órgano acusador, al señalar que operaban como una mafia.
Este viernes, admitieron su culpabilidad en el alegado entramado de corrupción contra el Estado dominicano llamado Calamar, los imputados: Ángel Lockward, Santiago Moquete, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emil José Fernández, Óscar Chalas, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.
El Ministerio Público los acusa de ser parte de una supuesta red de corrupción encabezada por funcionarios del Ministerio de Hacienda que estafó al Estado dominicano con más de 19,000 millones de pesos, al realizar de manera fraudulenta la compra y pago de terrenos expropiados a través de Bienes Nacionales, Instituto Agrario Dominicano y el Consejo Estatal de la Azúcar (CEA). También hay señalados por realizar cobros ilegales a bancas de apuestas, de lotería y colmados que tenían máquinas tragamonedas instaladas.
Las imputaciones preliminares que hace el Ministerio Público incluyen conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal. También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
El representante del Ministerio Público dijo que para los que negociaron con el Ministerio Público, las medidas solicitadas serán arresto domiciliario, impedimento de salida y garantías económicas.También aseguró que tendrán que devolver dinero adquirido ilícitamente.
Más temprano, el Ministerio Público terminó de leer el extenso expediente acusatorio de 2,120 páginas.
La audiencia se realizó a puertas cerradas en el Palacio de Justicia, lugar que fue resguardado a lo interno y externo por agentes de la Policía Nacional y del Ejército para prevenir la concurrencia de activistas que han estado protestando por algunos de los apresados.
El órgano acusador solicitaba 18 meses de prisión preventiva y declaratoria de proceso complejo, por el supuesto desfalco de más de 19,000 millones de pesos contra el Estado, mediante un supuesto entramado que se montó desde el Ministerio de Hacienda.
El Ministerio Público sigue representado por la procuradora adjunta directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso; el procurador adjunto titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, y un equipo de fiscales.
Los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, forman parte de los detenidos desde la noche del pasado sábado 18 de marzo. También, el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo y el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.
Asimismo, el exdirector de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero; el exdirector Juegos de Azar, Julián Omar Fernández y Roberto Santiago Moquete.
También Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes. De igual forma, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Ángel Lockward, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
Al ser cuestionado sobre las supuestas irregularidades cometidas por el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Sergio Moya (Gory), Camacho respondió que investigará el caso y llevarán ante los tribunales a todas las personas que hayan cometido ilícitos.
El legislador ha sido señalado como cobrador irregular a bancas de lotería. Al menos cuatro personas interrogadas lo han delatado.
La imputación del Ministerio Público en contra de los apresados es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
La audiencia de este viernes fue recesada hasta el domingo 2 de abril a las 9:00 de la mañana, cuando faltan diez señalados más por rebatir el expediente de medida de coerción incoado por el Ministerio Público.
La Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (Adafp) propuso a la comisión bicameral que estudia una reforma integral a la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, crear una comisión técnica en procura de consensuar posibles modificaciones que impactarían al sistema de pensiones.
Las propuestas que analizan tomarían como parámetro el sistema de pensiones implementado en México con éxito según lo que explicaron a Diario Libre; Agustín Burgos, presidente de la comisión bicameral y lo confirmó a través de un comunicado la Adafp.
“Ellos propusieron hacer una mesa técnica entre la comisión bicameral y miembros de la Asociación de Fondos de Pensiones para analizar las variables que se podrían buscar para aumentar las pensiones, para aumentar las aportaciones para que a futuro se tengan mejores pensiones, para lograr un aumento en el retorno de las pensiones”, reveló.
Precisó que están buscando alternativas para “ver cómo las pensiones de los trabajadores se aumentan, con la salvedad de que no se verán afectados los salarios de los trabajadores, sino que el gobierno pueda poner desde el presupuesto alguna partida cada año para los fondos de pensiones y que los empresarios también aporten, aunque sea de manera parcial y gradual hasta lograr pensiones más dignas”.
El diputado dijo que además de ese tema van a discutir con los representantes de las AFP la disminución de sus ganancias.
Detalló que los representantes de la Adafp presentaron propuestas de mejora para los fondos de pensiones, tomando como referencia la reforma que hizo México donde los empresarios y el gobierno acordaron incrementar los aportes para mejorar las pensiones de los ciudadanos
“En este caso ellos (las AFP) están de acuerdo, lo único es que ellos no explicaron de dénde saldría ese aumento para lograr la mejora de las pensiones”, precisó el legislador.
Destacó que lo más importante es que se ha abierto un acercamiento entre los representantes de las Adafp y los comisionados que podría permitir que logren consensos.
Informó que los representantes de las AFP fueron convocados a una reunión de nuevo para el próximo 17 de abrilpara seguir dialogando. Se reunieron en esta última etapa el pasado 20 de marzo y en dicho encuentro asistieron los representantes de las AFP Crecer, Popular, Reservas, Romana y Siembra.
Desde el año 2021, la Adafp mantiene la posición de que se bajen los requisitos actuales para lograr pensiones mínimas contributivas de 25 a 15 años.
Con respecto al aumento gradual de la tasa de aportes a las cuentas de pensiones, las Adafp explicó a Diario Libreque “ese ajuste va a depender de las posibilidades y condiciones que permita el país”. Admite que mejoraría de manera importante las pensiones de los trabajadores.
Sobre los aspectos vinculados a las pensiones, asociación de AFP expresa que deben ser analizados todos los puntos de interés para lograr más y mejores pensiones.
Entre las propuestas que presentó esa asociación figura que se permita a los trabajadores que emigran del país y cambian de residencia tener la opción de recibir su fondo acumulado y llevarlo al país de destino.
Otras sugerencias que citan en el documento remitido a Diario Librees que se incorpore con una cotización gradual a los trabajadores de empresas informales; así como a los independientes y por cuenta propia; la pensión por discapacidad vitalicia; el ahorro individual voluntario y el sistema de ahorro previsional colectivo, mediante cuentas complementarias.
Esos ahorros, destacan, estarían exentos de impuestos con opción de retiro por razones atendibles.
Sugiere equilibrar las tablas de expectativa de vida (hombre-mujer) y con el Fondo de Solidaridad cubrir lagunas de cotización para mejorar las pensiones de las mujeres.
José Arturo Ureña, uno de los delatores en la Operación Calamar, ofreció los detalles del funcionamiento de la estructura de cobro ilegal de una mensualidad a las bancas de lotería, deportivas y colmados que tenían máquinas tragamonedas.
En un interrogatorio que le realizaron el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, y la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice, Ureña sostuvo que el esquema conocido como “El proyecto” comenzó sus operaciones a finales del 2016.
Ureña manifestó que para el inicio de la estructura hubo un aporte inicial de 21 millones de pesos, del cual “se hizo una inversión para logística, se compraron GPS y se rentaron unas camionetas que se utilizaban para hacer el trabajo”.
“Escuchaba que participaba un señor de nombre Madé, que decían creo que era coronel de la Policía Nacional, había un muchacho que se llamaba Harrison, José Pablo, que era la mano derecha de Fernando (Crisóstomo), entre otras personas”, indicó Ureña en el interrogatorio.
Ureña sostuvo que producto de la recolección de dinero que hacían en el esquema recibió de RD$38,000,000.00 a RD$39,000,000.00, en los cerca de veintidós (22) meses que duró ese proceso.
“Se daba el caso en el que se hacían operativos a quienes no cobraban y él era el encargado de Operaciones (Frixo Messina), yo no participaba en eso. Frixo tenía un listado de las bancas legales e ilegales y había una coordinación, el director de Casinos hacía la coordinación de los que estaban y no estaban en el programa”, detalló.
Ureña dijo que hubo tres eventos que afectaron el esquema, mencionando que muchos banqueros quisieron regularse.
“Los banqueros entendían que estaban en el proceso de la regulación, existió un efecto multiplicador cuando la Procuraduría entró al colmado e hizo intento de entrar al tema de las bancas, el tercero fue el tema de la pandemia del COVID-19. Esa estructura se extendió hasta la pandemia, todo estaba cerrado completamente, pero eso ya venía de capa caída, por el tema de la regulación”, indicó.
“La ilegalidad de este proyecto consistía en que la gestión de cobro, no la iban a realizar los organismos del Estado, sino la estructura no gubernamental con el apoyo de los encargados de la Dirección de Casino y Juegos de Azar, en conjunto con los inspectores del Ministerio de Hacienda, por ende, el dinero obtenido del cobro fraudulento no lo percibía el Estado dominicano, sino la estructura de corrupción liderada por Donald Guerrero”, se explica en el expediente.
Agrega que el proyecto de las bancas deportivas, lotería y tragamonedas generaron sumas millonarias, ya que por este concepto entraban al mes en promedio RD$22,000,000.00 en provecho de la estructura de corrupción liderada -según el Ministerio Público- por Donald Guerrero, exministro de Hacienda, y en detrimento del Estado dominicano.
Producto de este denominado "proyecto o programa", el órgano persecutor, detectó la operatividad de las bancas deportivas y de loterías de forma ilegal, las cuales permanecen operando de manera clandestina, así como la utilización de tragamonedas en lugares no permitidos por la ley.
Este viernes, la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, recesó para el domingo 2 de abril, a las 9: 00 de la mañana, la audiencia de solicitud de medidas de coerción a los 20 imputados en el caso.
La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) informó este viernes que será en el tercer trimestre de este cuando ofrecerá los datos preliminares del X Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en noviembre del año pasado.
En un boletín las autoridades de la ONE explicaron que decidieron realizar "ajustes al cronograma" de difusión de los datos, tomando en cuenta "la realización de la tareas para evaluar la cobertura y calidad del censo".
El director del Censo, Víctor Romero, informó a Diario Libre que en este primer informe se dará a conocer la población total, población por sexo y población por municipios y provincias.
La ONE tenía previsto ofrecer datos preliminares durante el primer trimestre del año 2023, que terminó el 31 de marzo, algo que no hizo. Romero explicó que la prórroga se produjo “en virtud de tener un dato preciso y más sólido, sin que sea sujeto a una variación posterior.
La institución está culminando con la primera etapa del procesamiento, que es conformar la base de datos macro del Censo, y paralelamente ha comenzado a hacer algunos procesos de validación, que es verificar la consistencia dentro de la base de datos para garantizar su calidad.
También se está verificando las estructuras de la información, es decir, la concordancia de la data y que no existan informaciones anómalas.
El trabajo es realizado por personal interno de la ONE y del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), quienes hacen una asesoría técnica.
También se compara la data de las provincias con las encuestas y censos anteriores para verificar que se ajustan a la realidad a través de cruces.
La ONE todavía debe resolver la situación de decenas de supervisores de polígonos y soportes técnico que no han cobrado el salario acordado por su trabajo.
Al respecto, el director del Censo aseguró que el problema fue que se agotó el presupuesto al terminar el año y tuvieron que esperar la asignación de los fondos.
Indicó que el dinero finalmente llegó a principios de semana y ya se empezaron a despachar las nóminas, con lo que los pagos pendientes deberían empezar a caer en los próximos días. Romero aseguró que con este proceso pondrán punto final a la espera.
“Al cambiar el año, el presupuesto no cruza de un año a otro, entonces nos quedamos sin el dinero”, apuntó el economista.
Como parte de la reforma policial, el Gobierno se ha dedicado a elevar los salarios de la Policía Nacional. La Presidencia informó la actualización de la nueva escala salarial luego de que, en el discurso de rendición de cuentas de febrero pasado, el presidente Luis Abinader anunciara un nuevo incremeto.
Los sueldos en la Policía Nacional varían de acuerdo al rango, a saber, en lo adelante:
El salario de un raso pasó de RD$20,463.25 a RD$ 24,555.90, el de un cabo de RD$22,613.31 a RD$ 26,233.93.
Los sargentos mayor pasan de recibir RD$26,428.42 a RD$ 30,394.94 mientras que los tenientes de 26 mil pesos pasan a ostentar, el segundo RD$ 31,510.28 y el primer RD$ 32,541.78.
Los capitanes de RD$28,941.76 a RD$ 34,575.75; los mayores de RD$ 30,906 a RD$ 35,615.53; los tenientes coroneles de RD$ 34,983 a RD$ 39,234.81 y los coroneles de RD$ 39,715 a RD$ 42,907.52.
A su vez los generales ostentaban un salario de RD$47,881, ahora el general de Brigada cobra RD$ 50,275.72 y el mayor general RD$ 60,049.00.
La proyección del Gobierno es que a octubre de este año el mínimo salarial de un agente policial sea el equivalente a 500 dólares.
Más beneficios
Otras conquistas logradas para el cuerpo del orden, según una nota de prensa del Ministerio de Interior y Policía, ha sido que los agentes reciban el servicio de transporte gratuito en el Metro de Santo Domingo, el Teleférico y en las unidades de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa).
También “becas universitarias para ellos y sus hijos, seguro médico complementario, descuentos en supermercados y suministro de alimentos cocidos de los Comedores Económicos”.
El Congreso Nacional hará su acostumbrado receso de labores administrativas y legislativas por el asueto de la Semana Santa.
La pausa de los trabajos rutinarios del Senado y de la Cámara de Diputados se realizará desde el próximo lunes 3 de abril hasta el lunes 10 de abril, cuando reanudarán sus labores.
Precisamente, la Dirección de Coordinación de Comisiones del Senado ya tiene prevista la agenda semanal de reuniones de comisiones prevista a partir del 10 al 14 de abril venidero.
Entre los temas más prioritarios que conocerán, figura dos proyectos de ley Orgánica sobre Jurisdicción Contencioso y Administrativa, cuyo estudio está a cargo de la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos.
Para tratar esas iniciativas los comisionados han convocado al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, y al director general de Alianzas Público- Privadas, Sigmund Freund Mena.
También, el miércoles 12 de abril, la Comisión Permanente de Industria, Comercio y Zonas Francas tiene previsto conocer los proyectos de ley para el fomento y competitividad de la aviación civil nacional y el que regularía los centros logísticos y las operaciones de las empresas operadoras logísticas.
El esperado proyecto de ley General de Contrataciones Públicas será conocido por la Comisión Permanente de Hacienda, que ya tiene una matriz sobre el análisis de esa iniciativa.
Asimismo, el lunes 10 de abril se reunirá, a las 2:00 de la tarde, la comisión bicameral que estudia una reforma integral a la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
En tanto que el martes 11 de abril, a las 9:00 de la mañana, está convocada la Comisión Permanente de Salud Pública del Senado para continuar el estudio de iniciativas legislativas que tienen pendientes por conocer. La reunión se realizará en el Salón de Comisiones Eugenio María de Hostos.
Por otro lado, la Cámara de Diputados convocó a sesión ordinaria para el martes 11 del mes de abril, a las 02:00 de la tarde.
El Ministerio Público y el abogado querellante en el supuesto caso de corrupción Operación Calamar, Francisco García, confirmaron este viernes que de los 20 imputados en el caso, 10 han admitido su culpabilidad tras negociar para obtener una medida de coerción menos gravosa.
Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca), confirmó la información. Los diez que han admitido culpabilidad son: Ángel Lockward, Santiago Moquete, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emil José Fernández, Óscar Chalas, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.
Este viernes, después que el Ministerio Público terminó de leer el expediente de 2,120 páginas, la audiencia avanzó con la participación de los 10 citados y sus defensas material y técnica. Pero pasadas las 8:00 de la noche, la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, recesó la audiencia para el domingo a las 9:00 de la mañana, por agotamiento físico de todos los actuantes en el caso.
Esta admisión de culpabilidad está condicionada a una negociación previa con el Ministerio Público, según explica el jurista Francisco García, que representa a la familia Gatón, una de las estafadas por el supuesto entramado de corrupción, que -según la Pepca- utilizaba terrenos adjudicados por el Estado pendientes de pago para agenciarse dinero público usando métodos irregulares.
El abogado dijo también que, declararse culpable implica una flexibilidad en la solicitud de medida de coerción por parte del Ministerio Público, que en vez de pedir prisión preventiva optará por el arresto domiciliario.
El Ministerio Público había pedido 18 meses de prisión preventiva y declaratoria de proceso complejo contra todos los encartados, situaciones que podría variar para quienes se declaren culpables y pasar a arresto domiciliario, impedimento de salida garantía económica.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los apresados es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros. El órgano acusador solicita 18 meses de prisión preventiva y declaratoria de proceso complejo, por el supuesto desfalco de más de 19,000 millones de pesos.
Además de los que se declararon culpables, por el caso son acusados los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y de de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, forman parte de los detenidos desde la noche del pasado sábado 18 de marzo. También, el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo y el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.
Asimismo, el exdirector de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero; el exdirector Juegos de Azar, Julián Omar Fernández, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández.
La audiencia se realizó a puertas cerradas en el Palacio de Justicia, lugar que fue resguardado a lo interno y externo por agentes de la Policía Nacional y del Ejército para prevenir la concurrencia de activistas que han estado protestando por algunos de los apresados.
La abogada Laura Acosta, representante legal del excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, consideró que "la audiencia de hoy fue un guion buen hecho".
Entiende que las diez personas que colaboraron con el Ministerio Público tienen derecho a hacerlo.
"A Gonzalo Castillo esas diez personas que colaboraron no le afectan, porque ninguna los mencionó, salvo el señor Ángel Lockward, quien dice que una persona -Fernando Crisóstomos- le dijo que Donald Guerrero le dijo que eso era para la campaña de Gonzalo Castillo", puntualizó Acosta.
Entiende que Lockward está contradiciendo declaraciones que había dado públicamente.
Asimismo, Luis Rivas, también abogado de Castillo, aseguró que este no tiene que negociar con nadie porque es inocente.
El lanzador dominicano Israel Mateo se ha convertido en el primer pelotero sancionado por la Major League Baseball en 2023 por consumo drogas para mejorar el rendimiento.
De acuerdo a Bob Nightengale, del USA Today, Mateo ahora se verá obligado a perderse los próximos 55 juegos. Mateo fue atrapado usando Boldenone, una sustancia ilegal.
Mateo, nacido en San Pedro de Macorís en noviembre de 2001, tiene 25 juegos de experiencia profesional en su haber. Tiene marca de 1-7 con una efectividad de 5.26 y una relación P/BB de 49/35.
El derecho apareció en solo 12.2 entradas la temporada pasada en la división rookie (novatos). Sin embargo, bajó su efectividad de 6.08 a 2.84. Además, Tampa Bay movió a Mateo a un papel de relevista estricto en 2022. Después de hacer siete aperturas en su primera temporada como profesional, las 10 apariciones de Mateo en la temporada pasada fueron en un papel de relevo.
Mateo tiene apenas 20 años. No figura entre los 30 mejores prospectos de los Rays, según MLB Pipeline.
Mateo no se quedará fuera la mayor parte de la primera mitad de la temporada. Tendrá tiempo para pensar en su decisión. Si Tampa Bay lo mantiene en la organización, Mateo buscará cambiar su carrera.
Diplomáticos de Brasil y República Dominicana destacaron ayer oportunidades comerciales entre ambos países, si el Gobierno dominicano define su posición ante la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) a la que pertenece desde hace 39 años, pero en calidad de observadora.
El presidente de la Cámara de Comercio Domínico-Brasileña, Angelo Viro, explicó que si el gobierno autoriza la integración a la Aladi, reduciría en un 4 % la tasa arancelaria vigente en productos como las carnes de pollo y cerdo, así como en el área automotriz.
Viro calculó que el costo por el pago de impuestos para la comercialización de artículos para vehículos pasaría de 20 a 16 %, lo que ayudaría a aliviar la carga económica de los dominicanos que adquieren esos artículos, y así sucedería con otros productos provenientes de países del sur del continente.
"Desde la Cámara de Comercio Domínico-Brasileña solicitamos al presidente Luis Abinader Corona que autorice al Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), en la persona de su ministro Roberto Álvarez, para que envíe la solicitud de aceptación a Aladi como miembro de pleno derecho", proclamó Viro.
Viro precisó que no se trata de un acuerdo de libre comercio, sino de una integración regional que enfoque su desarrollo entre países del sur, lo que dinamizaría el flujo comercial, con mayores ingresos fiscales y más opciones para el comercio local. Las relaciones diplomáticas entre ambas naciones datan desde hace 111 años.
Refirió que República Dominicana es miembro observador de la Aladi desde el 15 de agosto del 1984, pero en los 39 años que lleva el país en calidad de observador, todavía no se ha definido el estatus dentro de esta asociación como miembro de pleno derecho.
La Asociación Latinoamericana de Integración está formada por 13 países:
El diplomático participó en un encuentro con ejecutivos en el que se compartieron consideraciones sobre la realidad de la relación bilateral tras la pandemia del COVID-19 y las oportunidades de negocio que se pueden desarrollar.
“Los ingresos fiscales durante el año 2022 fueron por 896,698 millones de pesos, de los cuales el 74 % constituyeron recaudaciones a través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el 26 % a través de la Dirección General de Aduanas (DGA), evidencia que las aduanas pueden ser un ente facilitador de comercio, no solo de recaudación”, consideró.
Según datos del Banco Central, desde el 2010 hasta septiembre del 2022, Brasil tiene un acumulado de 2,349.9 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED), colocándose como el tercer país con mayor IED detrás de Estados Unidos y Canadá.
El expresidente estadounidense Donald Trump, imputado en el caso de un pago irregular a la actriz porno Stormy Daniels, viajará el lunes de Miami a Nueva York para presentarse ante el juez en la tarde del martes, informó hoy la cadena CNN.
Concretamente, su cita con el juez será a las 14:15 hora local, una vista que ha generado una enorme expectación y por esa razón el tribunal ha cancelado otras menos importantes para evitar el tránsito de personas a pie en el edificio por razones de seguridad.
Diversos medios han asegurado que la lista de cargos que el juez le comunicará -y que aún no se han hecho públicos- es de más de treinta, todos relacionados con el pago a Daniels de 130,000 dólares (120,000 euros) y el posible disimulo de esa cantidad como gastos electorales.
El fin de semana, Trump lo pasará en su mansión de Mar-a-Lago, donde se encuentra hace meses y donde ayer mismo, tras conocer su imputación, salió a cenar con su esposa Melania en una aparente estampa de normalidad, según imágenes que recogió el diario New York Post.
Hoy su abogado Joe Tacopina aclaró que Trump no será esposado en el breve trayecto entre la oficina del fiscal y la del juez Juan Manuel Merchan, y ello pese a que muchos "desean que sea paseado" por la policía.
También ha precisado que no se declarará culpable y ha optado por ir al juicio.
Lo que parece ineludible para Trump, como en el caso de cualquier imputado al que le leen los cargos, es el proceso de "fichado": toma de huellas dactilares y fotografía de frente y de perfil.
Trump no se ha quedado callado en la jornada de hoy: además de postear en su red Truth Social el testimonio de muchos republicanos que lo apoyan, cargó contra el juez Merchan que lleva su caso, diciendo que le "odia" y que ha sido en realidad colocado ahí por el fiscal de Manhattan Alvin Bragg, contra quien tiene una especie de cruzada personal.
Se temía que la imputación de Trump provocase la salida de sus partidarios a las calles, pero en Nueva York no se ha visto ninguno hasta ahora y solo unas decenas en los alrededores de Mar-a-Lago con pancartas y banderas estadounidenses, concretamente sobre el puente que une Palm Beach con el continente.
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