¡ÚLTIMA HORA!
Ecuador y la República Dominicana decidieron este miércoles iniciar negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial parcial, señaló la Presidencia ecuatoriana al informar sobre el encuentro, en Punta Cana, de los gobernantes Daniel Noboa y Luis Abinader, respectivamente.
En un comunicado, señaló que ambos mandatarios acordaron que avancen los diálogos para la suscripción de un Acuerdo Comercial de Alcance Parcial, instrumento con el que se fortalecerá el comercio, la inversión y la cooperación mutua.
También se definió que los cancilleres de las dos naciones trabajen coordinadamente en el desarrollo de áreas de interés bilateral como zonas francas, turismo, salud, asuntos migratorios, movilidad humana y energía y minas, principalmente en lo que respecta a gas natural.
Los mandatarios expresaron, además, la necesidad de fortalecer el diálogo político mediante la realización de la I Reunión del Mecanismos de Consultas Políticas, en la que se podrá abordar la posibilidad de suscribir un Acuerdo de Intercambio de Información Migratoria.
La Presidencia recordó que República Dominicana en la actualidad es para Ecuador un importante socio comercial. Solo en 2025, las exportaciones alcanzaron los 161 millones de dólares, anotó.
En febrero pasado, Noboa y Abinader se reunieron en Dubái, donde ya hablaron sobre la necesidad de una negociación de un acuerdo comercial. La cita se dio en el marco de la agenda que cumplían ambos mandatarios en la Cumbre Mundial de Gobiernos (WGS, en inglés) que se realizó en esa ciudad de Emiratos Árabes Unidos.
Ya entonces, el Gobierno ecuatoriano indicó que los presidentes conversaron sobre mecanismos para "fortalecer el comercio y la inversión entre ambos países" y sobre oportunidades de cooperación económica, el interés en proyectos estratégicos, iniciativas de promoción turística conjunta y el trabajo coordinado en temas de seguridad regional y defensa de la democracia.
En ese contexto "coincidieron en la importancia de fortalecer el avance de intercambios comerciales, el encadenamiento productivo, las inversiones y la reactivación económica a través de un acuerdo que fomente el empleo y competitividad en las naciones", agregó entonces la Presidencia.
En 2023, bajo la Presidencia de Guillermo Lasso, Ecuador y República Dominicana ya habían decidido emprender negociaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo comercial de "alcance parcial", el más básico de los convenios comerciales entre países, que supone entendimientos generales en materia arancelaria y sobre una cesta básica de bienes de la oferta comercial de cada una de las partes.
Edyleni Mercedes Martínez Liriano fue sorprendida por la violencia cuando salía de su residencia la madrugada del martes 5 de mayo, en el sector Alma Rosa II, en el municipio Santo Domingo Este.
Las cámaras de video vigilancia captaron el momento en que varios hombres encapuchados bloquearon la salida del vehículo que segundos antes había abordado la joven dentro del parqueo de un edificio de apartamentos.
Ante la acción de los raptores, la mujer da marcha atrás al vehículo que conducía y los hombres la persiguieron hasta abrir la puerta, logrando sacarla a la fuerza.
Aunque la mujer intentó escapar, los tres hombres la empujaron y lograron montarla de forma abrupta en la yipeta blanca en la que llegaron al lugar.
La Policía Nacional informó este miércoles que los captores establecieron contacto con los familiares de la víctima, exigiendo dinero a cambio de su liberación.
Tras el referido contacto, los familiares notificaron el hecho a la Policía, por lo que agentes iniciaron un operativo de búsqueda con el objetivo de ubicar a los responsables y rescatar a la mujer con vida.
Según una nota de prensa de la Policía, mediante análisis de evidencias, inteligencia y herramientas tecnológicas, los investigadores identificaron el vehículo utilizado en el secuestro, lo que permitió ubicarlo y detener a dos de los implicados en la avenida Las Américas, en el sector Los Frailes, Santo Domingo Este.
Los detenidos fueron identificados como Delvar Prophete, de nacionalidad haitiana, y Noel Jean Mardochee, quienes presuntamente participaron en la logística del hecho, incluyendo el uso e intercambio del vehículo utilizado.
Posteriormente, las autoridades localizaron a la víctima en un terreno baldío en el sector Sabana Perdida, en el municipio Santo Domingo Norte, donde fue apresado en flagrante delito Leury Fernández de Jesús (a) “Caponi”, quien la mantenía bajo custodia.
Martínez Liriano fue rescatada con vida y trasladada por unidades del sistema de emergencias 9-1-1 a un centro de salud, donde recibió atenciones médicas y posteriormente fue entregada a sus familiares, señala la institución.
Los investigadores identificaron como presuntos responsables intelectuales y operativos a Alejandro Montero Encarnación (a) “Alex” o “Pata de Pollo” y Reimi David de Jesús (a) “Polaco” o “Bopa”, quienes permanecen prófugos.
Según las investigaciones, el rapto habría sido planificado con fines económicos por el prófugo “Alex”, quien es empleado del padre de la mujer rescatada, que es comerciante.
Asimismo, fueron detenidas dos personas para fines de investigación, vinculadas familiarmente a uno de los principales sospechosos.
El Ministerio Público gestiona las órdenes de arresto contra los prófugos, mientras que los detenidos serán puestos a disposición de la justicia.
El congresista Adriano Espaillat advirtió sobre el impacto que tendrían los posibles recortes a los programas de asistencia SNAP y Medicaid, al tiempo que recibió el respaldo de líderes de bodegas y supermercados independientes en Nueva York, en un acto que también marca su impulso de cara a las primarias demócratas del 23 de junio.
Durante un encuentro con representantes del sector, Espaillat alertó que una reducción en SNAP —programa de asistencia nutricional— afectaría directamente tanto a las familias de bajos ingresos como a los pequeños comercios que dependen de ese consumo diario.
“SNAP representa menos de siete dólares por persona al día. ¿Quién puede alimentarse de forma digna con esa cantidad?”, cuestionó.
El legislador también destacó la magnitud del impacto en su distrito, donde, según dijo, unas 488,000 personas dependen de Medicaid y más de 300,000 familias reciben beneficios de SNAP. En ese sentido, reiteró su compromiso de enfrentar cualquier intento de recorte desde el Congreso.
El respaldo al congresista se produjo en el mismo escenario, donde líderes del sector bodeguero y de supermercados valoraron su trayectoria como defensor de estas comunidades.
Entre los presentes estuvieron Anthony Peña, Radhamés Rodríguez y Francisco Marte, quienes representan a miles de comerciantes en barrios como El Bronx, el Alto Manhattan y Harlem.
Los participantes coincidieron en que los recortes a programas sociales no solo golpean a las familias, sino también a una industria que consideran clave para la economía local. En ese contexto, expresaron la necesidad de contar con representación política que defienda tanto a los consumidores como a los pequeños negocios.
El encuentro también evidenció un hecho poco común: la unión de distintas organizaciones del sector, que históricamente habían operado por separado, en torno a una misma causa.
Para Espaillat, esta alianza refuerza la defensa de una industria que, asegura, no solo genera empleos, sino que sostiene la vida económica y social de las comunidades latinas en Nueva York.
La muerte de la periodista dominicana Yolaine Díaz y su madre en un incendio en un edificio residencial de Nueva York la madrugada del lunes no solo enluta a la comunidad, también deja preguntas urgentes sobre cómo reaccionar ante una emergencia que, en cuestión de minutos, puede volverse incontrolable.
Según los reportes, el fuego comenzó en el primer piso de un edificio de seis niveles y avanzó rápidamente por la escalera interior, convirtiéndola en una especie de chimenea.
En medio del humo denso, madre e hija intentaron escapar por esa vía, pero no lograron salir. En contraste, su padrastro sobrevivió al utilizar una escalera de incendios exterior.
La diferencia fue una decisión tomada en segundos.
En medio del caos, hay acciones simples que pueden salvar vidas, pero que muchas veces no se conocen o no se piensan a tiempo. El primer paso es mantener la calma, aunque parezca imposible.
El pánico hace que se pierdan segundos valiosos y se tomen decisiones apresuradas. Identificar dónde está el fuego y hacia dónde se mueve el humo puede ayudar a elegir mejor la ruta de salida.
Las escaleras suelen ser la opción más lógica, pero no siempre la más segura. Si el incendio se origina en niveles inferiores, como ocurrió en este caso, el humo tiende a subir rápidamente por ese mismo espacio. En esas condiciones, bajar por la escalera interior puede ser más peligroso que quedarse.
Por eso, es vital evaluar alternativas: salidas secundarias, escaleras exteriores o rutas de evacuación menos expuestas. Hay reglas que no cambian: nunca usar ascensores durante un incendio, desplazarse agachado para evitar inhalar humo y cubrir nariz y boca con un paño, si es posible húmedo.
Antes de abrir cualquier puerta, un gesto puede evitar una tragedia mayor: tocar el pomo con el dorso de la mano. Si está caliente, no es seguro continuar por ahí.
No siempre escapar es una opción inmediata. Si el humo bloquea las salidas, intentar atravesarlo puede ser fatal. En esos casos, la recomendación es buscar refugio en una habitación alejada del fuego, cerrar la puerta y sellar las rendijas con telas o toallas, si son húmedas mucho mejor, para impedir que entre el humo.
Si hay una ventana, es importante hacerse visible y llamar a emergencias indicando la ubicación exacta.
Cada puerta cerrada entre la persona y el incendio puede ganar tiempo. Y en una situación así, el tiempo lo es todo.
Aunque muchas veces se ve como algo lejano, los incendios domésticos son más comunes de lo que se cree. Evitar sobrecargar enchufes, vigilar lo que se cocina, revisar instalaciones de gas y mantener materiales inflamables lejos del calor son medidas básicas que pueden evitar tragedias.
Lo ocurrido no es solo una noticia. Es un recordatorio. Porque en un incendio, la rapidez del fuego no deja margen para improvisar. Y como mostró este caso, la ruta que se elige para escapar puede ser la diferencia entre contarlo o no.
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este miércoles sobre el inicio del piloto de "Eficompras", una nueva plataforma integrada al Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) que permitirá gestionar compras de bienes de uso común por debajo del umbral establecido en 268,111.38 pesos.
La herramienta funcionará como la primera tienda virtual del Estado dominicano y busca transformar el esquema tradicional de compras menores en las instituciones públicas.
De acuerdo con una nota de prensa de la entidad, el nuevo sistema cambiará la dinámica actual de adquisiciones directas, ya que ahora serán los proveedores quienes cargarán sus productos en un catálogo digital, permitiendo que las unidades de compra seleccionen los bienes de forma inmediata, sin necesidad de esperar ofertas tras publicar requerimientos.
En esta primera etapa podrán participar todas las empresas mipymes inscritas en el Registro de Proveedores del Estado (RPE) que estén habilitadas para vender bienes de uso común, entre ellos azúcar, agua, café, cajas para empacar, desinfectantes, lápices, bolígrafos, papel, platos desechables, servilletas, carpetas, libretas, clips, bolsas plásticas, entre otros.
La DGCP explicó que el plan piloto tendrá una duración aproximada de tres meses y será implementado inicialmente en el Ministerio de Hacienda y Economía junto a sus 14 dependencias.
Entre las entidades participantes figuran la Tesorería Nacional, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Dirección General de Aduanas (DGA), la Dirección General de Presupuesto (Digepres), la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecog), la Dirección General del Catastro Nacional, la Lotería Nacional, la Dirección General de Bienes Nacionales y la Dirección General de Crédito Público.
También la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado (DGJP), la Caja de Ahorros para Obreros Monte Piedad, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Superintendencia de Seguros, el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Extinción de Dominio (Incabide) y la DGCP.
El director general de ContratacionesPúblicas, Carlos Pimentel, explicó que Eficompras busca que las compras de bienes por parte del Estado sean más ágiles, accesibles y eficientes, desde la publicación del requerimiento hasta la recepción final del bien, así como ofrecer mayores oportunidades de adjudicación a los proveedores participantes.
“El proyecto es una pieza clave en la transformación del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas”, indicó el funcionario, al señalar que la iniciativa forma parte de la implementación gradual de la Ley 47-25, una nueva modalidad de contratación estatal dispuesta en el artículo 71 de la referida normativa.
Pimentel sostuvo además que esta modalidad servirá de base para la futura puesta en funcionamiento de los convenios marco contemplados en la nueva legislación de contrataciones públicas.
Pimentel agregó que para asegurar el correcto despliegue del sistema, la institución ha agotado un proceso de capacitación y acompañamiento a las instituciones que formarán parte del piloto.
Según estimaciones de la DGCP, Eficompras podría estar disponible para el 100 % de instituciones del Estado dominicano y proveedores inscritos en el RPE a mediados de agosto de 2026.
La entidad también informó que los proveedores mipymes interesados podrán acceder al sistema utilizando las mismas credenciales del SECP y comenzar a cargar sus productos mediante un tutorial disponible en el canal oficial de YouTube de la institución.
Asimismo, anunció que continuará ofreciendo capacitaciones virtuales para los interesados a través de su Departamento de Capacitaciones.
Desde niño, en Santo Domingo, Francisco Díaz entendió que la medicina no solo se trataba de curar a los vivos, sino también de darle respuestas a quienes se quedan cuando alguien fallece.
Tras graduarse de medicina en Intec, Francisco hizo su pasantía y trabajó como médico general en República Dominicana. Pero había una inquietud más grande: quería especializarse, profundizar, llegar hasta donde pocos se atrevían. Esa búsqueda lo llevó a Estados Unidos, no como estudiante, sino como médico residente en patología.
Fueron años de formación intensa: cuatro años en patología y dos más en patología forense. Allí encontró su verdadera vocación: ser la voz científica de quienes ya no pueden hablar.
Primero trabajó durante 16 años en Michigan, enfrentando casos complejos que parecían sacados de una película. Luego llegó a Washington D.C., donde desde hace nueve años ocupa una de las posiciones más importantes dentro del sistema forense de la capital estadounidense: es el “medical examiner” de la ciudad, equivalente al director de Patología Forense, y además dirige el Departamento de Ciencias Forenses.
“El Departamento de Patología Forense se encarga de las autopsias en los casos que pertenecen a la jurisdicción, es decir, suicidios, homicidios, accidentes, cualquier muerte que sea no natural y en el mismo edificio tenemos el departamento de ciencias forenses del cual yo soy el director”, dijo el doctor Díaz a Diario Libre.
Pero detrás del cargo, permanece el mismo dominicano que decidió cruzar fronteras persiguiendo excelencia.
En enero de 2025, su trabajo volvió a colocarlo frente a una tragedia de gran escala: la colisión entre un helicóptero militar y un avión comercial cerca del aeropuerto Ronald Reagan, en el río Potomac. Las 67 personas a bordo fallecieron de manera prácticamente instantánea.
El desafío no era solo determinar la causa de muerte —trauma contuso severo, principalmente craneal— sino devolver dignidad a cada familia.
Gracias a la rapidez del equipo y al uso de ADN para identificar y reasociar restos anatómicos, lograron una de las identificaciones científicas de víctimas más rápidas en la historia de Estados Unidos.
“No se puede devolver la vida”, explica, “pero sí se puede devolver a una familia los restos de su ser queridode la manera más completa y digna posible”.
Esa frase resume su filosofía.
En su carrera ha realizado cerca de 10 mil autopsias. Ha investigado sobredosis, homicidios, accidentes aéreos y hasta uno de los casos más impactantes de su vida: un hombre en Detroit que traficaba ilegalmente con partes humanas y almacenaba más de 1,200 cabezas humanas.
También enfrentó crímenes donde la ciencia debía ir más allá de lo evidente, como el caso de cuatro jóvenes halladas muertassin signos claros de violencia, donde su criterio forense permitió sostener que no se trataba de coincidencias, sino de homicidios.
Porque en medicina forense, muchas veces, la verdad no grita: susurra.
Díaz insiste en que no siempre hay respuestas inmediatas. Algunas muertes quedan inicialmente como “indeterminadas”, porque el rigor científico exige admitir cuando aún no se sabe.
“No hay que inventarse las cosas”, afirma. “Si hiciste todo lo posible y no encontraste una respuesta, lo correcto es decir que en este momento no se puede determinar”.
Esa honestidad profesional es quizá una de sus mayores lecciones.
También reconoce que República Dominicana ha avanzado mucho en patología forense, pero todavía necesita más recursos financieros y estructurales. Porque la ciencia forense no solo sirve para resolver crímenes: también permite a las familias cerrar ciclos, acceder a justicia y encontrar paz.
“Algo que tiene la República Dominicana, que es similar a Estados Unidos, es clasificar la manera de la muerte. Es decir, si la muerte es un homicidio, un suicidio, un accidente, no se puede determinar, o si es natural. En muchos países de Latinoamérica, los médicos legistas, o los que se encargan de medicina forense, no hacen esa determinación. Yo creo que lo que le hace falta a la República Dominicana, como a muchos países, es recursos. Recursos financieros”, detalló.
Hoy, desde Washington D.C., Francisco Díaz representa mucho más que un cargo prestigioso, representa a un dominicano que salió del país con una meta clara, que convirtió la disciplina en excelencia y que, incluso entre tragedias, ha encontrado una forma profundamente humana de servir.
Mientras otros cuentan historias de éxito en cifras, él las cuenta en respuestas.
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, justificó este miércoles la política de incrementos graduales que registraron los precios de los combustibles en el país durante las últimas semanas, producto del impacto de la crisis internacional del petróleo, como una forma de balancear la estabilidad social con la responsabilidad fiscal.
Frente a este escenario, Díaz detalló que el Gobierno ha optado por una estrategia de mitigación basada en subsidios focalizados y ajustes graduales en los precios, evitando trasladar de golpe el aumento internacional al consumidor local.
Sin embargo, el responsable de las finanzas públicas dejó saber que mantener ese nivel de subvención a los derivados del crudo de forma indefinida no es sostenible. Explicó que actualmente el Estado está absorbiendo gran parte del aumento del petróleo, por encima de un umbral cercano a los 74 dólares por barril, lo que implica un alto costo para las finanzas públicas.
“En economía no hay soluciones perfectas, hay dilemas. Si no subsidiamos, el precio subiría de manera abrupta; si subsidiamos demasiado, el costo fiscal se dispara”, indicó.
Durante una entrevista concedida al programa Hoy Mismo, el funcionario explicó que el país enfrenta un “choque externo de gran magnitud”, con efectos directos en la inflación, el costo del transporte y los precios de los alimentos, dada la alta dependencia de las importaciones de combustibles.
“El impacto es inevitable. Esto se va a sentir en la economía, porque el petróleo afecta prácticamente todos los sectores”, sostuvo y agregó que la actual situación del crudo representa una de las mayores disrupciones en la historia reciente de ese mercado.
Entre las medidas adoptadas por el Gobierno, además del subsidio semanal a los combustibles, que en algunos períodos ha alcanzado los 1,500 millones de pesos, el ministro citó el apoyo al transporte público para contener el alza en el precio de los pasajes.
A esto se suman subsidios a fertilizantes y productos agrícolas, con el objetivo de evitar un efecto en cadena sobre los alimentos, además de mayores transferencias a programas sociales dirigidos a los sectores más vulnerables.
“El Gobierno no puede evitar el impacto, pero sí puede mitigarlo, especialmente en la población más pobre”, afirmó.
Díaz subrayó que la incertidumbre sobre la duración de la crisis complica la planificación económica, obligando al Gobierno a adoptar un enfoque flexible.
“El plan no puede ser rígido. Esto cambia cada semana. Lo que hacemos es monitorear y ajustar las medidas según evolucione la situación internacional”, declaró.
Pese al contexto adverso, aseguró que la economía dominicana mantiene un ritmo de crecimiento cercano al 4 % y que el Gobierno busca preservar la inversión pública como motor de la actividad económica.
Concluyó diciendo que la crisis tendrá un costo para toda la sociedad, pero que las políticas públicas están orientadas a distribuir ese impacto de la forma más equitativa posible.
La jueza de la instrucción especial, Ysis Muñiz, justificó la imposición de tres meses de prisión preventiva contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de sobornar a un testigo vinculado al caso de corrupción investigado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Consideró que en el caso existieron elementos de flagrancia, actos vinculados a la tentativa del delito y riesgos procesales que sustentaban el peligro de fuga, pese al arraigo presentado por la defensa.
Durante la lectura de su decisión, la magistrada rechazó los argumentos de la defensa sobre una supuesta ilegalidad del arresto y sostuvo que el Ministerio Público actuó dentro del marco legal al ejecutar una entrega vigiladaautorizada judicialmente.
Muñiz explicó que la defensa alegó que el arresto fue irregular porque las autoridades debieron solicitar previamente una orden judicial y que no procedía una detención en flagrancia, debido a que “el fiscal tenía conocimiento de unos hechos que estaban siendo investigados”.
Sin embargo, la jueza sostuvo que la flagrancia surgió en el momento en que se materializó la entrega del dinero bajo vigilancia controlada, ya que, según explicó, en ese punto la conducta pasó de simples actos preparatorios a la fase de tentativa del delito.
“A partir de que se concretiza la entrega es donde se pasa a la fase de la tentativa y, por tanto, se entra en la flagrancia que obliga a las autoridades a intervenir para asegurar pruebas e impedir que el sospechoso salga de la vigilancia controlada”, argumentó.
La magistrada desarrolló varias reflexiones jurídicas sobre el denominado “iter criminis”, concepto que definió como el camino que se transita hacia la consumación del delito “y en ese mismo camino podemos encontrar diferentes momentos”.
Explicó que este proceso tiene distintas etapas y que no todas son castigadas por la leypenal. En una primera fase, señaló que el delito solo existe en la mente del individuo, cuando este piensa, analiza y decide si cometerá o no el hecho ilícito.
“Los pensamientos no son punibles”, expresó la jueza, al sostener que el derecho penal sanciona conductas externas que afectan en mayor o menor grado bienes jurídicos.
Posteriormente, explicó, aparecen los llamados “actos preparatorios”, que consisten en acciones encaminadas a facilitar la ejecución del delito ya ideado. Asimismo, mencionó que en esta etapa en principio no se castigan porque no constituyen un peligro directo e inminente hacia el bien jurídico protegido.
Sin embargo, puntualizó que existen excepciones en las que la ley sí permite sancionar determinados actos preparatorios, cuando implican altos niveles de peligrosidad o cuando están expresamente tipificados por la legislación penal. Citó como ejemplos “la incitación directa a cometer delitos o la asociación de malhechores”.
La jueza explicó luego que, dentro de ese “iter criminis”, existe una etapa intermedia denominada “tentativa”, la cual ubicó entre los actos preparatorios y la consumación del delito.
“La tentativa implica hechos exteriores que marcan el paso o el inicio de la ejecución del ilícito”, sostuvo la magistrada, al explicar que precisamente por esa razón la ley permite castigarla aun cuando no se produzca el resultado final.
Aplicando esa teoría al caso concreto, Muñiz señaló que "cuando el fiscal solicita autorización de entrega vigilada, es porque el investigado ha dado inicio a actos preparatorios, sin que los mismos se constituyan todavía en actos sancionados".
Sin embargo, afirmó que la situación cambió en el momento en que se concretó la entrega del dinero, ya que ahí, según explicó, la conducta avanzó hacia la etapa de tentativa, configurándose entonces la flagrancia.
A juicio de la jueza, fue precisamente esa transición hacia la ejecución del delito lo que facultó legalmente a las autoridades a intervenir sin necesidad de una orden de arresto previa, con el objetivo de asegurar pruebas y evitar riesgos procesales.
En ese sentido, sostuvo que la entrega vigilada realizada por el Ministerio Público estaba sustentada en la Ley 155-17sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la cual contempla el soborno como delito precedente.
La jueza precisó que dicha técnica especial de investigación requería autorización judicial previa y debía ejecutarse bajo control del Ministerio Público, condiciones que, afirmó, se cumplieron en este caso.
Según expuso la magistrada, la autorización permitía la entrega vigilada del dinero previamente identificado a través de Roberto Canaán, quien presuntamente estaba siendo objeto de soborno por parte de Valdez Alcántara.
![[object HTMLTextAreaElement]](https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/06/whatsapp-image-2026-05-06-at-24358-am-1-52da2292.jpeg)
Respecto al cuestionamiento sobre el allanamiento practicado en el apartamento del imputado, la magistrada descartó irregularidades pese a que en la autorización judicial figuraba el apartamento 3A y la defensa alegaba que el fiscal residía en el 3B.
A juicio del tribunal, se trató de “un error material” que no anula el allanamiento, debido a que la autorización estaba dirigida específicamente al domicilio del investigado y la propia defensa reconoció que el allanamiento se realizó en su residencia.
En cuanto al peligro de fuga, la magistrada reconoció que el imputado posee arraigo familiar, laboral, social y hasta económica, como planteó la defensa, pero aclaró que ese no es el único elemento que debe valorar un juez al momento de imponer medidas de coerción.
“Esa sola circunstancia del arraigo no es la única a considerar a la hora de decidir acerca del peligro de fuga”, sostuvo la magistrada.
Explicó que también deben ponderarse la gravedad del hecho investigado, el daño producido, la importancia del daño a resarcir, la pena imponible la posible pena imponible y la conducta del imputado frente al proceso.
Tras rechazar la solicitud de nulidad presentada por la defensa, el tribunal declaró válida la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, encabezado por la procuradora general de la República Yeni Berenice Reynoso y el procurador adjunto Wilson Camacho.
La jueza impuso tres meses de prisión preventiva contra Valdez Alcántara, medida que deberá cumplir en la cárcel modelo Najayo Hombres, y fijó para el 29 de junio de 2026 la revisión obligatoria de la coerción.
La usura podría volver a ser castigada penalmente en República Dominicana, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) exhortara al Congreso Nacional a crear un nuevo marco legal para sancionar esa práctica.
El alto tribunal declaró inconstitucional la derogación de las disposiciones que tipificaban y castigaban la usura como delito, tras la entrada en vigencia de la Ley 183-02, que establece el Código Monetario y Financiero de la República Dominicana.
El TC concluyó que la eliminación de esas sanciones dejó al país en incumplimiento de compromisos internacionales vinculados a derechos humanos. Según el fallo, el Estado dominicano no puede mantener sin regulación penal una práctica considerada una forma de explotación económica.
“La referida derogación de la normativa que regulaba el delito de usura —o que prohibía la usura bajo sanciones penales— resulta inconvencional y, consecuentemente, inconstitucional, tomando en cuenta el carácter dado a los tratados internacionales que reconocen derechos humanos desde la proclamación de la Constitución dominicana del 26 de enero de 2010”, establece la alta corte en la motivación de la decisión.
La usura es el cobro de intereses excesivos o abusivos en préstamos de dinero. Ocurre cuando una persona, empresa o entidad financiera presta dinero bajo condiciones consideradas desproporcionadas, aprovechándose de la necesidad económica del deudor.
Tradicionalmente, la usura se relaciona con: tasas de interés muy altas, penalidades excesivas por atraso, condiciones contractuales abusivas, aprovechamiento de personas en situación de necesidad.
El artículo 91 del Código Monetario y Financiero, que enumera las normas derogadas por la implementación de esa legislación, eliminó la Orden Ejecutiva 312, promulgada el 1 de junio de 1919.
Esa disposición establecía un interés legal de 1 % mensual para préstamos civiles y comerciales, y castigaba la usura con penas de prisión de seis días a seis meses y multas de hasta la mitad del dinero obtenido mediante intereses considerados usurarios. La normativa también contemplaba sanciones más severas en casos de reincidencia.
En su análisis, el tribunal sostuvo que la derogación produjo una “inconstitucionalidad sobrevenida”, debido a que la Constitución de 2010 reconoce rango constitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el país.
Los jueces citaron el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que la usura y cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley.
La sentencia TC/0235/26 responde a una acción directa de inconstitucionalidad presentada por el abogado Hermes Guerrero Báez contra el numeral primero del artículo 91 de la Ley 183-02, del Código Monetario y Financiero.
Aunque el TC reconoció que existen normas administrativas y mecanismos de protección al consumidor en el sistema financiero, consideró que esas disposiciones no sustituyen una legislación penal específica sobre usura.
La decisión exhorta al Congreso a legislar para regular nuevamente la prohibición de la usura, conforme al ordenamiento monetario y financiero vigente.
El tribunal también sostiene que esa derogación no fue automáticamente inconstitucional en 2002, porque la Constitución vigente en ese momento todavía no otorgaba rango constitucional directo a los tratados internacionales sobre derechos humanos.
La clave del recurso está en la Constitución de 2010, cuyo artículo 74 establece que los tratados de derechos humanos ratificados por el país tienen jerarquía constitucional y aplicación directa.
Uno de esos tratados es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 21 establece que “la usura debe ser prohibida por la ley”.
La decisión del presidente Luis Abinader de ordenar la paralización inmediata de cualquier actividad minera vinculada al Proyecto Romero, en la provincia San Juan, provocó un fuerte impacto en los mercados bursátiles canadienses. La noticia borró en apenas horas cientos de millones de dólares canadienses en valor de empresas mineras con operaciones o proyectos en República Dominicana.
La medida, anunciada luego de semanas de protestas sociales y ambientales en San Juan, golpeó especialmente a GoldQuest Mining Corp., promotora del proyecto Romero y considerada hasta hace pocos días como la empresa con mayores perspectivas de convertirse en la próxima gran productora de oro del país.
Las acciones de GoldQuest cerraron este martes en 1.61 dólares canadienses, con una caída diaria cercana al 17 %, mientras que en la última semana acumulan pérdidas de 25.5 %. La magnitud del desplome llevó incluso a la Organización Reguladora de la Industria de Inversiones de Canadá (CIRO) a suspender temporalmente la cotización de la empresa el lunes, luego de que sus acciones llegaran a perder más de un 19 % durante la jornada. Las operaciones fueron reanudadas ayer martes a las 8:15 de la mañana.
Antes del anuncio del Gobierno dominicano, GoldQuest llegó a alcanzar una capitalización bursátil cercana a los 900 millones de dólares canadienses en la Bolsa TSX Venture de Toronto. Tras la caída reciente, el valor de mercado de la empresa se redujo hacia un rango estimado entre 550 y 700 millones, lo que supone una destrucción de valor aproximada de entre 200 y 350 millones de dólares canadienses en pocos días.
Precipitate posee tres proyectos en República Dominicana: Juan de Herrera, en San Juan, y Pueblo Grande y Pontón, en Sánchez Ramírez. Su capitalización bursátil pasó de rondar los 108 millones de dólares canadienses a niveles cercanos a entre 60 y 90 millones, lo que representa pérdidas estimadas de entre 40 y 50 millones de dólares canadienses.
Por su parte, Unigold Inc., que desarrolla el proyecto aurífero Candelones en Dajabón, también sufrió una fuerte corrección. Sus acciones cayeron de 0.36 a 0.24 dólares canadienses, equivalente a un descenso de 34.7 % en las últimas 24 horas.
Aunque se desconoce el monto exacto de las pérdidas individuales, inversionistas dominicanos con participación en estas empresas habrían perdido millones de dólares en apenas dos jornadas bursátiles.
Analistas interpretan que el desplome no solo refleja el impacto inmediato de la suspensión del Proyecto Romero, sino también un cambio abrupto en la percepción de riesgo sobre el sector minero dominicano. Para el mercado canadiense, donde cotizan la mayoría de estas compañías junior, el episodio introduce dudas sobre la estabilidad regulatoria y política de futuros proyectos extractivos en República Dominicana.
La Cámara Minera y Petrolera de la RD (Camipe) expresó preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo y advirtió que podría afectar la confianza de los inversionistas y la seguridad jurídica del sector. La entidad sostuvo que decisiones de este tipo deben sustentarse en criterios técnicos, ambientales y legales.
En contraste, la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias calificó como acertada la paralización del proyecto Romero y consideró que la medida responde al reclamo cívico de la población de San Juan y otros sectores ambientales.
Desde sus inicios en la República Dominicana, la trayectoria de GoldQuest Dominicana, S.R.L. ha estado marcada por cambios de denominación en sus proyectos, traspasos empresariales y una prolongada fase de exploración que, con el paso de los años, derivó en la solicitud de explotación del yacimiento conocido hoy como “Romero”.
Un registro de la Dirección General de Minería sitúa uno de los primeros hitos en diciembre de 2003, cuando la empresa Minera Duarte, S.A. solicitó una concesión de exploración bajo el nombre “Las Tres Palmas”, en de San Juan de la Maguana. Dos años más tarde, en mayo de 2005, esta concesión fue formalmente otorgada para la exploración de oro, plata, zinc y plomo.
En noviembre de 2006 Minera Duarte transfirió los derechos de “Las Tres Palmas” a la sociedad Inex, Ingeniería y Exploración, S.R.L., firma que posteriormente adoptaría el nombre de GoldQuest Dominicana. Este cambio marcó el inicio de una nueva etapa bajo la dirección de la empresa vinculada a la minera canadiense.
El proceso de expansión continuó en 2010, cuando Inex solicitó otra concesión de exploración denominada “La Escandalosa”, también en San Juan. Ese mismo año, en noviembre, el Estado aprobó la concesión para continuar con la búsqueda de minerales en un área similar a la ya intervenida. Ambas concesiones constituyeron la base territorial y técnica sobre la cual, se estructuró “Romero”.
