¡ÚLTIMA HORA!
La idea de que Donald Trump “cayó en una trampa” en su confrontación con Irán gana fuerza con la incorporación de resultados y errores acumulativos que han ido cerrando sus márgenes de maniobra. El desarrollo de los acontecimientos revela una secuencia de decisiones que terminaron empujando a Estados Unidos hacia un terreno estratégico desfavorable.
Trump recurrió a advertencias públicas, despliegues militares y sanciones con la expectativa de que Irán cediera rápidamente. Sin embargo, estas amenazas —lejos de intimidar— reforzaron la narrativa interna del régimen iraní, que ha construido su legitimidad precisamente en la resistencia frente a Estados Unidos. En lugar de aislar a Teherán, contribuyeron a cohesionar sus estructuras de poder.
Un segundo error clave fue la sobredependencia de la alianza con Israel como eje de la estrategia regional. El alineamiento total con el gobierno israelí, especialmente en un contexto de alta tensión, redujo la capacidad de Washington para actuar como actor disuasivo creíble y lo convirtió, a ojos de Irán, en parte directa del conflicto. Esto amplificó el riesgo de escalada y cerró espacios para mediaciones indirectas.
A ello se sumó una subestimación crítica de las advertencias sobre el Estrecho de Ormuz. Históricamente, cualquier amenaza sobre este corredor —por donde transita una porción significativa del petróleo mundial— ha sido tratada con extrema cautela. Sin embargo, la estrategia estadounidense pareció ignorar o minimizar ese riesgo. El resultado fue previsible y el conflicto adquirió una dimensión global al impactar los mercados energéticos, trasladando el costo de la confrontación al terreno económico y doméstico.
Otro elemento determinante fue la ambigüedad estratégica. La administración Trump nunca definió con claridad si su objetivo era renegociar, disuadir o provocar un cambio de régimen. Esa indefinición generó señales contradictorias. Mientras se hablaba de negociación, se intensificaban las presiones militares; mientras se insinuaban contactos diplomáticos, Irán los desmentía públicamente, debilitando la credibilidad estadounidense.
En este contexto, Irán solo ha necesitado resistir y elevar el costo del conflicto. Al prolongar la crisis, logró colocar a Estados Unidos en el dilema clásico de escalar con riesgos imprevisibles o retroceder sin resultados claros. Esa es, en esencia, la “trampa”: un escenario donde cualquier salida implica pérdidas.
Pero también hay un componente de responsabilidad interna. Trump reaccionó a una dinámica adversa y contribuyó a crearla. Las amenazas excesivas, la falta de escucha a advertencias claves —como las relativas a Ormuz— y una estrategia demasiado dependiente de la presión inmediata terminaron por estrechar sus opciones.
Así, más que una emboscada diseñada por Teherán, lo que emerge es una convergencia entre resistencia iraní y errores estadounidenses. Una trampa, sí, pero en buena medida construida por ambos lados.
El Estado dominicano incumple por partida doble las reglas de los salarios en el país: mientras mantiene congelada la indexación del impuesto sobre la renta (ISR), que afecta a los trabajadores de menor ingreso, también deja sin aplicar plenamente la ley que regula cuánto deben ganar los funcionarios, abriendo espacio a distorsiones al margen de la jerarquía oficial.
Para enmendar uno de los fallos, los legisladores de la oposición, como forma de presionar al oficialismo, depositaron ante el Tribunal Constitucional (TC) una acción directa contra el artículo 45 de la Ley del Presupuesto General del Estado 2026, que deja sin efecto la indexación salarial establecida por la Ley 11-92.
De lograr su propósito, y cumplirse la normativa, la retención del ISR aplicará este año a partir de los sueldos de 52,000 pesos, y no desde los 34,685 pesos como ocurre desde el 2017. El Gobierno justifica el incumplimiento al señalar que dejaría de recaudar alrededor de 25,000 millones de pesos al año.
A inicios de la década del 2010, diversos sectores presionaban por un marco legal que regulara los salarios públicos. Tras intensos debates, el Congreso aprobó la normativa en el 2012.
Pero, en lo que fue una de sus últimas medidas como jefe de Estado, Leonel Fernández la devolvió el 15 de mayo de ese mismo año, un día antes de entregar el mando a Danilo Medina.
En una carta remitida a Abel Martínez, entonces presidente de la Cámara de Diputados, Fernández le advirtió que la norma chocaba con la Constitución.
Sin embargo, haciendo uso de su facultad legislativa, el Congreso Nacional —dirigido por el danilismo en ese entonces— ignoró las observaciones de Fernández y en el 2013 promulgó el proyecto, convirtiéndolo en la Ley 105-13.
A los seis meses de su promulgación, quedó pendiente la aprobación del reglamento de aplicación, pero casi 13 años después este aún no ha sido aprobado.
La ley fija el salario del presidente en 450,000 pesos mensuales, y el de la vice, junto con los titulares del Senado, la Cámara de Diputados y los jueces del Constitucional, en 400,000 pesos.
Los sueldos de los presidentes del Tribunal Superior Electoral (TSE) y de la Junta Central Electoral (JCE) están en 375,000 pesos, mientras que el del titular de la Cámara de Cuentas, es de 350,000 pesos.
En cuanto a los ministros, el procurador, el contralor y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el salario fue establecido en 300,000 pesos. El Defensor del Pueblo percibe 250,000 pesos al mes.
La ley establece que la escala salarial de los funcionarios de alto nivel será establecida por un reglamento pendiente de aprobar. En el caso de los organismos autónomos de naturaleza financiera, la escala será establecida por una resolución coordinada con el Ministerio de la Administración Pública (MAP) y sujeta a la aprobación del presidente.
Sin embargo, al revisar las nóminas estatales, se observa que al menos nueve funcionarios perciben salarios superiores al del jefe de Estado.
En el caso de las direcciones de Impuestos Internos y Aduanas –adscritas al Ministerio de Hacienda–, así como la de Alianzas Público-Privadas, bajo la sombrilla del Ministerio de la Presidencia, sus titulares perciben salarios superiores a los 500,000 pesos, mientras que los ministros de los que dependen devengan 300,000 pesos.
Otro precepto en la ley es que la asignación de combustible no debe ser mayor al 10 % del salario, con excepción del presidente y el vicepresidente de la República. Para las demás instituciones se ordena establecer un reglamento.
No obstante, auditorías realizadas en el 2022 por la Cámara de Cuentas y la Contraloría evidenciaron que instituciones manejaron millones de pesos de forma discrecional, otorgando bonos de combustible a personas cuyos cargos no están facultados por la ley.
Ni Danilo Medina ni su sucesor Luis Abinader, hasta este momento, promulgaron el reglamento de aplicación. En el 2024, el entonces titular del MAP, Darío Castillo, indicó que en el 2022 había enviado la redacción de una propuesta de reglamento a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
No obstante, ante las “dificultades que tiene (la ley) para su aplicación”, dijo que se optó por depositar un anteproyecto para modificarla, pero aún no ha llegado al Congreso.
La nueva propuesta elimina los topes salariales y establece que se determinen en función de los sueldos mínimos.
Diario Libre intentó contactar al actual titular del MAP, Sigmund Freund, y al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, para conocer si existe alguna propuesta en curso, pero al cierre de este reportaje, no había recibido una respuesta.
El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam, expresó ayer su apoyo a que el Gobierno aplique la indexación salarial, al considerar que la medida ayudará a aliviar la presión económica que enfrenta la población debido al conflicto en el Medio Oriente.
“Esta medida no puede ser vista como separada, sino como parte de una reforma integral que permita identificar los recursos requeridos y en adición poder aplicar una indexación que está contenida en el Código Tributario.
Esto no debe verse como parte de una coyuntura sino como algo integral”, dijo al ser entrevistado en el Congreso Nacional. Así respaldó la propuesta del senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, quien, un día antes, reiteró su exigencia al Gobierno de que se aplique la indexación para no trasladar toda la carga a la población.
Fernández también pidió a sus colegas desprenderse del “barrilito” y usar esos fondos para respaldar medidas como la indexación, siempre que el Gobierno garantice el apoyo a las familias que dependen de esos recursos.
Noelia Castillo tiene 25 años y una decisión tomada desde hace tiempo: quiere morir.
Este jueves 26 de marzo, en Barcelona, se hará efectiva una solicitud que lleva casi dos años atravesando despachos, tribunales y titulares. Pero la historia de Noelia no empezó en los juzgados. Empezó antes, en una vida marcada por la fragilidad.
En 2022, tras sufrir una agresión sexual y en medio de un entorno personal complejo —descrito durante el proceso judicial como el de una familia desestructurada—, Noelia intentó quitarse la vida. Sobrevivió. Pero aquel intento le dejó una secuela irreversible: una paraplejia que la condenó a una existencia atravesada por el dolor físico y la dependencia.
Desde entonces, su vida cambió de eje. Lo cotidiano se volvió inaccesible, y el cuerpo, una frontera hostil. El sufrimiento dejó de ser episódico para convertirse en estado permanente.
Fue en ese contexto, donde tomó la decisión que hoy la define ante la opinión pública: solicitar la eutanasia. El procedimiento se realizará conforme a la ley española de eutanasia, mediante la administración de fármacos por personal sanitario, diseñada para provocar la muerte de forma rápida y sin dolor, en un entorno clínico y controlado.
No fue un impulso. Tampoco una reacción inmediata. Fue, según han concluido médicos y jueces, una decisión madurada, reiterada y plenamente consciente.
En julio de 2024, la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña dio luz verde a su petición. La ley española de eutanasia —vigente desde 2021— establece un procedimiento garantista: informes médicos, evaluación independiente, confirmación de la voluntad del paciente. Noelia cumplía todos los requisitos.
Pero entonces comenzó otra batalla.
Su padre, en desacuerdo radical con la decisión, inició un proceso judicial para impedirla. El caso escaló hasta las más altas instancias: Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y, finalmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En cada una de ellas, la respuesta fue la misma: Noelia puede decidir.
Los jueces no solo avalaron la legalidad del procedimiento. Subrayaron algo más profundo: que la autonomía personal, en estos casos, no admite sustituciones. Ni siquiera por parte de la familia.
El conflicto, sin embargo, nunca fue solo jurídico. Fue también íntimo, doloroso. De un lado, una hija que pide dejar de sufrir. Del otro, un padre que se resiste a perderla.
En medio, una pregunta que incomoda: ¿hasta dónde llega el derecho a decidir sobre la propia vida cuando esa decisión hiere a quienes aman?
Noelia ha respondido a su manera, sin grandilocuencias. “Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir”, dijo recientemente. No hay épica en la frase. Tampoco desafío. Solo cansancio.
El último intento de frenar la eutanasia llegó desde Estrasburgo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó suspender el procedimiento. Era el último recurso. El último obstáculo.
Después de eso, solo queda el tiempo.
El caso de Noelia Castillo ha reabierto un debate que España creía parcialmente resuelto: el de la eutanasia no como concepto abstracto, sino como experiencia concreta, encarnada. Con nombres, familias, heridas previas.
Porque en esta historia no hay solo una ley que se aplica. Hay una vida que se apaga. Y otras que tendrán que aprender a seguir con esa ausencia.
Y también queda, inevitable, la incomodidad: la de aceptar que, a veces, la libertad más radical no es la de vivir, sino la de decidir cuándo dejar de hacerlo.
Pero el final, para Noelia, no es solo un acto médico: es también un acto de intimidad. Ha decidido vivirlo sola. No quiere a nadie dentro. No quiere que la vean cerrar los ojos. Ni siquiera su madre, que le dijo que, así como la vio nacer, quería verla partir. La respuesta fue firme: no. Prefiere despedirse antes. Luego, si su madre quiere entrar, que entre. Pero no en ese instante.
La última noche, sin embargo, fue compartida: el miércoles durmió con ella en el hospital, en calma, sin nervios, “más bien liberada, en paz”. Rodeada solo de quien quiera estar —y de quien no, también—, deja un mensaje sin voluntad de ejemplo: “Es mi vida y ya está”.
Un adiós íntimo, medido, decidido. Sin cámaras. Sin testigos. Solo ella y el momento.
La travesía del buque Sea Horse, cargado con combustible ruso, se ha convertido en un reflejo de las tensiones geopolíticas que rodean el suministro energético en el Caribe, en particular hacia Cuba, país que atraviesa una severa crisis de abastecimiento.
El recorrido comenzó a principios de febrero de 2026, cuando el petrolero fue cargado mediante una operación de trasbordo frente a las costas de Chipre, en el Mediterráneo oriental. Desde entonces, hasta el miércoles 25 de marzo, han transcurrido cerca de siete semanas —unos 50 días— marcadas por pausas, cambios de rumbo y decisiones condicionadas por el contexto internacional.
Con su carga de diésel destinada inicialmente a Cuba, el Sea Horse emprendió ruta hacia el Atlántico en un movimiento que ponía a prueba las sanciones de Estados Unidos sobre el suministro energético hacia la isla.
A medida que avanzaba, el buque comenzó a mostrar señales de incertidumbre. Durante varios días permaneció prácticamente detenido en el Atlántico Norte, con velocidad reducida y sin un destino claro, lo que evidenció posibles presiones externas o dificultades operativas.
Ya en tránsito hacia el Caribe, el petrolero modificó en varias ocasiones su destino declarado. Pasó de figurar en ruta hacia La Habana a indicar “Mar Caribe” y posteriormente a Trinidad y Tobago, según registros marítimos citados por medios internacionales.
En medio de esos movimientos, el 20 de marzo, Moscú prometió que ayudaría a Cuba a superar su crisis humanitaria, aunque evitó confirmar el envío del Sea Horse y de otro petrolero hacia la isla, según un despacho de la agencia EFE.
“Estamos en permanente contacto con las autoridades cubanas (…) y tratando con ellos las posibles variantes de ayuda”, afirmó el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, quien no precisó si existían garantías para que los buques llegaran a su destino en medio de las sanciones estadounidenses.
El posicionamiento se produjo luego de que el diario Financial Times informara que el Sea Horse transportaba unas 27,000 toneladas de combustible hacia Cuba, mientras que otro buque, el Anatoli Kolodkin, podría arribar en abril con unos 725,000 barriles de crudo.
Peskov tampoco confirmó si Moscú había alcanzado algún entendimiento con Washington para permitir el paso seguro de los cargamentos, en un contexto de embargo energético y creciente presión internacional.
Las declaraciones reflejaron la ambigüedad del escenario: mientras Rusia reiteraba su disposición de asistencia, el Sea Horse continuaba modificando su ruta en el Atlántico y el Caribe, sin concretar su llegada a Cuba.
En medio de ese contexto, el buquerecurrió a prácticas consideradas evasivas, como la desconexión de su sistema de rastreo en determinados tramos, una señal frecuente en operaciones sensibles a sanciones.
Tras semanas de navegación, el petrolero terminó en aguas cercanas a Venezuela, con dirección a Puerto Cabello, uno de los principales puertos energéticos del país sudamericano, según reportes publicados ayer.
El desenlace representó un giro significativo respecto a su misión original. Cuba, que no recibe suministros energéticos regulares desde hace meses, continúa enfrentando apagones y limitaciones en sectores claves.
Para Venezuela, en cambio, la llegada del Sea Horse supone un posible refuerzo en su dinámica energética, en medio de un reacomodo de rutas en el comercio de hidrocarburos bajo sanciones.
La crisis reciente en el estrecho de Ormuz —por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo global— ha enseñado que la energía responde a una red frágil de infraestructuras, contratos y expectativas. Cuando una parte de esa red se rompe, el tiempo de reparación se mide en meses o incluso años.
The Economist ha advertido que, incluso en el mejor de los escenarios —un acuerdo político que garantice la reapertura total del estrecho— la normalización del mercado de combustibles será lenta. La razón es que el cierre de Ormuz no solo interrumpe el tránsito; sino que desordena toda la cadena de suministro.
Durante los días de bloqueo, decenas de buques quedaron varados o fueron redirigidos a rutas más largas y costosas. Las refinerías, privadas de suministros regulares, tuvieron que operar con inventarios reducidos o mezclas alternativas. Los contratos de entrega —base invisible del comercio energético— se incumplieron bajo cláusulas de fuerza mayor.
Cuando el paso se reabra, ese sistema no volverá automáticamente a su estado anterior, de acuerdo al análisis de la publicación británica. Habrá un efecto de embotellamiento, de reajuste logístico, el cual puede prolongarse durante semanas.
El gas revela una vulnerabilidad más profunda. El ataque a instalaciones clave en Ras Laffan , Catar—el mayor complejo de gas natural licuado del mundo— no solo detuvo exportaciones sino que redujo la capacidad productiva global. Se estima que alrededor del 17 % de la capacidad de GNL del país quedó fuera de operación, y algunas reparaciones podrían tardar entre tres y cinco años.
El petróleo explica la revista, puede redirigirse, almacenarse y sustituirse parcialmente. El gas natural licuado, en cambio, depende de una cadena rígida de plantas de licuefacción, metaneros especializados, terminales de regasificación y contratos a largo plazo. Si una planta se detiene, ese gas desaparece del mercado.
Qatar representa aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de GNL. Su disrupción generó un efecto dominó inmediato manifiesto en precios al alza en Europa y Asia, competencia feroz por cargamentos disponibles y una reconfiguración de rutas. Estados Unidos y otros proveedores intentaron llenar el vacío, pero la capacidad adicional no es infinita ni instantánea.
En este contexto, la reapertura de Ormuz —cuando ocurra— resolverá solo una parte del problema. Permitirá que los buques vuelvan a transitar, que el flujo físico se restablezca gradualmente. Pero no devolverá al mercado los volúmenes de gas perdidos ni eliminará la incertidumbre acumulada. Los precios seguirán reflejando una “prima geopolítica” consistente en el riesgo de nuevas interrupciones, la cautela de aseguradoras y navieras y la memoria reciente de la fragilidad.
Además, el impacto en los consumidores finales llega con retraso. La gasolina, el diésel o el gas doméstico no responden de inmediato a las variaciones del crudo o del GNL.
Las refinerías necesitan tiempo para ajustar su producción; los inventarios deben recomponerse; los sistemas de distribución operan con inercia.
Por eso, incluso cuando los mercados comiencen a estabilizarse, los precios en surtidores y facturas tardarán más en reflejar esa tendencia.
La crisis también ha forzado decisiones estratégicas. Algunos países liberaron reservas estratégicas para amortiguar el golpe; otros renegociaron contratos o buscaron fuentes alternativas. Esos ajustes no se deshacen de un día para otro. El mercado, en su intento de adaptarse, crea nuevas configuraciones que deben reequilibrarse.
Lo ocurrido en Ormuz y Catar ha puesto de relieve que la seguridad energética global depende de unos pocos nodos críticos. Un estrecho, una planta, una ruta marítima. Cuando uno de ellos falla, el sistema entero se resiente. Cuanto más especializado es el recurso —como en el caso del gas— mayor es la vulnerabilidad.
Abrir el estrecho es apenas el primer paso, la normalización exigirá reconstruir infraestructuras, restablecer contratos, disipar incertidumbres, de acuerdo a expertos.
Estados Unidos anunció este miércoles una recompensa de hasta tres millones de dólares y la "posibilidad de reubicación" a cambio de información sobre las actividades financieras de las bandas criminaleshaitianas Viv Ansanm y Gran Grif.
El país norteamericano acusa a estas dos organizaciones de "recurrir a la violencia y al terror para mantener sus filas y financiar sus brutales operaciones".
Viv Ansanm y Gran Grif obtienen ingresos mediante actividades delictivas como: extorsión, secuestros para obtener rescate, tráfico de armas y drogas, secuestros de vehículos y robo de cosechas y ganado, detalló la oficina de Rewards for Justice (Recompensas por la Justicia, en español) del Departamento de Estado de EE. UU. en una publicación de X.
"Ayúdanos a cortar su fuente de financiación. Si tienes información sobre estas actividades y redes financieras terroristas, envíanos tu pista de forma confidencial. Podrías tener derecho a reubicación y a una recompensa", añade el comunicado.
El pasado agosto Estados Unidos ya había puesto una recompensa de hasta cinco millones de dólares por revelar el paradero o facilitar la detención de Jimmy Cherizier, alias Barbecue, líder de la coalición armada Viv Ansanm.
Barbacue, junto a su aliado Bazile Richardson, alias Fredo, haitiano naturalizado estadounidense, fueron imputados por un cargo de conspiración por el traslado ilegal de fondos desde EE.UU. para financiar las actividades de la banda Viv Ansanm, "en violación de las sanciones impuestas por Estados Unidos", anunció entonces la fiscal Jeanine Ferris, del Distrito de Columbia.
También, el pasado mes de febrero Estados Unidos anunció una recompensa de un millón de dólares por cualquier información que conduzca a la captura del haitiano Johnson André, alias Izo, líder de la banda conocida como 5 Segond.
En la actualidad, gran parte de Puerto Príncipe se encuentra bajo el dominio de las bandas armadas, las cuales, según datos de Naciones Unidas, han expandido su dominio hacia otros departamentos del país como Centro y Artibonito.
La violencia entre pandillas, fuerzas de seguridad, empresas privadas y grupos de "autodefensa" han causado 5.519 muertos y 2.608 heridos entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año, de acuerdo un nuevo informe publicado esta semana sobre la situación en ese país a cargo de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.
Según el informe, las bandas han conseguido fortificar corredores estratégicos y mantener su dominio sobre rutas marítimas y terrestres críticas que sostienen y financian sus operaciones.
Hay momentos en la carrera de un artista que no solo marcan un cambio, sino una reafirmación. Para Covi Quintana, ese punto de inflexión llega con Oye eta vaina, un álbum que conecta de forma directa con su identidad dominicana y la empuja hacia nuevos territorios musicales.
Tras años consolidándose como cantautora, hoy se atreve a explorar ritmos afroantillanos, abrazar lo folclórico y asumir el mayor riesgo de su trayectoria.
Recién salida del horno esta semana, la producción coincide con el arranque de su gira “El colmado”, que comenzó en Costa Rica y continuará por Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y Chile.
En esta conversación con Diario Libre, la artista -nominada al Latin Grammy 2025 como compositora por “Te quiero”- habla de evolución, miedo, raíces y de la mujer en la que se está convirtiendo.
Vivir lejos de casa hace que te sientas más arraigado a tus raíces. Esta idea viene rondando en mi cabeza desde hace siete años, cuando Víctor Víctor me dijo: “Ponte a hacer bachata y te vas acordar de mí…”.
Sin duda, conectar otra vez con lo que realmente soy, 101% dominicana, ha sido uno de los mejores aciertos en mi carrera. Amo a la Covi alegre, colorida y libre de esta nueva etapa.
Diría con toda seguridad que estoy en mi mejor versión, cada vez mas cerca de convertirme en la mujer de mis sueños. Me siento presente, ligera de equipaje.
Es la transición de la Covi cantautora balada hacia la Covi cantautora tropical.
Es la canción del álbum que más me define como compositora y a la vez le da apertura a estos nuevos ritmos afroantillanos.
La verdad es que nunca pensé verme navegando entre estos colores y vivir esta experiencia personalmente, sobre todo hacerlo completamente en mi país con músicos dominicanos fue un ritual para mí.
Desde el proceso de llevar estas canciones de guitarra y voz a las primeras maquetas con mi productor Ronny Cruz, hasta luego llevarlo al estudio, fue como volver a ser estudiante entre algo totalmente desconocido pero a la vez sentirme tan cómoda, como si fuera algo que ya llevaba en mí toda la vida.
Justo hace unos días me pregunté, ¿qué sigue después de esto?… Yo creo que la vida se trata de avanzar siempre mirando atrás para recordar lo que nos hizo llegar a donde estamos hoy. Llamémosle a esto crecimiento.
Yo digo que me lancé de cabeza a una piscina sin agua… jajajajaja. Ha sido el riesgo más grande en mis 12 años de carrera y a la vez la mejor decisión que he tomado.
Sí, tuve miedo, pero algo que he aprendido en este recorrido es que lo mejor de la vida siempre empieza con un poco de miedo.
Con Andrés siempre es muy especial, desde el día uno sabía que esa canción era con él, que su primer merengue sea conmigo hace de esta colaboración soñada algo para la historia.
Chimbala fue el último en unirse, sentía que al disco le faltaba algo que rompiera con todo lo que siempre he hecho. Amé compartir con él en el estudio, que nos sintiéramos los dos en confianza y saliera una de las canciones favoritas de “Oye eta vaina”.
A nivel creativo fue muy parecido, mis canciones nacen siempre a guitarra y voz, el reto fue a la hora de hacer la pre-producción con Ronny y empezar a adaptarlas a lo que teníamos en mente. Fue un proceso de casi dos años en total.
Quiero que todos sepan de dónde vengo, quiero que ese mismo trayecto que he recorrido en 12 años, en vivo, también lo recorran conmigo, desde la Covi cantautora hasta la tropical.
Además, quiero que se sientan más cercanos que nunca, y que como todo en la vida es un sube y baja, hay momentos oscuros de los que aprendemos para luego ver la luz.
Que realmente me estoy convirtiendo en la mujer que he siempre soñado.
En medio de los llamados de distintos sectores para que los legisladores renuncien al llamado “barrilito” ante el impacto económico de la crisis en Oriente Medio y el aumento de los combustibles, los senadores defendieron ayer la permanencia de esos fondos al considerarlos una herramienta necesaria para asistir a la población más vulnerable ante momentos inciertos, como el actual.
Las declaraciones se producen luego de que el Gobierno adoptara medidas para mitigar los efectos de la inestabilidad internacional en los precios del petróleo, y después de que el senador Omar Fernández propusiera un cambio en el barrilito para aliviar la crisis a nivel nacional.
En ese sentido, los senadores Moisés Ayala, María Mercedes Ortíz, Secundino Velásquez y Ramón Rogelio Genao se rehusaron a abandonar los recursos del barrilito argumentando que, precisamente, los fondos les sirven para auxiliar a sus representantes que se verán afectados con medidas como el alza de los alimentos o los combustibles.
El senador Ramón Rogelio Genao, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), justificó la existencia de estos recursos al sostener que el Estado dominicano aún presenta deficiencias estructurales en la prestación de servicios básicos, lo que obliga a los congresistas a intervenir con asistencia social para sus representados.
“Nosotros vivimos en un Estado carenciado, donde hace falta todo y donde los servicios básicos no funcionan, y eso es lo que hacen los legisladores: asistir a la población con becas, ambulancias y servicios de todo tipo”, expresó.
Genao afirmó que el fondo de gestión social cumple precisamente una función de compensación ante esas carencias y aseguró que su uso es transparente y sujeto a rendición de cuentas.
En términos similares se expresó el vocero de los senadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Moisés Ayala, quien calificó como “populista” la propuesta de Omar Fernández de eliminar estos recursos en el contexto actual.
Ayala señaló que en provincias como Barahona, la que él representa, persisten niveles de pobreza que obligan a los congresistas a canalizar ayudas directas a ciudadanos que no encuentran respuestas en las instituciones públicas.
“Cada territorio tiene su particularidad. Hay estudiantes, hay personas de escasos recursos que necesitan medicamentos y hasta una funda de comida. Cuando construyamos el país que todos queremos, donde la gente no tenga que andar mendigando un medicamento, eso (el barrilito) va a cambiar”, manifestó.
A su juicio, las críticas al barrilito desconocen la realidad social de muchas comunidades y “responden más a discursos políticos que a soluciones concretas”.
Por su parte, la senadora de la provincia Hermanas Mirabal, Mercedes Ortiz, aseguró que los fondos que reciben los senadores son utilizados de manera eficiente y en coordinación con instituciones locales.
La senadora del PRM indicó que, en su caso, maneja alrededor de 619,000 pesos mensuales, que son distribuidos en cinco territorios para apoyar diferentes necesidades sociales.
Aunque sostuvo que está abierta a evaluar cualquier planteamiento, subrayó que las decisiones deben tomarse con responsabilidad y no bajo presión mediática.
“Siempre estaremos apostando a lo que le convenga al país y a nuestra provincia. Todos los sacrificios que requiera el país en el momento actual, como senadores estaremos dispuestos a asumirlos, pero no actuando con populismo, sino con responsabilidad y coherencia”, dijo.
El senador Secundino Velázquez, del PRM, también rechazó la eliminación del barrilito y defendió que estos recursos se invierten en las provincias con transparencia y en beneficio de familias de escasos recursos.
Velázquez, que representa a Pedernales, sostuvo que la demanda de ayudas sociales “supera con creces” los recursos disponibles, por lo que eliminar el fondo agravaría la situación de muchas comunidades.
“En las provincias hay familias pobres y se usan esos fondos para medicamentos y ayudas sociales. La demanda que tenemos en las provincias es tan grande que ese fondo social no alcanza”, afirmó, al tiempo que pidió a la oposición dejar de utilizar el tema con fines políticos.
El debate sobre el barrilito ha resurgido en las últimas semanas a raíz del impacto que la crisis en Oriente Medio ha tenido en los precios internacionales del petróleo y, por ende, en los combustibles en República Dominicana.
El barrilito es un fondo de asistencia social asignado a cada senador y varía dependiendo del número de habitantes por provincia. El único legislador que no recibe los fondos es el representante de Santo Domingo, Antonio Taveras.
Santo Domingo Oeste es un municipio de una importancia vital en el aspecto económico,cultural e histórico para la provincia Santo Domingo y el resto del país.
Cuenta con dos monumentos que se remontan a la época colonial, como son las ruinas coloniales del Palacio de Engombe y el Palacio de Palavé en el Parque Mirador Oeste.
El palacio de Engombe fue construido en el siglo XVI cuando se fundó el ingenio de Santa Ana, primero en el continente americano y uno de los más poderosos de la época colonial. Engombe fue declarada Monumento Nacional y posteriormente Patrimonio de la Humanidad por las Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
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En el plano económico este municipio cuenta con La Zona Industrial de Herrera (ZIH), que es uno de los principales motores productivos de la República Dominicana, clave en la manufactura, generación de empleo y el desarrollo comercial por décadas.
A pesar de todo esto el municipio presenta un grave problema de ocupación ilegal de las aceras, donde los estacionamientos de carros y motores, el establecimiento de locales comerciales, el trabajo informal, los talleres y la basura se han adueñado de las aceras.
Esto obliga al transeúnte a tirarse a las calles donde ponen en riesgo su integridad física.
La Ley 225-20 de Gestión Integral de Residuos Sólidos en República Dominicana (modificada por la Ley 98-25 en 2026) regula la recogida, transporte y disposición final de basura. Establece la responsabilidad extendida del generador, busca reducir plásticos de un solo uso y prohíbe tirar desechos en lugares públicos.
A pesar de esta ley, la basura en las calles y aceras del municipio se encuentra por montones, restándole belleza a las calles y también convirtiéndose en un peligro para la salud pública.
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Herrera es un sector dentro del municipio muy activo comercialmente. Cuenta con todo tipo de establecimientos comerciales y también hay muchas personas que, de manera informal, venden alimentos y otros productos. Ya sea por ignorancia u otro motivo, estos comerciantes y negocios ocupan las aceras y dificultan caminar por las mismas.
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El artículo 237 de la Ley 63-17 sobre movilidad y tránsito terrestre establece específicamente que no se puede estacionar vehículos sobre una acera, dentro de un cruce, en un paso de peatones o cerca de hidrantes, entre otros lugares.
Las sanciones incluyen multas desde uno hasta 10 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la infracción. A pesar de esto, muchas de las aceras de este municipio funcionan como parqueos tanto de particulares como de establecimientos comerciales.
No obstante esto, las aceras del municipio funcionan como parqueos y también como área de trabajo de talleres mecánicos.
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El cuidado y uso de las aceras está regulado principalmente por la Ley 176-07 (municipios) y la Ley 63-17 (tránsito). Las aceras son espacios públicos de uso exclusivo peatonal, prohibiendo su obstrucción con basura, ventas o parqueo de vehículos. Las alcaldías son responsables de su mantenimiento y las sanciones incluyen multas.
En Santo Domingo Oeste, aparte de la ocupación ilegal de las aceras, también muchas de ellas se encuentran en un muy mal estado ya sea con muchos huecos, que se convierten en charcos por las lluvias constantes, o con maleza que hace que el municipio parezca un campo en vez de una ciudad.
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Cuando Diario Libre trato de ponerse en contacto con el alcalde del municipio, Francisco Peña, o con algún representante de la alcaldía no fue posible establecer comunicación para preguntarle sobre las condiciones de las aceras.
El mundo está siendo afectado desde hace casi un mes por la guerra que libran en Medio Oriente los Estados Unidos e Israel contra Irán, que ya deja como resultado alzas globales en el precio de los combustibles y del transporte marítimo, además de una incertidumbre sobre el rumbo de la economía y de la inflación global.
Ante ese escenario, el presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (Adosafi), Santiago Sicard, advierte que “los momentos de crisis son para asegurarse, no correr riesgos y buscar aprovechar oportunidades”.
Diario Libre conversó con el experto sobre el mercado de valores y las opciones para invertir en tiempos de incertidumbre.
La situación para las inversiones que están haciendo buena parte de los fondos no es tan crítica como la gente lo piensa porque en República Dominicana los fondos de inversión, por ejemplo, han invertido en energía sostenible, como la eólica y solar, y frente a una subida del petróleo esas energías van a tomar mayor relevancia.
No solo estamos invirtiendo en bonos y deuda del (Ministerio) Hacienda, del (Banco) Central y corporaciones, sino que, en buena medida, hemos invertido en activos alternativos, como los inmobiliarios, también en salud, educación y turismo.
De manera general, para el público que está buscando más tranquilidad y seguridad y hacer su fondo de emergencia, yo le diría que un fondo abierto a 30 días o máximo 60 días. Ahora bien, si tengo un dinero para largo plazo, si soy arriesgado, yo me iría por un fondo de desarrollo de sociedades o cerrado. Depende del propósito que se tenga.
Los momentos de crisis son para asegurarse, no correr riesgos y buscar aprovechar oportunidades. A través de los fondos de inversión y del mercado de valores hoy ya es posible hacer eso. No hay que irse a explorar plataformas extrañas donde uno no tiene la seguridad y quizá se trate de estafas.
Toda Latinoamérica está esperando a ver qué ocurre. Es temprano apuntarle a eso (bajada o subida de las tasas de interés). Estábamos esperando que temprano este año bajaran, pero con esto (el conflicto) seguramente, de manera prudencial, el Banco Central está esperando a tener mucha más información.
Creo que si estamos esperando que haya algo de impacto en los precios hacia los consumidores. Esa crisis que se está viviendo afuera nos terminará afectando a nosotros los consumidores. Yo confío que será temporal.
El mercado de valores tiene como objetivo permitir que mis recursos renten a mi favor, que me ayuden a tener una mejor vida. Ahora bien, un millón de pesos en el mercado de valores se convierte en cinco millones de pesos, con seguridad, pero requiere disciplina y tiempo porque todas las inversiones utilizan la tasa de interés compuesto y esta tiene mayor efecto entre más largo es el plazo en el que está (la inversión).
El mercado de valores está diseñado para que aproveches mejor tu dinero, cumplas tus propósitos de inversión, pero todo propósito requiere una estrategia.
Hay un tema cultural interesante y es con lo que hemos estado lidiando, aunque hemos avanzado, es el hecho de que las empresas que requieren capital dicen: ‘necesito dinero, pero no necesito compartir mi fórmula secreta’.
Hoy en día los inversionistas exigen conocimiento de la empresa, de estrategia, de resultados y eso es algo que en el mercado dominicano a los empresarios les cuesta un poco ceder.