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La obligación de presentar la declaración jurada de patrimonio sigue incumpliéndose en los tres poderes del Estado y en el ámbito municipal. Al menos 1,337 funcionarios municipales, jueces, procuradores, legisladores y otros servidores públicos permanecían sin presentar su declaración jurada de patrimonio, según un reporte de la Cámara de Cuentas cortado al pasado 30 de junio. De ellos, 1,070 pertenecen a ayuntamientos y juntas distritales, mientras otros 222 corresponden a instituciones del Poder Ejecutivo.
Algunos funcionarios aparecen más de una vez en los listados porque incumplieron la obligación legal de presentar la declaración jurada tanto al cesar en un cargo como al asumir otro.
La Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio obliga a determinados funcionarios a presentar ese documento dentro de los 30 días siguientes al inicio o al cese de sus funciones.
Sin embargo, los listados oficiales muestran que el incumplimiento persiste entre funcionarios que dejaron sus cargos hace meses e incluso desde 2023, así como entre otros que fueron designados posteriormente y tampoco cumplieron con la obligación.
El mayor foco de incumplimiento se encuentra en los gobiernos locales, donde la Cámara de Cuentas registra 1,070 alcaldes, vicealcaldes, directores de juntas distritales, regidores y vocales que no han presentado su declaración jurada.
Durante una entrevista con Diario Libre el pasado 9 de junio, el miembro del pleno de la Cámara de Cuentas Francisco Alberto Franco Soto, responsable del área de Declaraciones Juradas, atribuyó buena parte de ese rezago al ámbito municipal, especialmente entre los vocales de juntas distritales ubicadas en comunidades apartadas.
Explicó que la institución ha realizado operativos en las regiones norte, este y sur para facilitar el proceso, redujo de unos 450 a poco más de 220 los campos que deben completar los funcionarios y desarrolló una aplicación móvil.
Según Franco, esas medidas permitieron que alrededor de 1,800 funcionarios regularizaran su situación, pero todavía persiste un número importante de omisos. Los registros de la Cámara muestran que el nivel municipal continúa concentrando cerca de ocho de cada diez omisiones.
La Ley 311-14 faculta a la Cámara de Cuentas a solicitar la retención del salario de quienes incumplen el plazo legal para presentar su declaración jurada. Pese a esa facultad, los registros oficiales mantienen a 1,337 personas en condición de omisas.
A un mes del decomiso de 15,437 plantas de marihuana en San José de Ocoa, ocupadas durante varios operativos realizados en zonas montañosas de la provincia, las autoridades aún no concluyen la investigación para identificar a los responsables del cultivo ilegal.
Una fuente vinculada al Ministerio Público informó a Diario Libre que las pesquisas continúan en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Hasta el momento, más de diez personas, entre dominicanos y haitianos, han sido interrogadas como parte de la investigación, que permanece abierta.
El decomiso fue dado a conocer el 21 de junio, cuando las autoridades informaron el hallazgo de las plantaciones, consideradas entre las mayores incautaciones de marihuana registradas en el país.
Desde entonces, el órgano acusador y la DNCD profundizan las investigaciones para establecer quiénes son los propietarios de los terrenos donde fueron encontradas las plantaciones y determinar las responsabilidades penales.
Posteriormente, el 9 de julio, la DNCD informó sobre el hallazgo de otras 45 plantas de marihuana en la comunidad Los Limoncillos, también en San José de Ocoa. Durante ese operativo fueron arrestados un dominicano y dos haitianos.
Sin embargo, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San José de Ocoa ordenó la libertad pura y simple de los tres imputados, Guillermo Amauris Casado Custodio, Jhonson Pie y Yorki Iso (Yoryi Isi), al rechazar la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público. El tribunal concluyó que el procedimiento realizado por las autoridades vulneró garantías constitucionales, según explicó Arsenio Jiménez, abogado de los acusados.
El senador por San José de Ocoa, Aneudy Ortiz, pidió ayer a las autoridades identificar a los propietarios de los terrenos, mientras la gobernadora defendió la imagen de la demarcación.
Obtener una sentencia judicial firme y definitiva, revestida con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, debería marcar el final de una litis que en ocasiones se extienden hasta por más de diez años en los tribunales de República Dominicana.
Sin embargo, muchas veces, quienes obtienen los fallos a su favor y requieren la fuerza pública para la ejecución de embargos o algún desalojo se ven atrapados en “una odisea” que incluye, según el abogado Francisco García, enfrentar nuevas demandas o incluso audiencias ante el Abogado del Estado, cuando es por asuntos inmobiliarios, o en las fiscalías si es por temas laborales, penal y comercial.
Aunque la Ley 396-19 faculta al Ministerio Público para regular y otorgar la fuerza pública, esta competencia tiene fecha de caducidad fijada para el próximo año 2027.
El Tribunal Constitucional decidió el pasado año, con su sentencia TC/0743/25, que “le corresponde al Poder Judicial, en virtud del artículo 149, párrafo, de la Constitución, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”, no al Ministerio Público.
Para el abogado Guillermo Hernández, uno de los problemas fundamentales señalados por el TC en su sentencia -y que también motivó la acción de inconstitucionalidad contra la Ley 369-19- fue la práctica del Ministerio Público de procurar acuerdos con el deudor de la obligación que, desde un punto de vista social podía comprenderse, pero que “generaba mucho inconveniente” en la concesión de la fuerza pública. “Entonces en ese proceso, lo que sucedía muchas veces, ese ocupante ilegal, en vez de gestionar un acuerdo amigable para su salida, lo que hacía era aprovechar la oportunidad y el tiempo para incidental el proceso”, explicó Hernández. Citó que los casos de desalojo de viviendas suelen ser también muy traumáticos por el componente humano y que incluso ha tenido clientes que se abstienen de consumarlo pese a contar con sentencias definitivas y consienten arribar a un arreglo.
Un ejemplo del calvario y el gasto de cuantiosos recursos en largos procesos judiciales es el vivido por Deisis Cándida Luna de Rodríguez y Agustín Simón Rodríguez Vicioso, quienes enfrentaron una litis que se prolongó por casi quince años y, aunque obtuvieron ganancia de causa, no las han podido llevar a efecto.
En el año 2024 lograron conseguir la fuerza pública para hacer valer las decisiones que ordenaban ponerlos “en posesión” de una parcela de casi 700 metros cuadrados en Bonao y de los cuales son los titulares del derecho de propiedad.
No duraron mucho ocupándola porque, pese a las decisiones de los tribunales y al derecho que les otorga una constancia anotada que los hace dueños de la porción de una parcela familiar que no está deslindada, fueron desalojados de forma violenta y en horas de la madrugada por una turba armada.
Desde entonces, no han podido retomar la posesión, debido al gasto económico al que recurrieron en el primer desalojo, de más de 600 mil pesos, según Agustín Simón, y al riesgo que implicaría.
Al respecto, Hernández afirma que la “lucha posterior” luego de lograrse una sentencia e incluso a la ejecución del desalojo es mantenerse ocupando la propiedad.
Comentó a Diario Libre que llevó un caso parecido al de la mencionada pareja, que, después de lograrse la desocupación, el intruso volvió a penetrar al inmueble. “Preservar el derecho del propietario no se limita únicamente a desalojar, sino que tiene que mantener una guardia para evitar que la intromisión se vuelva a producir”, dijo.
Francisco García, con casi 40 años de experiencia en el derecho y represenante de una familia de Bayaguana, con “más de siete certificados de título”, que son ejecutorios sin que tenga que valerse de una decisión de un juez, cuestionó que después de que obtuvieron sentencias a su favor en todas las instancias judiciales, el Abogado del Estado haya convocado cinco vistas (audiencias)” con los ocupantes ilegales como si el representante del Ministerio Público fuera tribunal.
Pese al desalojo ejecutado en abril de 2026 de la emblemática Cafetería Olímpica (Terraza Olímpica) y otros locales en la intersección de las avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero, el conflicto legal persiste. Tras más de dos décadas de litigio y con dos fallos de la Suprema Corte de Justicia (2010 y 2025) que ratifican la titularidad del exministro de Cultura Rafael Eduardo Selman sobre los 10,000 metros cuadrados, las partes no favorecidas han presentado recientemente nuevas impugnaciones contra dicha propiedad.Así lo reveló ayer José Luperón, abogado de Selman, quien dijo enfrentan la acción de Pedro y Francisco De Oleo Moreta con una contrademanda reconvencional por abuso abusivo de las vías de derecho. “Verdaderamente no es legal iniciar un proceso que ya tú tenías 16 años que tú habías perdido”, aseveró.Luperón afirmó que la instancia fue notificada en el Tribunal de Jurisdicción Original, en la que los demandantes ahora alegan que el desalojo se hizo de manera ilegítima. El último fallo de la SCJ, en abril el 2025, rechazó el recurso de casación contra una sentencia dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, del 19 de enero de 2024, que “confirma” el otorgamiento de la fuerza pública para el desalojo, al no presentar “ningún medio de casación que justifique la existencia de una infracción a la ley” y “vicios capaces de provocar la anulación de la sentencia del TSA.
Las altas temperaturas que se registran durante el año escolar han convertido la climatización de las aulas en un reto para el sistema educativo, tanto público como privado.
Mientras el Gobierno reconoce que, por limitaciones presupuestarias, no todas las aulas podrán contar con aire acondicionado, apuesta por la construcción de aulas modulares, algunas de ellas si climatizadas.
En el sector privado, en cambio, los colegios han optado por alternativas como la instalación de paneles solares y convenios con Edesur para reducir el costo de la electricidad, pasando en algunos casos de facturas de 300 mil a poco más de 100 mil pesos, sin trasladar ese gasto a las inscripciones y mensualidades.
En el caso del Ministerio de Educación, las aulas modulares buscan responder de forma inmediata al déficit de cupos escolares, por lo que su material exige una climatización distinta. Se trata de una solución que permite habilitar espacios en apenas tres meses, mucho menos tiempo que una edificación tradicional.
En la escuela primaria San Rafael Fe y Alegría, en Los Guandules, considerada un modelo de este tipo de infraestructura, las 27 aulas cuentan con aire acondicionado debido al material liviano de la construcción. El centro alberga a unos 1,150 estudiantes y cada salón tiene capacidad para 33 alumnos.
Su directora, Magali Marte, explicó que todas las aulas, desde Prekinder hasta sexto grado, están climatizadas para garantizar condiciones adecuadas de aprendizaje.
Pero este proyecto no es el único en el país. Municipios como Cristóbal, Duvergé y Jimaní, en la provincia Independencia, ya disponen de este tipo de aulas climatizadas.
En el sector privado, la realidad es distinta. Los colegios consultados coinciden en que mantener las aulas climatizadas representa uno de los mayores gastos operativos, especialmente por el consumo de electricidad.
En el colegio Miss Estrella, que cuenta con más de 50 equipos de aire acondicionado, su director administrativo, Robert Batista, explicó que anteriormente pagaban cerca de 300 mil pesos mensuales en electricidad. Sin embargo, aseguró que ese gasto nunca se tradujo en un aumento de las inscripciones o mensualidades para los padres.
Como solución, optaron por la instalación de paneles solares, lo que permitió reducir la factura a poco más de 100 mil pesos. Según explicó, esa inversión fue asumida por la institución sin trasladar un cargo adicional a las familias.
Otro caso es el del Colegio Cemep, donde operan 36 unidades de aire acondicionado tipo inverter para disminuir el consumo energético. Además, el centro mantiene un convenio con Edesur, que en horario de tarde-noche no se usa ningún tipo de electricidad para así reducir su tarifa eléctrica y utiliza plantas de emergencia cuando es necesario.
Desde la administración explican que el costo de ofrecer aulas climatizadas forma parte de los gastos operativos del colegio y que, como ocurre con otros servicios e infraestructura, está contemplado dentro de las inscripciones y mensualidades.
El 55 % del territorio del distrito municipal Turístico Verón-Punta Cana quedará bajo un régimen especial de protección, como parte del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), una medida con la que el Gobierno busca controlar el crecimiento urbano, preservar los recursos naturales y garantizar un desarrollo sostenible del principal polo turístico del país.
El instrumento de planificación, presentado la semana pasada, establece que de los 484.44 kilómetros cuadrados que conforman el distrito, cerca de 265 kilómetros cuadrados estarán sujetos a medidas especiales de desarrollo destinadas a proteger áreas agropecuarias, forestales, ambientales, costero-marinas, mineras y de servicios especiales. Mientras tanto, el 30 % del territorio será clasificado como suelo urbano y el 15 % como suelo urbanizable para futuras expansiones.
La decisión responde al acelerado crecimiento experimentado por Verón-Punta Cana durante los últimos años.
El diagnóstico del POT reconoce que la expansión urbana, impulsada principalmente por el desarrollo turístico, ha provocado la proliferación de lotificaciones dispersas fuera de la trama urbana consolidada y una creciente presión sobre los recursos agropecuarios, forestales, hídricos y de conservación.
Las cifras incluidas en el documento reflejan esa transformación. La población pasó de 43,982 habitantes en 2010 a 138,919 en 2022, un incremento de 215.9 %, mientras que para el año 2035 se proyecta que alcance 241,767 habitantes, lo que representa un crecimiento adicional del 74 %.
Como parte de las medidas de protección, el plan identifica conflictos que afectan actualmente al territorio, entre ellos la ocupación de áreas protegidas como Hoyo Claro y su zona de amortiguamiento, asentamientos dentro de concesiones mineras, construcciones sobre zonas de recarga hídrica y la presión del desarrollo turístico sobre zonas de manglares y humedales.
Asimismo, señala que 12.38 kilómetros cuadrados de áreas protegidas presentan ocupaciones incompatibles y ocho kilómetros cuadrados de suelo agrícola han sido destinados a usos residenciales, comerciales, turísticos y mineros.
El POT también incorpora regulaciones para orientar el desarrollo urbano. Establece parámetros sobre densidad, altura de edificaciones y ocupación del suelo en las siete Unidades de Ordenamiento Territorial, además de garantizar que las playas mantengan su carácter de uso público, prohibiendo cerramientos u obstáculos que limiten el acceso de la población al litoral.
Aunque la presentación del Plan de Ordenamiento Territorial indica que contempla 17 acciones estratégicas, distribuidas en cuatro planes, siete programas y seis proyectos, el documento ejecutivo no detalla cuáles serán esas iniciativas ni las obras específicas que se ejecutarán, información que se espera sea incluida en su versión técnica completa.
En materia de movilidad, el documento promueve un modelo basado en el desplazamiento peatonal, el uso de bicicletas, el transporte público y el desarrollo de ciudades más compactas, acompañado por una nueva jerarquía vial que incorpora ciclovías y corredores peatonales. También identifica como zonas críticas por riesgo de inundación a Uvero Alto, Bávaro, Cabeza de Toro y El Cortecito, donde plantea incorporar medidas de adaptación al cambio climático.
La Cámara de Diputados aprobó este lunes, en segunda lectura, el proyecto que modifica la Ley 74-25 del nuevo Código Penal.
La iniciativa obtuvo 120 votos a favor y 17 en contra.
Durante la sesión se conocieron al menos 12 modificaciones adicionales a la pieza legislativa.
Con esta nueva aprobación de este lunes, el proyecto concluye su trámite en la Cámara de Diputados y será remitido al Senado de la República para su conocimiento y eventual aprobación o rechazo.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, agradeció el trabajo realizado por los legisladores y destacó el respaldo del presidentedel Senado, Ricardo de los Santos, durante el proceso de revisión.
“Agradecemos la asesoría de un miembro activo, en un gran acto de humildad, del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien se dedicó en cuerpo y alma; todavía en la mañana hablábamos de detalles que buscamos conciliar. Resaltamos la labor de la comisión y la subcomisión, que acogieron parte de las propuestas”, expresó.
Asimismo, informó que, luego de varias jornadas de trabajo, recibieron nuevas propuestas y aseguró que estas contribuyen a hacer más viables las modificaciones introducidas a la pieza.
“El domingo revisamos junto al equipo técnico y técnicos externos a la Cámara de Diputados recomendaciones que fueron acogidas y que se presentaron al pleno”, manifestó.
Pacheco indicó que también fueron tomadas en cuenta inquietudes planteadas por diputados de distintas bancadas políticas para incorporarlas a las modificaciones presentadas este lunes.
El legislador adelantó que la Cámara de Diputados sesionará este martes, miércoles, jueves y posiblemente el viernes.
No obstante, explicó que dicho cronograma estará sujeto a las circunstancias que surjan durante el proceso legislativo.
Al mismo tiempo, recordó que es habitual que, al cierre de la legislatura previsto para el próximo 26 de julio, coincidan diferentes propuestas y proyectos de ley, por lo que algunas iniciativas podrían ser aprobadas ahora y otras quedar pendientes para una próxima legislatura.
La normativa contempla cambios en más de 20 artículos que fueron analizados por una comisión bicameral y una subcomisión.
Durante cuatro días, los legisladores de ambas cámaras debatieron 18 propuestas provenientes del Poder Ejecutivo y más de 90 iniciativas presentadas por distintos sectores.
Pacheco informó durante la sesión que fueron recibidas al menos 12 propuestas de modificación sobre distintos aspectos de la ley, las cuales fueron sometidas al conocimiento del pleno este lunes.
Entre las nuevas modificaciones figura el artículo 238 sobre estafa agravada, al que se incorporará, en el numeral siete, el delito de venta fraudulenta de un inmueble ajeno.
También se modificó el artículo 177 sobre proxenetismo agravado. Aunque mantiene su definición, amplía las circunstancias que configuran el delito, incluyendo la captación de víctimas fuera del país, la comisión mediante redes de comunicación, la participación de varias personas y el uso de establecimientos destinados a facilitar la explotación sexual.
Otro cambio corresponde al artículo 170 sobre autosecuestro. La conducta delictiva permanece tipificada como establece la ley, pero se modifica la redacción para sustituir la palabra “predatoria” por “preparatoria”.
Asimismo, se adiciona un párrafo al artículo 142 sobre exhibicionismo sexual, para establecer que no constituirá este delito la realización de dichos actos en contextos artísticos dirigidos a personas mayores de edad, siempre que no impliquen una afectación al bien jurídico protegido.
En el artículo 141, relativo al plazo de prescripción de la agresión sexual, se propone añadir, además de las personas con discapacidad, a quienes se encuentren en situaciones de vulnerabilidad.
Sobre el artículo 104, referente a daños por aplicación de sustancias químicas, el delito mantiene su tipificación actual, pero se agrega al inicio del párrafo la expresión: “si la sustancia se efectúa con la intención de hacer daño”.
También fue propuesta una modificación al artículo 173 sobre discriminación, con la incorporación de un párrafo que establece que no habrá discriminación cuando la acción u omisión se fundamente en el ejercicio legítimo de una facultad constitucional o legal, en una imposibilidad material o en un caso de fuerza mayor que impida cumplir los supuestos establecidos en el artículo.
Estas modificaciones fueron aprobadas por los legisladores presentes y serán integradas a la ley.
Sin embargo, otras propuestas relacionadas con hostigamiento, certificados médicos falsificados y comisión de infracciones en compañía de menores fueron rechazadas.
La Ley 74-25 fue promulgada en agosto de 2025 y se encontraba en el periodo de “vacatio legis”, antes de su entrada en vigencia prevista para el próximo 3 de agosto.
A pocos meses de su aplicación, diversos sectores plantearon cuestionamientos sobre algunos artículos vinculados con la libertad de expresión, el aborto, la responsabilidad médica y otras disposiciones.
Ante estas inquietudes, legisladores de ambas cámaras estudiaron las propuestas de modificación, mientras las sesiones fueron pospuestas durante una semana para permitir el análisis de la iniciativa.
Finalmente, el sábado, la comisión designada concluyó el informe de la pieza, que fue aprobado en primera lectura ese mismo día.
La República Dominicana necesita retomar el camino de una reforma tributaria que fortalezca las finanzas públicas, reduzca las distorsiones del sistema impositivo y permita financiar las necesidades del Estado sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica, sostuvo este lunes el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, durante el tradicional almuerzo de la Cámara Americana de Comercio (Amchamdr).
En su exposición titulada “El momento de decisiones estratégicas: una agenda para reformas pendientes”, Díaz argumentó que el país enfrenta un escenario internacional de “incertidumbre radical”, marcado por la volatilidad de los mercados energéticos, las tensiones comerciales, las altas tasas de interés en Estados Unidos, conflictos geopolíticos, factores que obligan a adoptar reformas estructurales y no únicamente respuestas coyunturales.
El funcionario defendió que la economía dominicana mantiene fundamentos sólidos pese a ese contexto. Citó un crecimiento económico de 4.2 %, inflación subyacente dentro del rango meta, reservas internacionales por US$15,800 millones, apreciación del peso, desempleo de 5 %, reducción de la pobreza monetaria, incremento de las exportaciones, del turismo y de la inversión extranjera directa.
También destacó que organismos como el Fondo Monetario Internacional y JP Morgan elevaron sus proyecciones de crecimiento para el país.
Díaz recordó que el último cambio tributario de gran alcance se produjo en 2012 y afirmó que las propuestas impulsadas en 2021 y 2024 fracasaron, entre otras razones, porque descansaban excesivamente sobre impuestos al consumo.
Según explicó, una futura reforma deberá tener un mayor peso de los impuestos directos, como el impuesto sobre la renta de las empresas y de las personas físicas, para lograr un esquema más progresivo.
En ese contexto, presentó el proyecto de medidas tributarias como un avance estructural más que meramente recaudatorio. Entre las iniciativas mencionó la simplificación del sistema, el fortalecimiento de los mecanismos contra la evasión, la ampliación del régimen simplificado para pequeños contribuyentes, cambios para favorecer a la clase media, la eliminación de impuestos considerados obsoletos y modificaciones orientadas a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
“No es el proyecto perfecto, pero no fue solo pensado en la recaudación. No solo bajamos tres impuestos, sino que eliminamos tres impuestos, en una coyuntura que el Gobierno necesita dinero”, destacó.
Citó estudios del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que sitúan en torno al 15 % del producto interno bruto el nivel mínimo de ingresos tributarios que requiere un Estado para financiar adecuadamente los servicios públicos y sostener el desarrollo.
Como muestra de las restricciones presupuestarias, señaló que solo cinco partidas —intereses de la deuda, educación, protección social, salud y subsidios al sector eléctrico— absorbieron alrededor del 91 % de los ingresos tributarios en 2025, limitando el margen para financiar el resto de las funciones del Estado.
Apoyándose en diagnósticos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Díaz afirmó además que el sistema tributario dominicano mantiene una base imponible estrecha, numerosas exenciones y una complejidad que favorece la evasión y dificulta la administración tributaria.
Según esos organismos, muchas de esas exenciones benefician principalmente a los sectores de mayores ingresos y no siempre generan el impacto económico esperado.
Además de la reforma tributaria, el ministro propuso revisar la regla fiscal para proteger la inversión pública y evitar ajustes excesivamente rígidos del gasto, así como sustituir el actual esquema discrecional de subsidios a los combustibles por un mecanismo automático y transparente que suavice las variaciones de precios sin comprometer de manera permanente las finanzas públicas.
Recordó que entre 2021 y junio de 2026 el Estado destinó más de RD$100,000 millones a subsidiar los combustibles, un mecanismo que calificó de costoso y regresivo.
La Policía Nacional apresó a dos hombres e identificó a miembros de una presunta estructura criminal vinculada al asalto contra un camión de transporte de valores ocurrido el pasado 13 de julio en una estación de combustibles del distrito municipal de Don Juan, provincia Monte Plata.
La información fue ofrecida la tarde de este lunes por el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, durante una rueda de prensa, en la que explicó que el caso fue esclarecido mediante una investigación desarrollada por la Dirección Central de Investigación (Dicrim).
Pesqueira informó que uno de los detenidos esAneurys Adolfo Ortiz Ogando, señalado como elconductor delvehículo utilizado durante la ejecución delasalto, quien, según dijo,admitió su participación en el hecho.
El segundo arrestado es Juan Carlos Suero López, identificado por las autoridades como el responsable de elaborar y clonar las placas vehiculares utilizadas para facilitar acciones delictivas.
“En el proceso investigativo se pudo comprobar de manera inequívoca que esta persona (Juan Carlos Suero López) se dedica a falsificar placas y matrículas de vehículos”, detalló Pesqueira en la rueda de prensa.
Preciso que, al momento de realizar el allanamiento, Suero López quemó parte de las evidencias que utilizaba para falsificar las placas.
No obstante, indicó que se le ocuparon decenas de placas falsas y otros elementos relacionados con esa actividad ilícita en el local que utilizaba para su fabricación, un vehículo, tres teléfonos y un arma de fuego.
De acuerdo con Pesqueira, las investigaciones permitieron localizar el vehículo utilizado para la huida, al cual le habían colocado una placa clonada, así como identificar a los demás presuntos responsables del asalto.
Las valijas robas y otras evidencias del caso fueron encontradas la carretera Monte Plata -Don Juan, en un solar baldío en la entrada del paraje El Dean, conforme indicó.
Los cuatro señalados son Joel Andrés Samboy Regalado, alias "el Capi"; Deivi Rosado Durán, alias "el Gordo"; Mario Solis Valdez y Juan Francisco Rodríguez Pérez, quienes permanecen prófugos.
El portavoz indicó que durante las pesquisas también fueron ocupadas evidencias de interés que fortalecen el proceso judicial contra los involucrados.
Pesqueira aseguró que la Policía mantiene activa la búsqueda de otros tres integrantes de la estructura criminal con el objetivo de capturarlos y ponerlos a disposición del Ministerio Público.
Agregó que las investigaciones continúan en curso para completar el proceso y garantizar que todos los responsables respondan ante la justicia por el asalto al camión de valores.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que desde este 20 hasta el 23 de julio realizará trabajos de rehabilitación del pavimento asfáltico en el expreso elevado de la avenida John F. Kennedy, en la intersección con las avenidas Dr. Defilló y Buenaventura Freites, en dirección oeste-este.
La institución indicó que las labores se ejecutarán en horario nocturno, desde las 9:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana, período durante el cual el elevado permanecerá cerrado de manera temporal para facilitar los trabajos y garantizar la seguridad de los conductores.
Obras Públicas exhortó a los usuarios de la vía a respetar la señalización instalada en el área y seguir las indicaciones del personal de tránsito para evitar inconvenientes durante los cierres.
El ministerio señaló que las intervenciones forman parte de su programa de mantenimiento de la infraestructura vial y tienen como objetivo mejorar las condiciones del pavimento, así como ofrecer desplazamientos más seguros y eficientes.
La institución agradeció la comprensión de la ciudadanía por las molestias que puedan ocasionar los trabajos y reiteró que estos se realizarán exclusivamente en horario nocturno para reducir el impacto en la circulación vehicular
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, divulgó este lunes que el Mundial de Fútbol, que comenzó el 11 de junio y finalizó el domingo con una victoria para España, generó hasta la fecha para Nueva York 228 millones de dólares en ingresos fiscales locales y estatales.
De acuerdo con un comunicado de Hochul, los ingresos son resultado de una estrategia diseñada para garantizar que los beneficios del torneo llegaran a todas las regiones de Nueva York, que incluyó eventos emblemáticos, subvenciones regionales, accesibilidad, promoción turística y programas comunitarios.
"Cuando trajimos la Copa Mundial de la FIFA a Nueva York, quisimos asegurarnos de que todos los neoyorquinos, todas las comunidades y todos los sectores se beneficiaran; estas últimas seis semanas han demostrado que ese esfuerzo fue un éxito", indicó.
En el MetLife Stadium de Nueva Jersey, conocido temporalmente como Estadio Nueva York/Nueva Jersey durante el torneo, se jugaron ocho partidos de la Copa, que presenciaron más de 560,000 fanáticos.
Los primeros cinco partidos, correspondientes a la fase de grupos, generaron un gasto directo de los visitantes de 1,200 millones de dólares, con un impacto económico total de 2,100 millones de dólares, destacó Hochul.
La cifra no incluye los últimos tres partidos de eliminación pero se prevé que el estado supere las proyecciones de ingresos por la organización de la Copa Mundial.
De acuerdo con el comunicado, entre el 8 de junio y el 4 de julio, los hoteles de la ciudad de Nueva York generaron aproximadamente 1,070 millones de dólares en ingresos por habitaciones, un alza de 20.6 % con respecto al mismo periodo del año pasado.
Los visitantes también se alojaron en otros hoteles fuera de la ciudad.
La gobernadora destacó además que, desde que el Comité Organizador lanzó el Programa de Recompensas 'Welcome World' en mayo, éste generó aproximadamente 10,000 visitas a pequeños negocios en más de mil establecimientos, instituciones culturales y eventos comunitarios en Nueva York y Nueva Jersey.
Destacó igualmente que se vendieron casi 120,000 boletos para autobuses lanzadera para presenciar los juegos en el MetLife, a un costo de 20 dólares ida y vuelta.
"Esto no termina aquí: nos estamos asegurando de que la Copa Mundial tenga un impacto duradero en nuestro estado invirtiendo en campos de fútbol y programas de fútbol juvenil para apoyar a los jóvenes atletas durante los próximos años", con una asignación en el presente presupuesto de cinco millones de dólares, agregó.
