¡ÚLTIMA HORA!
Las restricciones a la publicación de encuestas políticas establecidas por la Junta Central Electoral (JCE) comenzaron a enfrentar cuestionamientos sobre la capacidad del órgano para imponer limitaciones no previstas expresamente en la ley, en un debate que ha reactivado criterios del Tribunal Constitucional (TC) sobre los límites de la potestad reglamentaria y que ahora encuentra respaldo en una opinión reciente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).
Finjus sostuvo ayer que la discusión no se limita a determinar si la JCE tiene facultades para regular las encuestas electorales, sino a establecer si una restricción de esta naturaleza puede imponerse mediante reglamentocuando afecta actividades y derechos cuyo alcance —afirmó— debe definirse mediante ley aprobada por el Congreso Nacional.
“La cuestión que nos ocupa parte de la duda inicial de si ¿cuenta este reglamento con suficiente respaldo legal para limitar la actividad de libre empresa de las encuestadoras y prohibir la publicación de encuestas fuera de los plazos de precampaña y campaña electoral?”, planteó la Finjus en un documento.
Pero la entidad sostuvo que el alcance del debate es más amplio: “Lo que está en juego es más profundo (…); si este reglamento, al regular el flujo de información sobre tendencias y preferencias electorales, puede afectar legítimamente el acceso ciudadano a datos que nutren la participación política permanente en una sociedad democrática”.
La entidad agregó que la JCE posee potestad reglamentaria en los asuntos de su competencia, pero recordó que esa facultad tiene como función desarrollar la ley y no sustituirla ni contradecirla.
“Cualquier reglamento que incida en el contenido esencial de derechos fundamentales o que establezca limitaciones no previstas en la ley queda automáticamente viciado de nulidad por violar la supremacía constitucional”, sostuvo.
El planteamiento de Finjus coincide con criterios que el Tribunal Constitucional ha fijado sobre la relación entre ley y reglamento.
En la sentencia TC/0032/12, el tribunal recordó que el reglamento tiene una función subordinada frente a la ley, y sostuvo que “no puede exceder el alcance de la ley ni tampoco contrariarla, sino que debe respetarla en su letra y espíritu”. También indicó que los reglamentos no pueden “contrariarla ni rebasar su ámbito de aplicación”.
Ese criterio fue retomado posteriormente por el propio TC en una sentencia que anuló un reglamento del Consejo del Poder Judicial sobre escalafón y provisión de cargos judiciales.
En esa decisión, el tribunal concluyó que el órgano había excedido sus competencias al regular mediante resolución una materia reservada a la ley.
El TC sostuvo, además, que la potestad reglamentaria “no se presume, pues debe estar prevista por la ley de manera expresa”.
Uno de los puntosmás cuestionados es la disposición que limita la publicación de encuestas electorales al período de precampaña, cuyo inicio está previsto para julio del 2027.
Los críticos sostienen que esa restricción entra en tensión con el artículo 216 de la Ley 20-23 de Régimen Electoral, que establece que la prohibición de difusión aplica únicamente durante los ocho días anteriores a la votación y que antes de ese plazo las encuestas pueden publicarse.
Finjus afirmó que la ley “simplemente no contempla una veda general de catorce meses”, por lo que extender esa prohibición supone crear una restricción nueva no prevista por el legislador.
“En palabras más llanas: se está legislando por la vía administrativa”.
El periodista y presidente del grupo ACD Media, Danny Alcántara, afirmó ayer que mantiene la decisión de publicar el próximo lunes una encuesta electoral elaborada para sus medios, pese a la entrada en vigencia del reglamento.
Alcántara explicó que el estudio fue levantado antes de la aprobación de la resolución y adelantó que evalúa acudir a la vía constitucional.
“Consideramos que esa resolución es ilegal, que contraviene la Constitución de la República, que es violatoria de las dos leyes que regulan la actuación de la Junta”, expresó.
Para el abogado Olivo Rodríguez Huertas, el problema no es que la JCE regule las encuestas, sino que el reglamento habría incorporado restricciones que la ley no contempla.
“En el caso de la ley que regula el régimen electoral (…) su gran limitación es de unos días previos a las elecciones donde se prohíbe la divulgación; en el resto, la ley guarda silencio”, afirmó.
El abogado Julio Cury sostuvo que el problema no se limita al plazo escogido por la JCE, sino al fundamento utilizado para fijarlo.
Según su análisis, el reglamento tomó una regla prevista en el artículo 41 de la Ley 33-18 sobre Partidos Políticos —referida al cronograma interno para escoger precandidatos— y la trasladó al régimen general de publicación de encuestas.
“La JCE traslada miméticamente un plazo previsto para un instituto jurídico distinto (la precampaña partidaria) a un fenómeno comunicacional autónomo (la difusión de encuestas), generando una sobre-restricción carente de fundamento legal. La precampaña y la difusión de encuestas son figuras separadas, con bienes jurídicos protegidos también distintos”, argumentó.
El sociólogo José del Castillo entiende que el impacto del reglamento excede a partidos y encuestadoras.
“Este no es un tema solo de los delegados de los partidos; es un tema de los medios de comunicación y de las empresas que ejercen libertad de comercio”, afirmó.
Añadió que los consensos políticos no sustituyen los límites constitucionales: “Los partidos y la Junta no pueden llegar a consensos para violentar la ley ni la Constitución en derechos fundamentales”.
Finjus agregó que restricciones prolongadas pueden generar una situación de asimetría informativa: mientras actores políticos continúan utilizando encuestas para consumo interno, la ciudadanía queda excluida del acceso a esa información.
Aunque dos tribunales declararon “penalmente responsable” al pelotero Wander Franco por abuso sexual de una adolescente de 14 años, la motivación oral de la última sentencia ha generado controversia y confusión sobre cómo debe interpretarse finalmente su papel en el proceso penal: si como victimario o la víctima, esta última es la persona dañada por el delito o el crimen del primero.
Especialistas en derecho penal coinciden en que, dentro de un proceso judicial, las partes ocupan roles claramente definidos, se es la persona que daña o la que recibe el daño, no se puede ser ambas cosas a la vez.
Sin embargo, las reflexiones del juez José Núñez, de considerarlo “víctima colateral” en el mismo proceso en el que se le condenó por abusar sexualmente de la adolescente y se le otorgó el perdón judicial, no solo contradice ese principio jurídico, también al mismo dispositivo de la decisión que establece la responsabilidad penal del pelotero de Grandes Ligas.
El abogado Félix Portes consideró que el fallo que otorga el perdón judicial a Franco “no se ajusta al Código Procesal Penal ni a la jurisprudencia” porque es “el autor directo”, es decir, no tuvo una participación mínima en el delito.
Portes afirmó también que la sentencia de la corte “manda un mal mensaje a la sociedad” al eximirle de pena, porque con esa decisión el tribunal establece que el abuso sexual contra una menor es permitido y los hombres hallados culpables por este hecho no van a ser sancionados.
![[object HTMLTextAreaElement]](https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/whatsapp-image-2026-05-26-at-124230-pm-66c43538.jpeg)
En tanto que la abogada de temas familiares, Michelle Perezfuente, sostuvo que en este proceso contra el campocorto del béisbol “la única víctima es la menor de 14 años”.
Perezfuente cuestionó que el juez Núñez argumentara que la denuncia pudo quedarse “en el misterio de la sombra del secreto de una familia”.
Para la abogada, el magistrado dio a entender que quien “está mal es la sociedad por haber tenido conocimiento de lo que estaba pasando y someter a ese violador y a esa madre que prostituyó a su hija”.
Ambos abogados coinciden en que “poco importa” si la víctima, que insistieron es la menor, era virgen o no y que “no se puede usar como una atenuante a favor” del hoy condenado por un juzgado de primera instancia, así como por la Corte de Apelaciónde Puerto Plata.
Sobre el confuso fallo, la abogada Michelle Perezfuente entiende que el tribunal debe ser evaluado por el Poder Judicial por argumentar en su decisión que “un violador de una menor es una víctima”.
Perezfuenteexplica que “es evidente” que en el caso de Franco, la corte “ha personalizado, se ha identificado con ese abusador” y lo que ha visto no es su acción, que está penalizada por la ley, sino que por su delito haya sido sometido a la justicia.
Criticó también que en las motivaciones del juez no se resaltara que Franco, para subsanar de alguna forma los hechos “pagó unos valores para ganar el silencio de esa madre” que le entregó a su hija para que abusara sexualmente de ella.
En ese sentido, Portes explicó que la extorsión “surge y nace de un crimen” y, que sin este último, no existe el primero, por lo que el abuso contra la víctima ya estaba consumado.
Perezfuente adelantó que espera ver la sentencia íntegra, que está programada para el próximo 16 de junio de este año, para conocer la razón completa que tuvo el tribunal para eximir penalmente al acusado porque, según afirma, este se otorga únicamente por “el grado de la insignificancia social del daño provocado” y la condena de Franco es por un delito grave.
En el perdón judicial no existe una pena, como en la suspensión de la pena que impuso la primera sentencia contra el jugador de Grandes Ligas el pasado año.
En la condena de dos años de prisión suspendida, si Franco no cumplía las condiciones que se le aplicó podía ir a prisión, en el perdón judicial no, expuso Portes.
El perdón judicial “le crea un antecedente penal a él, queda fichado porque fue retenida su responsabilidad penal”. Esta última decisión también puede ser recurrida en casación y ya el Ministerio Público anunció que así lo haría.
El Comité Olímpico Internacional (COI), la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, en inglés) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) desaprueban de forma rotunda los Enhanced Games (Juegos Mejorados), una competencia que, pese a las contradicciones y cuestionamientos éticos, guarda en su premio de un millón de dólares el néctar que atrae a los competidores.
Marcos Díaz, miembro de la Comisión de Asuntos Públicos y Comunicación Corporativa del COI desde 2019, considera esa competición “un disparate”, en la que quienes aceptaron la condición de doparse fallaron en quebrar los récords soñados, excepto Kristian Gkolomeev, quien rompió la marca de los 50 metros estilo libre en natación.
Los Juegos tienen como característica principal el dopaje permitido, bajo un discurso que, según sus organizadores, busca alcanzar “el más alto potencial humano”.
El primer análisis que dejan los resultados, explica Díaz, es que el dopaje, aunque está regulado y limitado por el deporte organizado porque se considera que otorga ventaja y “por lo tanto es trampa”, no garantiza por sí solo alcanzar el máximo nivel competitivo.
“No menos cierto es que los Enhanced Games demuestran que para llegar a lo más alto del potencial humano a nivel deportivo, la ventaja química del dopaje no es lo único”, sostiene.
Eso se refleja en que casi nadie se acercó a los récords mundiales, aun cuando el uso de sustancias estaba permitido.
“Se asumía que dopando al atleta se iban a quebrar todos los récords del mundo y apenas cayó uno de natación, con un atleta dopado y usando un traje de baño no permitido”, apunta.
La oferta del millón de dólares, sumada a otros 250 mil por el primer lugar, luce demasiado tentadora para muchos atletas. Y ahí surge otra controversia frente al deporte organizado.
Gkolomeev recibió el millón de dólares por romper la marca, aunque el récord oficial continúa en poder del australiano Cameron McEvoy.
“Lo que atrajo a los atletas a participar, entre ellos Beatriz Pirón y muchos otros deportistas recientemente retirados, en su mayoría luego de pasar su pico de rendimiento, fue la remuneración económica”, dijo Díaz. Algunos de esos competidores siguen activos, como el velocista estadounidense Fred Kerley.
McEvoy estableció su récord en China, pero no recibió ningún incentivo económico. World Aquatics solo entrega premios en metálico en competiciones organizadas por esa entidad. En los Juegos Olímpicos de París 2024, los medallistas de oro en atletismo recibieron 50 mil dólares de parte de World Athletics.
“Diría que no está nada mal”, dijo Gkolomeev a Reuters sobre el premio económico. “Esto va a cambiar mi vida para bien, sin duda. Es una gran ayuda para mí y mi familia. Y sí, voy a seguir el año que viene. Quizás lo vuelva a conseguir”.
Sin ninguna duda, la millonaria premiación de los Enhanced Games abre un debate dentro del sector tradicional del deporte, encabezado por los Juegos Olímpicos, ya que los atletas del sistema olímpico difícilmente podrían aspirar a recompensas económicas de ese nivel.
“Eso es un llamado a la reflexión sobre qué tan sostenible es el formato del deporte bajo la premisa del olimpismo. Ojo, el olimpismo entiéndase sin paga”, explica Díaz.
El exnadador de ultradistancia asegura que planteó ese tema en una reunión del COI celebrada en Lausana, Suiza, en noviembre pasado. Llegar al más alto nivel competitivo, afirma, “es costosísimo”.
Lo más cuestionable, añade, es que ganar una medalla de oro “no representa un centavo más allá de lo que pueda aportar un gobierno o un patrocinador personal, porque los Juegos Olímpicos como tal no entregan premios metálicos”.
Pone de ejemplo que no es igual el caso de figuras multimillonarias como Roger Federer o Rafael Nadal, que el de un judoca, un pesista, un nadador o un taekwondoísta, cuyos mayores logros deportivos están precisamente en los Juegos Olímpicos y aun así no reciben premios directos.
“Quizás lo único positivo que se pueda extraer de los Enhanced Games es entender por qué esos atletas se inscribieron" y la respuesta es simple: "por la parte económica”, sostiene Díaz. Entonces se pregunta: “¿Qué le falta al sistema actual? Precisamente la parte económica”.
Díaz, también secretario general del Consejo Americano del Deporte, considera que el olimpismo todavía mantiene un modelo heredado de la época de Pierre de Coubertin, centrado únicamente en el amateurismo del atleta.
“Pero comercializamos los Juegos Olímpicos, vendemos las entradas a los estadios, los derechos de transmisión televisiva y de redes sociales; cobramos para ver el evento y no les pagamos a los actores”, apunta.
Y concluye: “Usamos las historias y las imágenes, pero no les pagamos a los atletas. A ellos no les toca un cuartillo de la tajada de ese negocio billonario que se mueve alrededor de unos Juegos. ¿Es eso justo? Yo no creo. ¿Es sostenible en el tiempo? En algún momento ese tema estará sobre la mesa”.
El Pabellón de la Fama dará una respuesta futura sobre este inusual tema que destapa la atleta retirada oficialmente en abril."Ella no puede ser sancionada", señala Díaz, pero precisa que también "depende cuáles sean los criterios de evaluación para la inmortalidad".Si los criterios de evaluación incluyen que después de retirado usted no se tome un antigripal que tiene efedrina y que está prohibido en el deporte, "entonces ella será cuestionada, pero si tú vas a medir su trayectoria deportiva, tú la tienes que medir con objetividad", expresa."Y ella no ha hecho absolutamente nada donde haya faltado alguna regla, ni antes ni después de retirada", tras 18 años de carrera.
Agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) iniciaron este miércoles un operativo de fiscalización e incautación de motocicletas en la avenida Buenaventura Freites, en el sector Los Jardines del Norte.
Esta vía, de alto flujo vehicular durante las horas pico, se ha convertido en un punto peligroso debido a la gran cantidad de motociclistas que transitan a alta velocidad por las aceras, principalmente por el lado oeste en dirección hacia la avenida John F. Kennedy.
En horas de la tarde, cuando se producen congestionamientos, muchos de ellos además circulan en vía contraria.
Algunas personas han sido atropelladas por motociclistas que no respetan la zona de peatones. Los caminantes se ven obligados a echarse a un lado para evitar ser impactados, pero aun así algunos han sufrido lesiones.
Las discusionesson constantes todas las mañanas, ya que cuando los peatones reclaman su derecho a caminar libremente por la acera, algunos motoristas los insultan e incluso intentan agredirlos.
Desde las primeras horas de este miércoles, varios agentes detenían a motociclistas que conducían de forma temeraria o que no contaban con la documentación ni con los requisitos exigidos por la ley para transitar.
Las motocicletas eran subidas a grúas para ser trasladadas al lugar destinado para su retención, hasta que los propietarios o usuarios regularicen su situación.
El operativo concluyó a las 9:00 de la mañana. Luego volvió la normalidad, con las acostumbradas violaciones a la ley de tránsito por parte de los motoristas.
Durante las últimas semanas, motociclistas han protagonizado incidentes violentos en las calles, con agresiones que en algunos casos han terminado en muertes, como ocurrió con Deivy Carlos Abreu Quezada, quien fue ultimado en Santiago por un grupo de motoristas que lo persiguió mientras conducía un camión recolector de basura.
En un informe independiente presentado por la defensa de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados por el colapso de la discoteca Jet Set hace un año, se atribuye la tragedia a un proceso prolongado de deterioro interno de las vigas postensadas del techo, y no a una sobrecarga reciente de la estructura, como plantea el informe oficial del Gobierno.
Según la evaluación realizada por el ingeniero José Manuel Lockhart Romero y los peritos Gabriel Carrera, Alfonso Francisco Ibarreta y Michael Gerard Murphy, las cargas sobre el techo no aumentaron significativamente en los tres años previos al desplome del 8 de abril de 2025, salvo la colocación de una membrana bituminosa, y el peso existente llevaba años siendo soportado por la estructura.
Los especialistas sostienen que, de haber estado las vigas en condiciones adecuadas, el techo debía resistir las cargas presentes al momento del colapso.
![[object HTMLTextAreaElement]](https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/screenshot-2026-05-26-163106-0a9f2886.png)
El informe de la defensa señala que la causa probable habría sido un deterioro progresivo asociado a fracturas graduales en los alambres de postensado, vinculadas a corrosión y fisuración asistida por hidrógeno, lo que redujo con el tiempo la capacidad resistente de las vigas.
Los peritos afirman que tanto los defectos de construcción como el deterioro eran invisibles mediante inspecciones visuales ordinarias, debido a que estaban dentro de las estructuras. Además, indicaron que las capas irregulares de “finos” colocadas sobre el techo serían evidencia indirecta de deformaciones progresivas y problemas de empozamiento de agua.
El peritaje también asegura haber encontrado evidencia de conductos de postensado mal colocados desde la construcción original del edificio, lo que habría debilitado ciertas vigas durante décadas.
Asimismo, cuestiona la metodología utilizada por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) y los peritos del Gobierno, al alegar que el modelo computacional oficial contenía errores geométricos y de cargas que sobreestimaron la demanda estructural sobre las vigas críticas.
Entre las principales críticas técnicas al informe oficial, la defensa cita un supuesto error en el espaciamiento de vigas, que habría incrementado artificialmente las cargas hasta en un 20 %, la omisión del diafragma estructural postensado que redistribuía cargas entre vigas, una sobreestimación del peso de tinacos y finos en el modelo ETABS del Gobierno y diferencias entre el modelo computacional y la geometría real del techo.
Los expertos sostienen que el colapso habría sido consecuencia de una degradación acumulativa durante décadas, combinada con defectos constructivos ocultos, y no el resultado inmediato de una intervención reciente o de una sobrecarga puntual.
Los cuatro expertos que realizaron el peritaje fueron designados por el tribunal.
Gabriel Carrera investigó los aspectos de ingeniería estructural, con énfasis en el análisis estructural, y supervisó la recopilación de datos y los ensayos de materiales.
El doctor Alfonso Ibarreta investigó la posible existencia de factores externos que pudieran haber causado o contribuido al colapso.
El ingeniero José Lockhart investigó la condición tal como se construyó ('as-built') del edificio.
Michael Murphy, especialista en la supervisión y gestión de investigaciones de construcción, coordinó al equipo de ingenieros.
En total, en la investigación participó un equipo de más de veinticinco ingenieros, químicos, metalúrgicos y científicos de materiales.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó este martes a Estados Unidos ante la ONU de estar llevando a cabo un "acto de guerra y de genocidio" con el bloqueo energético que aplica sobre la isla pero dijo estar aún dispuesto a conversar con Washington.
Rodríguez cargó, durante una sesión del Consejo de Seguridad organizada por China, que ostenta la presidencia del órgano, contra la reciente imputación de la Justicia estadounidense al expresidente cubano Raúl Castro por delitos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de una aeronave por la muerte de cuatro pilotos de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años.
Según el canciller cubano, los cargos forman parte de "una decisión políticamente motivada, fraudulenta y dirigida a engañar a los ciudadanos estadounidenses y extranjeros" para que "apoyen una aventura militar contra Cuba".
"Quieren conseguir un cambio de régimen, como le llaman eufemísticamente ahora el cerco petrolero y energético que Estados Unidos aplica a Cuba y que equivale, por sus efectos, a un bloqueo naval, que es un acto de guerra y de genocidio que somete a la población cubana a condiciones que amenazan su integridad y existencia", aseguró en la sesión.
Según dijo, este "cruel e indiscriminado castigo colectivo" provoca muertes a día de hoy: hay una duplicación de la tasa de mortalidad infantil de cuatro a nueve años y la expectativa de vida de niños con cáncer se ha reducido de un 85 % a un 65 %.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, recrudeció el bloqueo sobre la isla y lleva meses presionando al Gobierno cubano para que implemente reformas profundas en su sistema económico y en su régimen político. Entre las presiones se encuentra el recrudecimiento del bloqueo del petróleo a la isla, que ha desatado una crisis energética que amenaza con una crisis humanitaria.
Entre otras cosas, ha planteado la posibilidad de que haya una intervención militar.
"Una agresión militar provocaría un baño de sangre. Morirían miles de cubanos defendiendo la patria y valores y razones sagradas, y perecerían también jóvenes estadounidenses sin causa ni ideal que defender, arrastrados a la violencia por una política imperialista neofascista de dominación, saqueo y conquista", declaró el canciller cubano al respecto.
Así pues, hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que se movilice "para impedir una catástrofe humanitaria que pueda imponerse ya por la vía de las armas o por la vía del cerco energético y el endurecimiento extremo del bloqueo, que también matan y provocan sufrimiento".
De los últimos 10 años transcurridos, la economía dominicana solo no logró crecer en 2020, un período marcado por la pandemia de COVID-19, que obligó a detener la mayoría de las actividades productivas. Pero, a pesar de que en ese lapso hubo momentos donde el producto interno bruto (PIB) se expandió hasta un 14 %, el país sigue enfrentando el reto de traducir esa riqueza en “mejoras ampliamente compartidas”.
Con un aumento constante de la desigualdaddesde el 2022, período en el cual el índice de Gini se ubicó en un 0.376, este finalizó el 2025 en 0.389, observándose un ligero ascensocon relación al 0.386 del año anterior, con los ingresos laborales como la mayor contribución al incremento de esa condición socioeconómica.
En cambio, otras fuentes, como los ingresos no laborales monetarios y los ingresos del exterior (remesas), contribuyeron a mitigar parcialmente dicho efecto, según establece el Análisis de desempeño económico y social (ADES-2025), elaborado por el Viceministerio de Economía.
Visto de forma desagregada, el Gini urbano registró una ligera alza, pasando de 0.388 a 0.389 entre el 2024 y el año pasado, mientras que el rural sufrió un incremento más pronunciado, al pasar de 0.363 a 0.371.
Estos resultados sugieren que el crecimiento económico continúa enfrentando desafíos para traducirse en mejoras ampliamente compartidas y que la capacidad de las fuentes no laborales para compensar las diferencias en la distribución primaria del ingreso sigue siendo un elemento relevante para la sostenibilidad de los avances en bienestar, precisa el análisis.
A pesar del aumento que tuvo el índice durante en 2025, el nivel permanece por debajo del observado en los años previos.
El documento explica que la desigualdaden la República Dominicana aumentó en el 2025 en un contexto en el que el mercado laboral generó mayores ingresos, aunque con diferencias en su distribución y con la advertencia de desafíos para su sostenibilidad.
Indica que el ingreso nominal promedio mensual per cápita alcanzó los 20,192 pesos el año pasado, con un alza interanual de un 10.3 %, inferior en 4.9 puntos porcentuales a la de 2024. En términos reales, el ingreso llegó a 14,487 pesos, un aumento de un 6.5 % que, de nuevo, es menor al del año previo.
Lo más revelador de este resultado es su composición: los ingresos laborales explicaron la totalidad del incremento real per cápita, con una contribución de 909.8 pesos sobre un cambio total de 879.8 pesos, siendo contrarrestado parcialmente por la caída de transferencias gubernamentales y del ingreso no laboral en especie.
“Esto significa que el bienestar de los hogares dominicanos descansa sobre un único pilar. En este contexto, la limitada contribución de las transferencias no laborales pone de manifiesto una menor capacidad de amortiguación ante choques económicos, lo que incrementa la vulnerabilidad de los hogares”, advierte el análisis oficial.
Del 19 al 21 de junio, la Ciudad Colonial de Santo Domingo volverá a convertirse en punto de encuentro para escritores, lectores y voces del pensamiento contemporáneo con la segunda edición de Mar de Palabras 2026.
El festival internacional de literatura, que tendrá como sede principal el Hotel Kimpton Las Mercedes, reunirá este año a más de 50 autores nacionales e internacionales en una programación centrada en las conversaciones que hoy atraviesan la cultura, la política, la memoria, la tecnología y la sociedad.
Más de 30 autores de 14 países iberoamericanos conversarán con cerca de 30 creadores dominicanos, quienes debatirán y pensarán sobre temas como la IA, literatura, derechos humanos, o justicia, entre otros muchos más.
Además de consolidarse como una plataforma para el intercambio literario en el Caribe, el encuentro apuesta por fortalecer el turismo cultural en la Ciudad Colonial y contribuir a la dinamización de la industria del libro en la región, integrando conversatorios, talleres, cine, presentaciones y espacios de diálogo abiertos a distintos públicos.
Para Minerva del Risco, directora general del festival, el éxito del año pasado confirmó algo que quizás muchos habían pasado por alto: el enorme interés que existe por la literatura y las conversaciones culturales en República Dominicana.
“Fue un lleno totalmente, todo el tiempo”, recuerda sobre aquella primera entrega que reunió a más de 400 personas de manera constante durante tres días.
“Y eso te dice la importancia que tiene la literatura en República Dominicana y que tal vez, por mirar hacia otro lado, uno no se daba cuenta”.
Ahora, “Mar de palabras” regresa con una programación más ambiciosa, más diversa y expandida a nuevos espacios de la Ciudad Colonial. Pero más allá de crecer en cantidad, la apuesta se enfoca también en construir una experiencia cultural mucho más abierta y cercana.
En esta edición, el festival comenzará incluso antes de su programación principal. El jueves 18 habrá actividades gratuitas en universidades como UNIBE y APEC, además de encuentros en el Centro Cultural de España. La idea, explica Del Risco, es llegar a públicos distintos y romper la percepción de que la literatura pertenece a círculos cerrados.
“Lo hemos expandido para poder llegar a diferentes públicos. Y que haya diversidad, porque creemos en la importancia de integrar a distintas personas a estos espacios”, comenta.
La programación de esta entrega reunirá nombres como Dolores Reyes, David Toscana, Jorge Volpi, Claudia Piñeiro, Laura Restrepo o Carlos Granés. Habrá también conversaciones sobre política internacional, tertulias literarias, cine, talleres, presentaciones de libros y espacios dedicados a la literatura infantil y juvenil.
Detrás de "Mar de palabras" hay mucho más que una programación de autores y conversatorios. La organización del festival comienza prácticamente un año antes y reúne a distintos equipos que trabajan desde la curaduría literaria hasta la logística, la producción y la coordinación internacional.
“El festival no lo hace una sola persona”, explica Minerva del Risco. “No lo hago solo yo, no lo hace solo Yulissa Álvarez, nuestra directora ejecutiva. Es un equipo de personas, un equipo de varios equipos que en un momento dado nos congregamos al final y lo plasmamos”.
Junto a Yulissa, Del Risco define primero el enfoque conceptual de cada edición y, a partir de ahí, comienza el trabajo de programación.
La curaduría está a cargo de Claudia Neira, gestora cultural nicaragüense vinculada al festival Centroamérica Cuenta, junto a Marielena Hernández. Este año, por ejemplo, una de las prioridades fue fortalecer la mirada hacia el Caribe y abrir conversaciones sobre literatura, pensamiento y actualidad desde la región.
A eso se suma el trabajo de producción liderado por Aidita Selman, además de los equipos de protocolo, prensa, redes y transportación que hacen posible el evento.
Del Risco asegura que uno de los aspectos más sorprendentes ha sido el interés que despierta República Dominicana entre los escritores internacionales. “Hemos tenido la gran suerte de que la gente quiere venir a República Dominicana y casi nadie nos ha dicho que no”, comenta.
“Puede ser el Caribe, puede ser que nunca hayan estado aquí, puede ser la Ciudad Colonial… pero sí tienen mucho interés en República Dominicana”. Para ella, ese interés también representa una oportunidad para recuperar el país como un espacio de pensamiento y encuentro cultural en el Caribe.
Aunque elegir favoritos le resulta difícil, Del Risco reconoce que algunas participaciones prometen convertirse en momentos memorables.
Menciona, por ejemplo, a Dolores Reyes, autora argentina convertida en fenómeno literario; a David Toscana, de quien asegura que su reciente libro El ejército ciego “es una cosa impresionante”; y a figuras como Laura Restrepo o Carlos Granés, quienes protagonizarán algunas de las conversaciones más esperadas del festival.
Pero más allá de los nombres, lo que define la esencia de “Mar de palabras son los temas”. En tiempos donde la conversación cultural parece fragmentarse entre algoritmos y formatos breves, el festival apuesta precisamente por lo contrario: detenerse a pensar.
“La literatura es eso, plantear temas que ocurren diariamente en la cotidianidad del mundo”, dice Del Risco. Por eso, uno de los ejes de este año será la inteligencia artificial y cómo impacta en ámbitos como el periodismo, las universidades y la creación literaria. “Hay que plantearla, hay que hablarla, hay que conversarla, hay que pensarla”, afirma.
También habrá debates sobre el valor del archivo frente a la ficción, la literatura caribeña y la construcción de memoria colectiva. En el Centro Cultural de España, por ejemplo, se abrirá un espacio dedicado al Caribe hispano con conversaciones sobre Puerto Rico, Cuba, Haití y República Dominicana.
“Los dominicanos no conocen la literatura caribeña hispana. Y mucho menos la anglo y la francesa. Pero los festivales son lugares de encuentro y eso es lo que queremos lograr”, explica.
La experiencia, además, será mucho más amplia que una sucesión de conversatorios. Habrá talleres de edición de textos vinculados a la inteligencia artificial, proyecciones de cine y presentaciones especiales como la del libro sobre Silvio Rodríguez realizado por Daniel Mordzinski, reconocido como “el fotógrafo de los escritores”.
También participará el actor y cineasta cubano Jorge Perugorría, quien presentará una de sus películas en el Centro Cultural Banreservas.
Sin embargo, Del Risco insiste en que Mar de Palabras no busca parecerse a una feria del libro tradicional. Para ella, el festival funciona más como una celebración de las ideas y de la cercanía entre autores y lectores.
“La idea del festival es la inspiración, el entusiasmo que da una fiesta literaria”, asegura. “La interacción con los autores internacionales y nacionales con los que muchas veces uno no tiene el momento para compartir”.
Las entradas para los conversatorios principales tendrán un costo de RD$2,900 por el festival completo, además de opciones por sesiones matutinas y vespertinas a precios más bajos: Entre RD$300 y RD$800.
Las actividades en universidades, Centro Cultural Banreservas y en el Centro Cultural de España serán gratuitas.
Esa cercanía es, precisamente, uno de los elementos que más le interesa defender. Después de cada conversatorio habrá firmas de libros y encuentros informales con los escritores. La intención es desmontar la idea del autor inaccesible.
“Yo quisiera que la gente, y sobre todo los jóvenes, no vea a los escritores como algo inalcanzable que están allá arriba. Están ahí y tú puedes ser uno de ellos”.
Detrás de esa visión también existe un objetivo mayor: posicionar a República Dominicana como un centro de pensamiento y diálogo cultural en el Caribe. Para Del Risco, el país tiene las condiciones para lograrlo y recuperar una tradición intelectual que históricamente conectó la isla con figuras como Hostos o José Martí.
“Volvamos a ser un centro de pensamiento aquí en República Dominicana”, dice. “Eso es lo que un festival puede aportar”.
Esa aspiración ha encontrado aliados importantes. El festival cuenta con apoyo público y privado, incluyendo al Ministerio de Turismo y al Clúster Turístico de Santo Domingo, que ve en “Mar de palabras” una oportunidad para impulsar un turismo cultural más allá de los monumentos y cruceros.
“Ellos tienen la visión de expandir la Ciudad Colonial, no solamente al turismo de barcos y monumentos, sino que se abra a un turismo más intelectual y de pensamiento”, explica Del Risco. “Creemos que es la unión perfecta para que esto se convierta en un hub del pensamiento”.
En un contexto dominado por redes sociales, reels y contenidos cada vez más rápidos, Minerva tiene claro cuál es el mayor desafío para la literatura y para los festivales culturales: recuperar la conversación.
“Que podamos volver a conversar. Que la conversación sea el centro del pensamiento y de las ideas”, afirma. “Hay que mirar hacia otros lugares, porque el mundo es diverso”.
Y aquí reside precisamente la fuerza de “Mar de palabras”: en convertir la literatura no solo en un espacio para leer, sino también para escuchar, debatir, descubrir y volver a encontrarse con los otros.
Internacionales:David Toscana, Alma Delia Murillo, Jorge Volpi, Carlos Granés, Andrés Neuman, Piedad Bonnett, Laura Restrepo, Manuel Vilas, Dolores Reyes, Leandro Pérez, Berna González Harbour, Xavi Ayén, Antonio Sáez Delgado, Claudia Neira Bermúdez, Carmina Estrada, Rodrigo Fuentes, Cezzane Cardona, Claudia Piñeiro, Ricardo Gil Lavedra, Karina Sainz Borgo, Cristina Bendek, Óscar Martínez, Pedro Cabiya, Jorge Comensal, Yvonne Denis Rosario, Jorge Perugorría, Jhak Valcourt, Carlos Fonseca, y el analista estadounidense Michael Shifter.
Nacionales:Soledad Álvarez, José Mármol, Minerva del Risco, Basilio Belliard, Jochy Herrera, Yulissa Álvarez Caro, Carlos García Lithgow, José Antonio Rodríguez, Flavio Darío Espinal, María José Rincón, Aníbal de Castro, José Enrique Delmonte y Manuel García Cartagena. También Priscilla Velásquez, Pablo Gómez Borbón, Marivell Contreras, Miguel Yarull, Ysidro García, Angélica Noboa, Jarouska Cocco, Frank Báez y JP Infante, Gabriela Llanos, Camilo Venegas, Racso Morejón, Alfonso Quiñones, Alejandro Aguilar y Alberto Garrido.
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, resaltó que en 2020 la capacidad instalada de energías renovables no convencionales en la República Dominicana era de 555 megavatios y que actualmente supera los 2,000 megavatios gracias a 38 proyectos solares y eólicos en operación.
Durante su participación en la sexta edición del evento REM: Recursos Energéticos y Mineros, organizado por la revista Factor de Éxito bajo el lema “Conectando Infraestructura, Energía y Minería para la Competitividad 2030”, añadió que otros 25 proyectos están en desarrollo y aportarían al menos 2,000 megavatios adicionales hacia 2028.
Según Santos, la meta oficial es alcanzar un 30 % de energía renovable inyectada al sistema eléctrico y proyectó que el país podría llegar al 50 % en los primeros años de la próxima década si se fortalecen los sistemas de almacenamiento energético.
En ese sentido, explicó que el Gobierno impulsa una estrategia para incorporar entre 800 megavatios y un gigavatio de capacidad de almacenamiento para estabilizar el sistema eléctrico y aprovechar mejor la energía renovable.
También mencionó el proyecto Hostos, una iniciativa privada que busca conectar eléctricamente a República Dominicana con Puerto Rico mediante un cable submarino, que de mantenerse el cronograma previsto, la interconexión podría entrar en operación entre 2031 y 2032, permitiendo incluso exportar energía hacia la isla del encanto.
Aseguró que uno de los principales retos de la República Dominicana frente a la guerra que persiste en el Medio Oriente es continuar diversificando su matriz energética para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
En ese sentido, indicó que el Gobierno ha puesto énfasis en el desarrollo de las energías renovables, estrategia que, según afirmó, ya permite que cerca del 25 % de la energía del país provenga de fuentes renovables.
Dijo que esta diversificación energética ha contribuido a que la población no haya sentido con mayor intensidad el impacto del aumento de los costos internacionales de la energía.
Asimismo, reconoció que el subsidio al sector eléctrico continúa siendo un desafío, aunque afirmó que el Gobierno trabaja para hacer el sistema más eficiente mediante inversiones en redes de distribución y transmisión.
El funcionario reiteró que tanto el sector energético como el minero son pilares fundamentales para la economía dominicana, especialmente en momentos en que las economías mundiales enfrentan tensiones y volatilidad.
En el caso de la minería, señaló que su aporte resulta clave para fortalecer la entrada de divisas y mantener el equilibrio económico del país.
Santos indicó que uno de los principales cambios en la economía mundial es que el sector energético ya no puede crecer al mismo ritmo de la economía, sino que debe ir por delante para garantizar las inversiones futuras.
Explicó que la República Dominicana busca duplicar el tamaño de su economía hacia 2036 y que eso obligará a expandir la capacidad energética antes de que lleguen nuevas industrias de alto consumo eléctrico, como centros de datos, semiconductores y proyectos mineros.
El ministro destacó que la estrategia gubernamental ha consistido en facilitar las inversiones privadas para aumentar la generación eléctrica y reveló que el país prevé sumar más de 2,000 megavatios de generación termoeléctrica hacia 2028.
En materia minera, Santos defendió el aporte del sector a la economía dominicana y recordó que los minerales representan el principal producto de exportación del país, con más de 2,600 millones de dólares.
El funcionario sostuvo que la minería moderna ha cambiado radicalmente y que actualmente depende de altos niveles de tecnología y consumo energético.
Asimismo, reconoció que existe un reto comunicacional para explicar a la población el impacto de la minería moderna y desmontar percepciones negativas sobre la actividad extractiva.
Santos señaló que el Gobierno trabaja en modificaciones a la legislación minera y energética para actualizar las normativas frente a los cambios tecnológicos, ambientales y sociales.
También defendió el papel de la minería como un sector contracíclico, al asegurar que ayuda a sostener la economía en momentos de crisis internacionales debido al aumento en los precios de los metales.
Además, aseguró que en 2024 los ingresos mineros permitieron compensar parte de las necesidades fiscales del Gobierno, tras pasar de 18,000 millones de pesos a 45,000 millones de pesos.
El ministro dijo que la diversificación económica es una de las principales fortalezas de la República Dominicana y llamó a continuar impulsando un sector energético capaz de anticiparse a las necesidades futuras y una minería que contribuya al crecimiento económico respetando el medio ambiente y beneficiando a las comunidades.
La actividad, celebrada en el Hotel Intercontinental de Santo Domingo, contó además con la participación de Jon Macías, especialista internacional en sostenibilidad y descarbonización; Mónica Infante, gerente general de Manzanillo Gas & Power; Roberto Herrera; Germán Pujol, director de ingeniería y comercialización de CEPM; Roberto Torres, gerente general para la región Caribe de Schneider Electric; Óscar San Martín, gerente general de CEPM; Tony Da Silva Romero, consultor; Raniero Cassoñi, politólogo; y Andrés Astacio, superintendente de Electricidad.
Una mancha rompe el verdor del valle y el paisaje montañoso de Constanza, un municipio con un clima envidiable y enclavado a 1,164 metros sobre el nivel del mar, conocido turísticamente como “la Suiza del Caribe”.
Se trata del vertedero, convertido desde hace más de una década en uno de los principales dolores de cabeza para las autoridades municipales, que han intentado sin éxito encontrar una solución definitiva al problema.
El botadero está ubicado a la salida del pueblo, en la carretera hacia la región sur. Se encuentra a unos tres kilómetros del centro de la ciudad y a 900 metros del sector más cercano, conocido como El Arenazo. Sus residentes sufren las consecuencias cada vez que la basura se incendia.
Según Francisco Antonio Marte, alcalde de Constanza, sin incluir los desechos generados por las empacadoras agrícolas e invernaderos, cada día se vierten unas 100 toneladas de basura provenientes del municipio, así como de los distritos municipales de Tireo y La Sabina.
“Ese vertedero es un foco de contaminación para el municipio de Constanza, ya que la humareda y el mal olor son insostenibles”, reconoce el alcalde. Cita también que en los alrededores hay villas turísticas afectadas por la situación.
El vertedero está a alrededor de 500 metros de la carretera que conduce al santuario del Divino Niño, uno de los puntos más visitados del municipio, por su vista panorámica hacia el centro del pueblo y a las montañas de Valle Nuevo.
Marte señala que técnicos del Fideicomiso DO Sostenible, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y el Ministerio de Medio Ambiente han realizado evaluaciones, pero que todavía no existe un proyecto definido.
Además, explica que los terrenos son privados y se utilizan mediante un contrato anual, lo que impide realizar inversiones gubernamentales permanentes.
Además, recalca el edil, quien, además plantea que los fondos para manejar los desechos son inalcanzables. En ese sentido, el alcalde llama a los munícipes y al país en general a colaborar con el manejo de los desechos sólidos.
Pero existe otro problema que podría convertirse en una bomba de tiempo: el depósito está ubicado en una pendiente cercana a una cañada, lo que facilitaría que los lixiviados lleguen hasta Arroyo Hondo, afluente directo del río Al Medio, que desemboca en la presa de Sabana Yegua, un embalse que suministra agua potable al municipio de Bohechío, en San Juan y a otras comunidades de la región sur.
De llegar los lixiviados al río, el daño ambiental sobre ese afluente y la presa podría ser parecido al provocado por el vertedero de Duquesa sobre los ríos Isabela y Ozama, en Santo Domingo.
Mediante una toma aérea, Diario Libre verificó que parte de los desechos caen en una cañada que desemboca directamente en Arroyo Hondo.
En el 2017, la Alcaldía de Constanza firmó un acuerdo con una universidad privada para construir un muro y convertir en abono orgánico los desechos provenientes de invernaderos y empacadoras agrícolas, pero el proyecto no prosperó.
En agosto del año pasado, el Concejo de Regidores de Constanza aprobó la Resolución 19-2025, mediante la cual se crea una mancomunidad, junto con otras comunidades, para el manejo de los desechos sólidos. La iniciativa busca “optimizar recursos, fortalecer las capacidades técnicas, mejorar la planificación y dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente”.
La situación de Constanza es similar a la que enfrenta Jarabacoa, donde el vertedero de Buena Vista mantiene preocupada a la comunidad, debido a los constantes incendios.
El caso de Constanza, refleja la odisea gubernamental para erradicar los vertederos a cielo abierto, los cuales emiten alrededor de 1.2 millones de toneladas de metano (CH) al año, según un estudio realizado en 2022 por el Consejo Nacional para el Cambio Climático.
Para el 2021, el país tenía 240 vertederos a cielo abierto, de los cuales 235 operaban sin cumplir estándares locales o internacionales para el manejo adecuado de los residuos.
En 2023, el presidente Luis Abinader se trazó la meta de eliminarlos para el 2027. Sin embargo, hasta julio del 2025, el Fideicomiso DO Sostenible solo había ejecutado el cierre técnico de 20 vertederos, equivalente a 6.6 por año, lo que, matemáticamente, dificulta cumplir la meta.
Otro obstáculo ha sido la controversia en torno a la Ley 98-25 sobre Manejo de Residuos Sólidos, promulgada en diciembre del 2025, apenas cinco años después de la aprobación de la Ley 225-20, que otorgaba al Gobierno herramientas y recursos para erradicar los botaderos.
La nueva legislación establece un aumento en las cuotas que deben pagar las empresas, calculadas en proporción a los impuestos reportados. Los recursos serían destinados al fortalecimiento del tratamiento de los desechos; no obstante, sectores afectados denunciaron que el aporte representa una carga excesiva.
Ante las críticas, el cobro de la cuota fue suspendido hasta que la normativa sea modificada nuevamente en el Congreso Nacional. Entre consultas sectoriales, análisis en comisiones y aprobación en ambas cámaras legislativas, el proceso podría extenderse por hasta el 2027.
