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Las juntas de vecinos no podrán utilizar drones ni cámaras para vigilar la vida privada de los residentes ni exponer en redes sociales a propietarios morosos mediante la difusión pública de sus deudas, según estableció el Tribunal Constitucional (TC) en una sentencia que fija los límites de esas prácticas en los residenciales del país.
El criterio fue fijado al conocer un recurso relacionado con el Residencial Estrella Marina, en La Romana, donde un grupo de propietarios impugnó la elección de la directiva de la Junta de Vecinos (Juvrem) y varias medidas adoptadas para cobrar las cuotas de mantenimiento.
Entre esas medidas figuraban impedir a los propietarios con atrasos en el pago de las cuotas de mantenimiento utilizar la casa club, obligarlos a levantar manualmente la barrera de acceso al residencial y publicar sus nombres e imágenes en redes sociales. También denunciaron la instalación de una central de monitoreo con cámaras y drones que, según alegaron, vigilaba el interior de las viviendas.
Al examinar esas actuaciones, el TC concluyó que la publicación en redes sociales de audios, videos y fotografías de propietarios con atrasos en el pago del mantenimiento, así como la utilización de cámaras y drones para vigilar su vida personal, son "contrarias al derecho fundamental a la intimidad", porque implican "una exposición pública que menoscaba el buen nombre y la honra de las personas afectadas, así como una indebida intromisión en su vida privada".
La sentencia TC/0684/26 añade que hacer públicas las deudas de mantenimiento resulta contrario a los derechos a la intimidad, al honor y al buen nombre cuando esa información "trasciende la esfera personal o familiar del deudor" y puede ser conocida por terceros, excediendo "lo estrictamente necesario en el marco de un aviso interno razonable dirigido a los condómines".
No obstante, el Tribunal precisó que informar sobre las deudas dentro del propio residencial no constituye, por sí mismo, una violación de derechos fundamentales, siempre que se trate de una deuda cierta y exigible, que no esté siendo discutida en los tribunales y que la información responda al interés común de los condómines.
En ese sentido, reiteró que la colocación de avisos de deuda en las instalaciones del edificio no vulnera el derecho a la intimidad cuando solo comunica un hecho cierto relacionado con las obligaciones comunes del condominio.
Recordó que estos equipos cumplen una función legítima cuando vigilan accesos y espacios compartidos para reforzar la seguridad, pero dejan de ser constitucionales cuando apuntan hacia las viviendas o permiten monitorear la vida cotidiana de sus ocupantes.
Al aplicar esos criterios al caso de Estrella Marina, el Tribunal concluyó que la difusión de deudas mediante redes sociales "desborda el ámbito de su potestad legítima", ya que las juntas de vecinos solo pueden informar "de manera exclusiva" a los demás propietarios sobre las obligaciones comunes y los recursos destinados a financiarlas.
Asimismo, determinó que la utilización de cámaras y drones para vigilar a los residentes "constituye una injerencia indebida a la esfera de la vida privada de los propietarios", por lo que ordenó a la Junta de Vecinos cesar esas prácticas y abstenerse de implementarlas en el futuro.
La decisión del TC se suma a las restricciones que ya contempla la legislación aeronáutica para el uso de drones en el país. La Ley 491-06 sobre Aviación Civil y el Reglamento Aeronáutico Dominicano (RAD 107) regulan la operación de estas aeronaves desde la perspectiva de la seguridad operacional y establecen limitaciones sobre dónde y cómo pueden ser utilizadas.
Entre otras disposiciones, esa normativa prohíbe operar drones sobre personas ajenas a la actividad, salvo excepciones específicas, y sanciona el vuelo dentro de un radio de 400 pies (unos 122 metros) de una estructura sin el permiso correspondiente del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC). También prevé multas, suspensión e incluso la cancelación de la licencia o permiso del operador para quienes incumplan esas reglas.
Aunque los Estados Unidos ha incluido a la República Dominicana por tercera vez dentro de los países que deberán pagar aranceles —en esta ocasión, de un 12.5 % por la falta de un protocolo previo para frenar la importación de productos derivados del trabajo forzoso— las autoridades dominicanas mantienen una comunicación directa con sus homólogos estadounidenses y confían en conseguir “el arancel más bajo” para el país.
“Estoy convencido de que la República Dominicana va a terminar muy bien, sin perder un ápice de competitividad”, garantizó el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón.
Planteó que este nuevo arancel está motivado por una búsqueda de Estados Unidos de que sus socios comerciales mejoren sus prácticas en torno a la prevención del trabajo forzoso, mientras sostiene la política arancelaria que la administración del presidente Donald Trump ha defendido con firmeza.
Sanz Lovatón precisó que casi el 40 % de los productos que se exportan al gigante norteamericano está exento de ese 12.5 % de arancel, gracias a que el país mantiene una matriz exportadora diversificada y que es socio signatario del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta), lo que amortigua el impacto de esas tasas.
Para el funcionario, una muestra de eso es cómo el sector exportador dominicano ha mantenido su tendencia de crecimiento, a pesar de la coyuntura arancelaria que se ha prolongado desde abril del 2025.
Y es que, en el primer semestre de este año, las exportaciones dominicanas acumularon 7,897.8 millones de dólares, para un crecimiento del 14 %, en línea con el desempeño del cierre del año pasado, cuando el sector reportó un aumento de 11.3 %, con 14,374 millones de dólares en 2025.
“Lo primero es admitir que no hemos perdido competitividad; ahora, lo segundo es estar vigilantes para que, en ningún momento en el futuro, la podamos perder”, declaró Sanz Lovatón.
El ministro dejó claro que, en la actual coyuntura, las autoridades dominicanas han apelado a seguir manteniendo el intercambio comercial con los Estados Unidos.
Es esa vinculación —la cual definió como “cardinal” para la economía dominicana— la que requiere, de parte del Gobierno, actuar “con mucha sensatez” y ha hecho que otras alternativas bajo análisis —como aplicar la reciprocidad en el tema arancelario— estén fuera de la mesa.
“La relación entre los Estados Unidos y la República Dominicana es una relación estratégica y vital. El 60 % de nuestras exportaciones están dirigidas allí, son los principales emisores de turistas, son también donde viven la mayoría de nuestros conciudadanos que viven en el exterior, que, a su vez, nos mandan más de 10,000 millones de dólares consistentemente en remesas. Tenemos que actuar con mucha sensatez y no poner la carreta delante de los caballos”, comentó.
En tanto que, el Poder Ejecutivo emitió el decreto 502-26 para fortalecer el marco institucional que ya tiene el país en materia constitucional, laboral, penal y aduanero, para prohibir el trabajo forzoso.
El decreto 502-26 refuerza y operacionaliza las facultades aduaneras para la identificación y gestión de mercancías, productos y bienes potencialmente elaborados mediante trabajo forzoso, a la vez que mejora la posición dominicana dentro de la discusión sobre las medidas comerciales actualmente vigentes.
Al preguntarle a Eduardo —Yayo— Sanz Lovatón sobre cuál de los dos temas, entre el precio de los combustibles o el arancelario, ha sido más difícil de manejar durante su gestión al frente del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, no duda en responder que el primero, debido al impacto que implica el incremento del costo de los hidrocarburos para la inflación.
Sanz Lovatón destaca el “esfuerzo descomunal” por parte del Gobierno dominicano para contener el costo de los combustibles, señalando que hasta la fecha se han destinado casi 25,000 millones de pesos en subsidio a los derivados del crudo.
“A esta altura del año (el subsidio) es prácticamente dos veces y medio lo que se había presupuestado y eso ha sido un inmenso trabajo. El trabajo nuestro es proteger lo más que podamos a la gente”, sostiene el titular de Industria, Comercio y Mipymes.
Sobre el tema, el funcionario adelanta que trabajan, junto con el sector privado y sindical, una revisión profunda de la Ley de Hidrocarburos para hacerle una propuesta al país que se adapte a los tiempos actuales.
“Esta crisis, que no había manera de predecir, nos ha dado grandes lecciones y creo que se pueden incorporar en una propuesta que estaremos lanzando al país sobre la modificación a la Ley de Hidrocarburos”, afirma, al tiempo que señala que la legislación tiene más de 20 años de aprobada.
El mundo enfrenta una “inundación” de productos de fabricación china, una situación a la cual no escapa la República Dominicana, pero que el titular de Industria, Comercio y Mipymes afirma es combatida desde la actual gestión de Gobierno, al igual que posibles inversiones de esa nación en el país, estas últimas mediante prohibiciones por decreto.
Sin embargo, Eduardo –Yayo– Sanz Lovatón sostiene que para comprender la magnitud del problema que representa el comercio ilícito chino, hay que “entender que la República Popular China ha tenido una política de estado dirigida a subvencionar la producción de sus industrias”.
“Occidente está compitiendo en condiciones desiguales. Todos los países están inundados de importaciones chinas, porque su matriz era exportar al mundo y para eso subvencionan sus fábricas y el mercado laboral. Durante un tiempo largo eso le encantaba al mundo, pero en los últimos años occidente ha querido corregir eso”, explica.
Apunta que economías como la estadounidense o bloques como la Unión Europea están impulsando aranceles y prohibiciones a las exportaciones de origen chino.
Resalta que, en el ámbito local, ningún gobierno había enfrentado los desbalances del comercio con la nación asiática como se ha hecho en las gestiones de Luis Abinader.
“Lo hemos atendido (el comercio chino), lo vamos a seguir atendiendo y estamos decididos (a continuar haciéndolo) y es gran parte de mi labor: proteger el aparato productivo dominicano y el comercio dominicano”, sentencia.
No obstante, el funcionario aclara que la acumulación de capital de origen chino durante los últimos 30 años no “desaparecerá de un día para otro ni tampoco conviene, sino, que lo que hemos hecho es combatir esto”.
Destaca que el Estado dominicano decidió, por decreto, prohibir la participación de empresas con capital proveniente de China en infraestructura aeroportuaria o vial.
"Eso fue un golpe muy duro. Era la alegría de esta familia, una luz; ella lo era todo para nosotros".
Con esas palabras, Ashley Pérez describió a su hermana Rebecca Brizard, quien falleció el pasado viernes tras someterse a una abdominoplastía practicada por un supuesto médico que, según denunciaron sus familiares, posteriormente las autoridades les informaron que era barbero.
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Rebecca era una joven emprendedora de 27 años. Era propietaria de una tienda de ropa, Fashionista RD, ubicada al lado de la vivienda donde residía junto a su familia, en el batey Palavé, Brisas del Río, perteneciente a Manoguayabo, municipio Santo Domingo Oeste de la provincia Santo Domingo.
Su hermana contó que Rebecca quería realizarse la abdominoplastia desde hacía tiempo, pero había pospuesto el procedimiento debido a otras prioridades.
Sin embargo, un día sintió que ese sueño estaba más cerca. Una conocida llegó a su tienda y, mientras conversaban, le comentó que se había operado con un doctor "muy bueno".
"Como esa conocida de mi hermana también tenía una tienda, ambas compraban mercancía al por mayor. Así fue como tomaron confianza. Ella ya estaba operada y mi hermana le preguntó dónde se había hecho la cirugía. Entonces le dijo que conocía a alguien que la había operado y ahí intercambiaron los contactos", relató.
Según Ashley, fue en ese momento cuando comenzó la travesía.
Explicó que Rebecca se comunicó por teléfono con el supuesto doctor Emanuel Hernández, quien le indicó una serie de análisis clínicos como requisito previo para la cirugía.
La joven aseguró que desconoce el monto exacto que su hermana invirtió en todo el proceso, aunque estima que superó los 300,000 pesos.
"No sé la cantidad exacta, pero fueron más de 300 mil pesos porque mi hermana compró muchas cosas. Además, todos sus análisis salieron bien; todo estaba excelente y solo faltaba la fecha de la operación", recordó.
Con pausas, Ashley narró que Rebecca estaba muy entusiasmada con el procedimiento.
"Ella estaba feliz. Incluso compró todo lo que le indicaron y el doctor le dijo que, cuando se acercara la fecha de la cirugía, le explicaría dónde la iba a operar, porque trabajaba en varios centros", contó.
También recordó que, días antes del procedimiento, Rebecca informó al supuesto médico que tenía dos hernias. Según explicó, este le respondió que aprovecharía para hacer un "dos en uno": practicar la abdominoplastia y corregir las hernias.
"Él le dijo: 'Yo te opero la hernia y hacemos la otra operación; así son dos en uno'. Ella me comentó que ya había resuelto todo y que estaba lista; lo único que le faltaba era saber en cuál clínica sería la operación", dijo.
Aunque la cirugía estaba programada para el viernes, Ashley explicó que hasta el miércoles su hermana todavía no había recibido la dirección del centro donde sería intervenida.
Fue el jueves cuando el supuesto doctor le envió la ubicación de la Clínica de Obesidad y Anti-Envejecimiento Dra. Griselda Basora, ubicada en Santo Domingo Este. Según le explicó, la operarían allí porque en los demás centros donde trabajaba no había quirófanos disponibles.
La familia indicó que Rebecca fue citada para presentarse a las 4:00 de la madrugada y acudió acompañada de su esposo, Oscar.
"Le dije que me enviara la ubicación para ir durante mi hora de almuerzo, pero no le dio tiempo de mandármela. Fue mi cuñado quien me la envió. Él recibió la dirección muy tarde, porque el doctor le dijo que debían llegar a las cuatro de la mañana para comenzar la operación a las cinco", explicó.
"Mi mamá me llamó llorando y me dijo que Rebecca estaba mal. Cuando llegué al lugar, el 'doctor' solo dijo: 'Lo siento, pero yo me hago responsable'", recordó.
No obstante, afirmó que, mientras la familia intentaba auxiliar a Rebecca e indagar sobre lo ocurrido, el supuesto médico huyó del lugar tras saltar una pared.
Ashley relató que, al llegar a la dirección, lejos de encontrar un centro médico, se encontró con una vivienda y un portón.
"Le pedí a mi cuñado que me enviara la ubicación directamente. Eso es una casa. Tiene un portón y, encima de la supuesta clínica, hay una iglesia. El portón es blanco y el letrero está colocado por dentro; desde afuera nadie lo ve. Frente a la casa hay un colmado. Es una vivienda normal, con marquesina, sala, antesala y habitaciones que ellos convirtieron en una clínica", relató.
Añadió que, tras abrir el portón, encontró una pequeña habitación que funcionaba como clínica bajo condiciones que calificó de deplorables.
Ashley explicó que la familia desconocía que el hombre que realizó la cirugía no era realmente un especialista. Dijo que lo descubrieron cuando, en medio del proceso de denuncia, las autoridades sanitarias les informaron que Emanuel Hernández era, en realidad, un barbero.
Los familiares también aseguraron que la propietaria de la clínica, Griselda Basora, ginecobstetra de profesión, estuvo presente el día de la cirugía de Rebecca. Sin embargo, sostienen que se limitó a ofrecer explicaciones y que, desde entonces, no se ha comunicado con ellos.
Indicaron que, tan pronto ocurrió el hecho, presentaron la denuncia ante la Fiscalía de Santo Domingo Este.
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Ashley recordó que Rebecca era el pilar de la familia. Su mayor sueño era que su madre, Sonia Thousand, pudiera dejar de trabajar; por esa razón dedicaba cada vez más esfuerzo a fortalecer su negocio.
Hoy, el local donde levantó su emprendimiento permanece en silencio. Atrás quedaron los planes de seguir haciendo crecer su tienda, el anhelo de que su madre dejara de trabajar y el sueño de ayudar a sus hermanas a tener sus propios negocios.
En su hogar, el mayor vacío lo sienten sus tres hijos, quienes aún esperan el regreso de una madre que salió en busca de cumplir un deseo personal y nunca volvió. Mientras sus familiares exigen justicia, el recuerdo de la joven emprendedora permanece vivo entre quienes la describen como la luz que mantenía unida a su familia
El Estado es uno de los tres principales empleadores del país, pero no sabe cuántos trabajadores realmente tiene. La razón: no hay una interconexión entre las instituciones públicas para contarlos. Ante esto, el Ministerio de Administración Pública (MAP) desarrolla una auditoría presencial, en terreno, para verificar si son todos los que están y todos los que son.
En la Tesorería de la Seguridad Social, la Administración Pública ronda los 700,000 cotizantes. Pero el ministro del MAP, Sigmund Freund, no extrapola esa cifra como el total de trabajadores.
“No son 780,000, son menos. ¿Qué tantos? Tampoco te lo puedo decir”, dijo Freundayer a un grupo de editores y ejecutivos de medios de comunicación con quienes pasó revista a sus dos años frente al MAP.
Informó que cuando terminen un sistema de integración de las planillas del personal estatal, la desconexión institucional se subsanará, al menos en las entidades que abarca.
Mientras eso transcurre, tres firmas de auditores auscultan las nóminas públicas. El levantamiento se prevé concluir a diciembre de este año.
Y como empleador, el propio Estado evalúa su clima organizacional. Según Freund, hay inconformidad por las condiciones laborales. También por las distorsiones en la escala salarial, atada a una ley de salarios que no se ha actualizado. Así un ministro de Estado gana menos que otro funcionario de igual valía, pero se debe conformar con un sueldo congelado.
Las ventas de aire acondicionado han aumentado en la República Dominicana tras el impacto de las altas temperaturas generadas en el país.
De acuerdo a varios comercios consultados por este medio dentro de los aires acondicionados de mayor demanda se destacan los de 12,000 y 18,000 BTU, cuyos precios oscilan entre 20,000-30,000 pesos y 60,000 pesos respectivamente.
Tiendas como La Sirena de la avenida Winston Churchill, ComfortStar y Plaza Lama de la 27 de Febrero, afirmaron tener mayor demanda por parte de los ciudadanos que de las empresas.
Sin embargo, otros comercios indicaron que sus ventas han disminuido, como el caso de Rubiera Refricentro, quien destacó que las mismas han caído en alrededor de un 20 %.
Los vendedores consultados coincidieron en que las mayores ventas se realizan vía tarjetas de crédito en comparación con el efectivo, y que los consumidores aprovechan las ofertas, los descuentos, cashback y las facilidades de financiamiento existentes.
Destacaron que han tenido que aumentar el inventario de sus ventas para responder a la demanda actual de aires acondicionados, incrementando las solicitudes de instalación.
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informó a través de su cuenta de Instagram que este miércoles predominaría un ambiente caluroso y de pocas nubes en gran parte del territorio nacional.
En los últimos días, la institución ha destacado la influencia del polvo del Sahara en nuestro territorio cuyo desempeño eleva las altas temperaturas o calor.
Los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, rindieron cuentas ayer miércoles de la labor legislativa del último año destacando miles de horas de trabajo, centenares de sesiones e iniciativas aprobadas.
Sin embargo, pese al volumen de proyectos conocidos por ambas cámaras, solo 58 leyes completaron el proceso legislativo al ser promulgadas por el presidente Luis Abinader.
Durante la rendición de cuentas, el Senado informó que recibió 765 iniciativas y aprobó 416, de las cuales 122 correspondieron a proyectos de ley. La Cámara de Diputados, por su parte, aprobó 1,173 iniciativas, de las que 46 fueron proyectos de ley.
No obstante, la producción legislativa que culminó con la entrada en vigor de nuevas normas quedó reflejada en 58 leyes promulgadas por el Poder Ejecutivo, entre ellas reformas como la Ley de Contrataciones Públicas, el Código Procesal Penal, la creación del Ministerio de Justicia, la Ley de Bien de Familia, la Ley de Inteligencia (DNI), la Ley de Alertas RD para desaparecidos y otras iniciativas de alcance institucional.
En el grupo de proyectos de ley aprobados se mencionó la normativa que modificó algunos artículos del nuevo Código Penal que, tras cursar solo unos días en el Congreso, fue aprobada por mayoría de votos.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, defendió la aprobación del nuevo Código Penal frente a las críticas de que la iniciativa fue sancionada de manera apresurada.
De los Santos rechazó los señalamientos que calificaron el proyecto como “sancochado” y sostuvo que la reforma original, aprobada hace un año, acumuló cerca de tres décadas de discusión en el Congreso Nacional.
“Se nos ha acusado de sancochar ese proyecto, de aprobarlo sin los estudios necesarios, pero ese proyecto lleva tres décadas en el Congreso”, expresó.
El senador afirmó que algunos de los legisladores que participaron en la discusión “aún no habían nacido” cuando la iniciativa llegó al Congreso, como forma de enfatizar el tiempo que permaneció pendiente de aprobación.
Además de las leyes, gran parte de la actividad legislativa estuvo compuesta por resoluciones aprobatorias de acuerdos internacionales, declaraciones conmemorativas, reconocimientos y otros actos propios de la función congresual, que forman parte del volumen de iniciativas tramitadas durante la legislatura.
En su rendición de cuentas, Ricardo de los Santos sostuvo que el Senado celebró las 60 sesiones ordinarias convocadas y atribuyó los resultados de las aprobaciones al consenso alcanzado entre las distintas fuerzas políticas.
Pacheco, en tanto, destacó las más de 1,200 horas de trabajo desarrolladas por la Cámara de Diputados y aseguró que esas labores permitieron transformar las necesidades identificadas en propuestas legislativas.
Ambos coincidieron en presentar el período recién concluido como uno de los de “mayor actividad del Congreso Nacional”.
Las exportaciones de zonas francas de la República Dominicana hacia Haití cayeron un 28.5 % durante el primer semestre de 2026, con los productos de origen textil sufriendo la mayor reducción, aunque ese descenso fue contrarrestado por las ventas del régimen nacional, que creció un 39.4 %.
La baja en las ventas al mercado haitiano por parte de las zonas francas locales es atribuida a la situación de inestabilidad que sufre el vecino país, a juicio del ministro de Industria, Comercio y Mipymyes (MICM), Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón.
La caída estuvo impulsada por las exportaciones de t-shirts y camisetas interiores (-36.2 %), otros tejidos de algodón (-57.3 %); los trapos, cordeles, cuerdas y cordajes, de materia textil (-28.9 %), y los tejidos de algodón de peso superior a 200 gramos por metro cuadrado (-46.2 %), de acuerdo con los registros de la Dirección General de Aduanas (DGA).
En términos absolutos, las exportaciones de zonas francas hacia el vecino país sumaron 99.1 millones de dólares en los primeros seis meses de este año, un monto que implica una reducción de 39.6 millones con relación al período enero-junio de 205.
“El problema de las exportaciones a Haití es que en ese país hay problemas de seguridad que no son predecibles. El mercado en Haití actualmente es volátil, no tiene mucho que ver con HOPE/HELP, simplemente amaneces un día con una región del país por la que no se puede pasar”, explicó Sanz Lovatón.
El funcionario afirmó que hasta que en el vecino país no haya un proceso viable de Gobierno y comercio “estaremos viendo estos vaivienes”, aunque aclaró que estas reducciones son cíclicas.
En cambio, productos de zonas francas como el tabaco, artículos confeccionados, los tejidos de algodón de peso inferior o igual a 200 gramos por metro cuadrado y las etiquetas de todas clases: de papel o cartón, incluso impresas, lograron crecimientos de entre un 17.3 % y 12,675 % durante el primer semestre de 2026 e igual período del año pasado.
En cambio, las exportaciones nacionales hacia Haití lograron contrarrestar la caída sufrida por las de zonas francas, registrando una expansión de 39.4 % entre enero y junio de este año, según los datos de la DGA.
La venta de productos al vecino país, pertenecientes a ese régimen, alcanzaron los 521.7 millones de dólares, un aumento de 147.4 millones con relación el primer semestre del año anterior.
En términos absolutos, los artículos vinculados a la construcción: las barras de hierro y el cemento fueron los que mayor aporte realizaron al crecimiento de las exportaciones nacionales hacia Haití, con 41.4 millones de dólares y 19.2 millones, respectivamente.
El aceite de palma y sus fracciones (13.9 millones de dólares), preparaciones para salsas y salsas preparadas (7.8 millones), artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas (7.3 millones), harina de trigo o de morcajo (6.2 millones) figuran entre los productos nacionales que más se enviaron hacia el citado país entre enero y junio pasado.
A propósito de la denuncia de la Sociedad Dominicana de Emergenciología (Sodoem) sobre el congestionamiento en las áreas de emergencia debido a la presencia de agentes que gestionan certificados médicos para personas detenidas, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, sostuvo que se trata de un procedimiento establecido que los oficiales deben cumplir.
De acuerdo con el vocero, esta disposición se aplica desde hace muchos años y establece que ningún detenido puede ser ingresado a un destacamento policial sin contar previamente con un certificado médico.
Explicó que el procedimiento responde, además, al deber de garantizar la integridad de la persona detenida, ya que verificar su estado de salud permite evitar inconvenientes posteriores y proteger tanto al ciudadano como a los agentes actuantes.
“Eso es una norma y un estado legal, porque si la persona que detuvieron tiene una herida, puede alegar que se la hizo un policía. Los certificados médicos son con esos fines y son procesos que se deben agotar”, expresó.
En ese sentido, argumentó que, aunque una persona sea detenida únicamente para fines de investigación, es necesario contar con un documento que certifique su condición de salud.
Asimismo, indicó que, pese a las quejas expresadas por los emergenciólogos, el proceso de obtención de certificados médicos debe cumplirse.
“Pero es que también ellos (los emergenciólogos) deben hacerlo porque ese es su trabajo”, afirmó.
Declaraciones similares ofrecieron agentes policiales asignados a distintos destacamentos de Santo Domingo.
Un agente consultado explicó que, cuando una persona es detenida, es trasladada al hospital más cercano para ser evaluada y recibir el certificado médico correspondiente.
Indicó que, cuando se realizan redadas, el protocolo varía. En esos casos, primero se lleva a cabo un proceso de depuración para determinar cuáles personas poseen antecedentes penales y cuáles no.
Posteriormente, quienes permanecen en calidad de detenidos son trasladados a un centro de salud para obtener el certificado médico.
El policía, quien pidió mantener su identidad en reserva, explicó que en el cuartel no admiten a ningún detenido sin ese documento, debido a que constituye una garantía tanto para los agentes como para la persona bajo custodia.
“Porque, por ejemplo, si detenemos a una persona que estaba siendo atacada por otro grupo o por comunitarios, ya sea porque cometió un robo o por cualquier otra situación, esa persona puede tener golpes. Si la traemos aquí sin un examen médico, luego sus familiares o él mismo pueden alegar que las heridas se produjeron en el cuartel”, señaló.
Asimismo, aseguró que los certificados médicos quedan anexos al expediente del detenido y que, en ocasiones, son requeridos por el Ministerio Público cuando se realizan traslados.
Respecto a la supuesta “presión” denunciada por los emergenciólogos, el agente afirmó que el protocolo consiste en esperar el turno correspondiente.
“En las emergencias hay un orden. Uno llega con el detenido y espera”, dijo.
En contraste con estas declaraciones, la Sociedad Dominicana de Emergenciología (Sodoem) advirtió este miércoles que los operativos policiales han provocado que las áreas de emergencia permanezcan abarrotadas de personas detenidas, lo que dificulta el acceso oportuno al servicio para pacientes en condición delicada.
Según la entidad, en algunas ocasiones los agentes ejercen presión para que los especialistas emitan los certificados médicos con mayor rapidez.
Asimismo, defendió la clasificación de los pacientes mediante el sistema de triaje, al señalar que este establece el orden de atención de acuerdo con la gravedad de cada caso.
Mientras la Policía Nacional sostiene que el certificado médico constituye una garantía legal para proteger tanto a los agentes como a las personas detenidas, los emergenciólogos insisten en que el procedimiento, tal como se aplica actualmente, contribuye al congestionamiento de las áreas de emergencia, por lo que proponen habilitar consultorios exclusivos para la evaluación médica de personas bajo custodia.
Aunque ninguna ley establece de forma expresa que toda persona detenida deba contar con un certificado médico antes de ser ingresada a un destacamento policial, el procedimiento sí está contemplado en la Cartilla de Lineamientos Institucionales de la Policía Nacional, que regula las actuaciones de los agentes durante el proceso de detención.
El documento, de 2020, dispone que las personas bajo custodia sean sometidas al correspondiente examen médico legal para dejar constancia de su estado físico y evitar imputaciones infundadas contra el personal policial, una medida que, según la institución, protege tanto a los detenidos como a los agentes.
En los últimos años han ocurrido varios casos de ciudadanos fallecidos tras ser arrestados por agentes de la policía y llevados a cuarteles. Uno de los que más acaparó la atención pública fue el de David de los Santos, que murió en un hospital en 2022, luego de haber permanecido en un destacamento.
Ese año también falleció Adonis Espinal en una celda del destacamento de la Policía Nacional del sector El Ejido, en Santiago, tras ser golpeado por una multitud, porque, alegadamente, se había robado dos puertas de hierro.
En 2023, Richard Báez (el Peluquero), falleció después de ser arrestado por agentes policiales.
Entre los hechos de este 2026, está la muerte de Alejandro Arsenio Inoa, de 47 años, quien pereció en enero mientras se encontraba bajo custodia en el cuartel policial de Gurabo, en Santiago.Además, está el caso de Miguel Antonio Lucas, conocido como "Miguelito", cuyos familiares cuestionan que murió luego haber permanecido varios días en el destacamento central de la policía en San Cristóbal, donde –según un certificado médico que presentaron del Hospital Regional Juan Pablo Pinal- “no presentaba hallazgo de agresión”.
Por los casos de David de los Santos y "el Peluquero" fueron condenados agentes policiales y ciudadanos.
En un movimiento tan drástico como inesperado dentro de su sistema de fincas, los Azulejos de Toronto han cortado lazos de manera definitiva con el campocorto dominicano Manuel Beltré, quien fuera un cotizado talento por el cual desembolsaron un lucrativo bono de firma de 2.6 millones de dólares de 2021 cuando tenía 16 años, pero que nunca logró superar el nivel de Clase A Alta.
La noticia se oficializó a través del portal de transacciones de las Ligas Menores (MiLB), confirmando la liberación del infielder de 22 años. El corte puede resultar sorprendente dada la sustancial inversión económica y las elevadas expectativas que la organización de Ontario había depositado en el nativo de la República Dominicana, a quien veían en su momento como una pieza fundamental para el futuro del cuadro interior del equipo grande.
En enero de 2021, Beltré ingresó al profesionalismo como el prospecto número 24 de la clase internacional. Su perfil destacaba ampliamente no solo por sus cualidades técnicas, sino por su vasta experiencia previa representando a selecciones dominicanas y participando en torneos de alto nivel en Florida. A sus 17 años, en la Dominican Summer League, impresionó a los cazatalentos por su madurez en la caja de bateo, al registrar más bases por bolas que ponches, además de mostrar dotes de liderazgo que llevaron a la franquicia a catalogarlo como un potencial "líder de cultura" dentro del vestuario.
Hacia el año 2022, el torpedero de 5 pies y 10 pulgadas de estatura ya figuraba en el noveno puesto entre los mejores prospectos de toda la organización según MLB Pipeline. Los reportes elogiaban su disciplina en el plato, su sólido contacto y la proyección de que su fuerza evolucionaría a medida que se desarrollara físicamente.
Sin embargo, el bateador derecho no logró dar el salto cualitativo esperado con el madero. En la presente campaña con los Vancouver Canadians (sucursal Clase A Alta), Beltré registraba un promedio de bateo de .244 con 6 cuadrangulares y 25 carreras impulsadas. Su techo de poder en una temporada en las menores se congeló en esos mismos seis jonrones, una producción insuficiente para las exigencias ofensivas del béisbol contemporáneo. Tras no poder dar el salto hacia Doble-A en más de tres años, la gerencia canadiense decidió poner fin al experimento.
La liberación de Beltré y de otros peloteros en las filiales responde directamente a la necesidad de hacer espacio en el sistema de Ligas Menores tras la llegada de la nueva camada de jugadores seleccionados en el Draft de la MLB de 2026.
Toronto logró acordar términos financieros con casi la totalidad de sus seleccionados del Draft, incluyendo a su cotizada primera elección, el lanzador zurdo Cole Carlon (puesto 39 global), de quien se espera un rápido ascenso en los rangos de la franquicia. Asimismo, lograron estampar la firma del receptor de secundaria Will Brick (cuarta ronda), considerado uno de los mejores receptores de su clase, a quien amarraron con el presupuesto ahorrado en rondas posteriores.
Con la llegada de este nuevo flujo de talento novato a las filiales de los Azulejos, el tiempo se le agotó a Beltré en Toronto. A sus 22 años, el infielder dominicano pasa a ser agente libre de manera inmediata, con la libertad de buscar una nueva oportunidad en otra organización que busque apostar por recuperar el potencial que alguna vez le valió un contrato millonario.
El 17 de julio pasado el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional un anteproyecto de ley de modificación del Presupuesto General del Estado para el año en curso. El documento, que ya pasó a ser un proyecto de ley, contiene financiamiento proveniente del periodo 2025, por lo que aumenta el déficit para el periodo 2026.
Mediante el proyecto, se solicita a los congresistas que permitan incrementar el gasto en RD$40,978.3 millones. Dentro de esas nuevas erogaciones, la mitad carece de detalles y está incluida dentro de Administración de obligaciones del tesoro nacional. Esos RD$20,500 millones podrían ser usado para fines diversos. ¿Parte de ese monto sería empleado para transferencias, por ejemplo, a las distribuidoras de electricidad? La ciudadanía, al igual que los legisladores que conocieron el nuevo presupuesto, debió beneficiarse de una mayor transparencia.
El aumento de los ingresos está siendo presupuestado en RD$40,978.3 millones, exactamente el mismo monto que el incremento en el gasto. De acuerdo con los cálculos presentados por el Ministerio de Hacienda y Economía, el resultado financiero arrojaría un déficit igual al presupuestado para 2026.
Sin embargo, en el Artículo 6 del documento se solicita la autorización para el uso, como fuentes financieras, de RD$21,147.5 millones del periodo fiscal 2025. Esa cantidad de dinero es parte de la caja del gobierno. Si se pide autorización para emplear dicho monto con el fin de cubrir erogaciones del ejercicio fiscal 2026 se debe a que se necesita financiamiento.
En el mismo Artículo 6, las autoridades expresan que no van a alterar el financiamiento del ejercicio fiscal de 2026. Aquí es donde se verifica una incongruencia a la luz de las normas de finanzas públicas internacionales. Si se solicita no considerar financiamiento a una fuente financiera, surge la pregunta obligada. ¿Están incluidos los RD$21,147.5 millones en el ingreso como parte del aumento de RD$40,978.3 millones? La conclusión es evidente. Están siendo considerados como ingreso. En ese sentido, coincidimos con el análisis del economista Nelson Suárez en sus Notas Explicativas para Conocimiento Ciudadano del pasado 21 de julio.
¿Es correcto dicho tratamiento? El Capítulo 5 del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2014 del Fondo Monetario Internacional (el GFSM 2014) proporciona una definición clara de ingresos públicos. Los ingresos aumentan el patrimonio del sector público. Si una operación no lo hace, no puede considerarse un ingreso. El uso de caja, que es la reducción de un activo, no aumenta el patrimonio. Lo reduce. En consecuencia, lo correcto sería incluir solo los ingresos operativos, y reflejar el nuevo déficit fiscal y su financiamiento.
Dentro de los análisis fiscales, los ingresos corresponden a las transacciones denominadas "por encima de la línea". Lo demás es financiamiento, y cae "por debajo de la línea". El Cuadro 4A.1 del GFSM 2014 provee una explicación útil al respecto.
En resumen, por lo que se puede analizar a partir de los datos, el nuevo presupuesto incluiría RD$21,147.5 millones que corresponden a financiamiento. Tal y como fue redactado, y aprobado el proyecto de ley, se deduce que solo RD$19,830.8 millones equivalen a nuevos ingresos. En consecuencia, el déficit no permanecería igual. Como porcentaje del PIB, pasaría de 3.26% a 3.50%. De acuerdo con el presupuesto de nuevas erogaciones que ya han aprobado los legisladores, el déficit de 2026 pasaría de RD$280,575.3 a RD$301,722.8 millones.
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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).
