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El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, anunció el viernes que el Ministerio Público apelará el auto de no ha lugar dictado a favor de los exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros imputados en el presunto caso de corrupción administrativa en perjuicio del Estado.
A su salida del tribunal, Camacho criticó la decisión de la jueza Altagracia Ramírez y sostuvo que una simple lectura de la resolución evidencia una "errónea apreciación de las pruebas".
"El tribunal no valoró correctamente las pruebas. Excluyó testimonios clave de Ramón Emilio Jiménez (Mimilo), Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña, los cuales constan en las grabaciones de las audiencias y ni siquiera fueron referidos por la magistrada para fundamentar el no ha lugar", afirmó.
El procurador adjunto también cuestionó lo que consideró contradicciones en la decisión judicial y señaló supuestas irregularidades en la valoración de las evidencias presentadas contra los imputados favorecidos.
"Hablamos de un documento en el que el tribunal validó firmas de personas cuyos nombres fueron escritos letra por letra, incluyendo a personas que ya estaban fallecidas. Es evidente la contradicción en la observancia y apreciación de la prueba", enfatizó.
No obstante, valoró como positiva la decisión de llevar a juicio a la mayoría de los acusados. Indicó que, de las 40 personas físicas y jurídicas que permanecían en el proceso, 35 fueron enviadas a juicio de fondo, incluidos Donald Guerrero y el abogado Ángel Lockward.
"Treinta y cinco personas de las 40 incluidas en esta etapa han sido enviadas a juicio. Eso representa un avance importante. Aun así, el Ministerio Público apelará porque entiende que todos debieron enfrentar un juicio de fondo", concluyó.
La jueza Ramírez dictó auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Daniel Guerrero Mena, Marcial Reyes y Rosa Arias. Mientras ordenó la apertura a juicio contra Donald Guerrero, Ángel Lockward y otros imputados señalados por el órgano acusador.
La situación contractual de Robinson Canó con las Estrellas Orientales y la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) parece encaminarse hacia una vía de entendimiento, luego de que el propio jugador aclarara los rumores que sugerían un distanciamiento definitivo con el equipo de su natal San Pedro de Macorís y su llegada al béisbol mexicano invernal.
Desde México, donde se encuentra compitiendo con los Diablos Rojos de México, Canó abordó el tema y enfatizó que su prioridad sigue siendo resolver el escenario en territorio quisqueyano antes de definir cualquier otro paso en su carrera invernal.
"Yo tengo que esperar resolver mi problema en Dominicana", expresó el veterano segunda base, intentando poner fin a las especulaciones sobre supuestas fricciones con la directiva verde.
Estas declaraciones del jugador coinciden y reafirman la postura de las Estrellas Orientales.
Hace unos días, el presidente de operaciones de béisbol del conjunto oriental, Albert Pujols, reveló que ese equipo desea tener al jugador en sus filas, la próxima temporada, por lo cual le habían una buena oferta salarial.
El infielder reconoció que existieron conversaciones previas en las que se planteó el escenario de qué se diera su llegada a la Liga Mexicana del Pacífico, con los Tomateros de Culiacán si no se lograba un acuerdo mutuo en la Lidom, pero dejó claro que hay que esperar.
"Sí se habló con ellos y era algo de que si en Dominicana no se daba, no se llegaba a un acuerdo... pues ellos lo vieron, entendieron que sí y lo subieron", puntualizó.
Con las cartas sobre la mesa por ambas partes, la resolución de su estatus contractual para el invierno queda ahora sujeta a que concluyan los trámites correspondientes y las conversaciones que permitan definir si el emblemático jugador vestirá una vez más el uniforme de las Estrellas Orientales o si buscará nuevos horizontes en el invierno.
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este sábado que las condiciones del tiempo sobre el territorio nacional continuarán dominadas por un sistema de alta presión, lo que mantendrá limitado el contenido de humedade incidirá en que el cielo permanezca mayormente despejado y soleado en gran parte del país.
De acuerdo con el organismo, durante las horas matutinas podrían registrarse chubascos ampliamente aislados en algunas localidades de la costa sur. Sin embargo, indicó que, en la tarde, la incidencia de la radiación solar y el calentamiento diurno contribuirán al desarrollo de aguaceros aislados y posibles tronadas en algunas demarcaciones del interior.
Estas condiciones podrían afectar principalmente a las provincias La Vega, Hato Mayor, Santiago, Independencia, Santiago Rodríguez y Bahoruco.
El organismo meteorológico también advirtió que las temperaturas continuarán bastante calurosas en todo el país, con máximas que oscilarán entre los 30 y 32 grados Celsius.
Asimismo, alertó que una nube de polvo del Sahara comenzará a incidir sobre el territorio nacional, durante las próximas 24 a 72 horas, lo que provocará un ambiente más seco, cielo brumoso y una reducción de la visibilidad en distintas zonas del país.
Ante esta situación, el Indomet recomendó a la población, especialmente a las personas con problemas respiratorios, alergias o sensibilidad al polvo, tomar las precauciones necesarias y seguir las orientaciones de las autoridades sanitarias.
Luego de ser favorecido el viernes con un auto de no ha lugar en el proceso judicial que enfrentaba por el caso Calamar, el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo agradeció a Dios y afirmó que buscará la Presidencia de la República en las elecciones de 2028.
"Quiero dar gracias a Dios y enviar un mensaje a todos los dominicanos. Sin importar lo que se decidiera hoy detrás de estas puertas, yo he estado esperando este día para decirles que voy con to'", expresó Castillo a su salida del tribunal.
El también excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aseguró que trabajará para que haya "comida y mucha en cada mesa", se acaben los apagones y "los chelitos rindan" al hablar con los medios de comunicación.
En ese contexto, aseguró que, con el apoyo de la población, será el próximo presidente del país.
La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó auto de no ha lugar a favor de Castillo al concluir que no existe responsabilidad penal en su contra.
En su decisión, la magistrada consideró que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no sustentan una acusación que justifique la apertura de un juicio de fondo contra el exfuncionario.
El Ministerio Público había solicitado el envío a juicio de fondo de los imputados en el caso, mientras que las defensas reclamaban la nulidad de la acusación y la emisión de autos de no ha lugar.
Previo a conocerse esta decisión, Castillo informó esta misma semana que las autoridades estadounidenses le restituyeron su visado de 10 años.
A través de un mensaje publicado en X, agradeció al Gobierno de Estados Unidos, al presidente Donald Trump y a la embajadora Leah Campos por la medida.
Hasta ese momento, se desconocía públicamente que Washington le había retirado el visado.
Hace varias semanas, Castillo anunció su intención de retomar las actividades políticas y volver a las calles.
Cuba tendrá este sábado otra jornada de prolongados apagones en toda la isla y la estatal Unión Eléctrica (UNE) estima que, en el momento de más demanda (tarde-noche), el mayor corte del suministro apagará simultáneamente al 65 % del país.
El país caribeño vive desde mediados de 2024 una grave crisis energética que se explica por la conjunción de un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero pasado por EE.UU., y un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto.
En este contexto, la UNE informó la víspera que la termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor central de Cuba, volvió a desconectarse del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) debido a un salidero en la caldera. Se trata de la cuarta rotura de esa termoeléctrica en el mes de mayo y la séptima en lo que va de año.
La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé así para el horario de mayor demanda una capacidad de generación de 1,158 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3,200 MW.
De esta forma, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 2,042 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2,072 MW.
Con la desconexión de la víspera de la termoeléctrica Antonio Guiteras, según los datos de la UNE en esta jornada suman siete las unidades de generación que no estarán operativas por averías o trabajos de mantenimiento de las 16 con las que cuenta el país caribeño.
La mayor parte de las unidades de generación termoeléctrica del país sufren habituales averías debido a la obsolescencia de esas centrales con décadas de explotación y sin contar con las inversiones precisas.
Esta fuente es responsable del 40 % del mix energético, se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero.
Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía precisa diésel y fueloil importado. La presión de EE.UU. obligó a pararlos por falta de materia prima desde enero.
El 20 % restante del mix energético cubano se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.
El Gobierno cubano ha reconocido que la situación del SEN es "aguda", "crítica" y "extremadamente tensa", con apagones diarios que superan las 22 horas consecutivas en todo el país.
El Ejecutivo de La Habana culpa de esta situación en mayor medida al asedio petrolero de EE.UU., decisión que califica de "genocida" y por la que acusa a la Administración de Washington de estar "asfixiando" a la isla.
Cuba precisa diariamente de unos 100,000 barriles de petróleo para cubrir sus necesidades energéticas, de los que solo 40,000 provienen de su producción nacional.
Diversos estudios independientes estiman que harían falta entre 8,000 y 10,000 millones de dólares para reflotar el sistema energético cubano.
El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, arribó la tarde del viernes a la República Dominicana para una visita oficial.
La información fue ofrecida por la Embajada de los Estados Unidos, que señaló que el alto funcionario fue recibido por la embajadora Leah Francis Camposy el viceministro de Política Exterior de la Cancillería, Francisco Caraballo Núñez.
Según el cuerpo diplomático de la nación norteamericana, la visita de Landau está enfocada en fortalecer la cooperación bilateral y las relaciones estratégicas entre ambos países.
A inicios de mayo, Christopher Landau sostuvo un encuentro en Costa Rica con el presidente Luis Abinader, en el marco de la toma de posesión de la nueva mandataria de ese país, Laura Fernández Delgado.
Durante la reunión, se abordaron temas de interés común como la relación política y económica existente entre República Dominicana y Estados Unidos, la coalición para la Fuerza de Supresión de Pandillas para Haití (GSF) y la colaboración bilateral en la lucha contra el narcotráfico.
Los principales combustibles comercializados en el país acumulan aumentos de hasta 45 pesos por galón desde que el Gobierno comenzó a aplicar reajustes a mediados de marzo, dos semanas después del inicio del conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán.
La guerra, que comenzó el 28 de febrero de 2026, puso fin a un período de estabilidad en el mercado local de los combustibles, ya que el pasado 13 de marzo el Gobierno dispuso los primeros incrementos, rompiendo así una racha de 38 semanas consecutivas sin variaciones en los precios de la gasolina premium, gasolina regular, gasoil regular y gasoil óptimo.
Desde entonces, la gasolina premium registra el mayor aumento acumulado junto al gasoil óptimo, con RD$45 por galón cada uno. La gasolina premium pasó de RD$290.10 a RD$335.10 por galón tras el aumento que entró en vigor este sábado, mientras que el gasoil óptimo subió de RD$242.10 a RD$287.10.
En el caso de la gasolina regular, el incremento acumulado asciende a RD$35 por galón, al pasar de RD$272.50 a RD$307.50. El gasoil regular también aumentó RD$35, al subir de RD$224.80 a RD$259.80 por galón.
Mientras tanto, otros combustibles de uso menos común a nivel doméstico, como el avtur, el kerosene, el fuel oil #6 y el fuel oil con 1 % de azufre, han mostrado fluctuaciones constantes, con alzas y bajas en cada anuncio semanal del gobierno sobre los precios de los combustibles.
Esos precios finales se deben a que el viernes 29 de mayo el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) anunció para la semana del 30 de mayo al 5 de junio nuevas alzas de RD$4 por galón para la gasolina premium y el gasoil óptimo, y de RD$2 para la gasolina regular y el gasoil regular.
A diferencia de estos combustibles, el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural han mantenido sin cambios sus precios desde el inicio del conflicto. El GLP continúa vendiéndose a RD$137.20 por galón y el gas natural a RD$43.97 por metro cúbico.
Al anunciar los precios para la próxima semana, el MICM informó que el Gobierno destinó RD$954.9 millones para subsidiar el GLP y evitar incrementos en ese combustible de amplio consumo doméstico.
La muerte de una adolescente de 14 años bajo custodia en un hogar de paso del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), en cuyo caso son investigadas tres menores de edad, ha vuelto a poner bajo el foco los límites de la persecución penal juvenil en la República Dominicana.
La Ley 136-03, que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, modificada por la Ley 106-13, establece que la sanción máxima que puede imponerse a un menor de edad es de ocho años de prisión.
Sin embargo, esa condena no aplica a todos los casos ni a todas las edades.
La legislación divide a los adolescentes en dos grupos etarios para la imposición de penas.
En el caso de quienes tienen entre 13 y 15 años pueden ser sentenciado entre uno y cinco años de prisión. Mientras que entre 16 y 18 años, puede alcanzar una pena entre uno a ocho años.
La sanción de privación de libertad está reservada para los delitos de mayor gravedad, entre ellos homicidio, lesiones permanentes, violación, agresión sexual, secuestro, robo agravado, tráfico de drogas y otras infracciones castigadas con penas superiores a cinco años en la jurisdicción penal ordinaria.
Mientras avanza una investigación, los tribunales pueden imponer medidas cautelares a los adolescentes imputados, que van desde la presentación periódica y el arresto domiciliario hasta la privación provisional de libertad en un centro especializado.
La privación provisional de libertad constituye la sanción preventiva más severa y, según el artículo 291, tiene carácter excepcional, que según la Ley 136-03, modificada por la Ley 106-13, puede extenderse por un máximo de cuatro meses mientras se desarrolla el proceso investigativo.
Si el Ministerio Público considera que existen razones para prolongarla, deberá solicitar una prórroga ante el juez, quien podrá autorizar hasta dos meses adicionales tras evaluar las circunstancias del caso.
Una vez presentada la acusación, el tribunal dispondrá de un máximo de 15 días para convocar a las partes, celebrar la audiencia preliminar y emitir una decisión sobre la continuación del proceso.
Si el expediente es enviado a juicio de fondo y se mantiene la privación de libertad, el juez deberá celebrar la audiencia en un plazo máximo de 30 días y dictar una sentencia de primera instancia.
En caso de interponer un recurso , la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes podrá mantener la medida mientras conoce el recurso, aunque por un período que no podrá exceder los 30 días.
La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, dictó la noche de este viernes un auto de no ha lugar a favor de los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, al concluir que no existe responsabilidad penal en su contra.
En su decisión, la magistrada consideró que las pruebas presentadas no sustentan una acusación que justifique la apertura de un juicio de fondo contra ambos exfuncionarios.
Sin embargo, ordenó la apertura a juicio contra Donald Guerrero, al entender que los señalamientos formulados por el Ministerio Público en su contra deben ser examinados en una nueva etapa del proceso judicial.
Junto a Guerrero también fueron enviados a juicio el abogado Ángel Lockward y sus empresas, así como Agustín Mejía Ávila, Princesa Alexandra García Medina, Juan Tomás Polanco Céspedes, Julián Omar Fernández Figueroa, Kimberly Salas Martínez, Natalie Hernández Guzmán y Luis Miguel Picciril.
También fueron favorecido con no ha lugar Daniel Guerrero Mena, hijo del exministro de Hacienda, así como Marcial Reyes y Rosa Arias, no tendrán que enfrentar un juicio de fondo por los hechos que les atribuía el órgano acusador. Al igual, Rosa Ariasy Marcial Reyes.
Defendieron su inocencia
Durante el proceso, la defensa de Gonzalo Castillo sostuvo su inocencia y afirmó que no había participado en ningún esquema de corrupción ni en el desvío de fondos públicos.
Asimismo, calificó el caso de teoría sin sustento probatorio suficiente.
De su lado, los abogados del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, también afirmaron que el relato acusatorio contra su cliente no se sostiene frente a la documentación del proceso.
Además, cuestionaron la validez de informes de la Contraloría General de la República, alegando posibles vicios procesales como prescripción de delitos y extinción de la acción penal, y sostienen que las pruebas fueron obtenidas sin las debidas garantías legales.
El exministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, también defendió su inocencia ante el tribunal, donde afirmó que durante sus ocho años en el Estado mantuvo un manejo responsable y transparente de los recursos públicos.
En ese sentido, cuestionó la acusación del Ministerio Público, alegando que no se ha presentado una sola prueba concreta en su contra.
Estados Unidos afirmó este sábado que cuenta con los medios necesarios para volver a entrar en guerra con Irán, tras asegurar que un acuerdo de paz solo será posible si se respetan sus "líneas rojas".
Reina la incertidumbre sobre el resultado de las conversaciones entre Teherán y Washington, luego de que esta semana se registraran los enfrentamientos más graves desde la entrada en vigor de un alto al fuego el 8 de abril.
Fuentes en Washington habían mencionado el jueves que las partes lograron un marco de acuerdo que preveía una prórroga de 60 días de esa frágil tregua. Sin embargo, una reunión de dos horas celebrada el viernes en la Casa Blanca no dio lugar a ningún anuncio inmediato.
"Irán debe aceptar que nunca tendrá armas nucleares. El estrecho de Ormuz debe abrirse de inmediato" y Teherán debe comprometerse a desminarlo, enumeró antes de ese comité el presidente Donald Trump en su red Truth Social.
También exigió que las reservas de uranio altamente enriquecido de la república islámica sean "DESTRUIDAS".
Por la noche, un funcionario de la Casa Blanca indicó a la AFP que "el presidente Trump sólo hará un acuerdo que sea bueno para Estados Unidos y respete sus líneas rojas".
El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, advirtió este sábado en Singapur que su país es "más que capaz" de reanudar las hostilidades contra Irán "si fuera necesario".
"Nuestras reservas son más que adecuadas para eso, tanto allí como en todo el mundo, debido a cómo equilibramos munición de alta precisión y más abundante", señaló el jefe del pentágono durante el Diálogo de Shangri-La, la principal cumbre de seguridad en Asia.
Por su parte, el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, aseguró en respuesta a las declaraciones de Trump que "los intercambios de mensajes continúan, pero aún no se ha alcanzado ningún acuerdo final".
Además, desmintió que hubiera alguna discusión por el momento sobre la cuestión nuclear y defendió "la situación especial" de Ormuz, paso marítimo clave para el tránsito mundial de hidrocarburos actualmente bloqueado, debido a su ubicación geográfica en aguas territoriales de Irán y Omán.
En Teherán, los habitantes siguen con desilusión estas negociaciones diplomáticas.
"Ambas partes están hablando de una manera que mantiene satisfechos a sus seguidores. No está claro quién dice la verdad", comentó Ali, un iraní de 49 años originario de Tonekabon, en el mar Caspio.
Esta guerra, desencadenada el 28 de febrero por ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, ya ha causado miles de muertos y trastocado la economía mundial al hacer subir los precios del petróleo.
El tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz se ha intensificado en los últimos días, pero "eso no significa un retorno a la situación anterior a la guerra", según la televisión estatal iraní, ya que, según esta, el acceso sigue estando prohibido a los buques de países "hostiles".
Teherán exige el fin de los combates en todos los frentes, en particular en Líbano, donde se enfrentan su aliado Hezbolá e Israel en uno de los frentes más activos del conflicto regional.
Una tregua esta vigente allí desde el 17 de abril, pero nunca se ha respetado.
El Ministerio de Salud de Líbano informó el viernes de 11 muertos en el sur del país. Por su parte, el movimiento proiraní reivindicó una nueva serie de ataques contra objetivos militares en el norte de Israel, cerca de la frontera común.
Las fuerzas del Estado hebreo informaron este sábado que interceptaron varios proyectiles lanzados desde el país vecino, aunque uno de ellos cayó cerca de una localidad del norte. No hubo heridos.
En paralelo, responsables militares libaneses e israelíes mantuvieron el viernes conversaciones en Washington, calificadas de "productivas" por el gobierno estadounidense.
Según el Pentágono, estos diálogos militares servirán de base para una nueva ronda de negociaciones políticas entre representantes de ambos países, el 2 y 3 de junio en la capital estadounidense, dirigidas a alcanzar un acuerdo de seguridad.
Hezbolá se opone a estas conversaciones y su bloque parlamentario volvió a pedir el jueves a Líbano que se retire de ellas.
Según el último balance oficial, los ataques israelíes han matado a 3.355 personas en territorio libanés desde el inicio de la guerra.
