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El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, sugirió este miércoles al Gobierno no tomar ninguna medida que pueda afectar al pueblo dominicano y que desate la ira popular en medio de la crisis global causada por la guerra en Irán.
El exmandatario ofreció estas declaraciones durante una rueda de prensa, luego de sostener un encuentro con la comisión del Gobierno, encabezada por los ministros José Ignacio Paliza (de Presidencia) y Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón (de Industria y Comercio), como parte de los diálogos para llegar a un consenso nacional-
Aunque reconoció que el Gobierno y la oposición tienen perspectivas distintas de cómo apreciar la realidad dominicana, entiende que bajo cualquier circunstancia hay que defender la estabilidad democrática del país.
“Bajo cualquier circunstancia hay que defender la estabilidad democrática del país y hacer todo lo que sea beneficioso para el pueblo dominicano. Lo que resulte perjudicial, obviamente, la Fuerza del Pueblo tendrá que manifestar su desacuerdo, pero todo lo que en estos momentos representa una cohesión nacional, una unidad nacional frente a una crisis externa, la Fuerza del Pueblo lo saluda”, manifest
ó.
Fernández también enfatizó que cuando se trata de sacrificio, “fundamentalmente” debe ser del Gobierno.
“Entendemos que cuando se habla de sacrificios, fundamentalmente deben ser del Gobierno. Los sacrificios inevitables deben ser del Gobierno. El Gobierno tiene que transmitir a la población que está en disposición de asumir ciertas medidas que desde la oposición a veces vemos innecesarias y que pueden afectar el bienestar del pueblo dominicano”, manifestó.
El encuentro se realizó en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), que preside Fernández y que está ubicada en el Distrito Nacional.
Al ser cuestionado sobre si el Gobierno presentó un plan concreto, dijo que la comisión solo fue en actitud de un intercambio de ideas.
“Planes específicos no creo que vinieron en esa actitud, simplemente a intercambiar. Ya el Gobierno tendrá efectivamente que elaborar sus planes y ya escucharemos en qué consisten esos planes. Pero hoy era simplemente un intercambio de opiniones, un intercambio de ideas y quedamos incluso abiertos a la posibilidad de que eso pueda hacerse en el futuro nuevamente”, expresó.
El expresidente indicó que su equipo económico se encuentra vigilante ante la situación, pero que durante este encuentro tampoco presentaron un plan concreto.
Calificó el diálogo como “afable, cordial y respetuoso” e instó a siempre apostar por mantener la paz y la estabilidad.
“Le manifestamos nuestra aprehensión de que el mundo vive una situación de incertidumbre y que frente a eso es imprescindible que todos los actores de la sociedad dominicana apuesten siempre por mantener la paz y la estabilidad. Esa fue la sugerencia que hicimos. No tomar ninguna medida que pueda afectar al pueblo dominicano y que desata por consiguiente una ira popular”, afirmó.
Asimismo, agradeció la visita para intercambiar sus puntos de vista y externó que siempre están en la disposición a mantener el diálogo abierto para todo lo que sea de provecho para el pueblo dominicano.
De su lado, Paliza especificó que el Gobierno sí ha venido ejecutando un plan desde hace más de un mes y medio cuando estalló la crisis.
"El Gobierno ha venido ejecutando un plan desde hace más de un mes y medio cuando la crisis ha estallado. La pusimos en manifiesto a raíz del Consejo de Ministros último que sostuvimos y desde entonces hemos venido haciendo cosas como, por ejemplo, subsidiar con casi diez mil millones de pesos, a la fecha, los combustibles", explicó Paliza.
El ministro manifestó que el diálogo fue “muy rico y provechoso” ya que las experiencia vividas del exmandatario “son muy útiles para nosotros y creo que son muy útiles para el país”.
“Tenemos una condición muy específica que no se había vivido en el pasado. Tenemos hombres como el presidente Fernández disponibles, presentes, activos y con mucho deseo de participar y de ayudar y contribuir con la suerte de los demás”, aseveró.
Paliza también dijo que “este es un momento que requiere de unidad nacional y comprensión".
"En nuestro país, al margen de nuestras diferencias, sí hay espacio de diálogo y concertación, sobre todo cuando la República Dominicana lo necesita”, subrayó el ministro de la Presidencia.
El barco tanquero Kaluba, vinculado al decomiso de 1,570.41 kilos de cocaína en 2017, también será subastado por el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide) en mayo.
Aparece en la lista de bienes a subastar decomisados por casos de narcotráfico, lavado de activos y corrupción administrativa bajo la etiqueta Caso/Lote 100-Barco de 200 pies, con un precio inicial de ocho millones de pesos.
La embarcación Kaluba realizó viajes frecuentes a puertos del país transportando combustible. En diciembre de 2017 fue interceptada en alta mar cuando viajaba desde Aruba hacia Puerto Plata. Fue abordada e inspeccionada por el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos a 200 millas náuticas de aguas internacionales, con 12 tripulantes a bordo y el alijo de la sustancia controlada procedente de Aruba.
El Kaluba fue trasladado a aguas nacionales y una vez en el puerto de Sans Souci, en Santo Domingo, miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y representantes del Departamento de Investigación de Tráfico y Consumo de Drogas del Distrito Nacional incautaron 75 sacos de nailon, dentro de los cuales fue encontrado el cargamento de la droga, que estaba escondida en compartimentos secretos del buque.
En ese momento, la embarcación Kaluba se convirtió en el cuerpo del delito del caso Maconi.El nombre de la operación está relacionado a uno de los principales imputados, Ernesto Bienvenido Guevara Díaz (Maconi), quien había sido extraditado hacia los Estados Unidos, vinculado a un caso de igual naturaleza en 2009.
Maconi fue apresado en un centro comercial de la avenida Gregorio Luperón esquina Gustavo Mejía Ricart, mientras que los imputados Dante Meraldo Medina y Dante Wilfredo Medina Ozuna (Dantico) se encontraban frente a una residencia, ubicada en la calle Padre Paule, Ensanche Ozama, al momento de su arresto.
Nacido en Barahona, Maconi era el brazo operativo de la estructura de narcotráfico de Quirino Ernesto Paulino Castillo y quien supuestamente movía la droga de los principales carteles colombianos, incluyendo al violento “Cartel del Norte del Valle”. Además, en 1996 Maconi fue vinculado al tráfico de 963 kilos de cocaína, por los que el fallecido narcotraficante dominicano Florián Féliz fue condenado a 20 años.
Los 12 tripulantes de Kaluba también estuvieron vinculados al caso: el venezolano José Quijada Salazar; los colombianos Silvio Ibarra Vega y Manuel Escobar Bolaños; el cubano Pedro Betancourt Tabio; el nicaragüense Joel Ponce Ordoñez, el hondureño Marbin Lambert Harry; los dominicanos Salvador Gómez Cuevas, Rene Cuesta Feliz, Fermín Samboy Cuevas, Damerides Gómez Saldaña, Elvis Langomas Medina y Teurison Valenzuela Samboy.
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Los interesados en pujar por Kaluba deben estar dispuestos a comenzar con un precio inicial de ocho millones de pesos. La subasta pública, en la que también hay otros bienes incautados de casos de narcotráfico, lavado de activos y corrupción administrativa, se hará el próximo 13 de mayo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
El Incabide no brindó más información sobre la embarcación, que lleva al menos diez años incautada esperando su desembarque final.
Por el caso vinculado al barco Kaluba, Ernesto Guevara (Maconi) fue declarado culpable y condenado a 20 años de prisión en la cárcel de Najayo.
También fue condenado a 15 años de cárcel Carlos Julio Cuesta Feliz, mientras que a Dante Meraldo Medina, le impusieron una pena de 12 años de prisión. Maconi, Cuesta Feliz y Meraldo Medina, debieron pagar, además, una multa de un millón de pesos.
A José Quijada Salazar, Silvio Ibarra y Manuel Escobar Bolaños, los condenaron a 10 años de prisión por asociarse para cometer el crimen de tráfico internacional de drogas y el pago de una multa de 50,000 pesos cada uno.
El resto fue descargado debido a que el Ministerio Público no logró comprobar su acusación.
El Incabide explicó que cada activo puesto en subasta ha sido sometido al rigor legal establecido en la Ley 60-23, sobre Bienes Incautados, garantizando a los adjudicatarios documentación en regla y libre de gravámenes.
Asimismo, señaló que los fondos recaudados serán destinados a fortalecer programas de prevención y resarcimiento social.
La Policía Nacional reportó este miércoles la muerte a tiros de la joven Marianny Michelle, de 20 años, presuntamente a manos de su pareja sentimental, a quien afirma que lo apresó en "flagrante delito".
El hecho ocurrió en horas de la mañana de hoy en el sector Los Cocos, municipio de Neiba, provincia Bahoruco.
De acuerdo con el informe preliminar, la víctima falleció a causa de heridas provocadas por perdigones, ocasionadas con un arma de fuego de fabricación artesanal conocida como “chagón”.
Por este crimen fue apresado en "flagrante delito" Yenfri Sena Ferreras, de 24 años, señalado como el principal responsable.
Las personas interesadas en adquirir bienes a través de la subasta pública del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide) deben cumplir con un proceso que incluye inscripción presencial, pago de una tarifa y la presentación de documentación legal, según establece el pliego de condiciones de la entidad.
La subasta se celebrará el miércoles 13 de mayo, a partir de las 8:00 de la mañana, en el Paraninfo Dr. Ricardo Michel de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
El primer paso consiste en inscribirse en las oficinas del organismo, ubicadas en la calle F #5, Arroyo Hondo Viejo, en el Distrito Nacional.
El registro tiene un costo de 5,000 pesos no reembolsable. Para bienes que superen los cinco millones de pesos, se exigirá un depósito del 10 % como garantía para la primera puja.
Tanto personas físicas como jurídicas pueden participar, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
Entre las condiciones generales, los interesados deberán declarar y firmar un documento en el que expresen que autorizan al personal del Incabide a revisar su historial crediticio, así como a validar, por los medios que considere convenientes, la información suministrada.
Asimismo, deberán indicar que entienden y aceptan someterse a las normas que rigen la subasta, conforme a lo establecido en el pliego de condiciones.
También deberán declarar que se obligan a conocer, previo a la presentación de la propuesta económica, el estado físico del activo subastado.
De igual forma, deberán establecer que renuncian a cualquier fuero que, en razón de su domicilio presente o futuro, pudiera corresponderles, sin perjuicio de la posibilidad de llegar a acuerdos en cualquier etapa procesal en caso de surgir una litis.
Además, deberán expresar que, en caso de controversias que pudieran surgir durante el procedimiento de subasta o del contrato de compraventa que de ella se derive, podrán interponer las reclamaciones que consideren de lugar a través de los recursos administrativos y ante el Tribunal Contencioso Administrativo, en los términos y plazos dispuestos por la Ley 107-13, que regula los derechos de las personas en su relación con la Administración Pública.
Para personas físicas, se exige ser mayor de edad, presentar documento de identidad, o pasaporte en caso de extranjeros, certificado de no antecedentes penales y una declaración jurada que acredite la procedencia lícita de los fondos.
También deben declarar que no tienen vínculos familiares hasta tercer grado de consanguineidad (ascendente, descendente o colateral) o segundo de afinidad, ni laborales con el Incabide o el Estado, en cumplimiento de la Ley 60-23.
En el caso de empresas, se requiere documentación adicional como registro mercantil, certificaciones de cumplimiento fiscal y de la seguridad social, así como declaraciones juradas de sus accionistas.
Las compañías extranjeras deberán presentar documentos apostillados o legalizados, además de certificaciones de buena reputación en sus países de origen.
El pliego también establece quiénes no pueden participar. Entre ellos figuran funcionarios públicos, empleados del Incabide, sus familiares cercanos, personas con antecedentes penales.
De acuerdo con la Ley 60-23, no pueden participar los funcionarios del Estado, así como los funcionarios o empleados del Incabide o de su Consejo Directivo.
Tampoco podrán hacerlo los familiares o cónyuges del personal de la entidad o de su Consejo Directivo hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive, ya sea por sí o por medio de terceros.
Asimismo, quedan excluidos los imputados de crímenes y delitos, directamente o a través de terceros, así como sus familiares hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive.
De igual manera, no podrán participar las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del procedimiento de subasta.
La ley también prohíbe la participación de personas físicas o jurídicas que no estén al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o de la seguridad social, conforme a la normativa vigente, así como de empresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos contra la administración pública, contra la fe pública o por delitos contemplados en convenciones internacionales de las que el país sea signatario.
También, quedan excluidas las personas que suministren información o documentación falsa al proporcionar los datos exigidos en el pliego de condiciones.
La institución informó que en esta convocatoria se pondrá a disposición del público una amplia gama de bienes, entre ellos apartamentos, casas, solares, vehículos, joyas, yates, aeronaves y lotes de chatarra.
Una cámara de vigilancia captó el acto heroico del director de una escuela secundaria de Oklahoma, que logró derribar y detener a un joven armado que intentaba disparar contra estudiantes en la entrada de la institución educativa.
El colegio, Secundaria Pauls Valley, reveló el video del incidente ocurrido el pasado 7 de abril.
En ese preciso momento sale por una puerta el director Kirk Moore, quien empuja al agresor contra un banco y lo inmoviliza en el suelo antes de que otro miembro del personal intervenga para alejar el arma de una patada.
Moore recibió un disparo en la pierna. Ninguna otra persona resultó herida gracias a la rápida intervención del educador, con más de 30 años de experiencia.
En un comunicado citado por CBS, Moore atribuyó el éxito de su maniobra a sus "instintos y entrenamiento, así como a la mano de Dios".
El sospechoso fue identificado como Victor Lee Hawkins, un joven de 20 años exalumno de laSecundaria Pauls Valley.
La escuela está ubicada en la pequeña ciudad de Pauls Valley, en el sur de Oklahoma, con una población de 6,200 personas.
Hawkins enfrenta múltiples cargos, entre ellos el de disparar con intención de matar. Un juez fijó una fianza de un millón de dólares.
Latinoamérica presenta un panorama fragmentado frente a la eutanasia ya que, a pesar de que Uruguay la legalizó, Colombia la despenalizó desde 1997 y Cuba reconoce el derecho a una "muerte digna" aunque sin aplicación efectiva, la mayoría de países de la región la prohíben o mantienen discusiones aún incipientes sobre su regulación.
Uruguay se convirtió en 2025 en el primer país en autorizar la eutanasia mediante la Ley de Muerte Digna, cuya reglamentación se firmó este miércoles, lo que permite a pacientes en fase terminal solicitar el procedimiento bajo condiciones específicas.
En Colombia, la eutanasia fue despenalizada en 1997 por la Corte Constitucional mediante una sentencia que reconoció el derecho a morir dignamente.
Sin embargo, su regulación no avanzó sino hasta 2015, cuando se establecieron protocolos y se realizó el primer procedimiento legal en el país y en la región.
En 2021, el alto tribunal amplió ese derecho al eliminar el requisito de enfermedad terminal y permitirlo también para menores de edad en determinadas condiciones.
En Ecuador, la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia en 2023 y ordenó su regulación, lo que permitió que una paciente accediera formalmente al procedimiento.
Igualmente en Perú, aunque la eutanasia sigue prohibida en términos generales, una sentencia judicial de 2021 ordenó despenalizarla para el caso específico de la psicóloga Ana Estrada, cuyo derecho fue ratificado por la Corte Suprema en 2022 y que falleció en 2024.
Cuba, por su parte, aprobó en 2023 una ley que reconoce el derecho a decisiones sobre el final de la vida, pero aún carece de regulación secundaria, por lo que no se aplica en la práctica.
En Chile la eutanasia es ilegal y se castiga como homicidio o auxilio al suicidio, aunque la ley de derechos de los pacientes permite rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente la vida.
Desde 2018 se tramita un proyecto para legalizar la muerte asistida en adultos con enfermedades graves o terminales, aprobado en 2021 por la Cámara de Diputados, pero estancado en el Senado.
El Gobierno del progresista Gabriel Boric (2022-2026) intentó reactivar su discusión sin éxito, y con la llegada del actual presidente, el ultraderechista José Antonio Kast, el impulso político a la iniciativa es incierto.
En México la eutanasia y el suicidio asistido están prohibidos y se consideran "homicidio por piedad", pero el país cuenta con leyes de voluntad anticipada en 20 de sus 32 regiones, que permiten rechazar tratamientos médicos en situaciones críticas (eutanasia pasiva).
En la última década se han presentado al menos seis iniciativas para legalizar la muerte asistida —incluida la propuesta ciudadana 'Ley Trasciende'— sin éxito hasta ahora, aunque con un respaldo social mayoritario.
En Brasil la eutanasia es ilegal y puede ser castigada con hasta 20 años de cárcel, mientras que el suicidio asistido se penaliza con penas de entre 2 y 6 años en casos de enfermedad terminal.
En el gigante suramericano existen proyectos para despenalizar esta práctica, pero permanecen paralizados en el Congreso.
Del mismo modo, en Argentina la eutanasia no está permitida, pero desde 2012 rige la ley de muerte digna, que autoriza a pacientes con enfermedades irreversibles o terminales a rechazar tratamientos que prolonguen la vida.
Asimismo, en Costa Rica la eutanasia no es legal, pero existe un proyecto de ley sobre muerte digna presentado en marzo que busca permitir a pacientes terminales decidir sobre el final de su vida bajo criterios médicos y éticos, aunque permanece en una fase incipiente y sin avances visibles.
En El Salvador está tipificada como "homicidio piadoso" en el Código Penal y no existen iniciativas para su despenalización. En Honduras tampoco está permitida y la legislación establece sanciones penales.
También, en Guatemala la eutanasia está prohibida y castigada como auxilio al suicidio, sin iniciativas vigentes ya que un intento legislativo previo no prosperó.
En Nicaragua no está legalizada ni se debate, en un marco constitucional que protege la vida.
En República Dominicana la Constitución protege la vida desde la concepción hasta la muerte, lo que excluye cualquier posibilidad legal de eutanasia.
Mientras tanto, en Bolivia el Código Penal sanciona el "homicidio piadoso" con penas de uno a tres años de prisión y no hay proyectos en curso.
Finalmente, en Panamá la eutanasia y el suicidio asistido están prohibidos y se consideran jurídicamente una forma de homicidio, aunque la ley permite la llamada ortotanasia, que es el rechazo de tratamientos desproporcionados en fase terminal, sin admitir la eutanasia activa.
El Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados (Incabide) anunció la subasta pública de una aeronave vinculada a uno de los casos de narcotráfico más conocidos en República Dominicana: el denominado “Air Cocaine”.
El avión, un Falcón Dassault 50, serie 190, del año 1988, matrícula F-GXMC, con precio base de 95,200,000 pesos, será ofertado el próximo 13 de mayo como parte de un conjunto de bienes decomisados por delitos como narcotráfico y lavado de activos.
En marzo de 2013, cuando las autoridades detectaron 26 maletas con cientos de paquetes de cocaína listas para ser enviadas a Francia.
En ese momento, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó la incautación de más de 680 paquetes del narcótico dentro del jet privado, que se preparaba para despegar hacia Europa.
El caso, que luego sería conocido como “Air Cocaine”, involucró a pilotos franceses, tripulación y decenas de implicados, incluidos militares y civiles dominicanos. La Procuraduría General de la República ordenó el sometimiento de 35 personas, entre ellas oficiales de distintos rangos y ciudadanos extranjeros.
El procurador adjunto Carlos Castillo Díaz indicó entonces que se solicitaría prisión preventiva contra los imputados, señalando que la droga fue introducida a través del área VIP del aeropuerto. El destino del cargamento era Francia, con escala en las islas Azores.
La investigación, que se extendió por varios meses, también permitió documentar otros envíos de cocaína hacia Europa, principalmente a Francia y Holanda.
El caso explotó mediáticamente. No solo por la cantidad de droga, sino por lo improbable del escenario. Un cargamento de ese tamaño, en un vuelo privado, desde uno de los principales destinos turísticos del Caribe hacia la Riviera francesa. La historia parecía escrita para el cine.
Debido a su relevancia e impacto, el gigante del streaming Netflix realizó un documental sobre el caso, el cual obtuvo mucha popularidad y se colocó entre los contenidos más vistos cuando se entrenó en junio de 2025. La producción se llamó "Air Cocaine".
Los acusados insistieron desde el inicio en su inocencia. Su argumento era simple: eran pilotos, no inspectores de equipaje. Aseguraban no tener conocimiento del contenido de las maletas. Esa línea de defensa abrió una grieta en el caso: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de una tripulación en vuelos privados?
Sin embargo, en 2015, cuando el caso parecía encaminado a una condena definitiva en República Dominicana —donde los franceses recibieron sentencias de 20 años—, ocurrió un giro inesperado: los dos pilotos escaparon del país en una operación que incluyó el uso de lancha rápida y apoyo logístico desde Francia, que involucró además a figuras políticas de ese país.
Reaparecieron en Francia, fueron juzgados nuevamente y, años después, absueltos en apelación por falta de pruebas concluyentes sobre su conocimiento del cargamento.
El director ejecutivo del Incabide, Manuel Oviedo Estrada, explicó que la subasta busca transformar bienes incautados en recursos para el Estado bajo un esquema de transparencia.
El evento se realizará el miércoles 13 de mayo, a las 8:00 a. m., en el Paraninfo Dr. Ricardo Michel de la UASD.
Los interesados deberán registrarse antes del viernes 1 de mayo en la sede del Incabide, pagar 5,000 pesos por derecho a participación y, en el caso de la aeronave, depositar el 10 % del precio base como garantía para la puja.
La subasta reintroduce en el debate público uno de los expedientes más notorios del narcotráfico en República Dominicana, ahora desde la perspectiva de la gestión de bienes incautados.
La reducción que registra desde mayo pasado la tasa de interés promedio en elsistema financiero dominicano alivió las condiciones crediticias de las empresas y hogares, lo que propiciará un entorno decertidumbre a la estabilidad macroeconómica del país, a pesar de un contexto deconvulsión global, producto de la guerra en Medio Oriente.
Así lo hizo saber este miércoles el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) mediante un comunicado de prensa, en el cual se mostró confiado en que la caída del costo del dinero en las entidades de intermediación financiera contribuirá a apuntalar “la acostumbrada resiliencia de los sectores productivos”.
Desde mayo de 2025, previo a la adopción de las medidas de provisión de liquidez al sistema financiero por 81 mil millones de pesos implementadas por el BCRD en junio de ese año, la tasa de interés interbancaria pasó de un 11.54 % a un 7.84 % en marzo de 2026, para una reducción de 370 puntos básicos, resaltó.
La institución detalló que, en el caso de los bancos múltiples, la tasa de interés activa promedio cayó de 14.99 % en mayo del año pasado a 13.28 % en marzo de 2026, para una disminución de 171 puntos básicos.
De igual forma, se produjo una tendencia similar en las asociaciones de ahorros y préstamos, donde dicha tasa se ajustó a la baja en 211 puntos básicos en igual período, pasando de 15.53 % a un 13.41 %.
Esta estabilización de la tasa de interés en niveles inferiores a los observados en 2025 mejoró las condiciones financieras de hogares y empresas, en la medida en que préstamos otorgados a mayor tasa han sido repreciados a un menor costo financiero para el deudor, destacó.
Visto por sectores, el banco detalló que a marzo de 2026 la tasa activa para el comercio al por mayor y al detalle exhibió una disminución de 274 puntos básicos en comparación con el nivel registrado en mayo 2025, al pasar de 14.84 % a 12.10 %.
En el sector agropecuario, la tasa activa fue menor en 263 puntos básicos, cayendo desde un 15.94 % en mayo de 2025 a un 13.31 % en marzo de este año. Al mismo tiempo, en la actividad manufactura se registró una disminución de 190 puntos básicos, pasando de 13.15 % a 11.25 %.
En tanto, los créditos al sector de la construcción experimentaron una reducción de 253 puntos básicos, bajando desde un 14.77 % a 12.24 % en el citado período.
En cuanto a los préstamos de consumo personal otorgados por la banca múltiple, su tasa de interés pasó de 20.18 % en mayo de 2025 a 18.39 % en marzo de 2026, acumulando una disminución de 180 puntos básicos.
Por su parte, la tasa de interés para préstamos destinados a la adquisición de viviendas pasó de 12.14 % en mayo 2025 a 11.71 % en marzo de 2026.
“El Banco Central se mantiene vigilante de la coyuntura internacional para actuar oportunamente en el mantenimiento del objetivo de inflación y de la estabilidad macroeconómica, cónsono con su objetivo de velar por la estabilidad de precios”, finaliza el comunicado de la institución monetaria.
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó la tarde de este miércoles que 30,500 personas han sido desplazadas y evacuadas de sus hogares, debido a las fuertes lluvias registradas durante esta semana en el país, provocadas por la incidencia de un sistema frontal y una vaguada.
En su informe preliminar de situación número 5, el organismo detalló que 6,100 viviendas, una carretera y seis puentes han resultado afectados por el temporal, mientras que 28 comunidades permanecen incomunicadas.
Debido a las precipitaciones, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) reportó 38 acueductos fuera de servicio, lo que afecta a 544,181 usuarios en distintas localidades.
De su lado, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) informó que dos sistemas de abastecimiento de agua resultaron afectados por las crecidas de ríos, arroyos y cañadas.
La entidad precisó que los sistemas Isa Mana y Duey se encuentran fuera de servicio, debido a alta turbidez del agua, fallas en la alimentación eléctrica, daños en paneles eléctricos y averías en motores eléctricos provocadas por inundaciones.
La Defensa Civil Dominicana reportó que en la provincia de La Vega el desbordamiento de una cañada afectó el tránsito en la carretera que comunica a Jarabacoa con el distrito municipal de Manabao.
Asimismo, las lluvias provocaron inundaciones urbanas en el paraje Los Dajaos.
En ese mismo municipio, la crecida de una cañada provocó que seis viviendas resultaran anegadas en la autopista Autopista Duarte, específicamente en el tramo de Guaco, aunque no se reportaron personas desplazadas por este incidente.
También se registraron inundaciones urbanas en los sectores Burende, urbanización Despradel, Los Framboyanes y Los Pomos, en la provincia La Vega.
De igual forma, la crecida del Río Verde provocó inundaciones urbanas en las comunidades Los Tres Pasos, El Callejón, Los Castillos y Los Gómez, según los reportes del organismo.
En tanto, en la provincia de La Romana se reportaron inundaciones en los sectores Savica, Quisqueya y la calle Los Síndicos.
Mientras que en la provincia Duarte, el desbordamiento del río Caño Azul dejó incomunicado el distrito municipal de Los Contreras, de acuerdo con el informe preliminar de las autoridades.
El Ejército de Estados Unidos señaló este miércoles que ningún buque ha cruzado el estrecho de Ormuz en las primeras 48 horas desde la imposición del bloqueo naval ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump, tras el fracaso de las negociaciones de paz entre Washington y Teherán celebradas el sábado en la capital de Pakistán, Islamabad.
"Durante las primeras 48 horas del bloqueo estadounidense a los buques que entran y salen de los puertos iraníes, ningún buque ha logrado pasar las fuerzas estadounidenses", subrayó el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) en una publicación en redes sociales sobre la situación en el estratégico paso.
Horas después, informó que un buque "con bandera iraní" trató este martes sin éxito eludir el bloqueo "tras zarpar de Bandar Abbas (en el sur de Irán), salir del estrecho de Ormuz y navegar a lo largo de la costa iraní".
Sin embargo, "el destructor lanzamisiles USS Spruance (DDG 111) logró desviar el buque, que se dirige de vuelta a Irán", aseguró el CENTCOM.
Además, el Ejército norteamericano indicó que con este son diez los buques que han acatado las órdenes de las fuerzas estadounidenses de "dar media vuelta" y regresar hacia un puerto o zona costera iraní.
Estados Unidos viene señalando que el bloqueo total a los puertos de Irán está surtiendo efecto y que logró "paralizar por completo" el comercio económico que "entra y sale" del país asiático por mar, después del bloqueo ordenado por Trump.
Este paso llega después de las negociaciones en Pakistán del pasado fin de semana que se saldaron sin acuerdo entre Washington y Teherán para el cese definitivo de las hostilidades, mientras sigue en pie un alto el fuego de 15 días, que busca precisamente dar espacio a la diplomacia para lograr un pacto más amplio que ponga fin a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, a cambio del levantamiento de sanciones a Irán, la vuelta a la normalidad en Ormuz y que la República Islámica pacte un nuevo acuerdo nuclear.
