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La Cámara de Diputados destina cada mes más de 33 millones de pesos al pago de la nómina del personal de apoyo de los legisladores —cuatro empleados por cada diputado— y a los contratados al servicio de los bloques partidarios. Por ejemplo, solo el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) dispone de 41 trabajadores, trece de los cuales son secretarias.
Según la última nómina de “libre nombramiento y remoción”, correspondiente a marzo del 2026, cada diputado cuenta con cuatro empleados para servicios de asistencia legislativa y transporte.
A esta estructura individual se suma el personal asignado a los bloques partidarios, que también disponen de empleados financiados con fondos públicos para labores administrativas y de coordinación política dentro del Congreso.
En conjunto, la suma de estos cargos configura una nómina de apoyo legislativo que en marzo sumaba 893 contratados, que representan un gasto mensual de 33,192,210.25 pesos.
En específico, cada diputado cuenta con un asistente legislativo, que gana mensualmente 35,200 pesos; un chofer, que devenga un sueldo de 49,500 pesos; un mensajero interno, al que se le paga 27,500 pesos y una secretaria, con un salario de 33,000 pesos.
El único legislador que no tiene los habituales cuatro empleados es el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que solo cuenta con dos secretarias que, en total, ganan 66,000 pesos mensuales.
A diferencia del Senado, donde la cantidad de empleados por legislador varía considerablemente, en la Cámara Baja el esquema es más uniforme en cuanto al número de colaboradores asignados a cada uno.
La nómina de empleados de los diputados se suma a otra lista de beneficios con que cuentan y que abarca pagos por viáticos, dietas, gastos de representación, exoneración de vehículos y un sueldo registrado de 320,000 pesos mensuales.
Aunque la cantidad del personal de los diputados se distribuye de manera uniforme, el gran peso del gasto en la nómina de la Cámara recae en las estructuras de los bloques partidarios.
Los registros de la nómina de marzo de 2026 indican que el bloque del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que actualmente cuenta con la mayoría congresual en el Poder Legislativo, tiene 41 empleados.
Solo para el bloque del PRM, la Cámara de Diputados destina 1,643,424.25 mensualmente. En ese grupo de empleados se registran 13 secretarias y otros cargos repartidos entre camareros, técnicos legislativos y administrativos, recepcionistas, choferes y asistentes.
El segundo bloque con más recursos asignados para su personal es el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que, según la nómina más reciente, requiere 1,440,700 pesos para el pago de 24 empleados.
Aunque el PLD es el segundo bloque con mayor gasto en personal, no es la segunda fuerza en la Cámara Baja. Con solo 13 diputados, destina más recursos a su nómina que la Fuerza del Pueblo (FP), que con 27 legisladores cuenta con menos empleados y menor gasto mensual.
La segunda mayoría, que es la Fuerza del Pueblo, tiene 12 empleados y paga 737,500 pesos mensuales. En total las nóminas de las estructuras del PRM, el PLD y la FP, le cuestan al Estado 3,821,624.25 pesos mensuales.
Los demás bloques partidarios, aunque también tienen su nómina de empleados, solo cuentan con entre 16 a cuatro trabajadores.
La dinámica de los empleados asignados a los legisladores se replica igual en ambas cámaras congresuales.
En ningún artículo de los reglamentos del Senado o de la Cámara de Diputados se habla expresamente sobre la facultad de destinar recursos de los órganos legislativos para pagar el personal particular de los congresistas.
Aunque en ambas cámaras este esquema de personal se maneja sin una reglamentación expresa, en la de los diputados lo común son cuatro empleados por legislador, mientras que en el Senado se registra una cantidad de hasta 69 colaboradores por senador, según las nóminas oficiales.
De acuerdo con la nómina del Senado correspondiente a febrero de 2026, sus 32 legisladores cuentan con 1,284 empleados, que representan un gasto mensual de 41 millones de pesos.
En Ligia Amada Melo se acumulan 90 años de vida y 69 de experiencia en el sistema educativo dominicano.
En el 1957 comenzó a ser maestra, todavía en la Era de Trujillo, y luego le tocó dirigir la transición de la escuela dominicana al siglo XXI desde su posición de secretaria de Educación, Bellas Artes y Cultos (1996-2000). Después fue ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) por 12 años (2004-2016).
La exfuncionaria es autora de iniciativas como el programa de inglés por inmersión, el sistema de becas nacionales e internacionales, el fondo de investigación científica, programas de formación tecnológica, la evaluación quinquenal de universidades y la semana científica. Además, fue la primera en introducir computadoras en las escuelas públicas en 1998.
El sistema de enseñanza que vivió en el siglo pasado y que describe en detalle es muy diferente al de hoy.
Alrededor de 500 mil niños estaban fuera de la escuela, el analfabetismo rozaba el 18 % a nivel nacional —y superaba el 30 % en zonas del sur— y los centros educativos operaban en hasta tres tandas, lo que reducía las horas efectivas de docencia.
A esto se sumaban la casi inexistencia del preescolar público, una formación docente limitada, debilidad en la educación técnica, ausencia de atención a estudiantes con necesidades especiales y altos niveles de deserción, repitencia y sobreedad.
Tres décadas después de planes, reformas y políticas aplicadas por sus sucesores la profesora tiene claro cuáles son las debilidades que impiden avanzar.
Cita la desconexión entre las autoridades, que diseñan estrategias interesantes, y los profesores, que deben aplicarla.
“Hay una división muy grande entre la escuela y el Ministerio (de Educación). El ministerio te planifica muchos planes bonitos, pero eso no llega a la escuela. Los profesores no lo aplican. Se diseña un nuevo currículo; los profesores no lo conocen. Nadie le da seguimiento, los profesores hacen lo que ellos consideran”, plantea.
—¿Cuáles factores impiden el avance de la educación dominicana?
Primero, los niños no aprenden a leer, no aprenden a comprender lo que leen. Llegan al tercer curso sin saber leer y continúan con una lectura vacía; incluso llegan a la universidad con esa misma deficiencia.
Uno de los lastres ha sido que los programas educativos en la República Dominicana no se aplican ni se evalúan; se modifican y se sustituyen por otros sin evaluarlos.
Otro problema fundamental es que hay una desconexión muy grande entre los ministerios; no hay coherencia en las políticas.
También hay un déficit grande en el manejo de las tecnologías a todos los niveles, no solo en tener los equipos, sino en saber aplicarlos en la enseñanza.
Otro problemaes que el sector empresarial participa poco en la solución de los problemas educativos; señala las deficiencias, pero no se involucra en resolverlas ni aporta apoyo técnico o económico. Incluso podría, por ejemplo, contratar técnicos internacionales calificados y ponerlos a disposición de las universidades para fortalecer la formación y la calidad académica, pero no lo hace.
La educación superior tampoco está respondiendo: las universidades no actualizan sus carreras, mantienen programas obsoletos y no forman profesionales acordes a las necesidades actuales.
La calidad de la docencia ha bajado; muchos profesores no tienen la formación adecuada ni las herramientas para enseñar en el contexto actual.
—¿Los programas de Inglés por Inmersión y de becas se han desnaturalizado?
Sí, algunos programas se han mantenido, pero no con la misma intensidad ni calidad.
En el caso del Inglés por Inmersión, se redujeron las horas de clase, se eliminaron los supervisores regionales, se dejó de usar el componente tecnológico y se perdió la práctica de enviar a los estudiantes a Estados Unidos para reforzar el idioma.
En cuanto a las becas, se han eliminado acuerdos con universidades de alto nivel y se han sustituido por otras de menor calidad, lo que afecta la formación de los estudiantes.
—¿Cree que el Mescyt debería regular la cantidad de maestros por hora y a tiempo completo en las universidades?
El Mescyt tiene un rol regulador, pero no puede meterse en la propiedad privada de las universidades para definir cómo contratan o pagan a sus profesores. En la práctica, la mayoría de los docentes son contratados por hora y reciben salarios bajos, en muchos casos “irrisorios”, lo que los obliga a trabajar en dos y tres universidades y les impide dedicarse plenamente a la docencia y la investigación. En la UASD hay mayor margen de intervención estatal, pero en el sector privado esa capacidad es limitada, lo que termina afectando la calidad educativa.
—¿Debería existir tantas universidades?
No, eso es un atraso. Nunca he estado de acuerdo con tantas universidades privadas.
Eso es un engaño a la juventud. Esos muchachos van con el deseo de tener oportunidades y salen sin formación; cuando las empresas los evalúan, no consiguen trabajo.
Se están creando centros sin profesores, sin laboratorios y sin hacer estudios de qué carreras necesita cada región. Así no se impulsa la educación superior.
No estoy de acuerdo con la fusión de los ministerios. Considero que eliminar el Ministerio de Educación Superior sería un retroceso para el país.
Estoy de acuerdo en que se necesita una transformación total del sistema educativo, pero eso no requiere fusionar instituciones. Lo que se necesita es una ley coherente, políticas claras y trabajo coordinado entre el nivel preuniversitario, el superior y el Infotep.
Fusionar los ministerios no resolvería los problemas; por el contrario, podría agravarlos, y en cinco años veríamos un retroceso mayor que el que tenemos hoy, porque ambos niveles tienen déficits distintos que requieren atención específica.
—¿Deberían eliminarse las Pruebas Nacionales?
Hay que quitarlas. Lo que se debe hacer son pruebas diagnósticas en cada ciclo, por ejemplo en tercer grado y en sexto, para ver las deficiencias y capacitar a los profesores para corregirlas. La prueba nacional es una formalidad y cuesta muchísimo dinero. El 70 % de la nota es acumulada por los profesores y la prueba vale 30; así cualquiera pasa. Además, tiene varias convocatorias seguidas y no se corrigen las deficiencias. Es mejor evaluar por ciclos y trabajar sobre los problemas detectados que mantener una prueba que no está aportando a mejorar la calidad del aprendizaje.
La República Dominicana registró en 2025 una mayor cantidad de reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de activos u otros delitos, levantados principalmente desde el sistema financiero, un aumento de las personas físicas y jurídicas analizadas y un incremento en el número de vehículos e inmuebles evaluados para detectar posibles infracciones a la ley.
En 2025, en el país se registraron 4,436 reportes de ROS sobre lavado de activos, algún delito precedente o de financiación al terrorismo, mostrando un aumento de un 2.7 % con relación al año anterior. De esa cifra, 4,280 fueron generadas por el sector financiero y los restantes 156 por el no financiero.
Las razones que motivaron la generación de esos informes son varias, aunque la falta o insuficiencia de documentación que validara el origen de los fondos fue la principal causa, con un 26.2 %, seguida por transacciones fuera del perfil transaccional (14.25 %) y noticias negativas (12.54 %).
El comportamiento inusual (depósitos y retiros casi de inmediato, discrepancia entre ingresos reales y declarados) provocó el 9.4 % de los ROS, pagos en efectivo por encima del umbral permitido (6.8 %), posible fraude o estafa (5.4 %), uso de cuentas personales para asuntos comerciales (2.8 %), extorsión (1.4 %), entre otros.
Así lo recoge la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en su informe estadístico, en el cual se visualiza un aumento de un 35.5 % en el número de personas físicas y jurídicas que fueron investigadas por la entidad, a solicitud de otras instituciones.
El documento de la UAF establece que el número los perfiles analizados ascendieron a 1,706 durante el año pasado, representando un incremento absoluto de 447 al compararse con 2024. El alza estuvo explicada, principalmente, por las personas físicas, que pasaron de 975 en 2024 a 1,409 el año siguiente, mientras que las jurídicas se incrementaron de 284 a 297 en ese mismo período.
Las solicitudes de análisis de perfiles a la UAF fueron impulsadas por la Procuraduría General de la República (64 %) mientras que la Dirección Nacional de Control de Drogas remitió el 19.5 %.
El resto de los pedimentos lo realizaron el Ministerio de Defensa, la Armada de la República Dominicana, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, Policía Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia, según el informe.
La entidad explica que el número de casos de corrupciónde 2021 elevó los pedimentos de asistencia técnica por parte de la institución, señalando que “la cantidad de solicitudes de este tipo depende del volumen de casos que identifiquen las autoridades de investigación y persecución en donde requieran colaboración de parte de la Unidad”.
Para sustentar los informes solicitados en 2025, la UAF analizó inmuebles, vehículos y volúmenes monetarios que, en el caso de los primeros dos tipos de bienes, registraron un incremento con relación al año anterior.
El año pasado se verificaron 2,846 automóviles y 2,390 inmuebles, cifras que superaron los 1,881 vehículos y 964 propiedades del 2024, según señala el informe.
De igual forma, supervisó un volumen en pesos de 53.969.3 millones de pesos y 25.6 millones de dólares.
Durante el 2025 fueron elaborados 64 informes de inteligencia, generados de forma espontánea. Estos fueron enviados al Ministerio Público o a alguna otra autoridad competente nacional, al encontrarse suficiente evidencia para poder vincular a las personas analizadas a algún delito precedente de lavado de activos o financiamiento de terrorismo, puntualiza el documento.
El lavado de activos, el tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas y la corrupción administrativa figuran como los tres principales delitos identificados por la Unidad de Análisis Financiero en los informes que le solicitaron, sumando entre los tres el 82.1 %.
El documento de la UAF detalla que el lavado de activos estuvo presente en el 45.8 % de los casos, seguido con el tráfico de drogas con el 26.8 % y la corrupciónel 9.5 %.
Con menor proporción estuvieron la estafa agravada(3.7 %), trata de personas (2 %), crimen organizado transnacional (1.4 %), contrabando, falsificaciones de documentos, crimen de alta tecnología, delito medioambiental y testaferrato con un 1 % cada una.
El intelectual, politólogo y académico estadounidense Abraham F. Lowenthal, volvió a pisar suelo dominicano, ya medio encorvado por los efectos de la gravedad en su cuerpo, de pasos cortos, pero con memoria prodigiosa. A sus 85 años rememora la primera vez que estuvo en Quisqueya.
Cuenta que corría el año 1964, con apenas 23 años de edad, cuando conoció el primer Santiago de América. En aquel entonces trabajó con la Asociación para el Desarrollo de Santiago, una fundación filantrópica que presidía el ingeniero Tomás Pastoriza (Jimmy).
En la hidalga de los 30 caballeros conoció al sacerdote Agripino Núñez Collado, él lo invitó a impartir un curso de Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), casa de estudio que el pasado viernes lo invistió con un doctorado Honoris Causa.
En su visita al país, Lowenthal conversó con Diario Libre sobre Latinoamérica, los nuevos paradigmas socioeconómicos y el conflicto bélico en el Golfo Pérsico, entre otros tópicos.
—¿Tiene futuro el multilateralismo a la luz de la política exterior estadounidense?
Yo creo que va a ser increíblemente importante volver y reforzar el multilateralismo y organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, etc. Si no existieran estas organizaciones, que todavía existen, pero debilitadas; uno tendría que inventarlas porque obviamente es muy difícil manejar muchos temas importantes para los seres humanos, para el medio ambiente, el futuro de los océanos, el clima, no es simplemente el quién es dueño del petróleo, también hay tópicos de índole médica, de cooperación. El multilateralismo es muy necesario en la era Trump.
—La guerra EE. UU. vs. Irán está en una fase de tregua, estos países están dialogando: ¿cree usted que está cerca el fin del conflicto que tiene en vilo a gran parte de la humanidad?
Lo primero es establecer que esta guerra nunca debió comenzar, ni Irán ni Estados Unidos o Israel ganan mucho con un conflicto prolongado; hay mucha gente de estas naciones, líderes, tratando de ver cómo acaba esto en términos que sean positivos para los intereses de los países envueltos en la escalada militar. No tiene lógica mantener una línea ofensiva que ya ha cobrado tantas vidas y dejado tantas pérdidas materiales.
—Aparentemente hay desconfianza entre los actores que están negociando el fin de la guerra, sobre todo porque el presidente Trump parece ser un poco ambivalente en cuanto a sus objetivos, ¿qué opinión le merece?
Hay desconfianza como es normal en estos casos, pero Trump sí es bastante irregular. Él no tiene ningún problema en decir una cosa hoy, otra el martes u otra el miércoles, eso sí es muy irregular y da lugar a que el arribo a un acuerdo no sea una tarea muy fácil.
—Trump ha anunciado el regreso de la Doctrina Monroe ¿tiene esto sentido en pleno siglo XXI?
Tener una política de esta índole es cosa del siglo XIX. Hay muy pocos profesionales en la política estadounidense y militares que la respalden, porque es cuestión del pasado, el mundo cambió. Muchos amigos trabajaron en la comisión que permitió devolver a Panamá la soberanía sobre su canal, respetando así los límites territoriales y marítimo, como establece el derecho internacional. Ese tipo de acuerdos es que debe primar en la actualidad.
—El presidente Trump como el típico político outsider se impone al resto de los poderes del Estado, ¿eso no es peligroso para la democracia?
En el sistema que tenemos en Estados Unidos el Congreso es quien controla al Poder Ejecutivo, ha sido así desde el siglo XVIII y ha funcionado bastante bien, este es el más peligroso que hemos tenido, un Gobierno en que el Ejecutivo no está controlado por el Congreso, porque ellos también tienen el control del Congreso, eso ha pasado antes, pero nunca con alguien como Trump. El Poder Judicial realmente ha estado controlando al Ejecutivo, no en todo, claro está, pero en las decisiones importantes sí ha actuado contra las posiciones del Gobierno. En un caso hipotético de que tres de los jueces de la Corte Suprema se enfermen mortalmente mientras Trump sea presidente, ahí el oficialismo decide a quien poner y sería otra columna para el líder republicano… eso sí sería peligroso para la democracia.
—Habrá elecciones legislativas en noviembre, ¿podrán los republicanos mantener su mayoría en el Congreso?
Los republicanos tienen el control del Congreso por cinco o seis votos, pero no creo que eso vaya a durar más allá de las elecciones de noviembre. No tengo una bola de cristal, pero si uno estudia las tendencias o consulta a los electores, es muy obvio que los demócratas lo superarán en la próxima contienda de medio término.
—¿Cómo evalúa usted la política de seguridad de Donald Trump con relación a América Latina?
Yo quisiera entender cuál es la política de seguridad de Trump respeto a América Latina, porque una cosa es lo que él dice y otra la que hace y estas no son precisamente políticas. No la tuvo en su anterior gestión (2017-2021) y ahora tampoco parece tener una política. En Venezuela secuestraron al presidente Maduro y a su esposa y ahora están en un juicio en Nueva York; bajo los marcos del derecho internacional, eso es ilegal.
No estoy defendiendo a Maduro, estoy categorizando lo que ha pasado, y en el contexto del derecho, no creo que ese juicio dure mucho tiempo, porque en Estados Unidos las leyes no las dirige el presidente. Otra cosa es querer decidir qué hará Venezuela con su petróleo, a quien venderle sus recursos, no creo que eso vaya a durar mucho tampoco.
—¿Y qué hay de Cuba, es apropiada la forma en la que ha manejado la relación con la isla caribeña?
Desde el año 1961, Estados Unidos ha mantenido una política rara con Cuba, yo la llamo rara porque Cuba no representa una amenaza para Estados Unidos, sin embargo, le mantiene un bloqueo innecesario. No hay un argumento racional que valide ese bloqueo; cuando no hay cohetes de la Unión Soviética, cuando esa nación no está enviando espías a Estados Unidos ni planeando una invasión. No estoy diciendo que el Gobierno cubano sea un gobierno perfecto, pero quién es Estados Unidos para esperar gobiernos perfectos.
Lowenthal trabajó dos años en el país, entre 1964 y 1965, con la Asociación para el Desarrollo de Santiago, también impartió un curso de Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), invitado por el fenecido sacerdote Agripino Núñez Collado.
Entre sus publicaciones más importantes destaca el libro “El desatino americano” en el que analiza la Revolución de Abril de 1965, la intervención norteamericana, el surgimiento del conflicto y sus consecuencias.
Al ser preguntado sobre cuáles cambios nota en Dominicana a lo largo del tiempo que tiene conociéndola, expresa: “Mi primera impresión es con los numerosos edificios tan altos, antes Santo Domingo no era así, ahora es una gran urbe”.
Casi una década después de que se ratificara la condena de 20 años de prisión contra Nicolás Christopher Pisapia, el cuarto de los ciudadanos franceses implicado en el cargamento de 700 kilos de cocaína incautado en un avión que se disponía a despegar de Punta Cana hacia Europa, la sentencia aún no ha sido ejecutada.
Una fuente reveló a Diario Libre que Pisapia se encuentra prófugo y que la “condena de 20 años le fue impuesta mientras se estaba en rebeldía y desde entonces no ha sido capturado”. Sin embargo, su abogado, Andy de León negó que estuviera prófugo y afirmó que el acusado todavía tiene impuesta la medida de coerción de presentación periódica e impedimento de salida del país. Asegura, asimismo, que asiste religiosamente a firmar en la Fiscalía del Distrito Nacional mensualmente.
Pisapia acompañaba en el avión Falcon 50, en el que fue ocupado el alijo, a sus compatriotas, los pilotos Pascal Jean Fauret y Bruno Armand Víctor Odos, quienes se fugaron del país pesando sobre ellos la primera condena emitida por un tribunal de primera instancia, y a Alain Marc Paul Marie Castany, quien fue repatriado a Francia para que cumpla la pena por su condición de salud luego de un accidente de tránsito. La corte confirmó 20 años de prisión a los cuatro extranjeros en junio del 2016, meses después de la fuga de los dos pilotos.
Tras el escándalo de la espectacular huida en lancha de Pascal Jean Fauret y Bruno Armand Víctor Odos, Pisapia manifestó que se quedaría en República Dominicana porque quería “hacer reconocer sus derechos”.
En ese entonces pesaba sobre él la misma coerción que, según su abogado, tiene ahora: presentación periódica e impedimento de salida. Esas medidas le habían sido impuestas a los otros tres franceses, incluidos los pilotos, luego de 15 meses en prisión. Aprovecharon la libertad para huir de la justicia dominicana.
Pese a la ratificación de la sentencia por la corte, la cual no ha sido apelada casi 10 años después por la defensa de Pisapia, esta decisión no ha sido ejecutada y así lo confirma, además de su abogado, el director de Servicios Penitenciarios, Roberto Santana.
En el 2018, la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, rechazó el recurso de casación de Carlos Espinal, uno de los cuatro dominicanos también hallados culpables por las 26 maletas que contenían los 700 kilos de cocaína en el avión.
Inmediatamente se conoció el escape de los dos pilotos, en octubre del 2015, las autoridades dominicanas en ese entonces tramitaron una captura internacional que incluyó al diputado europeo Aymeric Chauprade y el experto aeronáutico francés Christophe Naudin, pero solo se detuvo a este último que viajó a Egipto y pudo ser detenido en ese país porque Francia no extradita a sus nacionales. Habían colaborado en la fuga de Fauret y Odos. Procesado en República Dominicana, Naudin fue condenado el 26 de octubre del 2017 a cinco años de prisión pero, al igual que Alain Marc Paul Marie Castany, fue repatriado a Francia para que cumpliera su condena. Siete meses después, en el país europeo le suspendieron la pena por asuntos médicos.
En cuanto a los pilotos, a estos se les procesó también en tribunales franceses y fueron declarados culpables en primer grado, pero una corte los descargó. Sin embargo, los gerentes de la compañía de aviación Pierre-Marc Dreyfus y Fabrice Alcaud, acusados en Air Cocaine en esa nación, fueron condenados a seis años de cárcel. Otro sentenciado es Ali Bouchareb, a 18 años de prisión, por ser considerado jefe de la operación de droga.
El abogado Andy de León entiende que el proceso penal contra su cliente, el francés Nicolás Christopher Pisapia, está “prescrito” por el tiempo que lleva en los tribunales.
Aseguró que no recurrió en casación la decisión de la corte que confirmó su sentencia de 20 años porque nunca fue notificado de ese fallo. Agregó que no es una condena firme porque se le vulneró el derecho del debido proceso al no notificársele.
El Ministerio Público depositará hoy la solicitud de medida de coerción contra siete de los implicados en la muerte del chofer Deivy Carlos Abreu Quezada, ocurrida tras una persecución y agresión por parte de un grupo de motoristas en Santiago.
La fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu, informó que los imputados forman parte del grupo que persiguió a la víctima hasta las inmediaciones del Palacio de Justicia, donde se produjo el ataque que le ocasionó la muerte el pasado viernes.
Indicó que una octava persona ha sido identificada, pero aún no ha sido arrestada, mientras continúan las labores de búsqueda.
La representante del Ministerio Público adelantó que solicitarán prisión preventiva como medida de coerción, al considerar que la conducta de los implicados encaja en el tipo penal de asesinato.
“Evidentemente que debe ser la prisión preventiva, porque la acción, la conducta típica y el desenlace mortal enmarcan en una persecución con la intención de dañar y matar”, explicó.
Asimismo, señaló que el caso también podría tipificarse como asociación de malhechores, en función de la actuación colectiva de los involucrados durante la agresión.
Tras el hecho, ocurrido en el área del Palacio de Justicia de Santiago, la fiscal indicó que se adoptarán medidas para reforzar la seguridad en la zona.
Explicó que se evaluará ampliar la cobertura de vigilancia, incluyendo las áreas periféricas del recinto judicial, donde se registró la agresión.
“A partir de esta incidencia se va a reiterar la necesidad de ampliar la seguridad y contar con mecanismos más idóneos para garantizar mayor cobertura”, expresó.
El hecho ocurrió luego de que la víctima fuera perseguida por varios motoristas tras un incidente de tránsito.
La agresión quedó registrada en videos que circularon en redes sociales y generaron indignación pública.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer todas las responsabilidades en este caso, que ha sido calificado como asesinato por el Ministerio Público.
Irán no tiene previsto asistir a las conversaciones en Pakistán con Estados Unidos el lunes, informó la prensa estatal luego de que el presidente Donald Trump ordenara el envío de negociadores a solo días de que expire el alto el fuego en Oriente Medio.
Estados Unidos mantiene un bloqueo a los puertos iraníes, un factor de fricción en las negociaciones, y además Trump anunció el domingo que un destructor estadounidense disparó contra un carguero iraní que trató de eludirlo.
La televisión estatal IRIB informó, citando fuentes iraníes, que "actualmente no hay planes para participar en la próxima ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos".
La agencia estatal IRNA señaló el bloqueo y las "exigencias irrazonables e irreales" de Washington. Afirmó que "en estas circunstancias, no hay una perspectiva clara de negociaciones fructíferas".
Medios iraníes indicaron que el fin del bloqueo naval estadounidense es condición indispensable para el diálogo.
El panorama se complicó por el anuncio domingo de la incautación de un buque cisterna iraní en el golfo de Omán por parte de la marina estadounidense, cuando intentaba evadir el bloqueo impuesto por Estados Unidos.
Un destructor estadounidense "le advirtió que se detuviera", pero ante la negativa de la tripulación, el buque de guerra disparó contra la sala de máquinas.
Ahora "tenemos la custodia total del buque", aseguró Trump. El 'Touska' está sujeto a sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señaló.
Irán prometió el lunes "responder pronto" al decomiso del buque, que calificó como un "acto de piratería" y una violación del cese el fuego.
Pese a la incertidumbre sobre la presencia iraní, Trump anunció el domingo el envío a Islamabad de la delegación encabezada por el vicepresidente JD Vance, acompañado por los emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner, el yerno del presidente.
Trump afirmó en su plataforma Truth Social que ofrecía a Irán un "acuerdo razonable" y advirtió que, en caso de rechazo, "Estados Unidos destruirá todas las centrales eléctricas y todos los puentes en Irán".
Con carreteras cerradas, alambradas y barricadas, la capital paquistaní reforzó visiblemente la seguridad el domingo. Periodistas de la AFP vieron guardias armados y puestos de control cerca del hotel Serena, donde se celebró la última ronda de conversaciones.
Más allá de las negociaciones, Washington y Teherán siguen enfrentados en torno al estrecho de Ormuz, por donde habitualmente transita una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas.
Las renovadas tensiones en Ormuz y la falta de perspectiva en las negociaciones de paz impactaron los precios del petróleo, que el lunes subían más de 8% en el caso del West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense.
Trump justifica la ofensiva contra Irán con el argumento de que estaba próximo a fabricar una bomba atómica. Teherán lo desmiente al asegurar que su programa nuclear tiene fines civiles.
La guerra ha incendiado Oriente Medio, causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y perturbado gravemente la economía mundial.
Teherán declaró el sábado que retomaba "el estricto control" de la vía marítima después de haber anunciado el viernes su reapertura, lo que había desatado euforia en los mercados mundiales.
Poco después, al menos tres buques comerciales que intentaban atravesar el estrecho fueron objeto de disparos.
Estos ataques son "una violación total del alto el fuego", protestó Trump.
El tráfico por el estrecho de Ormuz se redujo a cero el domingo, según el sitio Marine Traffic.
Vali Nasr, profesor de relaciones internacionales en la universidad estadounidense Johns Hopkins, señaló que Irán pensaba, al reabrir el estrecho el viernes, que "Estados Unidos respondería levantando el bloqueo".
Pero su mantenimiento "no hizo más que alimentar la sospecha de Irán" de que las conversaciones de Islamabad "no son más que una artimaña diplomática antes de otro ataque militar", añadió en X.
En Líbano, el otro frente de la guerra, la situación continúa muy inestable a pesar de un alto el fuego de 10 días que entró en vigor el viernes entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá, y de que ambas partes se han acusado mutuamente de violar.
El ejército israelí ha recibido instrucciones de utilizar "toda su fuerza" si las tropas se enfrentan a "cualquier tipo de amenaza", según el ministro de Defensa, Israel Katz.
Katz ha afirmado en varias ocasiones que Israel derribaría casas a lo largo de la frontera con vistas a establecer una "zona de seguridad". De hecho, las destrucciones continúan en localidades fronterizas, según la Agencia Nacional de Información libanesa (ANI).
En Líbano, la guerra deja ya cerca de 2,300 muertos y un millón de desplazados.
El expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, aseguró que la Constitución dominicana permite la repostulación del vicepresidente.
El jurista envió un comentario a este diario a propósito del artículo de nuestro director, Aníbal de Castro, sobre la posibilidad de que la vicepresidenta Raquel Peña figure nuevamente en la boleta electoral del Partido Revolucionario Moderno.
A continuación, la carta de Ray Guevara en la que formula su análisis constitucional.
Distinguido y admirado señor director:
En su emblemática y orientadora columna de opinión ADC, del Diario Libre, bajo su digna dirección, del pasado viernes 17 de abril, aborda el interesante tema de la reelección vicepresidencial. Me suscribo plenamente a su sólido criterio de que no existe disposición alguna en nuestra actual Constitución que impida la reelección o permanencia de la admirada y apreciada señora vicepresidenta, Raquel Peña, en la vicepresidencia de la República. En adición, ninguna disposición constitucional le impide presentarse para la candidatura presidencial. Por mandato del artículo 22 constitucional —“elegir y ser elegibles para los cargos que establece la presente Constitución”—, es un derecho de ciudadanía del que disfrutan ciudadanos y ciudadanas.
La Vicepresidencia de la República fue creada en la Constitución del 25 de febrero de 1854. Su función constitucional ha sido, a través del tiempo, sustituir de manera definitiva o temporal al presidente de la República. Nuestra práctica institucional, a finales del siglo XX y en la actualidad, es que, cada vez con mayor frecuencia, el presidente de la República le ha conferido obligaciones administrativas, como ministerios, embajadas o gabinetes administrativos.
En la Constitución vigente del 27 de octubre de 2024, como en las reformas del 14 de agosto de 1994, 25 de julio de 2002, 26 de enero de 2010 y 13 de junio de 2015, la prohibición de la reelección consecutiva, o su consagración solo por dos períodos consecutivos, es para el presidente; no se extiende a él o la vicepresidenta. La posibilidad de reelección no es un derecho fundamental exigible, como lo ha expresado la Comisión de Venecia, sino una opción de diseño constitucional (2018). No es exigible ni por candidatos ni por electores. Quien aspira a reelegirse ha ejercido ya su derecho de ser elegido. Los límites se establecen para el presidente, órgano ejecutivo, pero mucho menos en el ámbito del Poder Legislativo (senadores, diputados, representantes).
Nuestra primera Constitución social, del 29 de abril de 1963, introdujo una novedad que no se ha reproducido: en el artículo 23 se prohíbe que el presidente pueda ser reelecto ni postularse como vicepresidente en el período siguiente. Por su parte, el artículo 125 de la referida Carta Magna reza: “El vicepresidente de la República tampoco podrá ser reelecto ni postularse como candidato a la presidencia de la República en el período siguiente”.
La moderna doctrina constitucional deliberadamente tiende a limitar la prohibición al jefe del Estado, elegido directa o indirectamente. Tuvimos el privilegio de estar presentes en la reunión del Grupo de Venecia, en marzo de 2018, y, en su opinión, “en los sistemas presidenciales el mandato ilimitado conduce al peligro de tener un monarca republicano”. A propósito de este tema, el mayor legado del presidente Abinader será haber convertido en el artículo 268 constitucional, en cláusula pétrea, las reglas de elección presidencial establecidas en el artículo 124 de la Constitución; y, en consecuencia, ningún presidente de la República podrá optar más allá de un segundo período consecutivo, ni tampoco podrá postularse a la Vicepresidencia de la República.
Con sentimientos de amistad, admiración y simpatía,
Dr. Milton Ray Guevara.
La temporada de huracanes en el Atlántico 2026, que comenzará oficialmente el 1 de junio y terminará el 30 de noviembre, podría diferir de las pasadas en la última década, debido al creciente fenómeno de El Niño, según un nuevo pronóstico de investigadores de la Universidad Estatal de Colorado (CSU).
Los expertos pronostican una temporada ligeramente por debajo del promedio, con 13 tormentas con nombre (entre tormentas tropicales y huracanes). Se espera que seis de ellas se conviertan en huracanes y dos se intensifiquen hasta alcanzar la categoría 3 o superior.
Desde ya el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH) publicó la lista de los nombres para asignar a estos fenómenos tropicales este año.
Los 21 nombres para los ciclones tropicales este 2026 son:
El CNH informa que desde 1953, las tormentas tropicales del Atlántico se nombraban a partir de listas elaboradas por el Centro Nacional de Huracanes. Actualmente, un comité internacional de la Organización Meteorológica Mundial se encarga de mantener y actualizar dichas listas mediante un procedimiento riguroso.
Explica que las seis listas anteriores se utilizan de forma rotativa y se renuevan cada seis años; es decir, la lista de 2023 se volverá a utilizar en 2029. Indica que el único cambio en la lista se produce si una tormenta es tan devastadora o costosa que el uso futuro de su nombre para otra tormenta resultaría inapropiado por razones de sensibilidad. En ese caso, en una reunión anual del comité de la OMM (convocada principalmente para tratar otros asuntos), el nombre en cuestión se elimina de la lista y se selecciona otro para reemplazarlo.
"Si se forma una tormenta fuera de temporada, se le asignará el siguiente nombre de la lista según la fecha actual. Por ejemplo, si se forma un ciclón tropical el 28 de diciembre, se le asignará el nombre de la temporada anterior. Si se forma en febrero, se le asignará el nombre de la temporada siguiente", detalle el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en su página web.
En caso de que se produzcan más de 21 ciclones tropicales con nombre en la cuenca del Atlántico durante una temporada, las tormentas adicionales tomarán nombres de una lista alternativa aprobada por la OMM.
El procurador general de la Corte de Apelación de Santiago, Juan Carlos Bircann, advirtió este domingo sobre las fallas de seguridad en el Palacio de Justicia de esta ciudad, tras el hecho en el que un chofer de un camión de recogida de basura fue ultimado luego de ser perseguido por un grupo de motoristas.
La víctima fue Deivy Carlos Abreu Quezada,de 40 años.
El magistrado afirmó que las debilidades en el sistema de vigilancia del recinto no son recientes y que ya habían sido denunciadas desde el año 2022, sin que se adoptaran correctivos suficientes.
Bircann explicó que el Palacio de Justicia presenta deficiencias tanto en el control de acceso como en la supervisión interna, señalando que en ocasiones el personal policial se mantiene pasivo y sin realizar revisiones adecuadas.
Indicó que en el pasado se han registrado situaciones preocupantes, incluyendo la fuga de una persona bajo medida de coerción y otros hechos violentos dentro del recinto judicial.
“Si usted se paraba frente a la puerta principal, veía un personal prácticamente pasivo. Las personas no eran objeto de revisión”, expresó.
El procurador también señaló problemas estructurales como la falta de iluminación en áreas clave y el mal funcionamiento de cámaras de vigilancia.
Explicó que el Palacio de Justicia ocupa una manzana completa con múltiples accesos, lo que aumenta la necesidad de un sistema de seguridad más robusto.
“Muchas de las cámaras que ustedes ven no están operativas. Hay pasillos oscuros, especialmente en horas de la tarde y la noche”, indicó.
Bircann consideró que el reciente hecho marca un punto de inflexión que obliga a las autoridades a prestar mayor atención a la seguridad del Palacio de Justicia.
Sostuvo que este espacio debe ser considerado un “recinto sagrado”, destinado a la resolución de conflictos bajo el marco de la ley, por lo que no deben ocurrir actos violentos en su interior o alrededores.
“Cuando usted entra al Palacio de Justicia, no puede ir en son de guerra. Es un lugar para dirimir conflictos”, manifestó.
Las declaraciones se producen luego de que un chofer fuera perseguido por motoristas tras un incidente de tránsito y posteriormente agredido mortalmente en el área de parqueo del Palacio de Justicia de Santiago.
El caso ha generado indignación y ha puesto en debate las condiciones de seguridad del principal recinto judicial de la provincia, mientras las autoridades continúan las investigaciones y el proceso judicial contra los implicados.