¡ÚLTIMA HORA!
La cantidad de dinero que circula en la economía dominicana se redujo durante el primer cuatrimestre de este año, en comparación con el cierre de 2025. Tanto la cantidad de billetes y monedas en poder del público como los depósitos transferibles, conocidos como M1, sufrieron una contracción de poco más de 44,000 millones de pesos.
Ambos componentes de la oferta monetaria del país registraron una contracción de un 4.6 %, pues de 957,811.7 millones de pesos que estaban en mano de los consumidores en diciembre del año pasado, el monto cayó a 913,696.1 millones a abril de 2026, una reducción absoluta de 44,115.6 millones de pesos.
La principal reducción porcentual y absoluta en los agregados monetarios se registró en los billetes y monedas en manos del público, que pasó de 292,959.4 millones de pesos a 267,970.7 millones en el citado período, significando una caída de un 8.5 %, equivalente a 24,988.7 millones de pesos menos.
Así lo indican las estadísticas del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), las cuales también precisan que los depósitos transferibles se redujeron en 19,126.9 millones de pesos, al pasar de 664,852.2 millones en diciembre del año pasado a 645,725.3 millones de pesos a abril de 2026, equivalente a una caída de un 2.9 %.
A pesar de la reducción registrada por el M1 durante el citado lapso, los niveles de liquidez en manos de los consumidores superan el observado en abril de 2025, cuando ambos componentes sumaron 811,973.2 millones de pesos.
En 2025 el monto de billetes y monedas en poder del público y los depósitos transferibles se expandió un 14.5 %, representando un crecimiento absoluto de 121,683.5 millones de pesos entre enero y diciembre de ese año.
La reducción del medio circulante en el primer cuatrimestre de 2026, con relación a diciembre, es un patrón que se repite, al menos en los últimos tres años, de acuerdo con los registros del BCRD.
Tanto los billetes y monedas en poder de la población como los depósitos transferibles aumentan en diciembre, un período con alta demanda de bienes y servicios en la economía, y luego se contraen en los primeros cuatro meses del año entrante.
Por ciento se expandió el medio circulante durante el 2025, equivalente a 121,683.5 millones de pesos, según el BCRD.
En las cifras de la institución monetaria se observa que en diciembre de 2023 el M1 ascendió a 819,640.3 millones de pesos, para reducirse a 767,646.6 millones en abril del año siguiente. Al final de 2024 el medio circulante alcanzó los 866,350.1 millones de pesos, bajando a 811,973.2 millones al cuarto mes de 2025.
La contracción de la oferta monetaria es uno de los mecanismos utilizados para controlar la inflación. El Banco Central explica que un exceso de circulante puede impactar en los precios, en cambio, cuando hay restricciones de liquidez en la economía el costo del dinero aumenta, encareciendo el consumo y los proyectos de inversión.
La semana pasada el Banco Central informó que la inflación interanual de la economía dominicana se disparó en abril hasta un 5.11 %, superando la meta de 5 % establecida por las autoridades monetarias y rompiendo así 35 meses consecutivos por debajo de ese rango.
El índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación de un 0.49 % durante el citado mes.
De color rosa, adornada con una flor de seis pétalos y bajo el título “Pertenece a Carolina”, lo que parecía una simple libreta de apuntes, resultó ser un relato silencioso de dolor y desesperación.
A tres días de la muerte de Indhira Carolina Beltré, la joven de 32 años presuntamente asesinada por su expareja en La Toronja, Santo Domingo Este, al abogado de su familia, Andrés Toribio, le fue entregado un cuaderno de aproximadamente 4x5 pulgadas que perteneció a la víctima.
La libreta había sido encontrada por una compañera de Carolina en la zona franca donde ella laboraba, dentro de su casillero. En la contraportada y subrayado dice: “No tocar”.
Se presume que esta libreta fue el medio que Indhira habría utilizado para plasmar su dolor, el miedo y la incertidumbre que sentía sobre “qué se puede hacer en ese caso”, como ella misma describía su situación al referirse a los constantes actos de violencia psicológica y física, asedio, persecución y amenazas que recibía de su presunto feminicida, Camilo Rodríguez, de 52 años, con quien procreó una niña.
“Algunas veces las cosas no son como las pintan. Pueden hacerte creer una cosa al principio del camino y mientras lo vas recorriendo paso a paso, te vas dando cuenta que es algo diferente al mundo que te pintan”, con estas declaraciones inician los apuntes fechados el sábado 16 de mayo de 2026, 24 horas antes de su asesinato vil y cobarde.
En las primeras seis páginas de la libreta, Indhira Carolina hace catarsis al describir la sombría realidad que vivía, y su dolor no solo físico, sino también emocional.
“Hay personas ignorantes que creen que las cosas son para siempre. Existe el maltrato psicológico y es más humillante que el físico. Prefiero que me des una bofetada, a que me hieras con palabras obscenas e insultos”, escribió en la libreta impregnada de impotencia, sin saber el trágico final que le aguardaba.
“Luego de varias veces de ese bochornoso espectáculo, la persona decide coger un camino para no seguir en ese”, continúa el texto que parece describir escenas de celos de su expareja, antes de decidir separarse por mutuo acuerdo.
“La persona desiste por un tiempo, pero luego empiezan los acechos, las persecuciones, incluso las amenazas, porque la persona quiere continuar como los viejos tiempos”, continúa el plasmado en la libreta.
Su expareja la veía como una pertenencia, aunque ella siempre intentó mantener un trato afable con él, según lo expresado en los apuntes. “Ya esa otra persona no quiere y la otra persona de cierta manera insiste porque no sabe que ya la otra persona apunta su norte para otro lado”.
El desafortunado relato termina indicando cómo el agresor llegó, incluso a amenazar con hacerle daño a su nueva pareja. “OK. Luego de que se entera que ya su norte está en otro lado, quiere hacer la vida imposible de cualquier manera a esa persona, pero esa otra persona solo lo trata bien, aún sabiendo que esa persona te quiere por debajo y te quiere controlar para que vuelvas a ser de él. Usa un comportamiento extraño, incluso te asecha y te persigue y aun así tú sigues siendo buena persona con esa persona…te amenaza con hacerle daño a tu norte.”
Indhira habría concluido su testimonio cuestionando “Qué se puede hacer en ese caso??”, con una flecha que señalaba a una página en blanco.
son las que han perdido la vida en mano de sus parejas o exparejas en lo que va del año, de acuerdo a informaciones de Interior y Policía.
Esta libreta será entregada al Ministerio Público por el abogado para que sea examinada e incluida como evidencia en el caso contra Camilo Rodríguez, acusado de asesinar a Indhira Carolina.
“Como el hecho ocurre entre dos personas y no hay testigos, entonces tienen que haber circunstancias que te digan a ti que él pudo haber cometido el hecho”, explicó Toribio.
Camilo Rodríguez, acusado de la muerte de Indhira Carolina Beltré, deberá cumplir tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en Guerra.
El expediente del Ministerio Público establece que Camilo le ocasionó varias heridas a Indhira, mientras sostenían una discusión en la vivienda de la víctima.
De acuerdo al informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Carolina falleció a consecuencia de heridas cortopunzantes en el cuello.
Con Indhira suman 31 las mujeres que han perdido la vida a mano de sus parejas o exparejas, cifra que antes de su fallecimiento ya presentaba un aumento de 36.4 %, con relación al mismo periodo en 2025, de acuerdo a informaciones del Ministerio de Interior y Policía.
La relación entre Washington y La Habana entró esta semana en una fase inédita y potencialmente explosiva. La acusación criminal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro, de 94 años, por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, representa el mayor golpe político y simbólico lanzado hasta ahora por la administración de Donald Trump contra la dirigencia histórica de la revolución cubana.
Los cargos —asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves— fueron presentados en el tribunal federal del distrito sur de Florida junto a acusaciones contra otros cinco militares cubanos.
El caso revive uno de los episodios más sensibles para el exilio cubano en Miami: la destrucción en aguas internacionales de dos avionetas civiles pertenecientes a la organización anticastrista Hermanos al Rescate, donde murieron cuatro personas.
“Estados Unidos y el presidente Trump no olvidan, ni olvidarán, a sus ciudadanos”, afirmó el fiscal general en funciones, Todd Blanche, al anunciar la imputación. Más contundente aún fue su advertencia de que Raúl Castro terminará compareciendo ante la justicia estadounidense “por su propia voluntad o de otra manera”.
El simbolismo político del momento fue cuidadosamente calculado. La acusación se hizo pública el 20 de mayo, fecha en la que el exilio cubano conmemora la independencia de Cuba. Y llega después de meses de endurecimiento de la política estadounidense hacia la isla, en un contexto regional marcado por la reciente captura y traslado a Nueva York del expresidente venezolano Nicolás Maduro, tras una acusación previa del Departamento de Justicia por narcotráfico.
La ofensiva no es únicamente judicial. Coincidiendo con la imputación, el secretario de Estado, Marco Rubio, lanzó un mensaje directo a los cubanos ofreciendo una “nueva vía” para la relación bilateral: elecciones libres, apertura económica y el desmontaje del poder político y empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de GAESA, el conglomerado militar que domina sectores estratégicos de la economía cubana, desde el turismo hasta las remesas.
Rubio responsabilizó al régimen —y no al embargo estadounidense— de la devastadora crisis económica que atraviesa la isla. Cuba vive hoy uno de los momentos más difíciles desde el colapso soviético.
Los apagones de más de doce horas diarias son frecuentes, la inflación ha pulverizado salarios y pensiones, y la escasez de alimentos, medicinas y combustible ha empujado a cientos de miles de cubanos a emigrar.
La producción azucarera se encuentra en mínimos históricos, el turismo no logra recuperarse plenamente y el sistema energético nacional funciona al borde del colapso.
En ese contexto, Washington anunció además un programa de ayuda humanitaria de 100 millones de dólares en alimentos y medicinas que sería distribuido mediante la Iglesia Católica y organizaciones independientes, evitando los canales estatales cubanos. La propuesta fue presentada como una forma de apoyar directamente al pueblo cubano sin fortalecer al aparato gubernamental.
Desde La Habana, la reacción fue inmediata y virulenta. El presidente Miguel Díaz-Canel calificó la ofensiva estadounidense como “una operación de propaganda y desestabilización” destinada a desacreditar a la revolución y promover un cambio de régimen.
Según sostuvo, la acusación contra Raúl Castro responde a intereses políticos del exilio cubano más radical y constituye un intento de “reescribir la historia”.
Millones de dólares ofreció Washington a La Habana mediante un programa de ayudas sociales.
Díaz-Canel reiteró la versión oficial cubana sobre el incidente de 1996: que las avionetas habían violado reiteradamente el espacio aéreo de la isla y que el gobierno actuó en defensa de su soberanía.
También acusó a Estados Unidos de ignorar décadas de agresiones, sabotajes y operaciones encubiertas contra Cuba.
La tensión entre La Habana y los Estados Unidos aumentó todavía más tras el anuncio del despliegue en el Caribe del portaaviones nuclear USS Nimitz y su grupo de ataque. Aunque el Comando Sur presentó la operación como parte de movimientos rutinarios y ejercicios regionales, en La Habana el gesto fue interpretado como una demostración de fuerza en medio de la escalada política.
El recuerdo reciente del USS Gerald Ford —que operó en el Caribe antes de apoyar la captura de Maduro y luego participar en operaciones en Medio Oriente— añade inquietud a un gobierno cubano debilitado económicamente y cada vez más aislado diplomáticamente.
Por ahora, nadie anticipa una acción militar directa contra Cuba. Pero la combinación de presión judicial, aislamiento diplomático, asfixia económica y despliegue militar ha colocado a la isla en el momento de mayor vulnerabilidad política desde los años noventa. Y en el centro de esa tormenta aparece, otra vez, el apellido Castro.
![[object HTMLTextAreaElement]](https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/imagen-alfonso-alfi-fanjul-y-jose-pepe-fanjul-2-6bca97ce.jpg)
La familia Fanjul Gómez-Mena, principales accionistas del Central Romana y uno de los clanes empresariales más influyentes de la industria azucarera, respaldó los esfuerzos de Donald Trump para promover un cambio en Cuba.
En una declaración con motivo del aniversario de la independencia cubana, la familia aseguró que “un cambio significativo finalmente es posible” tras más de seis décadas de régimen comunista en la isla.
“Estados Unidos nos dio lo que una dictadura comunista nos negó en Cuba: la libertad de trabajar, de poseer, de practicar nuestra fe, de disentir, de fracasar, de comenzar de nuevo y de prosperar mediante el esfuerzo y no por permiso”, expresa el comunicado firmado por Alfonso, J. Pepe, Lian, Alex y Andrés Fanjul.
Un total de 450 jueces de los 737 que hay en todo el país paralizarán sus labores este jueves ante la respuesta “vaga” y no concreta del Consejo del Poder Judicial a sus reclamos, de mejores condiciones laborales, contrataciones de más personal en los tribunales y por la indexación salarial, entre otras reivindicaciones.
“No se va a brindar ningún tipo de servicio” este jueves a excepción del que ofrecen los tribunales de atención permanente, cuyos magistrados están obligados a conocer los casos de personas detenidas recientemente, a fin de garantizar el cumplimiento del plazo constitucional de 48 horas para su presentación ante un juez.
Así lo informó Ysis Muñiz, presidenta de la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana (Asojurd), una de las agrupaciones que representan a los miembros de la judicatura.
Al paro se han sumado casi dos mil servidores judiciales, según el folleto que distribuyen los organizadores.
Pese a que más del 61 por ciento de los jueces se han sumado al llamado a paro y casi dos mil servidores judiciales, el Poder Judicial envió un comunicado de prensa a los medios en el que afirmó que adoptaba medidas “para garantizar la continuidad del servicio y asegurar la atención a los usuarios”.
Según el reporte de nómina de ese poder del Estado, el pasado mes de abril contaba con un total de 6,516 empleados fijos, incluyendo a los jueces de primera y segunda instancia que se mantendrán en sus oficinas luego de un manifiesto en cada departamento judicial, pero no trabajarán.
A Diario Librellegaron misivas en las que los coordinadores departamentales solicitaban la “colaboración” a los servidores judiciales para que no abandonaran sus quehaceres, recordándoles que se deben “a esta institución (Poder Judicial) y por sobre todas las cosas a los usuarios de este sistema”.
Además de Asojurd, la Red Nacional de Jueces y Servidores Judiciales, que dirige Yokaurys Morales, así como la Asociación Dominicana de Jueces de Paz (Adojupa), cuyo presidente es Dante Ozuna Mercedes, apoyan el paro de este jueves.
El presidente del Colegio Abogados (CARD), Trajano Potentini, hizo u llamado a todos sus miembros a respaldar la paralización de los jueces en una manifestación frente a la Suprema Corte de Justicia, a las 10:00 de la mañana de este jueves. Potentini sostuvo que la situación del sistema judicial requiere respuestas inmediatas y decisiones responsables por parte del Consejo Nacional de la Magistratura.
El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray Guevara, favoreció los reclamos de los jueces y servidores judiciales que mantienen anunciado un paro nacional para mañana, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales del sector. “Los jueces han tenido la paciencia de Job. Entonces, lo ideal es que todo se recomponga (el diálogo) sobre la base de la justicia y el reconocimiento de los derechos que tienen esos servidores de la administración judicial”, dijo.
Para el exjuez, los reclamos responden a problemas estructurales acumulados durante años dentro del sistema de administración de justicia. El jurista habló en el Palacio Nacional durante un acuerdo de alianza formativa y técnica del Gobierno con la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).
La Ley 87-01 que creó el Sistema de Seguridad Social dominicano cumple 25 años. Ha llegado a esta edad con achaques. Con sus luces y sombras y con el consenso generalizado de que necesita una revisión. Por proyectos de reforma que no quede… hay unos cuantos.
Por lo menos 9- en las cámaras legislativas y se espera que el presidente Abinader presente pronto otro.
Hablamos con Arismendi Díaz Santana, uno de los “padres” de la Ley. Además, en septiembre de 2025 fue designado por el Presidente Abinader como coordinador de la comisión técnica que reforzará los mecanismos de supervisión del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Los actuarios y especialistas en la materia no siempre tienen el punto de vista del afiliado o paciente, que al fin y al cabo, es quien sufre los problemas y se beneficia de los aciertos. En esta conversación, Díaz Santana habla para ellos.
—¿Qué tal ha madurado la ley 87-01?
Necesita reformas, porque la sociedad y la economía también han cambiado mucho en 25 años. Desde luego, es mejor que lo que había antes, el viejo seguro social. Eso hemos ganado.
—¿Por qué los legisladores no se ponen de acuerdo para trabajar en un único proyecto?
Hace dos años se nombró una comisión bicameral que planteó un proyecto tan deformado que se cayó ese mismo día. Pues ahora vamos por el mismo camino. Hay legisladores que encargan proyectos y los presentan en sus provincias como muestra de que están trabajando. Pero las superintendencias comenzaron ya a hacer su trabajo, a preparar un proyecto por encargo del presidente. Creo que es el mejor momento para someter un proyecto de reforma de la seguridad social; sería el colofón de la celebración de un cuarto de siglo de la Ley de Seguridad Social.
—¿A quién le interesa más que se haga la reforma?
Al afiliado. No hay interés en otros grupos. Si hablamos de la parte previsional, las AFP no tienen ningún interés en que esto se modifique porque están ganando mucho. No tienen ni que recoger el dinero; lo manda la Tesorería. Una parte lo ponen en Hacienda, otra parte en el Banco Central y otra parte lo ponen... y ya. A esperar el mes que viene.
—Con ese esquema, tampoco el Estado tendría interés en reformar…
¡Exactamente! Eso quiere decir que la situación de los trabajadores es muy vulnerable. En primer lugar porque las AFP no tienen ningún interés en elevar la rentabilidad porque no viven de ella. Número dos: esas AFP están comenzando a diversificar las inversiones en los grupos de sus relaciones de influencia. Y en tercer lugar, tampoco el Estado, porque si la rentabilidad de Hacienda baja un punto, esos son millones que se quedan ahí para otras cosas y millones que dejan de recibir los trabajadores. Esta es la verdadera ley del embudo.
—¿Es una opción que el afiliado pueda retirar el dinero cuando se jubile?
En un proyecto de futuro, eso sería una opción que estoy planteando. Pero lo más grave, es que la mayoría de los trabajadores no va a acumular 30 años. Por la inestabilidad del mercado laboral, la informalidad… Desde la Fundación Seguridad Social para Todos estamos planteando que se le devuelva el 50 % del patrimonio acumulado si lo desea el afiliado y se le garantice una pensión subsidiada. El otro 50 % se le pasa al Estado y automáticamente le asignan una pensión de por vida. Aunque no necesariamente el fondo que se cree es suficiente, pero el Estado tiene que asumir su responsabilidad.
—¿Cuál es el mayor problema para la sostenibilidad del sistema de pensiones?
En 2033, 1,300,000 dominicanos afiliados van a cumplir los 30 años de cotización. Ya estamos muy tarde para ver cómo se resuelve ese problema. Porque será un problema grave que en un año entren en edad de retiro 350 mil personas y que cuando vayan a recibir su pensión oigan que “son 10 mil pesos lo que usted puede recibir”. No es lo mismo que cuando 200 cañeros frente al Palacio reclamaban su pensión de 3,000 pesos. Estamos hablando de 300 mil, de 400 mil pensionados en un año. Y otros tantos al año siguiente.
—¿Cuánto y cómo afectan al sistema los planes de pensiones de tantas instituciones públicas?
Afectan y mucho, pero nadie sabe cuánto porque no ha habido interés en sacar el cálculo. Pero son instituciones con sueldos altos que actualizan sus pensiones como si fueran salarios. Por ejemplo, la UASD.
—¿Qué reforma necesita el esquema de Salud?
La situación es totalmente diferente. Es igualmente crítica pero no se necesita transformar la ley para que el ciudadano reciba un mejor servicio de salud y bienestar.
—¿Por qué?
Porque todas las transformaciones que hay que hacer están previstas en la Ley: atención primaria, un plan básico de salud, la organización de las cosas por niveles de atención, la contratación de los médicos con incentivo a la producción y al desempeño… Todo eso está contemplado en la ley.
-Los más beneficiados...
Yo sigo luchando porque en algún momento determinado se logre que sean los afiliados los más beneficiarios del sistema dominicano de seguridad social. Porque hasta ahora, ni en pensiones, ni en salud, son los más beneficiados. Están en mejores condiciones que con el viejo seguro social, pero están en desventajas con relación de las ARS, a las AFP y a las PSS.
—Por fin, ¿hay o no hay un Senasa 2.0?
Sí, el Ministerio Público ha dicho que es verdad. Lo que puede estar ocurriendo es lo siguiente: ahí debe haber mucha presión. Eso comenzó como en octubre, vamos a llegar a un año con una investigación. Al principio dijeron que eran muchos y ahora ves que últimamente como que van bajando la cosa. Y si eso explota, ¿a dónde va a llegar esto? ¿Cuál va a ser la calidad que va a tener el Colegio Médico y que van a tener los médicos? Pensarán algunos que eso hay que taparlo, o enfriarlo, o reducirlo. Es un problema de sobrevivencia de clase, de espíritu de clase.
—Pero el Senasa funciona…
Está funcionando. Recuerde que al Senasa lo saquearon. La ley dice que una ARS tiene que tener una reserva técnica equivalente a la deuda que está consumiendo por la demanda de sus afiliados.
—¿En qué periodo?
Mensual y anualmente. Eso es permanente porque tiene que asegurarle al proveedor que lo va a pagar.
¿Qué pasó en el Senasa?
Que comenzaron a hacer una serie de trampas, a otorgar una serie de contratos fuera de todo. Cuando aparecía el déficit, se cogía de las reservas. Por eso es que el desfalco fue calculado en 13,500 millones de pesos. Llegó un momento que ya ni siquiera las reservas alcanzaron, cuando ya el Gobierno se dio cuenta del asunto y tomó medidas. Pero ¿a quién se le atrasaban? No a los que tenían contratos primarios.
El informe Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2026 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) muestra que República Dominicana registró un ratio de recaudación del IVA, o ITBIS, de 0.38. Se trata del nivel más bajo entre los países de Centroamérica y el cuarto más bajo entre los 26 países de América Latina incluidos en el estudio.
Este indicador mide qué proporción del potencial teórico de recaudación del IVA efectivamente logra captar el fisco. En otras palabras, compara lo que se recauda frente a lo que podría recaudarse si el impuesto se aplicara de manera uniforme sobre el consumo gravable de la economía.
República Dominicana posee la tasa de ITBIS más alta entre los países centroamericanos, con 18%, pero al mismo tiempo exhibe la menor eficiencia recaudatoria de esa región. En cambio, economías con tasas menores, como El Salvador (13%) o Guatemala (12%), muestran ratios de recaudación superiores.
Esto sugiere que elevar tasas no necesariamente se traduce en una mayor capacidad de recaudo. Cuando los sistemas tributarios se vuelven complejos, con múltiples exenciones, tratamientos diferenciados y altas cargas impositivas, aumentan también los incentivos para la evasión, la informalidad y la planificación tributaria.
Por esa razón, desde CREES se ha planteado la conveniencia de avanzar hacia un sistema más simple, con una base más amplia y una sola tasa de 10 por ciento. Un esquema de este tipo puede contribuir a mejorar la eficiencia recaudatoria, reducir distorsiones y facilitar el cumplimiento tributario, además de promover un entorno económico más competitivo y favorable para la inversión y la formalidad.
__________
Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en primera discusión y a unanimidad, el proyecto de ley que modifica el Código de Trabajo, introduciendo nuevas disposiciones vinculadas a situaciones de emergencias sanitarias, estados de excepción y desastres naturales.
El informe favorable del proyecto aprobado por los diputados indica que entre los cambios más relevantes figura la incorporación de una nueva causa de suspensión del contrato de trabajo. En este caso, durante estados de excepción.
La modificación añade un decimotercer numeral al artículo 51 del Código de Trabajo, que actualmente contempla 12 causas de suspensión de los efectos del contrato laboral.
La nueva disposición establece como causa de suspensión: “Las disposiciones del presidente de la República durante los estados de excepción, y las medidas que adopten las autoridades sanitarias que restrinjan o limiten la asistencia de los trabajadores a las instalaciones de trabajo, siempre que por la naturaleza del trabajo no sea susceptible de ser realizado mediante teletrabajo”.
¿Qué significa esto? Se refiere a que la suspensión del contrato implica que, temporalmente, se detendrán algunas de las principales obligaciones entre empleador y trabajador, sin que esto represente un despido.
Según el informe autorizado por los diputados, la reforma también modifica el artículo 165 del Código de Trabajo, relativo a los días no laborables.
Además del texto vigente, que establece que "los días declarados no laborables por la Constitución o las leyes, son de descanso remunerado para el trabajador, salvo que coincidan con el día de descanso semanal". Se agregan dos nuevos párrafos.
Uno de ellos faculta al Poder Ejecutivo a declarar mediante decreto la suspensión de labores por varias razones: "El Poder Ejecutivo podrá declarar mediante decreto la suspensión de labores atendiendo a razones de seguridad nacional, emergencia, estados de excepción, emergencias sanitarias o desastres naturales".
"En caso de suspensión de labores dispuesta por el Poder Ejecutivo durante estados de excepción, emergencias sanitarias o desastres naturales, se exceptúan de la suspensión los servicios esenciales tales como alimentación, salud, agua, electricidad, seguridad, transporte aéreo y demás análogos, los cuales deberán continuar operando conforme a los protocolos establecidos", reza el párrafo que hace referencia a los servicios esenciales.
Tras la aprobación en primera lectura en la Cámara de Diputados, el proyecto de reforma laboral deberá ser conocido en una segunda discusión antes de regresar al Senado de la República para continuar su trámite legislativo.
República Dominicana pasó de registrar cerca de un 24 % de embarazos adolescentes en 2020 a alrededor de un 18 % en la actualidad, según el director materno infantil del Servicio Nacional de Salud (SNS), Martín Ortiz, quien aseguró que la reducción responde a las políticas de prevención impulsadas desde el Gobierno, aunque admitió que todavía “queda mucho trabajo por hacer”.
El ginecólogo destacó que uno de los principales cambios ha sido la creación de unidades de atención integral para adolescentes, donde jóvenes pueden recibir orientación médica y consejería antes de enfrentar un embarazo.
Estas unidades también ofrecen servicios de planificación familiar, apoyo psicológico y acompañamiento emocional, lo que ha facilitado que padres y tutores permitan que los adolescentes (tanto hembras como varones) acudan a buscar orientación.
Según indicó Ortiz, las menores embarazadas son atendidas en consultas diferenciadas y separadas de las áreas generales de atención juvenil, con médicos especializados en adolescentes.
“Desde el Gobierno se impulsa política de prevención de embarazos en adolescentes y uniones tempranas. Esta iniciativa prioriza en las provincias con mayor número de embarazos en adolescentes y se combinó salud, protección social y educación”, agregó.
De acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), en 2025 unas 537 niñas entre 12 y 14 años se convirtieron en madres, frente a los 585 casos registrados en 2024.
El doctor señaló que también se ha fortalecido la capacitación del personal sanitario y la coordinación interinstitucional con los ministerios de la Mujer, Juventud y Educación, provocando un “cambio de mirada” en los jóvenes frente a la problemática del embarazo a temprana edad.
“Ha sido la razón por la que ha habido una disminución importante del embarazo en adolescente”, afirmó.
No obstante, el funcionario reconoció que aún persisten retos importantes para continuar reduciendo las cifras.
“Todavía queda mucho trabajo por hacer con las escuelas, con las iglesias, con las comunidades”, agregó.
De su lado, el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en el país, Carlos Carrera, consideró que la reducción registrada entre niñas y adolescentes de 12 a 14 años sigue siendo limitada y advirtió que todavía persisten condiciones de vulnerabilidad que las exponen al embarazo temprano y a las uniones tempranas.
“El embarazo y el inicio de la maternidad en estas edades tiene impactos altamente negativos y severos en las vidas de las niñas y adolescentes”, expresó.
Carrera consideró que la disminución observada entre niñas de 12 a 14 años representa un avance, aunque todavía insuficiente frente a la magnitud del problema.
“La reducción presentada en el número de nacimientos en niñas y adolescentes entre 12 y 14 años es relativa”, afirmó.
Sostuvo que, aunque las intervenciones públicas y el trabajo de organizaciones de la sociedad civil han contribuido a la reducción de casos, siguen existiendo condiciones de vulnerabilidad que exponen a niñas y adolescentes al embarazo temprano y a las uniones tempranas.
Asimismo, advirtió que, dependiendo del contexto, muchos de estos casos pueden estar relacionados con violencia y abuso sexual, como ha demostrado la evidencia internacional.
En ese sentido, insistió en la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y protección dirigidas específicamente a niñas entre 12 y 14 años.
“Es imperante la focalización en intervenciones específicas, más efectivas, relevantes y pertinentes para la prevención, atención, respuesta y protección hacia las niñas y adolescentes entre 12 y 14 años”, concluyó.
El Gobierno anunció este miércoles el inicio del proceso de licitación para la recuperación del Teatro Agua y Luz, emblemático espacio ubicado en el Centro de los Héroes, objeto de litigios durante la última década.
El anuncio fue realizado durante un almuerzo encabezado por el presidente Luis Abinader junto a representantes de la clase artística dominicana en el Salón Verde del Palacio Nacional. Se informó que el objetivo de transformarlo en un moderno escenario cultural y turístico para la ciudad de Santo Domingo.
El ministro de Turismo, David Collado, informó que el mandatario instruyó la apertura del proceso de licitación para intervenir la estructura, proyecto que incluirá la remodelación integral y el techado del recinto.
Indicó que la licitación ya fue publicada o sería colocada oficialmente durante esta semana, y estimó que el proceso administrativo previo al inicio de la construcción podría completarse en aproximadamente tres meses.
En 2015, la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (Corphotels) convocó una licitación para los interesados en arrendar el Teatro Agua y Luz, que permanecía abandonado desde hacía años.
El 30 de marzo de ese año, Corphotels y Consultoría Astur, vinculada al político Miguel Vargas Maldonado, firmaron el contrato mediante el cual el Estado dominicano arrendaba por 25 años el inmueble de 17,321.20 metros cuadrados, ubicado en la parcela 3-B del Distrito Catastral 2 del Distrito Nacional, correspondiente al Teatro Agua y Luz.
Sin embargo, cinco años después, en 2020, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) determinó que el procedimiento no correspondía al arrendamiento de un bien público, sino a una modalidad de asociación público-privada de concesión. Mediante la resolución 96-2020, declaró ilegal el proceso y anuló la licitación.
Al explicar la decisión, el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, señaló en el momento que “la licitación era de un supuesto alquiler, pero cuando analizamos toda la documentación nos dimos cuenta de que más que un alquiler, se estaba entregando el Teatro Agua y Luz en una concesión hasta el 2044, en un proceso que violaba todos los principios de la Ley 340”.
Pimentel agregó que, tras la anulación, el inmueble fue devuelto al Estado dominicano.
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En enero de 2021 el Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazó la solicitud de medida cautelar interpuesta por la Consultora Astur, S.A., tras determinar, la ilegalidad de la adjudicación y, además, el incumplimiento de que la arrendataria no había realizado los trabajos de remozamiento contratados y tampoco evidenció las razones por las que no los ejecutó.
Asimismo, en marzo de ese mismo año, el TSA falló a favor de la DGCP al rechazar las medidas cautelares interpuestas por Consultoría Astur S.A.
Mediante la sentencia número 030-01-2020-SSMC-00016, de fecha 26 de enero de 2021, el TSA consideró improcedente la solicitud de medida cautelar presentada por Consultoría Astur, al establecer que la empresa no había realizado trabajos de remozamiento en el inmueble ni justificó las razones por las que el recinto seguía sin recibir las remodelaciones acordadas.
En su sentencia, el tribunal también determinó que no hubo constancia de la existencia de un alto riesgo de que, en el transcurso del proceso, "acontezca una situación fáctica o jurídica irreparable que deje sin efecto o haga perder el objeto al recurso contencioso principal".
En ese sentido, dijo que los efectos de la Resolución 96-2020 emitida al inicio de la actual gestión de la DGCP, se encuentran vigentes.
En abril de 2022, la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso de casación interpuesto por Consultoría Astur contra la resolución de la DGCP que declaró ilegal la licitación para el arrendamiento del teatro.
A través de la sentencia SCJ-TS-22-0123, de fecha 25 de febrero, la Tercera Sala de la Suprema Corte declaró inadmisible el recurso de casación presentado contra la decisión del TSA que rechazó la medida cautelar solicitada por la empresa.
En cuanto a la sentencia dictada por la Tercera Sala, la Corte Suprema explicó que la inadmisibilidad del recurso de casación se debió a que con la entrada en vigencia de la Ley 491-08, el recurso de casación contra las sentencias dictadas por el Tribunal Superior Administrativo en cuestiones cautelares fue suprimido, por lo que quedó automáticamente derogado el artículo 7 de la Ley 13-07 de Transición hacia el Control Jurisdiccional de la Actividad administrativa del Estado, que permitía el recurso de casación en materia cautelar.
Ese mismo año, en noviembre de 2022, la Quinta Sala del TSA rechazó el recurso contencioso administrativo interpuesto por Consultoría Astur contra la resolución de la DGCP.
Mediante la sentencia 0030-1643-2022-SSEN-00769, el tribunal dispuso la anulación del contrato de arrendamiento de Consultoría Astur y declaró ilegal el procedimiento realizado por Corphotels.
La decisión indicó que la DGCP actuó conforme a la normativa vigente y dentro de sus facultades como órgano rector de las contrataciones públicas.
En marzo de 2024, la Primera Sala del TSA se reservó el fallo sobre otro recurso contencioso presentado por Consultoría Astur, empresa favorecida poco antes por una decisión de la Suprema Corte de Justicia que revocó la sentencia de la Quinta Sala del TSA y devolvió el expediente a esa jurisdicción.
En abril de 2024, la Suprema Corte de Justicia, mediante la sentencia SCJ-TS-24-0250, revocó la resolución 96-2020 emitida por la DGCP y devolvió el caso al TSA para que fuera conocido por otra sala.
Meses después, en agosto de 2024, el Tribunal Superior Administrativo volvió a fallar a favor de la DGCP y ratificó la anulación de la concesión por 25 años otorgada a Consultoría Astur.
La decisión correspondió a la Primera Sala del TSA, que conoció el recurso contencioso administrativo interpuesto por la empresa contra la resolución 96-2020.
“La sentencia 0030-02-2024-SSEN-00604 confirma en todas sus partes la referida resolución emitida por el órgano rector, por considerar que la decisión estuvo precedida de las garantías procesales que comportan el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva y, por ende, cumplió con el debido procedimiento administrativo”, indicó la DGCP en un último comunicado sobre el estatus del inmueble.
El Teatro Agua y Luz Angelita Trujillo, conocido popularmente como Agua y Luz, fue construido en 1955 durante la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, hoy Centro de los Héroes, para conmemorar los 25 años en el poder del dictador Rafael Leónidas Trujillo.
El Ministerio de Salud Pública informó la noche de este miércoles que no existe evidencia de "riesgo sanitario" ni de un evento de salud pública asociado al incidente registrado en un vuelo que salió desde el Aeropuerto Internacional del Cibao con destino a Nueva York, Estados Unidos, y que retornó de manera preventiva tras percibirse un olor extraño dentro de la aeronave.
La institución explicó que, inmediatamente después del aterrizaje, fueron activados los protocolos de emergencia y asistencia médica para evaluar a los pasajeros y tripulantes.
Según el informe oficial, 12 personas fueron trasladadas a centros de salud con síntomas respiratorios leves para fines de evaluación médica.
Las autoridades señalaron que la mayoría de los pasajeros presentó síntomas relacionados con ansiedad, pánico y dificultades respiratorias leves, siendo posteriormente dados de alta.
Como parte de la respuesta participaron equipos del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), el Viceministerio de Gestión de Riesgo y Salud Ambiental, la Dirección Provincial de Salud Santiago III, personal del Servicio Nacional de Salud (SNS), la Dirección de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) y otros organismos de respuesta.
Salud Pública reiteró que, hasta el momento, no se ha identificado ninguna amenaza sanitaria vinculada al incidente y aseguró que continúan las evaluaciones correspondientes para determinar la causa del olor percibido dentro de la aeronave.
Actualmente, cuatro personas permanecen bajo observación médica en distintos centros de salud y se encuentran en condición estable.
Según el reporte oficial, la mayoría de las personas afectadas fue dada de alta luego de recibir atención médica y ser evaluada por especialistas.
El avión, un Airbus A321 de la aerolínea Delta Airlines, operaba el vuelo 1822 con destino al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. Llevaba 192 pasajeros a bordo.
El avión despegó desde Santiago a las 2:45 de la tarde y la emergencia fue declarada a las 5:15, luego de que varios pasajeros comenzaran a sentirse afectados por la situación registrada dentro de la aeronave. Tenía tres horas en el aire.
