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La más reciente encuesta nacional de ACD Media va más allá de establecer quién encabeza hoy las preferencias presidenciales. Sus resultados retratan un sistema político en transformación, donde la identificación con los partidos se debilita mientras los liderazgos personales adquieren mayor protagonismo. Al mismo tiempo, el elevado número de indecisos y potenciales abstencionistas, unido a una oposición que, en conjunto, supera al oficialismo, configura una carrera hacia el 2028 abierta y con altas probabilidades de resolverse en una segunda vuelta.
El dato más revelador no es quién encabeza las preferencias, sino el profundo distanciamiento de los ciudadanos respecto de las organizaciones políticas. El 55.6 % de los encuestados afirma no simpatizar con ningún partido,mientras apenas el 25.8 % se identifica con el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el 7.8 % con la Fuerza del Pueblo y el 7.4 % con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
La cifra confirma una tendencia consolidada en los últimos años: la fidelidad partidaria cede espacio a un electorado más independiente y dispuesto a evaluar candidatos antes que siglas. Sin embargo, esa pérdida de identificación no implica necesariamente un debilitamiento del sistema de partidos. Si hoy hubiera elecciones, PRM (29.1 %), Fuerza del Pueblo (20.9 %) y PLD (15.3 %) concentrarían el 65.3 % de la intención de voto.
Muchos ciudadanos rechazan militar o identificarse con una organización, pero terminan optando por alguna de las tres principales fuerzas políticas.
La competencia, por tanto, continúa estructurada alrededor de esos partidos, aunque la relación entre los votantes y las organizaciones sea hoy mucho más flexible.
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• Fecha trabajo: 2 al 4 de julio del 2026
• Nivel de confianza: 95 %
Ese fenómeno ayuda a explicar otra de las conclusiones del estudio: los liderazgos pesan más que las estructuras partidarias.
David Collado encabeza las preferencias individuales; Leonel Fernández y Omar Fernández mantienen un importante caudal político, y otros dirigentes registran niveles de respaldo superiores a la identificación que despiertan sus respectivos partidos. La capacidad de conectar con el electorado parece hoy más determinante que la fortaleza histórica de las organizaciones.
En el oficialismo, además, el panorama luce relativamente despejado. Collado obtiene el 40.4 % cuando se pregunta quién debería ser el candidato presidencial del PRM y eleva ese respaldo al 54.2 % entre los simpatizantes del partido. Aunque registra una ligera reducción respecto de la medición anterior entre la población general, conserva prácticamente intacto su liderazgo interno y se mantiene como la principal carta electoral del oficialismo.
La encuesta también refleja una realidad política que merece atención: considerada en conjunto, la oposición supera al partido de gobierno.
La suma de la Fuerza del Pueblo (20.9 %) y el PLD (15.3 %) alcanza el 36.2 %, alrededor de siete puntos por encima del 29.1 % atribuido al PRM.
Ese dato, sin embargo, debe interpretarse con cautela. No significa que esos votos sean automáticamente transferibles entre ambas organizaciones, que competirían por separado en una primera vuelta. Lo que sí evidencia es que el oficialismo enfrenta un escenario competitivo y que una eventual convergencia opositora alteraría significativamente el equilibrio electoral.
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La encuesta revela además una dinámica singular dentro de la Fuerza del Pueblo.
Entre la población general, Omar Fernández supera a Leonel Fernández como eventual candidato presidencial(47 % frente a 29.9 %). Sin embargo, entre los simpatizantes del partido ocurre exactamente lo contrario: Leonel domina ampliamente con el 67 %, frente al 33 % de Omar.
Lejos de reflejar una fractura, los datos muestran dos liderazgos complementarios. Omar exhibe mayor capacidad para atraer votantes fuera de la organización, mientras Leonel mantiene una autoridad indiscutible sobre la estructura partidaria.
La ventaja individual de David Collado tampoco debe interpretarse como una superioridad equivalente sobre la Fuerza del Pueblo. Leonel y Omar pertenecen a la misma organización y, llegado el momento, es razonable prever que quien no resulte candidato respaldará al otro.
Pero tampoco sería metodológicamente correcto sumar los porcentajes de ambos, pues el mismo criterio obligaría a agregar los respaldos de los demás aspirantes del PRM o del PLD. La referencia más consistente para medir la fortaleza relativa sigue siendo la intención de voto por partidos.
El escenario general favorece una competencia prolongada.
Con el PRM en 29.1 %, la Fuerza del Pueblo en 20.9 % y el PLD en 15.3 %, ningún partido se acerca al umbral necesariopara ganar en primera vuelta. La situación adquiere mayor relevancia cuando se observa que el 18.9 % de los entrevistados aún no sabe por cuál partido votaría y el 11.9 % afirma que no acudirá a las urnas.
En conjunto, casi un tercio del electorado permanece fuera de una decisión consolidada. Ese universo convierte la campaña en una disputa por conquistar un voto independiente que supera ampliamente la militancia efectiva de cualquiera de las organizaciones políticas.
Otro dato de interés es la irrupción de Santiago Matías (Alofoke), quien obtiene el 6.3 % de la intención de voto presidencial.
Se trata de un porcentaje significativo para una figura sin trayectoria partidaria y con escasa experiencia electoral, aunque todavía distante de un nivel que permita hablar de una candidatura competitiva para la Presidencia.
Ese respaldo podría tener mayor relevancia como activo para una organización minoritaria que como plataforma suficiente para una candidatura independiente. Los partidos pequeños apenas aparecen en las preferencias del estudio, por lo que una figura con capacidad de atraer votos y generar atención pública podría proporcionarles una visibilidad de la que hoy carecen. Si además lograra superar el umbral del 5 % de los votos válidos, incrementaría la participación de esa organización en la distribución del financiamiento público.
No obstante, sería necesario un cruce adicional de la encuesta para determinar de qué sectores sociales, territoriales o generacionales procede ese respaldo. Solo ese análisis permitiría establecer si se trata de un fenómeno transversal o concentrado en segmentos específicos del electorado.
En cualquier caso, la encuesta también confirma que la notoriedad personal difícilmente sustituye la estructura territorial, la organización y la maquinaria electoral que siguen siendo decisivas en una elección presidencial.
El oficialismo mantiene la ventaja inicial; la oposición demuestra que, observada en conjunto, conserva un caudal electoral superior, y el elevado número de indecisos confirma que ninguna candidatura puede dar por asegurado el resultado.
A dos años de las elecciones, la verdadera conclusión del estudio no es quién lidera hoy las preferencias, sino que la carrera hacia 2028 permanece extraordinariamente abierta.
El Gobierno modificó el trazado del proyectado monorriel que conectará el Distrito Nacional con Santo Domingo Este y anunció que el recorrido definitivo será consensuado con las comunidades para reducir al mínimo el impacto sobre la población y el medio ambiente, pero las autoridades no han explicado el alcance de la modificación.
El proyecto, que originalmente fue presentado como un tren metropolitano, también cambió su recorrido. En lugar de iniciar en el Centro Olímpico y concluir en las proximidades del puente Juan Carlos, ahora partirá desde la estación Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez (próximo a la San Martín) de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo y se extenderá hasta la avenida Ecológica al cruzar la avenida Charles de Gaulle.
En principio se informó que el recorrido del monorriel se iniciaría en el Centro Olímpico, donde convergen las dos líneas del metro, y continuaría la avenida John. F. Kennedy hasta el parque de la Leopoldo Navarro para luego tomar la avenida 30 de Marzo y posteriormente la México.
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Subiría al parque Enriquillo para cruzar el río Ozama hasta Villa Duarte en paralelo a la avenida España, cruzaría Las Americas, impactaría el Ensanche Ozama, luego el hospital Darío Contreras y San Vicente de Paúl.
Se había proyectado por Las Américas, por Los Tres Ojos, el Ensanche Isabelita hasta el puente Juan Carlos, pero el nuevo trazado es la bifurcación de las avenidas Coronel Rafael Fernández Domínguez con Avenida Ecológica, todo el farallón hasta cruzar la Charles de Gaulle.
El Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram) informó que el trazado definitivo será establecido mediante un proceso de socialización con residentes, organizaciones comunitarias y grupos ambientalistas.
Durante la primera vista pública del proyecto, el director ejecutivo de la entidad, Jahel Isa, aseguró que la institución escuchará las inquietudes de los distintos sectores antes de iniciar cualquier intervención, especialmente en el tramo donde ha habido mayor resistencia que es desde la avenida San Vicente de Paúl hacia el este.
"Vamos a proteger el medio ambiente y atender todas las preocupaciones. Si hay que hacer diez reuniones, se harán diez, si hay que hacer cien, se harán cien", expresó el funcionario.
Isa explicó que, tras los planteamientos de organizaciones ambientalistas, Fitram suspendió temporalmente los sondeos geotécnicos en la zona y convocó la vista pública para recoger observaciones antes de continuar con el proceso de evaluación ambiental.
Adelantó que en el próximo trimestre se realizará una segunda vista pública y se desarrollarán encuentros en Villa Duarte, Maquiteria, Ensanche Ozama, Reparto Las Américas y otros sectores de Santo Domingo Este, donde serán presentadas las distintas alternativas de recorrido.
Sostuvo que el monorriel busca convertirse en una solución de movilidad para miles de personas que diariamente se desplazan entre Santo Domingo Este y el Distrito Nacional, pero insistió en que el proyecto debe contar con sostenibilidad social, ambiental, técnica y jurídica.
"Este no puede ser un proyecto de un gobierno ni de un partido. Tiene que ser un proyecto de Santo Domingo Este, construido con el consenso de sus comunidades", afirmó.
Comunitarios solicitaron evaluar rutas alternas que eviten intervenir áreas ambientalmente sensibles y reclamaron acceso a los estudios de factibilidad y a la documentación técnica y ambiental del proyecto.
El presidente Luis Abinader promulgó la modificación a la ley de residuos sólidos que el Congresoaprobó al vapor, una normativa que multiplica los pagos que deben hacer las empresas por los desechos, incluso aquellas que no reporten ninguna ganancia.
A través de una carta enviada el 9 de julio al Senado, el consultor jurídico de la Presidencia, Jorge Subero Isa, confirmó que la ley fue numerada con el código 36-26 y que entró en vigor desde el mismo momento en que fue promulgada.
La nueva legislación modifica la escala de contribuciones que deben pagar las empresas de acuerdo con sus ingresos brutos anuales.
Uno de los cambios amplía el primer tramo de contribución. Antes, solo las empresas con ingresos de hasta un millón de pesos pagaban 3,000 pesos al año. Con la nueva ley, el texto específico que las compañías con ingresos de cero hasta cinco millones deberán pagar 5,000 pesos.
El caso del mayor aumento golpea y multiplica el aporte de los grandes empresarios con ingresos superiores a los 100 millones de pesos.
La nueva legislación elimina la tarifa única de 675,000 pesos y establece una escala progresiva de contribuciones que va desde 400,000 hasta 2.2 millones de pesos, dependiendo del nivel de ingresos.
En el siguiente tramo, las empresas con ingresos de entre cinco y diez millones de pesos mantendrán una contribución de 6,000 pesos. Sin embargo, para las compañías con ingresos de entre 10 y 25 millones de pesos, el pago aumenta de 20,000 a 25,000 pesos.
La ley también modifica las contribuciones de las empresas de mayores ingresos. Las que facturan entre 25 y 50 millones de pesos pasarán de pagar 155,000 a 90,000 pesos, mientras que las ubicadas entre 50 y 80 millones de pesos deberán aportar 120,000 pesos, en lugar de los 260,000establecidos anteriormente para el rango de 50 a 100 millones.
Antes de la promulgación de la ley, el proyecto ya había generado críticas entre organizaciones empresariales,que cuestionaron tanto el contenido de la reforma como la rapidez con que fue aprobada en el Congreso.
El vicepresidente ejecutivo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AmchamDR), William Malamud, sostuvo que las reformas con impacto sobre la competitividad, la sostenibilidad y el clima de inversión deben discutirse con mayor tiempo y mediante procesos participativos sustentados en evidencia.
Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, afirmó que la medida resulta difícil de comprender en el contexto actual, al considerar que incrementa la carga para empresas y consumidores, quienes ya enfrentan mayores retenciones derivadas de las recientes medidas económicas.
Marranzini indicó, además, que el empresariado mantiene inquietudes sobre el destino de los recursos que se recaudarán, la justificación de los nuevos montos, los mecanismos de transparencia para su administración y la ausencia de consultas tanto con el sector privado como con el fideicomiso DO Sostenible, entidad encargada de recibir y administrar esos fondos.
A esas preocupaciones se sumó la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), que manifestó que la reforma requiere una revisión técnica más amplia y un proceso de diálogo con los sectores productivos antes de su aplicación.
La ley, que mientras fue proyecto fue depositada por el senador Antonio Marte, fue criticada porque fue aprobada en las dos cámaras congresuales bajo un procedimiento de urgencia y en dos sesiones consecutivas tras agotar un trámite de apenas cinco días en el Congreso y sin estudios previos en comisiones.
Los promotores de una planta de industrialización de residuospermanecen desde hace 75 días sin poder acceder a los terrenos donde se desarrollará el proyecto debido al campamento que mantienen residentes de la comunidad Los Aguacates, en La Cuaba.
Durante una visita al lugar, Diario Libre comprobó que, aunque la Policía Nacional mantiene una presencia permanente en la zona, el libre acceso a la propiedad continúa restringido.
La protesta, iniciada el pasado 30 de abril, mantiene enfrentados a representantes del proyecto y a comunitarios que rechazan la iniciativa por considerar que podría afectar el medioambiente y las fuentes de agua de la zona. La tensión ha obligado a una vigilancia constante de agentespoliciales para evitar enfrentamientos.
El asesor de la empresa Oakhouse para el proyecto, Osiris de León,afirmó que la iniciativa cuenta con todos los permisos ambientales y técnicos requeridos y atribuyó la paralización a la falta de entendimiento con la comunidad.
“Desde que estemos de acuerdo entre las autoridades y las comunidades, el proceso iniciaría de inmediato”, expresó.
Fabio Correa, vocero del colectivo No Vertedero en La Cuaba, sostuvo que los residentes mantendrán el campamento hasta que se realicen nuevas consultas públicas sobre el proyecto y las autoridades reconsideren la situación.
Aseguró que la comunidad nunca fue debidamente escuchada y teme que la instalación termine convirtiéndose en otro vertedero con impactos sobre la salud y el entorno.
Correa denunció además que la semana pasada varias personas que, según dijo, representaban a la empresa acudieron al campamento armadas para intimidar a los manifestantes.
“Andan acompañados de tigres fuertemente armados y van al campamento para tratar de provocar una situación diciendo que son empleados de la empresa”, afirmó.
De forma paralela, Diario Libre recibió por correo electrónico denuncias atribuidas a contratistas y familiares vinculados al proyecto, quienes sostienen que la imposibilidad de acceder a los terrenos les ha ocasionado pérdidas económicas y solicitaron la intervención de las autoridades para restablecer el libre tránsito hacia la propiedad. Este medio no logró establecer contacto con los remitentes ni con representantes de la empresa contratista para confirmar esas versiones.
La oposición al proyecto se remonta a 2021, ya que la zona alberga fuentes acuíferas y forma parte de la microcuenca del río Matúa, afluente del sistema Ozama-Isabela. Los comunitarios consideran indispensable revisar nuevamente los estudios ambientales antes de permitir la construcción.
Oakhouse rechaza esos señalamientos. De León aseguró que la planta fue concebida bajo estándares modernos de valorización e industrialización de residuos y que contará con sistemas de tratamiento de lixiviados, geomembranas de alta seguridad y procesos cerrados que impedirán emisiones contaminantes.
“El proyecto ni debe, ni puede, ni va a producir ningún tipo de impacto ambiental negativo, porque nuestro compromiso es garantizar cero impacto ambiental al entorno”, afirmó. Según explicó, la instalación procesará materiales reciclables para reincorporarlos como materias primas, en un modelo de economía circular que, asegura, difiere completamente de un vertedero tradicional.
Entre los argumentos técnicos presentados por la empresa figura que el terreno posee un basamento de roca volcánica basáltica impermeable que, según sostiene, impide la infiltración de líquidos al subsuelo. Mientras ambas partes mantienen posiciones irreconciliables, el proyecto continúa paralizado y el conflicto entra en su tercer mes sin una solución a la vista.
La difamación y el ultraje se han convertido en los principales focos de las correcciones que distintos sectores buscan hacer al nuevo Código Penal antes de que entre en vigencia en agosto.
De alrededor de las 20 propuestas de modificaciónpresentadas hasta el momento por legisladores, organizaciones y otros actores, la mayoría coincide en cambiar o eliminar los artículos que regulan esos delitos, especialmente los relacionados con la difamación, la injuria y el ultraje.
La propuesta que más respaldo tiene en el Congreso es la que depositó el viernes el Poder Ejecutivo, a través del presidente del Senado, Ricardo de los Santos,quien propuso modificar 19 artículos del texto legal, entre ellos los referentes a la difamación y el ultraje.
En su proyecto de ley, De los Santos plantea que el ultraje solo sea penalizado cuando se cometa contra jueces o fiscales, y no contra funcionarios del Gobierno, como establece el artículo 310 del Código Penal que entrará en vigencia a inicios de agosto.
Además, propone reducir la pena por el delito de difamación.Mientras el texto aprobado contempla hasta cinco años de cárcel, la iniciativa la reduce a un máximo de dos años de prisión y elimina la agravante que dispone una sanción mayor cuando el delito se cometa a través de redes sociales o plataformas digitales.
Otro de los proyectos que ha concentrado atención es el depositado por la mayoría de los voceros de los partidos en la Cámara de Diputados, quienes dejaron atrás sus diferencias para someter una iniciativa que, entre otros aspectos, propone cambios en la difamación y el ultraje.
En cuanto al ultraje, los voceros plantean mantener el artículo tal como fue aprobado, pero agregar un párrafo que establezca que el delito no se configurará cuando se trate de una crítica, una denuncia, una protesta, una opinión, una sátira o cualquier manifestación amparada por la libertad de expresión.
En el caso de la difamación, los diputados proponen reducir la pena de un máximo de cinco años a uno de prisión. Además, plantean despenalizar el delito cuando se trate de hechos de interés público o relacionados con el ejercicio de funciones públicas, siempre que existan sustentos.
Otra propuesta que también aborda ambos delitos fue depositada ayer por la Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco). Entre otros puntos, plantea que el ultraje solo se penalice cuando se cometa "en el ámbito jurisdiccional" y que la difamación contemple una reducción de la pena de prisión.
En su iniciativa, Adocco también propone armonizar la responsabilidad de las personas jurídicas, reforzar la protección del periodismo de investigación y "precisar el alcance de la responsabilidad penal de las empresas cuando se difundan informaciones falsas".
El grupo de propuestas que estudian los diputados también incluye una iniciativa del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), que, mediante una misiva, solicita a los legisladores que "eviten afectar el ejercicio legítimo de la actividad informativa" y modifiquen el artículo referente al ultraje por considerarlo "ambiguo".
El gremio también abogó por que el nuevo Código Penal "precise con mayor claridad el alcance de las responsabilidades penales" cuando la divulgación de información responda únicamente al ejercicio del periodismo.
Además de esas iniciativas, la comisión bicameral que estudiará las propuestas de cambios al Código Penal tiene en sus manos otros planteamientos de abogados, entidades y congresistas que, en su mayoría, buscan modificar los artículos que, a su juicio, afectarían la libertad de expresión en el país.
Aunque la difamación y el ultraje concentran la mayoría de las propuestas, otras iniciativas, presentadas por legisladores y abogadas, buscan modificar aspectos como la responsabilidad penal de los partidos políticos, la despenalización del aborto en circunstancias especiales y la violencia vicaria.
El senador independiente Antonio Taveras propuso modificar el artículo 13 del nuevo Código Penal para que los partidos políticos sean entes de responsabilidad penal. Por su parte, un grupo de abogadas encabezado por Mary Fernández y Fabiola Medina planteó despenalizar la interrupción del embarazo en circunstancias especiales, mientras que las juristas Katia Jiménez y Vanahi Bello sugieren modificar varios artículos de la ley para sancionar la violencia vicaria.
La Cámara de Diputados ya cuenta con alrededor de 20 propuestas para modificar el nuevo Código Penal, pero la cifra podría aumentar, ya que el plazo para depositar iniciativas de cambio en el Congreso vence el miércoles a las 6:00 de la tarde.
República Dominicana figura entre los países latinoamericanos que aportan evidencia alentadora frente al avance de la demencia, según dos investigaciones internacionales publicadas este lunes en las revistas científicas JAMA Neurology y The Lancet.
El primer estudio, realizado por investigadores de la Universidad de Washington en San Luis y la Universidad de Newcastle, analizó información de casi 17,000 adultos mayores de 65 años recopilada entre 2003 y 2006 y nuevamente entre 2016 y 2020 en cinco países de América Latina y el Caribe: Cuba, República Dominicana, México, Perú y Puerto Rico.
Entre los hallazgos de la investigación se observa que, a diferencia de México, Perú y Puerto Rico, donde la prevalencia de la demencia aumentó significativamente en las últimas dos décadas, República Dominicana y Cuba lograron mantener estables sus tasas de la enfermedad.
Los autores atribuyen esa estabilidad, entre otras razones, a que el país no habría experimentado el mismo crecimiento acelerado de la obesidad, el sedentarismo y las enfermedades metabólicas no controladas observado en otras naciones de la región.
Según la extrapolación nacional del estudio, actualmente unas 111,200 personas viven con demencia en República Dominicana.
En 2015, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la demencia afectó a 47 millones de personas en todo el mundo, aproximadamente el 5% de la población mayor de edad, una cifra que se prevé aumente a 75 millones en 2030 y 152 millones en 2050.
En el contexto local, la población mayor de 60 años en República Dominicana pasó de ser el 2.7 % en 1950 a 6.1 % en 2015 y se estima que para el 2050 llegue al 15.2 %. En cuanto a la esperanza de vida, pasó de 46.1 años de vida en el quinquenio 1950-1955 a 71.0 en 2010.
De igual manera, se espera que la población dominicana en promedio viva más años, alcanzando un promedio, de hasta 79.6 años en 2050, según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
El segundo estudio, publicado en The Lancet, ayuda a explicar por qué el control de esos factores resulta determinante.
La investigación Latam-Fingers, desarrollada durante dos años en 11 países, entre ellos República Dominicana, demostró que una intervención basada en actividad física, alimentación saludable, control cardiovascular, entrenamiento cognitivo y socialización produjo una mejora de 55 % en la función cognitiva de adultos mayores con riesgo de demencia, en comparación con quienes solo recibieron recomendaciones generales de salud.
El ensayo incluyó a 1,065 participantes de entre 60 y 77 añosy constituye el primer estudio multicéntrico aleatorizado de prevención del deterioro cognitivo realizado en América Latina.
La investigadora principal del estudio, Lucía Crivelli, afirmó que los resultados demuestran que "la prevención del deterioro cognitivo en América Latina no solo es posible, sino que también puede construirse a partir de evidencia generada en nuestra propia región".
Añadió que la prevención "no puede pensarse como una recomendación aislada", sino como una estrategia integral que combine ejercicio, alimentación saludable, control cardiovascular, entrenamiento cognitivo y socialización.
República Dominicana participó en el estudio a través de investigadores de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), el Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González y el Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas.
Los hallazgos también respaldan el enfoque del Plan Nacional de Respuesta a las Demencias 2020-2025 del Ministerio de Salud Pública, que identifica como pilares de la prevención precisamente la actividad física, la alimentación saludable y el control de enfermedades como la hipertensión, la diabetes y otros factores de riesgo cardiovascular.
El plan estima que alrededor del 8 % de los dominicanos mayores de 60 años vive con demencia, y proyecta que esa cifra continuará aumentando con el envejecimiento poblacional.
Los investigadores de Latam-Fingers subrayaron que los resultados no significan que la demencia pueda prevenirse por completo ni que exista una garantía individual de protección.
Sin embargo, consideran que la evidencia confirma que actuar de forma simultánea y sostenida sobre factores modificables del estilo de vida puede contribuir a reducir el riesgo de deterioro cognitivo.
El presidente de la Cooperativa de la Alcaldía de Santo Domingo Este (Copeaeste), Jesús Colón, informó que la actual directiva encontró un déficit de 28 millones de pesos al asumir la administración de la entidad, por lo que ordenó una auditoría forense para determinar el destino de los recursos y establecer posibles responsabilidades.
Colón explicó que la auditoría abarca los años 2022, 2023, 2024 y 2025, con la revisión de cada documento financiero, cheque y movimiento económico realizado durante ese período.
Agregó que, una vez concluya el proceso, el informe será entregado a la prensa y, si se detectan irregularidades, no descartan someter el caso ante los tribunales.
El dirigente señaló que la cooperativa fue recibida sin disponibilidad de efectivo y con una deuda que incluye un préstamo hipotecario de 8 millones de pesos correspondiente a un edificio adquirido por la institución.
Explicó que la administración encontró certificados financieroscontratados con tasas de interés de entre 13 % y 14 %, las cuales calificó de excesivamente altas para una cooperativa.
Aseguró que, pese a la situación económica, la cooperativa ha devuelto más de 4 millones de pesos a socios que solicitaron su retiro.
El Tribunal Constitucional (TC) estableció que el Ministerio Público y otras autoridades no pueden retener cédulas de identidad, pasaportes u otros documentos de identidad sin haber iniciado un proceso penal ni contar con una orden judicial que lo justifique, al considerar que esa actuación vulnera derechos fundamentales y coloca al afectado en un "limbo jurídico".
El criterio fue fijado al rechazar un recurso de revisión presentado por la Junta Central Electoral (JCE) contra una sentencia de amparo que ordenó restituir la documentación de identidad de Leocadio Rodríguez, quien permaneció sin sus documentos luego de ser detenido en el Aeropuerto Internacional del Cibao en agosto de 2022.
La alta corte sostuvo que, si las autoridades consideran que una persona cometió un delito, tienen la obligación de apoderar a un tribunal para que determine el hecho imputado y, si corresponde, imponga las sanciones previstas por la ley.
"En otros términos, la retención de un bien, sin apoderamiento de un juez para que conozca del supuesto ilícito, resulta arbitrario, en razón de que coloca al accionante ahora recurrido en un limbo jurídico", señala la sentencia.
El tribunal también calificó de "irrazonable" mantener retenidos bienes o documentos sin impulsar un proceso judicial.
Asimismo, reiteró que la retención arbitraria de documentos personales o de identidad, cuando no existe un proceso penal abierto, vulnera los derechos de propiedad, identidad y libre tránsito.
La sentencia añade que mantener secuestrado un pasaporte sin orden judicial lesiona la libertad de tránsito y advierte que, cuando no se protege el derecho a la identidad de una persona, también se le impide desarrollar su vida y ejercer otros derechos fundamentales.
El expediente se originó el 24 de agosto de 2022, cuando Leocadio Rodríguez fue detenido por agentes de Migración en el Aeropuerto Internacional del Cibao mientras intentaba abordar un vuelo de JetBlue con destino a Nueva York, debido a que, presuntamente, portaba un pasaporte vencido.
Ese mismo día recuperó su libertad. Sin embargo, el Ministerio Público retuvo su cédula y su pasaporte y posteriormente los remitió a la Junta Central Electoral y a la Dirección General de Pasaportes. El Tribunal comprobó que nunca se inició un proceso penal en su contra ni existió una orden judicial que justificara mantener retenidos esos documentos.
Rodríguez presentó una acción de amparo y un tribunal de Santiago le dio la razón. La sentencia ordenó a la JCE expedir su acta de nacimiento, a la Dirección General de Pasaportes devolverle o emitir nuevamente sus pasaportes y al Ministerio Público dar seguimiento al cumplimiento de esas medidas.
La JCE recurrió la decisión al alegar, entre otros argumentos, que el juez había ordenado expedir un acta de nacimiento inexistentey que el conflicto debía resolverse por otra víajudicial.
El TC rechazó esos argumentos y confirmó el fallo al concluir que no existía ningún proceso penal abierto que justificara la retención de los documentos de identidad del accionante y que, en esas circunstancias, el amparo era la vía idónea para proteger sus derechos fundamentales.
Una mujer estadounidense que contrajo matrimoniocon más de una docena de hombres en Las Vegas acordó declararse culpable de cargos de bigamiay de fraude, tras cobrarle a sus parejas miles de dólarespor casarse con ellos.
Jiaying Chen,de 33 años, se declaró culpable de un cargo de bigamia y de un cargo de intento de obtener dinero mediante engaños por un valor de 100,000 dólares o más, según el acuerdo de culpabilidad presentado ante el tribunal del condado de Clark (Nevada) y citado este lunes por el periódico Las Vegas Review-Journal.
Entre abril y junio pasado, Chencontrajo matrimonio al menos cinco veces, sin haber tramitado previamente los divorcios.
La mujer enfrentaba seis cargos graves de bigamia, así como cargos de falsificación y robo relacionados con la trama iniciada en marzo de 2019 hasta mayo pasado. En ese lapso, Chen presentó 15 solicitudes de licencia de matrimonio ante el registro del condado de Clark. Al menos se emitieron ocho certificados bajo ese nombre.
Las autoridades alegan que la acusada también presentó solicitudes de matrimonioutilizando el alias ‘Vicky Liang’,quien supuestamente presentó ocho solicitudes en 2025, de los cuales se expidieron siete certificados.
La mujer admitió a la policía de Las Vegas que podía ganar "hasta 20,000 dólarespor un matrimonio". No obstante, aclaró que no llegaba a casarse con todos porque “no todos” pagaban, según el rotativo.
Chen explicó que solo contraía matrimonio en Las Vegas debido a la facilidad para hacerlo allí.
La Fiscalía asegura que Chen tomó unos 138,000 dólares de al menos tres de sus esposos, que habría perdido jugando en uno de los casinos de la ciudad.
Las autoridades no han revelado la razón por la que los hombresse casaron con la mujer y si llegaron a convivir con ella.
Chen podría enfrentar una pena máxima de 24 años de prisión en la audiencia de sentenciael próximo 20 de agosto.
La prestadora de servicios de salud ARS Primera informó en la noche de este lunes que queda sin efecto la suspensión de los servicios anunciada para este martes 14 de julio.
La medida se produce luego de que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenara a la Asociación Nacional de Clínicas privadas (Andeclip) abstenerse de suspender los servicios de salud.
A través de un comunicado, la aseguradora indicó que la decisión es resultado de las conversaciones sostenidas con Andeclip, por lo que aseguró a sus afiliados que continuarán recibiendo atención de manera habitual a través de su red de prestadores.
“Este entendimiento permitirá dar continuidad a los servicios mientras las partes mantienen abiertos los espacios de diálogo para continuar evaluando los planteamientos presentados por Andeclip, dentro del marco institucional correspondiente”, expresó la ARS en un comunicado.
ARS Primera reconoció el rol desempeñado por el Ministro de Trabajo y la Gerente General del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) para mediar y facilitar el diálogo, y así preservar la continuidad de los servicios.
Reafirmó su convicción de que el fortalecimiento del Sistema Dominicano de Seguridad Social solo es posible mediante el diálogo, la colaboración institucional y la construcción de soluciones sostenibles.
Asimismo, agradeció la confianza de sus afiliados y reiteró que sus canales de atención permanecen disponibles para brindar orientación y acompañamiento ante cualquier inquietud relacionada con los servicios de salud.
El Tribunal Superior Administrativo (TSA) acogió este lunes la medida precautoria solicitada por la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) y ordenó a la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) a abstenerse de suspender los servicios de salud mientras se conoce el fondo de la acción de amparo colectivo.
La decisión fue adoptada durante una audiencia virtual celebrada la mañana de este lunes, al amparo del artículo 86 de la Ley 137-11, tras considerar que existía un riesgo de vulneración del derecho fundamental a la salud de los afiliados.
De acuerdo con el dictamen, con esta disposición queda sin efecto, de manera provisional, la suspensión de servicios que Andeclip había anunciado para este 14 de julio.
El tribunal acogió el argumento central de la DIDA de que ningún conflicto económicoentre actores del Sistema Dominicano de Seguridad Socialpuede traducirse en la interrupción de los servicios de salud a los afiliados, quienes no forman parte de esa controversia.