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El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, aseguró este viernes que la exclusión del cargo de terrorismo en el caso Intrant no debilita la acusación presentada contra los imputados y sostuvo que los delitos que fueron retenidos por el tribunal podrían conllevar condenas de hasta 20 años de prisión.
Las declaraciones fueron ofrecidas luego de que la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, enviara a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; al empresario José Ángel (Jochi) Gómez, así como a otros acusados vinculados al expediente por las presuntas irregularidades en la contratación del sistema de semáforos.
Camacho explicó que, aunque el tribunal excluyó el tipo penal de terrorismo, mantuvo la acusación por sabotaje, una decisión que, a su juicio, preserva la esencia de los hechos atribuidos por el Ministerio Público.
“Hay decisiones que reflejan el trabajo del Ministerio Público y esta es una de esas decisiones. El tribunal excluyó el tipo penal de terrorismo sobre una visión que tiene el tribunal de que no se da la parte subjetiva del tipo penal, pero retuvo el sabotaje que permite retener la parte objetiva del tipo penal”, expresó.
El procurador adjunto afirmó que la discusión sobre la calificación jurídica aún puede continuar durante el juicio de fondo, donde el órgano acusador tendrá la oportunidad de presentar sus pruebas.
“Esta es una cuestión que puede perfectamente resolverse en juicio en la medida que el Ministerio Público pruebe la realidad de la conducta y podamos solicitar en juicio que el tribunal que conozca del mismo varíe la calificación, así que esto no es un problema para el Ministerio Público”, agregó.
Las declaraciones de Camacho se producen después de que Jochi Gómez afirmara que enfrentará el proceso “con todo” y celebrara la exclusión del cargo de terrorismo.
Al ser consultado sobre esas declaraciones, el director de Persecución insistió en que la decisión judicial no altera los fundamentos del expediente.
“No debilita el caso porque los hechos se mantienen, las pruebas se mantienen y el tribunal retuvo el sabotaje. Es como decir que el tribunal retuvo del tipo penal el 90 %. El resto nosotros lo podemos probar y resolver en juicio en la medida en que se desahogue la calificación jurídica”, manifestó.
Camacho también destacó que el tribunal mantuvo la acusación por lavado de activos, uno de los delitos incluidos en el expediente presentado por el Ministerio Público, por lo que expresó que el caso puede condenarse hasta con 20 años de prisión.
Además de referirse al contenido de la decisión, el representante del Ministerio Público resaltó la rapidez con que avanzó el proceso desde la presentación formal de la acusación.
“Esta es la primera acusación que se conoce con la modificación que se hizo al Código Procesal Penal. Ustedes podrán darse cuenta que desde el depósito de la acusación al día de hoy han transcurrido solo seis meses y ya este caso va a juicio”, indicó.
Según Camacho, ese plazo evidencia los efectos de los cambios introducidos en la legislación procesal penal para agilizar el conocimiento de los casos en los tribunales.
La presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del distrito judicial de la provincia Santiago ordenó la paralización de un proyecto de exploración minera en la cordillera Septentrional.
El tribunal consideró que la autorización otorgada mediante una resolución del Ministerio de Energía y Minas afecta áreas vinculadas al entorno del Pico Diego de Ocampo, una área protegida bajo la categoría de Monumento Natural.
El tribunal, al acoger un recurso de amparo interpuesto por representantes de distintos sectores, dispuso la suspensión de los trabajos de exploración de oro, plata, cobre y otros metales del proyecto "Cobre El Hoyazo I".
La sentencia también ordena al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Ministerio de Energía y Minas velar por el cumplimiento de la decisión, además de imponer una penalidad de 500 mil pesos por cada día de retraso en su ejecución.
La disposición judicial fue celebrada por el movimiento "Unidos Somos Más", integrado por organizaciones que durante los últimos años han encabezado protestas, vigilias y movilizaciones contra los proyectos mineros en la cordillera Septentrional por entender que ponen en riesgo fuentes de agua, bosques y ecosistemas de gran valor ambiental.
El sacerdote Ramón -Nino- Ramos, uno de los principales activistas del movimiento, calificó el fallo como una victoria de las comunidades.
Afirmó que la decisión fortalece los esfuerzos para preservar la cordillera.
"La sentencia acoge nuestro recurso y reconoce los argumentos que hemos defendido durante todo este tiempo", expresó.
Aunque valoró el fallo como un precedente importante, el jurista Winston Vásquez advirtió que mantendrán su oposición a otros proyectos de exploración que continúan desarrollándose en distintos puntos de la cordillera Septentrional.
Para los ambientalistas, la decisión constituye un paso significativo en la defensa de la zona, considerada estratégica para la producción de agua y la conservación de la biodiversidad en las provincias de Santiago y Puerto Plata.
Nuevos y escalofriantes detalles emergen en torno a la trágica muerte del veterano actor James Handy, de 81 años, quien fue asesinado a puñaladas en su residencia.
El foco de la investigación se centra ahora en la perturbadora llamada telefónica que el propio atacante realizó a los servicios de emergencia (911) inmediatamente después de cometer el crimen.
El sospechoso, identificado como Michael Gledhill, de 44 años —hijo de la pareja sentimental de Handy y quien convivía en el mismo hogar con el artista—, fue quien alertó a las autoridades con una sobrecogedora confesión. Según los reportes policiales, Gledhill se comunicó con los operadores y declaró textualmente de forma cruda y mística:
"Yo soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado". Esta frase, cargada de una fuerte retórica religiosa y delirante, puso en alerta máxima a las fuerzas de seguridad estadounidense.
Al llegar a la escena en Los Ángeles, los agentes de la Policía encontraron un panorama desolador: el querido actor de Top Gun: Maverick y Jumanji yacía inconsciente en el jardín delantero de la propiedad, con una profunda herida de arma blanca en el pecho.
A pesar de los esfuerzos de los paramédicos por estabilizarlo y trasladarlo de urgencia a un hospital de la zona, Handy fue declarado muerto a las pocas horas de su ingreso.
Gledhill fue arrestado en el lugar de los hechos sin oponer resistencia y actualmente enfrenta cargos formales por el delito de asesinato en primer grado.
La comunidad del entretenimiento continúa conmocionada ante la pérdida de Handy, cuya trayectoria abarcó décadas en la televisión y el cine norteamericano, dejando una huella imborrable en producciones legendarias como NYPD Blue (Policías de Nueva York), Criminal Minds (Mentes criminales) y Law & Order(Ley y Orden).
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) rechazó este viernes la iniciativa impulsada por un grupo de diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que dispone descontar el salario a los docentes que participen en huelgas o paros laborales.
A través de un comunicado de prensa, el gremio considera que la propuesta constituye un intento de limitar derechos fundamentalesconsagrados en la Constitución de la República y en la legislación laboral dominicana.
En ese sentido, el secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la ADP, Menegildo De La Rosa, afirmó que la organización magisterial se opone a cualquier medida orientada a cercenar el derecho de los trabajadores y de las organizaciones sindicales a desarrollar huelgas pacíficas en defensa de sus reivindicaciones.
“El derecho a huelga está consagrado en la Constitución de la República, específicamente en el artículo 62, numeral 6, y además está reglamentado por el Código de Trabajo en los artículos 401 al 412 de la Ley 16-92. Ninguna iniciativa legislativa puede desconocer derechos que forman parte del ordenamiento jurídico nacional”, expresó el maestro.
El dirigente magisterial aclaró que la ADP no es partidaria de recurrir a las huelgas como primera opción y recordó que históricamente las movilizaciones han surgido como consecuencia de incumplimientos por parte de las autoridades educativas frente a las demandas del magisterio y de la comunidad educativa.
De La Rosa destacó que actualmente la ADP participa activamente en una mesa permanente de diálogo con el Ministerio de Educación (Minerd), en el marco de la política impulsada por el ministro Luis Miguel De Camps denominada “Los Cinco Pilares”, mediante la cual se busca discutir y consensuar soluciones a los principales problemas que afectan el sistema educativo nacional.
“Estamos apostando al diálogo, a la concertación y a la construcción de acuerdos en los niveles nacional, regional y distrital, para que los problemas de la educación dominicana puedan resolverse sin necesidad de recurrir a huelgas”, señaló.
La abogada Laura Acosta afirmó este viernes que la decisión de enviar a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, por las presuntas irregularidades vinculadas al contrato de la red semafórica, no implica que exista una declaración de culpabilidad en su contra.
Asimismo, aseguró que la acusación presentada por el MinisterioPúblico será revertida durante el proceso.
“Cuando la medida de coerción, Hugo Beras salió de aquí para Najayo y eso se revirtió, así se revertirá esta acusación”, declaró Acosta, quien, aunque dijo no compartir los argumentos jurídicos de la decisión, reconoció que la jueza realizó un trabajo “muy bien estructurado”.
"La jueza lo que dice es que hay pruebas suficientes para ir a juicio de fondo y en el juicio de fondo se discutirán para saber si hay culpabilidad o no, porque la inocencia se mantiene", señaló.
La abogada insistió en que la presunción de inocencia continúa vigente y llamó a respetar las decisiones judiciales aun cuando no favorezcan a una de las partes.
Al hablar así, se refirió indirectamente a otro proceso judicial que involucra al exministro Gonzalo Castillo, a quien ella defiende en el proceso y quien fue favorecido con un auto de no ha lugar, por lo que no deberá ir a juicio de fondo.
De su lado, el empresario Jochi Gómez aseguró que enfrentará “con todo” el juicio de fondo ordenado por la jueza Yanibet Rivas, al tiempo que destacó la exclusión del cargo de terrorismo y afirmó que mantiene su confianza en la justicia dominicana.
“Ahora vamos a juicio de fondo, vamos con todo”, declaró Gómez al salir de la sala de audiencia, poco después de que el Sexto Juzgado de la Instrucción decidiera enviarlo a juicio junto al exdirector del Intrant, Hugo Beras, y otros implicados en el proceso.
El empresario sostuvo que durante la próxima etapa judicial podrán escucharse testimonios que, según dijo, no han sido conocidos hasta el momento.
“Se ha podido comprobar que la justicia ha querido escuchar el testimonio de Milton Morrison, de Jorge Luis Polanco, y vamos con todo, señores”, expresó.
Gómez también valoró la decisión de la jueza de excluir la imputación de terrorismo que pesaba sobre los acusados.
En la misma línea, su abogado, Hirohito Reyes, afirmó que la exclusión de ese cargo demuestra que no existían elementos para sostener esa acusación.
“El tribunal lo excluyó porque evidentemente no tenía un acto de terrorismo”, señaló el jurista, quien además cuestionó el resto de las imputaciones formuladas por el Ministerio Público.
Según Reyes, tampoco se configura el delito de estafa contra el Estado porque, a su juicio, no existe un perjuicio económico contra las instituciones públicas.
Por el contrario, sostuvo que el Estado mantiene obligaciones económicas pendientes con su cliente derivadas de contratos relacionados con el Intrant.
La jueza Yanibet Rivas envió a juicio de fondo a Gómez, Beras y otros imputados por las presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución del contrato de modernización de la red semafórica, aunque excluyó la acusación de terrorismo y mantuvo otros cargos contenidos en el expediente presentado por el Ministerio Público.
El empresario Jochi Gómez aseguró este viernes que enfrentará “con todo” el juicio de fondo ordenado por la jueza Yanibet Rivas en el caso de las presuntas irregularidades vinculadas al contrato de la red semafórica del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), al tiempo que destacó la exclusión del cargo de terrorismo y afirmó que mantiene su confianza en la justicia dominicana.
“Ahora vamos a juicio de fondo, vamos con todo”, declaró Gómez al salir de la sala de audiencia, poco después de que el Sexto Juzgado de la Instrucción decidiera enviarlo a juicio junto al exdirector del Intrant, Hugo Beras, y otros implicados en el proceso.
El empresario sostuvo que durante la próxima etapa judicial podrán escucharse testimonios que, según dijo, no han sido conocidos hasta el momento.
“Se ha podido comprobar que la justicia ha querido escuchar el testimonio de Milton Morrison, de Jorge Luis Polanco, y vamos con todo, señores”, expresó.
Gómez también valoró la decisión de la jueza de excluir la imputación de terrorismoque pesaba sobre los acusados.
En la misma línea, su abogado, Hirohito Reyes, afirmó que la exclusión de ese cargo demuestra que no existían elementos para sostener esa acusación.
“El tribunal lo excluyó porque evidentemente no tenía un acto de terrorismo”, señaló el jurista, quien además cuestionó el resto de las imputaciones formuladas por el Ministerio Público.
Según Reyes, tampoco se configura el delito de estafa contra el Estado porque, a su juicio, no existe un perjuicio económico contra las instituciones públicas.
Por el contrario, sostuvo que el Estado mantiene obligaciones económicas pendientes con su cliente derivadas de contratos relacionados con el Intrant.
Mientras tanto, la defensa de Hugo Beras también reaccionó a la decisión judicial y su abogada, Laura Acosta, afirmó que la apertura a juicio no implica culpabilidad.
Además, aseguró que la acusación terminará siendo revertida durante el conocimiento del proceso de fondo.
“Cuando la medida de coerción, Hugo Beras salió de aquí para Najayo y eso se revirtió, así se revertirá esta acusación”, declaró Acosta, quien, aunque dijo no compartir los argumentos jurídicos de la decisión, reconoció que la jueza realizó un trabajo “muy bien estructurado”.
"La jueza lo que dice es que hay pruebas suficientes para ir a juicio de fondo y en el juicio de fondo se discutirán para saber si hay culpabilidad o no, porque la inocencia se mantiene", señaló.
La abogada insistió en que la presunción de inocencia continúa vigente y llamó a respetar las decisiones judiciales aun cuando no favorezcan a una de las partes.
Al hablar así, se refirió indirectamente a otro proceso judicial que involucra al exministro Gonzalo Castillo, a quien ella defiende en el proceso y quien fue favorecido con un auto de no ha lugar, por lo que no deberá ir a juicio de fondo.
La jueza Yanibet Rivas envió a juicio de fondo a Gómez, Beras y otros imputados por las presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución del contrato de modernización de la red semafórica, aunque excluyó la acusación de terrorismo y mantuvo otros cargos contenidos en el expediente presentado por el Ministerio Público.
La Policía continúa los operativos de fiscalización de motociclistas en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. Este viernes fueron detenidos varios conductores de motocicletas en la intersección de la avenida Buenaventura Freites con la calle Jardines de Versalles.
En este lugar funciona una parada de motoconchistas, a quienes agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) les solicitaban sus documentos. A quienes no los portaban, les retenían la motocicleta y la trasladaban en una grúa de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).
Además del Dicrim, en el operativo participaron agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). A los motociclistas se les exigían documentos como licencia de conducir, seguro, matrícula y casco protector.
También eran requisados para determinar si portaban armas o sustancias prohibidas por la ley.
Durante las últimas semanas, en el sector Jardines, especialmente en la avenida Buenaventura Freites, se han realizado varios operativos dirigidos a motociclistas. Esta es una vía con un alto flujo de motocicletas, cuyos conductores suelen desplazarse a alta velocidad e incluso circular por las aceras.
Algunas personas han resultado lesionadas al ser impactadas por los motociclistas que se han subida a las aceras.
Las autoridades, encabezadas por el Ministerio de Interior y Policía, han intensificado estos operativos tras varios incidentes que han involucrado a motociclistas, algunos de los cuales han provocado lesiones a ciudadanos, daños a vehículos e incluso pérdidas humanas.
Las intervenciones se realizan principalmente en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y Santiago.
La ministra Faride Raful ha señalado que muchos motociclistas y motoconchistas circulan por las aceras, transitan sin documentos y sin el casco reglamentario. Asimismo, afirmó que con frecuencia irrespetan las señales de tránsito y cruzan los semáforos en rojo.
La crisis de desplazamiento que sufre la población de Haití, que es grave desde hace años, ha entrado en una fase aún más alarmante y 1.5 millones de personas de zonas urbanas y rurales ahora son víctimas de esta situación, dijo este viernes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Más de la mitad son mujeres y niñas, y la crisis ya no se limita a determinados barrios o regiones, puesto que la violencia se ha extendido a zonas que antes se consideraban seguras.
"Esto aumenta el número de personas obligadas a huir repetidamente aunque no tengan un lugar a donde ir, dijo por teleconferencia el jefe de misión de la OIM en Haití, Gregoire Goodstein.
Solo en mayo, más de 18,000 personas tuvieron que huir de la nueva ola de violencia en Cité Soleil, lo que elevó a más de 300,000 el número de desplazados internos en la capital Puerto Príncipe, por primera vez en la historia.
Además, hubo 5,000 desplazados en las últimas semanas en el departamento del Sudeste, una región que antes era un refugio para quienes escapaban de la inseguridad en otras partes del país, lo que muestra que la violencia ya no se limita a los focos tradicionales.
El deterioro de la seguridad ha ido en paralelo al fortalecimiento de las bandas criminales armadas en los últimos tres años, las cuales han llegado a controlar el 85 % de Puerto Príncipe.
Ni siquiera la misión internacional de apoyo a la seguridad que se formó para ayudar a las fuerzas policiales pudo contener el avance de las bandas.
Esta crisis se ha agravado por retornos de haitianos del conjunto de países que realizan devoluciones forzosas.
"Desde inicios de 2026, más de 110,000 haitianos han sido retornados por la fuerza al país, incluidos mujeres, niños y otros grupos vulnerables. Muchos llegan sin recursos y con apoyo limitado", explicó Goodstein.
Además, entre los retornados hay predominancia de "perfiles vulnerables", incluidos niños no acompañados, mujeres embarazadas y mujeres en posparto, señaló la organización.
El representante de la OIM señaló que la llegada de la temporada de huracanes del Atlántico aumenta las preocupaciones humanitarias, ya que podrían producirse inundaciones u otros fenómenos meteorológicos extremos.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) incluyó a República Dominicana y otros países latinoamericanos entre las economías señaladas por supuestas deficiencias en la prevención del trabajo forzoso dentro de sus cadenas de suministro, un hallazgo que podría derivar en futuras sanciones comerciales y que expone tanto la vulnerabilidad como las oportunidades de estas economías frente al mercado estadounidense.
La investigación, realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 -el mismo instrumento utilizado anteriormente contra China- concluyó que decenas de países no han adoptado medidas suficientes para impedir que productos elaborados bajo condiciones de trabajo forzoso ingresen al comercio internacional. Como resultado, Washington propuso aranceles adicionales de entre 10 y 12.5 % a importaciones procedentes de 60 economías.
Las otras naciones de Latinoaméricaque se mencionan son México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina y Chile.
Aunque la medida todavía no implica sanciones automáticas, el señalamiento coloca a la República Dominicana bajo un escrutinio comercial más estricto en momentos en que EE. UU. redefine su política comercial bajo criterios de seguridad económica, derechos laborales y trazabilidad productiva.
El riesgo es mayor debido a la elevada dependencia dominicana del mercado estadounidense.
En 2025, las exportaciones dominicanas alcanzaron el récord histórico de 14,645 millones de dólares, de los cuales 7,124 millones de dólares tuvieron como destino Estados Unidos, equivalente al 48.6 % de todas las exportaciones nacionales, según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). El intercambio comercial bilateral ascendió a 18,977 millones de dólares.
La exposición es todavía mayor en las zonas francas. De las exportaciones dominicanas hacia Estados Unidos, 6,319 millones de dólares correspondieron a bienes producidos bajo ese régimen, según cifras recopiladas por el periódico El Dinero. En otras palabras, casi nueve de cada 10 dólares exportados al mercado estadounidense provienen de zonas francas.
Si Washington decidiera eventualmente aplicar a la República Dominicana un arancel adicional similar al propuesto para otros países investigados, el efecto sería significativo. Un gravamen de 10 % representaría un sobrecosto potencial cercano a 712 millones de dólares anuales sobre las exportaciones dominicanas hacia Estados Unidos. Con una tarifa de 12.5 %, el impacto ascendería a unos 890 millones de dólares.
Los sectores más vulnerables serían precisamente los pilares exportadores de zonas francas: dispositivos médicos y farmacéuticos, manufacturas eléctricas y electrónicas, confecciones textiles y tabaco manufacturado. Estados Unidos absorbió en el 2025 el 72.2 % de las exportaciones de zonas francas dominicanas, según datos oficiales de la Presidencia de la República.
La investigación del USTR también golpea con especial fuerza a competidores asiáticos de República Dominicana en manufactura ligera y textiles, como Bangladesh, Camboya, Pakistán y Malasia. Si esos países enfrentan nuevos aranceles, muchas empresas estadounidenses podrían acelerar procesos de relocalización de operaciones hacia destinos más cercanos y políticamente estables, fenómeno conocido como nearshoring.
En ese contexto, la República Dominicana conserva ventajas importantes: acceso preferencial mediante el DR-Cafta, cercanía geográfica con Estados Unidos, experiencia industrial de zonas francas y una integración ya consolidada con cadenas productivas norteamericanas.
Actualmente, las zonas francas dominicanas generan más de 8,000 millones de dólares en exportaciones anuales y son uno de los principales motores de empleo, divisas e inversión extranjera del país.
Sectores como dispositivos médicos, manufactura eléctrica, ensamblaje industrial, farmacéuticos y textiles especializados podrían beneficiarse de una eventual redistribución de órdenes de compra e inversiones estadounidenses que busquen reducir exposición a Asia.
No obstante, el mensaje de Washington es claro: el acceso preferencial al mercado estadounidense dependerá cada vez más del cumplimiento de estándares laborales y de la capacidad de demostrar trazabilidad y supervisión efectiva en las cadenas de producción.
Para la RD, el hallazgo del USTR constituye simultáneamente una advertencia y una oportunidad. La misma investigación que podría abrir espacio para atraer inversiones desplazadas desde Asia también confirma cuán vulnerable sigue siendo la economía dominicana a cualquier giro en la economía de Estados Unidos.
El Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, estimó ayer que terminará “en semanas” la investigación que ha abierto para imponer nuevos aranceles a 60 economías con el argumento de no hacer lo suficiente para impedir la entrada de productos hechos con trabajo forzoso. “Estamos muy centrados en esta cuestión”, explicó Greer en declaraciones a la prensa en París, donde participaba en la reunión ministerial anual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Destacó que es “una investigación compleja” que busca analizar diferentes prácticas en numerosos países, y a la pregunta de cuánto tiempo podría llevar, contestó que cree que será “cuestión de semanas”.
La insuficiente atención psicológica que reciben los más de 25 mil privados de libertad de República Dominicana llevó a las autoridades penitenciarias a incorporar a nueve universidades del país en programas de salud mental, rehabilitación y reinserción social dentro de las cárceles.
La iniciativa surge de una alianza impulsada por la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, en coordinación con el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico y la Universidad Carlos Albizu, una institución especializada en psicología y ciencias del comportamiento.
Los centros educativos que participarán en el programa son la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), la Universidad Iberoamericana (Unibe), la Universidad de la Tercera Edad (UTE), el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), la Universidad Félix Adam (Unefa), la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (Ufhec), el Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) y la Universidad Abierta para Adultos (UAPA).
Mediante esta colaboración, profesores, investigadores y estudiantes desarrollarán intervenciones en los centros penitenciarios orientadas a fortalecer la salud mental de los internos. Además, se potenciarán diversos programas ocupacionales, laborales y productivos que incluyen actividades artísticas, musicales y talleres de generación de ingresos.
La experiencia toma como referencia iniciativas implementadas en Puerto Rico durante más de tres décadas. Julio Santana, rector de la Universidad Carlos Albizu, explicó que estos planes de formación permiten que estudiantes y privados de libertad compartan experiencias en espacios educativos y terapéuticos que contribuyen a desmontar estigmas sobre la población penitenciaria.
La incorporación de las universidades dentro de las prisiones ocurre en un contexto de escasez de profesionales de salud mental dentro del sistema penitenciario. Al asumir en octubre la dirección de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, Roberto Santana encontró apenas 52 psicólogos para atender una población de 25 mil reclusos.
Según explicó, estudios del Colegio Dominicano de Psicólogos estiman que el sistema requeriría unos 200 especialistas. Sin embargo, debido a limitaciones presupuestarias, las autoridades fijaron una meta intermedia de 125 profesionales y en la actualidad trabajan en la contratación de otros 50 psicólogos.
La situación resulta llamativa si se considera que, hoy día, la Psicología es la carrera con mayor matrícula universitaria del país. Según datos del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, unos 76,790 estudiantes cursan esta licenciatura, equivalente al 24.3% de toda la población universitaria.
"Quienes más se acercan a los centros penitenciarios son las iglesias y los pastores. Pero instituciones sustantivas de la sociedad involucradas en la problemática de las cárceles son muy pocas", señaló Santana. "Esta es la primera vezque tendremos instituciones de este calibre".
Las autoridades penitenciarias y especialistas en salud mental coinciden en que la prisión constituye un factor que impacta de manera significativa el bienestar psicológico de las personas privadas de libertad.
Alex Torres, subsecretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico, afirmó que toda persona encarcelada enfrenta algún grado de afectación emocional debido al aislamiento, la separación familiar, la incertidumbre sobre el futuro y los sentimientos de culpa asociados al encierro.
Según explicó, mientras en la población general de República Dominicana y Puerto Rico la prevalencia de trastornos de salud mental oscila entre 15% y 25%, en las cárceles de Puerto Rico y Estados Unidos los porcentajes alcanzan entre 60% y 70%. En el país un 80% de los reclusos padece de algún trastorno.
La depresión y la ansiedad encabezan el listado de las condiciones más frecuentes, seguidas por los trastornos asociados al consumo problemático de sustancias. También se registran casos de psicosis y alteraciones de la percepción.
El Informe sobre las Condiciones de Detención y de Prisión identificó al menos 508 internos con trastornos mentales graves y alertó sobre deficiencias en la atención médica, hacinamiento y ausencia de infraestructura especializada para atender estos casos.
La situación también afecta al personal penitenciario, que convive cada día con gente que presenta problemas psicológicos y conductuales.
Uno de los componentes centrales del acuerdo será la capacitación de los estudiantes y profesionales que participarán en las intervenciones dentro de los centros penitenciarios. Especialistas de Puerto Rico impartirán entrenamientos sobre sensibilización, adaptación cultural, comunicación, lenguaje corporal y manejo de situaciones de riesgo o violencia.
Además, se transferirán protocolos y herramientas de evaluación desarrolladas por el sistema correccional puertorriqueño para fortalecer la formación de los equipos que trabajarán en las cárceles dominicanas. El programa comenzará formalmente en julio y contempla viajes y talleres presenciales y virtuales.
Para Roberto Santana, parte de la crisis de salud mental en las cárceles dominicanas se vincula al elevado número de personas que permanecen encarceladas sin condena definitiva. Mientras en Puerto Rico cerca del 80% de los reclusos ya tiene condena y solo 20% permanece en prisión preventiva, en República Dominicana ocurre lo contrario.
De los 25,878 privados de libertad registrados ahora, alrededor del 65% corresponde a presos preventivos y apenas el 35% cumple una condena definitiva. Especialistas penitenciarios sostienen que la incertidumbre jurídica asociada a la prisión preventiva prolongada constituye uno de los principales factores de estrés, ansiedad y deterioro emocional dentro de ese tipo de espacios.
En el marco de la Semana por la Salud Mental Penitenciaria, las autoridades también juramentaron el Comité Dominicano de Salud Mental Penitenciaria, con el objetivo de fortalecer las políticas, programas y acciones dirigidas a la atención integral de los privados de libertad, sus familiares y el personal penitenciario.Las actividades concluirán el próximo domingo con una caminata 5K para promover la salud mental dentro del sistema penitenciario.