¡ÚLTIMA HORA!
El precio de los principales cinco combustibles permanecerá congelado para la semana del 9 al 15 de mayo, según comunicó este viernes el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).
Con la decisión, el galón de la gasolina premium se venderá a 323.10 pesos y el de la regular a 301.50 pesos, ambas quedando sin variación en su costo.
De igual forma, el precio del galón del gasoil óptimo se mantendrá en 275.10 pesos y el del regular en 253.80 pesos.
El galón del gas licuado de petróleo se venderá a 137.20 pesos y el metro cúbico del gas natural licuado a 43.97 pesos, ambos precios se mantienen congelados.
En cambio, el avtur y el kerosene registrarán reducciones en su costo. El primero se comercializará a 304.44 pesos, bajando 17.42 pesos, mientras que el segundo se ofertará a 344.70 el galón, reduciendo 19.30 pesos a su precio.
Sin embargo, los dos tipos de fuel oil: sufrirán incrementos de entre 6.31 y 7.61 pesos por galón. El fuel oil se venderá a 206.03 pesos, aumentando 7.61 pesos y el fuel oil 1% se comercializará a 232.74 pesos, subiendo 6.31 pesos.
El MICM precisó que para mantener el precio de los hidrocarburosse destinará un subsidio de 1,657 millones de pesos.
La vicepresidenta Raquel Peña afirmó que la República Dominicana se mantiene en vigilancia permanente y preparada ante la posible llegada del hantavirus, una enfermedad que ha comenzado a generar preocupación por su impacto en varios países.
La vicegobernante indicó que el Gabinete de Salud ya estudia todo lo relacionado con este virus para estar en capacidad de responder ante cualquier eventualidad.
Peña sostuvo que el Gobierno mantiene el compromiso de garantizar la protección sanitaria de la población ante cualquier amenaza epidemiológica.
La vicegobernante ofreció estas declaraciones tras encabezar un acto organizado por la Fundación Madre y Maestra de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde fue develado un mural con los 20 nuevos integrantes de Guardianes de la Academia, un fideicomiso filantrópico orientado a garantizar becas y respaldar proyectos de investigación y extensión académica.
De su lado, Mercedes Carmen Capellán, presidenta de la Fundación Madre y Maestra de la Pucmm, agradeció a las familias y empresas que se integraron a esta iniciativa.
Entre los nuevos miembros de Guardianes de la Academia figuran Barrick Pueblo Viejo, Centro Cuesta Nacional, Grupo Humano, Santo Domingo Motors, Seguros Crecer y Seguros Sura, entre otras entidades, familias y personalidades que se suman a los 108 miembros fundadores del programa.
La Junta Central Electoral expresó este viernes su postura ante la propuesta de reducir el financiamiento público destinado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, al considerar que la medida podría afectar la certidumbre jurídica y el funcionamiento del sistema electoral.
Mediante un comunicado de prensa, la institución recordó que el artículo 224 de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, establece que en años no electorales, como 2026, la contribución económica del Estado a las organizaciones políticas debe equivaler al 0.25 % de los ingresos nacionales.
Sin embargo, indicó que la Ley 99-25 de Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2026, promulgada en fecha 16 de diciembre de 2025, consignó una asignación equivalente al 0.12 %, monto que representa menos de la mitad de lo contemplado en la legislación vigente.
Según la JCE, una nueva reducción presupuestaria afectaría la planificación, organización financiera, operativa, educativa y logística, así como el cumplimiento de los gastos y las obligaciones que han contraído con base en la certidumbre de una ley promulgada en 2025 y de la Resolución 01-2026, del 15 de enero de 2026.
El organismo electoral sostuvo que el sistema de partidos constituye un componente esencial e indispensable para la democracia, en tanto representa la columna vertebral del sistema político-electoral y afirmó que una disminución adicional de los recursos podría incidir en principios como la legalidad, la integridad electoral, la equidad en la contienda y la seguridad jurídica.
En ese sentido, la JCE hizo un llamado a las autoridades competentes y confía en que actuarán conforme al marco constitucional y legal vigente, en respeto del sistema democrático y de las reglas preexistentes que garantizan la estabilidad del sistema de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, la sana y justa competencia electoral.
Entre llantos desgarradores y frases entrecortadas, Ana Mercedes Corporán, la madre de Raudiel Steven Martínez, relató el sufrimiento que vive tras la muerte de su hijo de 10 años, cuyo cadáver fue hallado la mañana del jueves 7 de mayo en una cañada, en el distrito municipal Hato Damas, provincia San Cristóbal.
La mujer señaló un adolescente de 14 años que es investigado por las autoridades fue la persona que presuntamente le quitó la vida a su hijo: "Él me lo mató cerquita de mi casa", expresó.
“¡Ay, esto sí es grande! ¡Ay, acaban con mi vida!”, repetía desconsolada este viernes mientras era sostenida por familiares y vecinos.
La mujer recordó a Raudiel como un niño alegre, inquieto y amante de los juegos. Contó que le gustaba compartir con otros niños del sector y que siempre permanecía cerca de la familia. “Mi niño era un niño alegre, contento, y le gustaba mucho jugar”, expresó entre lágrimas.
Relató que el menor desapareció el miércoles, luego de que ella le pidiera que fuera a la casa de su abuela mientras llevaba a su otro hijo al médico. Sin embargo, Raudiel nunca llegó al lugar.
Asimismo, explicó que intentó que su hijo la acompañara a la consulta, pero el niño se negó. Según recordó, las últimas palabras que él le dijo fueron: “¿Mami, tú me quieres?”.
“Él se estaba despidiendo y yo no sabía”, lamentó.
La madre explicó que, cuando notó que el niño no aparecía, comenzó a buscarlo desesperadamente por toda la comunidad junto a vecinos y familiares.
Entre el dolor y la impotencia, aseguró que desde el primer momento sintió que algo malo había ocurrido. "Estaban jugando con una gallina. Después con un pez beta, él me dio muchas versiones", dijo al hacer referencia al adolescente que es investigado.
Sobre el hallazgo, indicó que el adolescente investigado por el caso habría llevado a las autoridades hasta el lugar donde estaba el cuerpo. “¿Qué más justicia de ahí? ¿Qué más pruebas?”, cuestionó.
Con la voz quebrada, la mujer expresó que una de las imágenes que más la atormenta es pensar que su hijo fue abandonado en la cañada. “¡Me lo mataron como un perro!”, gritaba en medio del llanto.
También recordó el amor que Raudiel sentía por su hermanito menor, un bebé prematuro de apenas meses de nacido, a quien, según dijo, el niño había pedido durante mucho tiempo.
“Él le pedía a Dios que le mande un hermanito… y después de diez años Dios me lo dio y me lo quitó a él”, relató.
Contó además que Raudiel la ayudaba constantemente con el cuidado del bebé y que la noche antes de desaparecer durmió abrazado de su hermanito.
La madre aprovechó para reclamar justicia y denunciar que en la comunidad han ocurrido otros hechosviolentos sin consecuencias. “Yo quiero justicia porque esto no se puede quedar aquí”, expresó.
Leonel Pineda, tío del niño, manifestó que una de las situaciones que más les causa inquietud es que el adolescente habría ofrecido versiones contradictorias sobre el paradero del niño.
Según relató, primero dijo que lo había dejado en una cancha y luego afirmó que lo dejó en otra zona del sector. Sin embargo, posteriormente condujo a agentes del Dicrim hasta el lugar donde fue encontrado el cuerpo.
Indicó que el menor jugaba con betas, pero no puede manifestar que el hecho ocurrió por eso.
Pineda también expresó dudas sobre la posibilidad de que el hecho haya sido cometido por una sola persona. Afirmó que, por las condiciones en las que fue hallado el cadáver, presume que pudieron participar más personas.
"Opino que no fue él solo que cometió el hecho", expresó.
Según Pineda, el menor de 14 presuntamente presenta un golpe en la cabeza.
El tío del niño pidió que el caso sea investigado a profundidad y que los responsables sean sometidos a la justicia.
Alberto Pineda, tío del niño, explicó que el cuerpo del menor fue encontrado alrededor de las 11:00 de la mañana del jueves, con laceraciones en la espalda y parcialmente cubierto con hojas, lo que habría dificultado que fuera visto durante las primeras horas de búsqueda.
Según relató, el cadáver estaba en la cañada de Reja, ubicada a unos cuatro kilómetros de la casa de la abuela del niño, destino al que nunca llegó.
El lugar donde fue hallado Raudiel es una zona apartada y rodeada de árboles. Un pequeño riachuelo atraviesa el área y, a pocos metros, hay un criadero de cerdos. Familiares y comunitarios describen el sitio como un entorno solitario y poco transitado.
Mientras avanzan las investigaciones, vecinos de la comunidad aseguran que la última vez que vieron al menor fue acompañado del adolescente de 14 años que es investigado por el caso.
De su lado, Pedro Luis de los Santos, padrastro del hoy occiso, expresó con voz entrecortada el profundo dolor que embarga a la familia tras la tragedia.
Mientras esperaba el cuerpo de su hijastro en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), contó que el menor era muy cariñoso y que entre ambos existía una relación muy cercana, marcada por abrazos, juegos y momentos compartidos. Explicó que lo criaba desde que tenía apenas un año y que lo consideraba como un hijo.
Relató que el menor desapareció el miércoles y que desde esa misma noche familiares y comunitarios iniciaron una intensa búsqueda que se extendió durante horas.
De los Santos explicó que las primeras sospechas surgieron luego de preguntar por el niño a un amiguito con el que había estado jugando durante el día, quien dijo que no lo había visto.
Con la voz quebrada, narró el impacto que sintió al encontrar el cuerpo del niño. “Tirado en el suelo, como un perro", expresó.
Asimismo, dijo que una de las cosas que más le duele es recordar cómo pasó toda la noche preguntando por él y esperando encontrarlo con vida, sin imaginar el desenlace que tendría la búsqueda.
“Ese ha sido el dolor más grande que yo tengo en mi corazón”, afirmó.
De su lado, Eva Sánchez, directora del centro educativo donde estudiaba Raudiel Martínez Corporán, recordó al niño como un estudiante inquieto, cariñoso y muy querido por sus compañeros.
Explicó que el menor cursaba cuarto grado de primaria, en el primer año del segundo ciclo, y que se caracterizaba por ser muy juguetón y amante de los espacios abiertos.
“A él lo que le gustaba era siempre estar al aire libre”, expresó.
Sobre la tragedia, Sánchez calificó el hecho como “muy lamentable” y aprovechó para hacer un llamado a los padresy tutores a mantenerse atentos a sus hijos.
La empresa minera GoldQuest, gestora del proyecto Romero en la provincia San Juan, informó este viernes que decidió retirar sus equipos de la zona “priorizando la tranquilidad de las comunidades, la seguridad de las personas y el respeto al territorio”.
La empresa reafirmó además su respeto hacia las comunidades, las autoridades y el entorno social.
Asimismo, reiteró su disposición al diálogo y al entendimiento, y aseguró que “continuará actuando con serenidad, responsabilidad y respeto frente a la situación actual”.
La decisión surge luego de que el presidente Luis Abinader dispusiera la paralización inmediata de cualquier actividad minera vinculada al proyecto Romero, ubicado en la provincia de San Juan, en el suroeste del país.
El proyecto se encontraba en fase de exploración por parte de GoldQuest.
La medida del mandatario se produjo luego de que se realizaran diversas manifestaciones y que miembros de la sociedad civil se pronunciaran en contra de la explotación ambiental en la zona.
Diversos sectoresdel país y partidos de oposición habían expresado su rechazo a que el Gobierno autorizara permisos para que la compañía canadiense explotara la montaña en Romero.
La Asociación de Importadores de Vehículos Usados (Asocivu) expresó su rechazo al traslado de la oficina del Plan Piloto (ahora Centro de Retención de Vehículos) desde el sector Honduras hacia el kilómetro 22 de la autopista Duarte, calificando la medida como “improvisada, desconsiderada y perjudicial” tanto para el sector como para la ciudadanía en general.
A través de un comunicado, el gremio que agrupa a importadores de vehículos usados advirtió que esta decisión debió ser consensuada y el movimiento debió ser gradual, ya que el impasse ha generado serias dificultades operativas, afectando directamente los procesos de inspección, registro y regularización vehicular, pilares fundamentales para el dinamismo del mercado automotriz.
Asocivu señaló que uno de los principales problemas es la lejanía de la nueva sede. “Nuestros miembros, así como miles de ciudadanos, deben desplazarse largas distancias desde el Distrito Nacional y otras zonas urbanas, enfrentando un tráfico caótico en la autopista Duarte, lo que se traduce en pérdidas de tiempo y productividad”, indicó la organización.
Asimismo, denunciaron el incremento significativo en los costos logísticos. Transportar vehículos hasta el kilómetro 22implica mayores gastos en combustible, uso de grúas y movilización de personal, lo que impacta directamente en la estructura de costos del sector y, eventualmente, en el consumidor final.
La asociación también cuestionó la falta de planificación en términos de accesibilidad. “No existe un sistema de transporte público eficiente que facilite la llegada a estas instalaciones, ni una infraestructura adecuada para manejar el volumen de usuarios que diariamente acude al Plan Piloto”, subrayaron.
En cuanto al funcionamiento interno, Asocivu alertó sobre desorganización, largas filas y retrasos considerables en la atención. “Procesos que antes se realizaban en pocas horas ahora pueden tomar un día completo o más, generando un cuello de botella innecesario en la cadena de comercialización de vehículos”, agregaron.
“Esta decisión no solo afecta a los importadores, sino a toda la ciudadanía que depende de estos servicios. Es momento de corregir el rumbo”, concluyó Aramis Mella, presidente de Asocivu.
Decenas de privados de libertad permanecen en condiciones de hacinamiento, insalubridad y con limitaciones de espacio en la carcelita del Palacio de Justicia de Santiago.
Así lo denunciaron abogados que aseguran haber recibido múltiples quejas de sus representados sobre la situación que enfrentan dentro del recinto.
De acuerdo con los juristas, el área de retención, concebida para albergar entre 50 y 60 internos, estaría alojando actualmente a más de 140 personas y, según otras versiones, la cifra podría superar los 180 reclusos.
El abogado Juan Carlos Báez Peralta aseguró que las quejas sobre las condiciones del lugar son constantes
Según explicó, en el recinto habría plagas de insectos, malos olores y una marcada sobrepoblación que obliga a los detenidos a dormir en condiciones incómodas.
“No es un hotel, pero son seres humanos y debe preservarse su dignidad y la presunción de inocencia”, expresó el jurista al referirse a la situación.
Báez Peralta sostuvo además que algunos privados de libertad permanecen en esa área por períodos superiores a los tres meses, por lo que entiende que el Ministerio Público debe agilizar su traslado hacia centros penitenciarios con mayor capacidad.
Por su parte, el abogado Russell Aracena consideró que la saturación de la carcelita responde, en gran medida, al uso excesivo de la prisión preventiva en casos que, a su juicio, podrían resolverse con medidas menos severas.
El togado afirmó que la falta de espacio ya está afectando el desarrollo de algunos procesos judiciales, al punto de que varios imputados han tenido que ser trasladados a otros recintos fuera de Santiago por falta de cupo.
En tanto, el abogado Ricardo Reina manifestó que varios de sus representados le han descrito un panorama crítico dentro del recinto, marcado por el calor extremo, problemas de salud y presencia de insectos.
“Hay aglomeración, problemas sanitarios, chinches y condiciones muy difíciles para quienes están ahí recluidos”, afirmó.
La sobrepoblación en la carcelita del Palacio de Justicia de Santiago es una problemática que, según abogados, se arrastra desde hace años sin que hasta el momento se haya producido una solución definitiva.
Diario Libre intentó obtener una reacción de las autoridades responsables a través de distintas vías de comunicación, pero no fue posible conseguir una respuesta.
Las autoridades sanitarias de New Jersey informaron este viernes que mantienen bajo monitoreo a dos residentes del estado tras una posible exposición al hantavirus relacionada con el crucero MV Hondius,según publicó el portal News 12.
Según el Departamento de Salud estatal, ambos estuvieron en contacto indirecto con una persona infectada durante un viaje aéreo internacional, aunque aclararon que ninguno de los dos era pasajero del crucero.
Las autoridades precisaron que, hasta el momento, ninguno presenta síntomas compatibles con la enfermedad y que, por razones de privacidad, no se divulgará información sobre su lugar de residencia ni otros datos personales.
El organismo explicó que el riesgo para la población general en New Jersey sigue siendo muy bajo, ya que actualmente no se ha confirmado ningún caso de hantavirus en el estado, que además no registra antecedentes de contagios confirmados.
Los expertos señalaron que los hantavirus presentes en Estados Unidos suelen ser transmitidos por roedores y no se propagan entre personas. Sin embargo, la variante vinculada al brote del MV Hondius, conocida como virus Andes, se encuentra en Sudamérica y es la única cepa conocida capaz de transmitirse de persona a persona.
Aun así, las autoridades subrayaron que este tipo de contagio es poco frecuente y, por lo general, requiere contacto cercano y prolongado con una persona infectada o con sus fluidos corporales.
El período de incubación del virus puede variar entre cuatro y 42 días, mientras que las personas asintomáticas no son consideradas contagiosas.
Un jurado federal en Miami (EE. UU.) declaró culpables este viernes a Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages por su participación en la conspiración para secuestrar o asesinar en Puerto Príncipe al presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021.
Con este fallo, ya son nueve los implicados condenados en Estados Unidos por el magnicidio, a manos de un grupo de mercenarios, entre ellos 17 exmilitares colombianos.
Otros cinco acusados ya habían sido sentenciados a cadena perpetua, mientras que una sexta persona recibió una pena de nueve años de prisión tras determinarse que no conocía el plan al financiar el envío de chalecos antibalas.
El veredicto fue emitido por un panel de 12 jurados tras 39 días de juicio en un tribunal federal de Miami, bajo la supervisión de la jueza de distrito Jacqueline Becerra.
Según la acusación, los condenados conspiraron en el sur de Florida para organizar el secuestro y posterior asesinato de Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021 en su residencia privada en Pétion-Ville, a las afueras de Puerto Príncipe, a manos de un grupo de mercenarios.
Documentos judiciales señalan que entre febrero y julio de 2021 el sur de Florida funcionó como centro de planificación y financiamiento del complot para derrocar al mandatario haitiano y reemplazarlo por alguien alineado con los intereses políticos y económicos de los conspiradores.
El objetivo era que el médico haitiano Christian Sanon asumiera la presidencia y posteriormente adjudicara contratos a una empresa con sede en Doral vinculada a Intriago y Ortiz, mientras que Solages actuaba como enlace en Haití. Por su parte, Veintemilla habría financiado la operación a través de su compañía Worldwide Investment Development Group.
Sanon también estaba previsto para ser juzgado en este caso, pero su proceso fue separado por motivos de salud y se celebrará en una fecha aún por determinar.
Las autoridades indicaron que el plan fue inicialmente presentado a los mercenarios colombianos como una operación de arresto legal con respaldo de agencias estadounidenses, en parte debido a que algunos implicados tenían vínculos previos como informantes del FBI y de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Sin embargo, según testimonios, la operación derivó en asesinato tras fallidos intentos de captura.
Más de 50 personas han sido acusadas en Haití por el magnicidio, incluyendo la viuda de Moïse, aunque el proceso judicial en ese país permanece estancado debido a la grave inseguridad.
El asesinato del mandatario desató una profunda crisis en Haití, con un vacío de poder que facilitó el control de bandas armadas y agravó la situación humanitaria.
Esto ha impulsado una ola migratoria hacia otros países, especialmente hacia Estados Unidos, donde unos 350.000 haitianos dependen del Estatus de Protección Temporal (TPS) para evitar la deportación, en medio de intentos del gobierno del presidente Donald Trump por revocar esa medida, bloqueados hasta ahora por tribunales.
El tribunal apoderado del proceso sobre la exploración minera en la cordillera Septentrional ordenó la realización de un peritaje técnico a cargo de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, como parte del conocimiento de la acción impulsada por comunitarios que rechazan las actividades mineras en esa zona montañosa.
El jurista Winston Vásquez, representante legal de los comunitarios, informó que la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la provincia Santiago acogió la solicitud presentada por la parte accionante, para determinar los posibles impactos ambientales que podría generar la minería en el lugar.
De acuerdo con el abogado, la próxima audiencia fue fijada para el 14 de mayo, fecha en la que se espera que la Academia de Ciencias haya sido formalmente apoderada para designar un perito especializado en áreas como biología, geología o ecología, quien deberá presentar un informe técnico ante el tribunal.
Vásquez explicó que ahora corresponde notificar oficialmente a la entidad científica para que esta designe al especialista, quien posteriormente deberá juramentarse ante la magistrada antes de iniciar la evaluación.
Las comunidades de Santiago y Puerto Plata que han elevado su oposición al proyecto consideran el espacio como una zona de alta sensibilidad ecológica. Sostienen que cualquier intervención minera en esa área podría representar una amenaza para los recursos naturales y el abastecimiento de agua de ambas provincias.
