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El Gobierno de los Estados Unidos empezó ayer el proceso para la devolución de hasta 166,000 millones de dólares en aranceles dispuestos por Donald Trump tras su anulación por la Corte Suprema, una facilidad a la que podrían aplicar países como la República Dominicana, que hasta diciembre pasado había pagado 440.4 millones de dólares por la tasa de 10 % impuesta desde abril del 2025.
La primera fase para el reembolso, anunciada ayer por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, en inglés) permitirá a todo agente aduanero e importador registrado (IOR), sin distinción de país, presentar una declaración de Administración y Procesamiento Consolidado de Entradas (CAPE) para agilizar el trámite.
Una vez validada y aprobada esta declaración, los importadores y agentes deberán esperar un plazo de entre 60 y 90 días para recibir la devolución de los fondos.
El aprovechamiento de esta facilidad por parte de la República Dominicana aún es relativo, observó el vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam. “Es una facilidad todavía provisional que está a disposición de todos sin preferencia, y lo que es igual no es ventaja. Falta información y certidumbre al respecto”, observó.
El protocolo busca remediar la retención de los aranceles amparados en la Ley de Poderes de Emergencia Internacional (IEEPA), la norma bajo la que Trump inicialmente justificó los gravámenes. En febrero de este año, la Corte Suprema falló en contra de estos aranceles, tras determinar que esta ley –que hasta entonces no había sido utilizada para estos fines– no autorizaba al presidente de los Estados Unidos a imponer este tipo de impuesto.
Desde entonces, Trump invoca la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para continuar con los gravámenes, de hasta un 15 %. Sin embargo, esta medida solo estará vigente por 150 días, por lo que deberá expirar el próximo 23 de julio a menos que el Congreso decida prorrogarlo.
El pago de los aranceles desde hace más de un año, sumado al aumento de los costos logísticos, la volatilidad en los precios de los combustibles y la incertidumbre geopolítica internacional han generado una presión acumulada sobre el sector exportador, aseguró la vicepresidenta de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), Roselyn Amaro Bergés.
Solo el incremento en recargos por factor de ajuste al combustible ha incrementado hasta los 400 dólares por contenedor, cuando previo a la guerra del Golfo Pérsico rondaba entre los 150-200 dólares según la ruta.
Además, la carga marítima se enfrenta a retrasos puntuales en salidas y llegadas, así como a una mayor variabilidad en tarifas, lo que dificulta la previsión de costos logísticos.
La ejecutiva de Adoexpo reconoció que las exportaciones dominicanas –que alcanzaron los 3,736.9 millones de dólares en el primer trimestre de este año, con 1,448.6 millones solo en marzo– han crecido y han podido sostener su participación en el mercado estadounidense porque otros países competidores enfrentan condiciones similares.
“Sin embargo, de prolongarse este escenario, podría erosionarse la competitividad relativa del país, especialmente en sectores con menos márgenes”, alertó, tras puntualizar que el entorno actual implica operaciones más lentas, más costosas y menos predecibles para el comercio exterior.
En esto coincide Dargam, quien señala que existe “un riesgo claro” de erosión de competitividad, ya que en el mercado estadounidense participan países que no enfrentan las mismas barreras arancelarias en la República Dominicana.
“El impacto ha sido real, aunque varía según los sectores. Algunos han logrado adaptarse mediante eficiencia o diversificación de mercados, pero otros enfrentan presiones importantes en costos que afectan su posicionamiento en el mercado estadounidense”, puntualizó.
Antes del fallo de la Corte Suprema en febrero pasado, las autoridades dominicanas y estadounidenses avanzaban en una negociación arancelaria similar a la de Guatemala y el Salvador, países que alcanzaron una tasa cero de arancel bajo ciertas condiciones. Sin embargo, las tensiones geopolíticas actuales y la volatilidad en los mercados dificulta esta negociación en el corto plazo.
Tanto Adoexpo como el Conep enfatizaron que siguen promoviendo que el tema se mantenga en la agenda bilateral y que se analicen alternativas, tanto de diversificación de mercados, como dentro del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica (DR-Cafta).
La instalación de cámaras de vigilancia, cercas eléctricas, alarmas y otros mecanismos de protección se ha convertido en una alternativa cada vez más común para ciudadanos de distintos sectores que buscan reforzar la seguridad en sus viviendas en un país donde se han denunciado 59,927 robos desde el 2025 hasta febrero del 2026.
Estos sistemas pueden implicar inversiones que rondan hasta los 200,000 pesos, dependiendo de la cantidad de equipos instalados, el tipo de tecnología y el costo de la instalación.
Jeniffer Gil, residente en la urbanización Brisa Oriental de la provincia Santo Domingo —que concentra la mayor cantidad de casos reportados de robos con 25,085—, decidió reforzar la seguridad de su vivienda. Dijo que ante la preocupación por posibles robos, comenzó a implementar distintas medidas para proteger su hogar.
En un primer momento optó por colocar alambres tipo trinchera sobre el muro perimetral, para dificultar el acceso. Con el paso del tiempo decidió ampliar la protección con la instalación de cámaras y una red de alarmas.
El sistema instalado en su vivienda incluye 11 cámaras y dos alarmas, con una inversión de 130,000 pesos.
Desde entonces se siente con mayor tranquilidad en su hogar. Aunque reconoce que ningún sistema puede evitar completamente los delitos, considera que estas herramientas pueden marcar una diferencia en situaciones de riesgo.
“Uno tiene que protegerse. No es que las cámaras o la alarma van a evitar todo el problema, pero mengua bastante”, afirma.
De acuerdo con las estadísticas de la Policía Nacional sobre robos por provincias, correspondientes al período 2025-febrero 2026, el Distrito Nacional sigue en la lista de los territorios donde se reportó la mayor cantidad de denuncias, un total de 11,740.
A este les siguen San Cristóbal con 4,811 reportes; Santiago, con 3,736; y La Altagracia con 2,743. También figuran La Romana con 1,671; Duarte, con 1,386; y San Pedro de Macorís con 1,291 casos.
En el ensanche Ozama, en Santo Domingo Este, numerosos residentes han optado por instalar cámaras, alarmas y otros mecanismos de seguridad en sus viviendas.
María, quien reside en la calle Mazonería, vive en el sector desde el 2011. Un año después de mudarse instaló cámaras de vigilancia y posteriormente un sistema de alarmas. “Como quiera los ladrones intentan meterse, pero suenan las alarmas”, dice.
En el segundo nivel de su vivienda tiene seis cámaras, además de otras instaladas en la parte frontal de la casa y en el patio.
“La delincuencia está alta, estos ladrones no están fáciles. Aquí se han intentado meter tres veces, pero ya no pueden porque, desde que tocan, comienza a sonar la alarma y viene una patrulla (de la Policía)”, señala.
En el mismo sector, próximo al colegio Santa Teresa, una vivienda cuenta con varias medidas de seguridad visibles: cerca eléctrica, cámaras de vigilancia y protecciones en el muro conocidas popularmente como “diente de tiburón” o “cadillos”.
En la calle Bonaire, Nelson García recuerda que hace unos 10 años tuvo que colocar alambres de púas en el techo y en la parte trasera de su casa, luego de que un ladrón ingresó al patio y lograra robar un radio.
En un edificio contiguo, el Residencial Bonaire, los moradores optaron por instalar cámaras de seguridad después de que en varias ocasiones sustrajeran los retrovisores de los vehículos estacionados.
Los comercios del sector también han reforzado sus medidas de protección. En el súper colmado La Bendición, ubicado frente al residencial Bonaire, se colocaron rejas en la entrada para atender a los clientes.
Según explica uno de los vendedores, la medida se tomó hace más de dos años luego de un asalto en el que sustrajeron dinero y bebidas alcohólicas.
De acuerdo con empresas consultadas por Diario Libre, el costo de un sistema de cámaras de seguridad puede variar según el tipo de equipo, la cantidad de cámaras y los costos de instalación.
Por ejemplo, uno básico con 12 cámaras (incluyendo audio, visión a color e instalación con cableado) puede valer aproximadamente 75,000 pesos. Este sistema incluye cableado en conduflex, un registro para DVR, un disco duro de un terabyte, y la posibilidad de visualizar las cámaras desde televisores o móviles.
Si se opta por uno con cámaras IP inalámbricas (que se pueden visualizar a través de una aplicación en el celular), el costo aproximado sería de 111,970 pesos para un total de 10 cámaras. Por otro lado, un sistema de cámaras análogas (que requieren un grabador y monitor, y no permiten el acceso directo desde el celular) tiene un costo cercano a 90,900 pesos para la misma cantidad de cámaras.
Existen otras medidas de seguridad, como las cercas eléctricas que se cotizan por metro lineal. El costo por metro puede variar entre 850 y 975 pesos, dependiendo de la cantidad a instalar y de las condiciones de la pared.
Para una vivienda con 175 metros lineales de perímetro, si el precio por metro es 975 pesos, el costo total solo del cerco electrificado sería de 170,625 pesos. Si se incluyen otros equipos como sirenas, baterías, controles y materiales de instalación, el presupuesto final ascendería a 226,648 pesos con impuestos incluidos.
En algunas viviendas también se instalan mallas ciclónicas, cuyo costo es de 1,750 pesos por metro lineal. Para un perímetro de 100 metros, el precio total de la malla ciclónica sería de 175,000 pesos.
En cuanto a las protecciones en los muros, uno de los productos más utilizados es el alambre tipo trinchera, que cuesta 950 pesos por rollo de 10 metros, mientras que los "dientes de tiburón" o "cadillos" tienen un costo de 950 pesos por metro lineal.
Los sistemas de seguridad, pueden incluir videoporteros o intercomunicadores con cámara, los cuales permiten identificar a los visitantes antes de abrir la puerta. Estos equipos tienen un costo aproximado de 8,500 pesos, más 1,500 pesos por cables y materiales adicionales, y 7,950 pesos por instalación.
El sistema de videoportero puede ampliarse con pantallas adicionales o cerraduras eléctricas. El precio de un monitor extra es de 7,900 pesos y la cerradura eléctrica instalada tiene un costo de 4,900 pesos.
Algunos complejos residenciales en Santo Domingo Este también han optado por reforzar sus medidas de seguridad mediante controles de acceso y vigilancia en las entradas.
En el Residencial Villa Oriental, un vigilante controla el ingreso de vehículos y visitantes.
“Se deben evaluar para asegurarse a dónde van. Si es residente no se le pide documento, pero si es visitante se le solicita cédula o licencia”, explica Manzueta, encargado de la seguridad.
Una medida similar se observa en el Residencial Amanda II, también ubicado en la autopista San Isidro.
En el sector Reparto Los Tres Ojos, varias viviendas mantienen botellas de vidrio incrustadas en las paredes como una forma de seguridad.
En zonas del Distrito Nacional también es común observar cámaras de vigilancia y cercas eléctricas en edificios residenciales.
En el ensanche Paraíso, el condominio Ingrid cuenta con cámaras instaladas, mientras que en Piantini, una torre residencial, ubicada en la esquina de la calle Federico Geraldino, tiene cerca eléctrica señalizada con advertencias de peligro.
En otra torre cercana, llamada Leonardo, además de la cerca eléctrica, los balcones cuentan con mallas de protección.
Otra edificación con medidas de seguridad es la Torre Allegro, ubicada en la calle Rafael Augusto Sánchez, donde se visualizan cámaras de vigilancia y protección con cerca eléctrica.
En el ensanche Quisqueya, la Súper Bodega Rueda II, instaló cámaras de seguridad para monitorear lo que ocurre en el negocio.
En esa misma esquina, los edificios Corina V y Rademanes IV también cuentan con cercas eléctricas como parte de sus medidas de protección.
La IV Reunión en Defensa de la Democracia, celebrada días atrás en Barcelona, consolidó un espacio de articulación política entre gobiernos progresistas con predominio iberoatlántico, heredero —aunque con sello propio— de las cumbres por la democracia impulsadas por Estados Unidos durante la administración de Joe Biden (2021-2024).
Aquellas iniciativas estadounidenses, orientadas a enfrentar el autoritarismo y promover derechos humanos, establecieron un marco de diplomacia multilateral que, tras el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, perdió continuidad. Ese vacío fue ocupado por España y Brasil, cuyos líderes, Pedro Sánchez y Luiz Inácio Lula da Silva, promovieron desde 2024 un formato alternativo, menos institucional y más político.
El encuentro de Barcelona reunió a más de 3,000 participantes de unos 40 países y cerca de 20 jefes de Estado o de Gobierno. Entre los principales mandatarios presentes figuraron Brasil, España, México, Colombia, Uruguay y Sudáfrica, además del presidente del Consejo Europeo en representación de la Unión Europea.
También hubo participación de representantes políticos de Alemania, Austria, Irlanda, Lituania, Albania, Barbados y Cabo Verde, junto a figuras como el expresidente de Chile, Gabriel Boric. La composición confirma un núcleo iberoamericano con extensiones hacia Europa socialdemócrata, el Caribe y África, aunque con ausencias notables como Estados Unidos, Asia y el mundo árabe.
Pese a las lecturas que han surgido en distintos países, incluida República Dominicana, el foro no fue una cumbre anti-Trump per se. No hubo declaraciones formales dirigidas contra el mandatario estadounidense ni una agenda explícitamente diseñada en su contra. Sin embargo, sí estuvo atravesado por una narrativa que contrasta con su visión del orden internacional. Coincidió con una reunión amplia de la socialdemócrata Internacional Socialista que preside Pedro Sánchez .
La defensa del multilateralismo, el cuestionamiento de políticas unilaterales en comercio y seguridad, y la preocupación por el deterioro de la democracia liberal configuran una posición política que, sin nombrarlo directamente, se distancia del enfoque asociado a Trump.
El consenso principal giró en torno a la idea de que la democracia atraviesa una etapa de fragilidad. En respuesta, los líderes estructuraron la agenda en tres ejes: multilateralismo, gobernanza digital y reducción de la desigualdad, entendida esta última como condición para la legitimidad democrática.
No obstante, también afloraron tensiones. Hubo matices en torno a conflictos internacionales, como el de Oriente Medio, y propuestas como una eventual declaración contra una intervención estadounidense en Cuba. Más significativo fue el silencio sobre situaciones en países como Venezuela, Nicaragua o la propia Cuba, lo que ha alimentado críticas sobre la coherencia del foro.
El valor del encuentro radicó, sobre todo, en su capacidad para articular una narrativa común y fortalecer redes de cooperación política. Sin embargo, su falta de compromisos jurídicamente vinculantes, la ausencia de mecanismos de seguimiento y su homogeneidad ideológica limitan su alcance como plataforma global.
La cumbre de Barcelona deja así una doble lectura: continuidad de una agenda democrática global nacida en Washington, pero reinterpretada desde un eje progresista que, sin ser abiertamente anti-Trump, sí representa una alternativa a su visión del mundo.
Las penas por difamación no solo serán más severas a partir de agosto de este año; la prerrogativa del concurso de infracciones que establece la nueva norma plantea que múltiples hechos difamatoriospuedan derivar en sanciones independientes.
La Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal, permitirá la acumulación de penas, por lo que, en casos de difamación en los que se configuren múltiples infracciones, podrán aumentar significativamente las condenas tras su entrada en vigor en agosto.
A pesar de las reservas del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ante el aumento significativo de las sanciones por mensajes difamatorios, el presidente del gremio, Trajano Vidal Potentini, explicó que el cúmulo de penas es una de las fortalezas de la legislación.
“Es un avance, es importante, porque estamos hablando que una persona que se mete a una casa a robar, pero que además del robo lo hace armado, que es un robo agravado, pero esa arma también es ilegal, ya hay un concierto de infracciones, pero además de eso tortura a una persona que encuentra dentro, ya hay otras infracciones que todas se van sumando”, dijo.
El concurso de infraccionesestá contemplado en el artículo 46 y ocurre cuando una o varias conductas cometidas por una misma persona constituyen simultáneamente la violación de varios tipos penales.
Hay concurso real cuando varias conductas independientes constituyen distintos delitos o reiteran el mismo, y concurso ideal cuando una sola conducta configura varios delitos.
La legislación vigente establece penas de hasta un año de prisión, sin importar el medio en que se cometa la infracción. Estas disposiciones están contenidas en la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, el Código Penal actual y la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Con la reforma, el delito de difamación eleva las sanciones y crea la figura de la difamación extorsiva. La norma abarca expresamente redes sociales, servicios de streaming, medios electrónicos, radio y televisión. Esto implica que publicaciones en plataformas digitales como YouTube u otras redes podrán ser objeto de persecución penal.
El artículo 208 define la difamación como la imputación pública de un hecho concreto que afecte el honor, la imagen o la dignidad de una persona, física o jurídica. La sanción será de dos a cinco años de prisión menor, además de multas de nueve a quince salarios mínimos del sector público.
La difamación extorsiva, tipificada en el 209 se configura cuando la imputación se realiza con el objetivo de obtener beneficios o forzar a la víctima a actuar, omitir o tolerar una acción en su perjuicio.
En estos casos, las penas serán más severas, con sanciones de cinco a diez años de prisión mayor y multas de diez a veinte salarios mínimos. Si el hecho es cometido por dos o más personas, la pena podrá alcanzar los diez años y multas de hasta treinta salarios mínimos.
Vidal Potentini afirmó que el nuevo Código Penal representa un avance en la modernización del sistema jurídico, aunque advirtió que aún requiere importantes correcciones.
Señaló que la normativa incrementa de forma considerable el régimen punitivo, lo que, a su juicio, genera preocupación por una posible “inflación penal” en distintos tipos delictivos, además de que acrecentará la conflictividad.
“Aumenta en un porcentaje exponencial la parte punitiva, una inflación punitiva a penas altísimas y definitivamente que el tema de la libertad de expresión trae consigo mucha preocupación”.
Expresó inquietud por el impacto en la libertad de expresión, especialmente por disposiciones que incluyen conductas ambiguas, como gestos, dentro de posibles infracciones por ultraje en contra de funcionarios públicos.
Indicó que el gremio ha identificado múltiples aspectos que deben ser revisados y adelantó que han promovido acciones ante el Tribunal Constitucional para corregir posibles inconstitucionalidades.
La audiencia preliminar del caso Jet Set continuó este lunes con la presentación de una querella particular por parte de la familia de Johanna Rodríguez, que solicita al tribunal variar la calificación jurídica de homicidio involuntario a homicidio voluntario contra los imputados Antonio y Maribel Espaillat López.
Rodríguez falleció junto a su esposo, Eduardo Grullón, presidente de AFP Popular, durante el colapso del techo de la discoteca ocurrido el 8 de abril del pasado año, que dejó 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.
Los abogados Juan Tomás Vargas De Camps, Ignacio Miranda Cubilete y Adi Manuel Tapia, en representación de Juan Carlos Rodríguez Martínez, padre de la víctima, presentaron la querella durante la audiencia.
En su argumentación, sostienen que los propietarios del establecimiento habrían ordenado intervenciones estructurales sin contar con estudios técnicos, supervisión ni personal adecuado, y que mantuvieron en funcionamiento el local pese al deterioro progresivo de la estructura.
La solicitud plantea que los hechos sean conocidos bajo los artículos 195 y 304 del Código Penal. Actualmente, la acusación del Ministerio Público tipifica el caso como homicidio involuntario.
El proceso es conocido por el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Reymundo Antonio Mejía Zorrilla, quien recesó la audiencia hasta el próximo lunes 27 de abril a las 10:00 de la mañana, luego de escuchar las conclusiones de 80 abogados representantes de las víctimas.
La audienciacomenzó a las 10:00 de la mañana y se extendió hasta las 5:20 de la tarde. Para la próxima jornada está previsto escuchar a unas 15 partes querellantes adicionales.
Durante la vista, el juez rechazó una solicitud de reproducción de declaraciones de testigos, al considerar que la audiencia preliminar no es el escenario procesal para la realización de interrogatorios y contrainterrogatorios. En ese sentido, advirtió a las partes que se abstengan de utilizar ese tipo de recursos en esta fase.
En paralelo, los abogados Norberto Rondón y Richard Pujols informaron al tribunal el desistimiento de seis querellas interpuestas por familiares de víctimas.
Rondón, junto al abogado Ángel Lockward —quien no estuvo presente en la audiencia—, retiró cinco querellas en representación de clientes que, según indicó, “ya no tienen interés” en continuar el proceso. Entre estos casos figuran Agustina Mercedes Azcona de Gómez, en representación de Natalia Miledys Guerrero Azcona; Braian Saldaña Germán, por la muerte de su esposa Ruth Saldaña Seija Jerez; Lucía Baldera Suero, en nombre de Joselyn Rosado Baldera; Juan Primero López Gonel, por el fallecimiento de su hermano César Augusto López Gonel; y Héctor Eduardo Brito Peña, quien actuaba en su propio nombre.
Por su parte, el abogado Richard Pujols retiró la querella presentada por Marlin Báez en representación de su hijo, identificado solo como J.J. M.G.
Los abogados confirmaron que continúan representando a otros querellantes que mantienen sus acusaciones, las cuales siguen incorporadas al proceso junto a la acusación del Ministerio Público. Entre los casos que permanecen activos se encuentra el de Diana Luz Pérez Polanco, entre otros afectados por el colapso ocurrido durante un concierto del merenguero Rubby Pérez.
La audiencia preliminar es la etapa en la que el juez evalúa si existen pruebas suficientes para enviar el caso a juicio de fondo. Su finalidad es determinar la existencia de causa probable y depurar los elementos probatorios que serán conocidos en un eventual juicio oral.
Concluida esta fase, el tribunal deberá decidir si dicta auto de apertura a juicio o un auto de no ha lugar.
El general retirado y escritor José Miguel Soto Jiménez abre las páginas de un momento histórico de su vida con el libro “Los muchachos de la democracia”.
En primera persona y 36 años después, el autor decide contar ahora esta historia porque considera que es “una deuda moral con esos oficiales y su vocación democrática”. Y especifica: “En el 90 no buscábamos el poder, sino defender la voluntad popular”.
El militar y Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas en el periodo 2000-2004 narra los acontecimientos que dieron lugar a la conformación de “Los muchachos de la democracia”, un grupo de oficiales de primer nivel que en 1990 se unieron para defender la expresión del pueblo en las urnas.
El libro de 248 páginas se enfoca en la crisis electoral del llamado “fraude colosal” que sacudió al país y vivieron tres líderes históricos: Joaquín Balaguer (Partido Reformista Social Cristiano), Juan Bosch (Partido de la Liberación Dominicana) y José Francisco Peña Gómez (Partido Revolucionario Dominicano).
La mayoría de esos cien militares, encabezados por Soto Jiménez, eran jóvenes y con bríos idealistas y constitucionalistas.
“Para esa época, yo estaba completamente inmerso en asuntos puramente militares, tanto en el comando de mi unidad, el Sexto Batallón de Cazadores, como en la docencia periódica en el curso de Comando y Estado Mayor”, relata.
En una entrevista con Diario Libre en su residencia, el general se confiesa: “Había que decir la verdad y había que hacerlo ahora”. Y lo hace porque la mayoría de los protagonistas de esos hechos aún viven, lo que permite sostener el relato con responsabilidad histórica.
La primera parte de la historia se remonta al 16 de mayo de 1990, en medio de cuestionamientos electorales durante el gobierno de Balaguer y las denuncias de fraude que marcaron la contienda en la que participaba el profesor Juan Bosch. En ese contexto, según narra, surgió dentro de las Fuerzas Armadas un grupo de oficiales con una visión distinta del rol militar.
“Si se revisa la historia, los movimientos militares buscaban el poder. Nosotros queríamos proteger la voluntad popular”, sostiene.
Ese grupo, sin nombre formal para evitar ser detectado por los organismos de inteligencia, fue bautizado por el expresidente Hipólito Mejía como “los muchachos de la democracia”, una denominación que terminó definiendo su identidad y dando título al libro.
Soto Jiménez reconoce que, visto desde hoy, se trató de una “anomalía institucional”, pero insiste en que respondió a otra anomalía mayor: el riesgo de desconocer el voto ciudadano.
El movimiento creció de forma sostenida hasta alcanzar cerca de 170 oficiales en 1994, año clave por la crisis electoral vinculada al líder de masas Peña Gómez.
Años después, varios de esos oficiales alcanzaron posiciones de mando y desde allí impulsaron reformas para la profesionalización y despolitización de las Fuerzas Armadas.
Según explica, se diseñó un plan integral de institucionalidad que sirvió de base para decisiones adoptadas en el gobierno del presidente Mejía (2000-2004) y que, asegura, fue continuado por administraciones posteriores, incluyendo la de Leonel Fernández (2004-2012).
El autor del libro menciona en su obra el papel desempeñado por un grupo de oficiales entre los que se destacan Manuel Ernesto Polanco Salvador, José González Ramírez, Jorge Zorrilla Ozuna, Eurípides Uribe Peguero y otros coroneles que “estaban comprometidos con la defensa de la institucionalidad democrática, asumiendo decisiones firmes orientadas a preservar la estabilidad institucional del país”.
El también exembajador en Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, hace énfasis en el mensaje de “Los muchachos de la democracia”:
Más de tres décadas después de este episodio de la historia reciente, Soto Jiménez evalúa que la construcción de la democracia comenzó décadas atrás a partir de la caída de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.
Al analizar la democracia dominicana hoy, el escritor evitó hablar de “si la tenemos o no”, más bien la describe como un proceso en desarrollo. “Hemos avanzado mucho. Es una democracia en construcción”.
Sin embargo, advierte que el mayor riesgo es el retroceso.
“No podemos permitir que la democracia involucione. Ha costado demasiado llegar hasta aquí”, afirma.
Ante esto, llega una pregunta obligada para que esto no suceda: ¿qué rol deben jugar los partidos políticos para proteger la democracia y el país? Su análisis es el siguiente:
“El interés nacional debe estar por encima de cualquier interés particular. Las organizaciones políticas deben fortalecer el Estado de derecho, evitar prácticas que generen desigualdades y actuar con responsabilidad institucional”.
Al mismo tiempo, coloca al ciudadano en el centro del sistema. “Hoy el principal actor político es el ciudadano consciente de sus derechos y deberes”.
E insiste en que la democracia no puede estar limitada a un concepto formal. Debe traducirse en bienestar.
Frente a tensiones globales y escenarios de incertidumbre, el exministroapuesta por el fortalecimiento del sistema democrático. “La democracia no se debilita con más democracia, se fortalece. Se cura con más democracia”, resume.
José Miguel Soto Jiménez le dedica el libro al líder que apostó a la preservación de la democracia, José Francisco Peña Gómez, a quien cita así: "Al doctor Peña Gómez, a los 27 años de su partida, 'porque la muerte no releva a los hombres del compromiso con la amistad".
La Policía Nacional identificó la noche de este lunes a Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias “Macho”, de 28 años, como el presunto "autor" del homicidio con arma blanca del chofer Deivy Carlos Abreu Quezada, quien murió tras ser atacado por una turba de motoristas que lo persiguió luego de un supuesto accidente de tránsito.
La institución del orden -en una nota de prensa- explicó que busca activamente a Metz Cruz mediante la orden de arresto número 2026-AJ0030957-8, por su presunta implicación en el hecho.
Abreu Quezada falleció a causa de una herida de arma blanca, tras ser atacado por una turba de motoristas.
El hecho ocurrió el pasado viernes 17 de abril de 2026 en un área de estacionamiento del Palacio de Justicia de Santiago, luego de un supuesto conflicto de tránsito, mientras la víctima realizaba labores de recolección de desechos sólidos.
De acuerdo con las investigaciones, Metz Cruz habría actuado junto a varios motoristas; siete de ellos ya fueron sometidos a la justicia.
La entidad agregó que continuará las labores de búsqueda hasta apresarlo y ponerlo a disposición del Ministerio Público.
En la solicitud de medida de coerción, el Miniserio Público dijo que había una persona prófuga por el hecho, que tipificó de asesinato y solicitó prisión preventiva como medida de coerción. El conocimiento de la coerción fue reenviado para este miércoles 22 de abril.
Un proyecto de ley sometido en el Senado propone transformar el esquema de cobro por manejo de residuos sólidos en el país, sustituyendo el modelo actual por uno que se pagará según el tipo de actividad económica, el volumen de desechos generados y la capacidad de ingresos de las empresas.
La iniciativa, autoría del senador Edward Espiritusanto, de la Fuerza del Pueblo, plantea que las contribuciones de las empresas dejen de ser montos fijos por rango de facturación y pasen a calcularse de manera proporcional, con tasas que varían entre un 0.25 % y un 1.5 % de la renta neta anual para quienes generan mayores volúmenes de residuos.
El proyecto también introduce escalas más bajas para empresas con menor generación de desechos, manteniendo aportes de 3,000 y 6,000 pesos para las de ingresos más reducidos, mientras que las de mayores ingresos pasarían a pagar el equivalente al 0.25 % de su renta neta anual.
En el caso de actividades con generación media de residuos, las tasas aumentan hasta un 0.40 %, mientras que las de alta y muy alta generación aportarán un 1 % y un 1.5 %, respectivamente.
Este rediseño contrasta con el modelo vigente establecido en la Ley 98-25, sobre Residuos Sólidos que fija las contribuciones escalonadas desde 3,000 pesos para empresas con ingresos de hasta un millón de pesos, hasta 675,000 pesos para aquellas que superan los 100 millones de pesos.
En la ley actual, el pago por los residuos sólidos no se establece por los desechos que generen las empresas, sino por sus ganancias.
La normativa actual, que fue promulgada en el 2025, implicó un aumento generalizado en los montos respecto al esquema anterior que nació en 2020, lo que generó el rechazo de los sectores comerciales y empresariales.
En ese sentido, la propuesta legislativa busca introducir un criterio de mayor proporcionalidad en las cargas, con el argumento de que el método “no distingue de manera suficiente entre empresas que generan distintos niveles de residuos”.
Otro de los cambios relevantes dispuestos en la iniciativa de ley es la eliminación del pago de las organizaciones sin fines de lucro. El proyecto sostiene que estas entidades deben estar exentas del pago por los residuos sólidos, en coherencia con lo establecido en la Ley 122-05, que contempla una exención general de tributos, tasas y contribuciones especiales a su favor.
Uno de los puntos más sensibles de la propuesta es la eliminación del aporte fijo de 20 pesos por habitante que actualmente se destina a las alcaldías.
Según el proyecto, este mecanismo constituye “una carga adicional para la población y no responde a criterios claros de equidad ni de capacidad contributiva”.
Además, advierte que el esquema de distribución de esos fondos “podría prestarse a discrecionalidad en su asignación y uso” que, a juicio del senador, abre la puerta a que los recursos se desvíen.
Ante las quejas de los comerciantes sobre el cobro de los residuos sólidos que califican como “abusivo”, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, prometió una reforma a la ley que sería sometida al Congreso en la actual legislatura, prevista para concluir en julio de este año.
En una reunión con el liderazgo congresual y con el ministro Lovatón, algunos gremios como la Federación Dominicana de Comerciantes, la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina y la Central de Detallistas Unidos, representantes del sector ferretero, entre otros, se quejaron de los montos de la Ley 98-25, sobre Residuos Sólidos, y pidieron una reforma más ajustada a la realidad empresarial.
Con una inversión de 950 millones de pesos y un plazo de 22 meses para su construcción, la alcaldesa Carolina Mejía y la Presidencia de la República iniciaron ayer los trabajos del parqueo de la calle José Reyes, en la Ciudad Colonial, casi seis años después de haber sido cerrado por las autoridades municipales.
La alcaldesa encabezó el acto junto a representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Clúster Turístico y de comerciantes de la Ciudad Colonial, así como dirigentes comunitarios.
Durante su intervención, Mejía explicó que el proceso ha sido largo y complejo, marcado por decisiones difíciles como la demolición del antiguo parqueo, realizada tras recomendaciones del Ministerio de Obras Públicas y del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia).
Señaló que esta medidafue necesaria para garantizar la seguridad de los ciudadanos y afirmó que su gestión ha priorizado actuar con responsabilidad y apego a las normativas.
La obra, de siete niveles, conlleva una inversión aproximada de 950 millones de pesos y dispondrá de 242 plazas de estacionamiento, además de áreas comerciales, tecnología moderna, iluminación y condiciones de seguridad adecuadas.
La alcaldesa destacó el respaldo del presidente Luis Abinader, quien facilitó los fondos para la ejecución del proyecto tras evaluarse distintas alternativas de financiamiento.
Afirmó que esta construcción forma parte de una visión más amplia para transformar Santo Domingo en una ciudad más ordenada y funcional.
Reiteró su compromiso con mejorar la calidad de vida de residentes, comerciantes y visitantes, al tiempo que agradeció el trabajo conjunto de su equipo y de los distintos actores involucrados en el desarrollo de la obra.
Por su parte, Hernani Montalvo, presidente de la Asociación de Comerciantes de la calle El Conde, entidad que se había opuesto a la demolición del antiguo parqueo y que por esa causa mantuvo durante años una litis judicial con la Alcaldía, informó que el proceso legal fue descontinuado.
Afirmó que la situación actual responde a un problema urbano común cuando se ejecutan proyectos de revitalización sin una planificación integral del tránsito y el estacionamiento.
Consideró que las autoridades debieron habilitar previamente estacionamientos alternativos, temporales o permanentes, antes de intervenir las vías.
En proyectos similares es habitual la creación de parqueos periféricos con sistemas de transporte interno, acuerdos con espacios privados o estructuras provisionales. La ausencia de estas medidas hace que el impacto negativo sobre comerciantes y residentes sea previsible.
El exsargento del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), el dominicano Erik Durán, de 38 años, fue puesto en libertad este lunes tras pagar una fianza de 300,000 dólares, luego de que un juez le concediera la libertad en un tribunal del Bronx.
Durán fue condenado hace dos semanas por la muerte, en 2023, de un sospechoso de narcotráfico identificado como Eric Duprey, a quien le lanzó una neverita portátil mientras huía en una motocicleta, lo que provocó que se estrellara y falleciera tras el impacto.
El dominicano busca apelar su condena mientras permanece en libertad bajo fianza.
El pasado 9 de abril, el exsargento fue sentenciado a entre tres y nueve años de prisión por homicidio involuntario por la muerte de Duprey durante una operación policial encubierta.
La semana pasada, la jueza Saliann Scarpulla, de la División de Apelaciones de nivel intermedio, ordenó la liberación del exsargento bajo una fianza de 300,000 dólares en efectivo o mediante garantía, además de exigir que entregue su pasaporte a sus abogados hasta que concluya el proceso de apelación.
Tras su liberación, Durán emitió un comunicado en el que expresó su agradecimiento a su familia “por el amor y el apoyo durante la difícil situación”.
“También quiero agradecer a Dios por darme la fuerza y guiarme en la oscuridad. Agradezco a todo mi equipo legal por no rendirse jamás en su búsqueda de justicia”, declara el comunicado.
Además, agregó un mensaje de agradecimiento a la Asociación Benéfica de Sargentos de Nueva York y a sus compañeros del Departamento de Policía.
“Y, por último, quiero agradecer a mi sindicato, a la SBA, a mis compañeros del NYPD y a todos mis compañeros policías del mundo. Su apoyo y solidaridad inquebrantables jamás serán olvidados. Gracias a todos por sus oraciones. Ahora espero con ilusión reunirme con mi familia y luchar por mi apelación con la misma determinación que demostré a lo largo de mi carrera en el NYPD”, concluye el comunicado.
El equipo de hockey New York Islanders promovió durante uno de sus partidos una campaña de recaudación de fondos para apoyar al exsargento Erik Durán, lo que generó indignación entre los familiares de la víctima y cuestionamientos sobre la iniciativa.
El martes 15 de abril, se proyectó en la pantalla gigante del estadio una promoción que instaba a los fanáticos a donar a favor de Durán.
Durante el partido se pudo observar una campaña que incluía un código QR para donaciones directas a la defensa legal del exsargento, junto con un mensaje del sindicato policial, la Asociación Benéfica de Sargentos, que solicitaba a los aficionados unirse a "la lucha por la justicia".
