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El presidente de la República,Luis Abinader, presentó este lunes los datos sobre eldéficit de viviendas en el país y aseguró que este ha registrado unareducción desde 2019 de 110, 180 unidades.
El mandatario explicó que el déficit cuantitativo era de 400,144 viviendas antes de 2020, cuando asumió el Gobierno, mientras que en 2025 se redujo a 317,747.
Sobre el déficit cualitativo, indicó que en 2019 era de 406,634 viviendas y en 2025 pasó a 378,875. Asimismo, precisó que el déficit total de vivienda disminuyó de 806,778 a 696,598 unidades, lo que representa una reducción de 110,180 viviendas.
“El porcentaje de déficit total de 2019 era de 24.03 % y en 2025, de 17.97 %, o sea, un porcentaje de mejora de -6.6 % en el déficit. O sea, que, si vamos en proporción, estamos hablando de alrededor de un 25 % de reducción”, afirmó.
Los datos fueron ofrecidos durante el encuentro La Semanal con la Prensa, donde el presidente también señaló que el sector construcción registró un crecimiento de 7.9 % en agosto pasado.
Abinader resaltó el dinamismo del sector privado y señaló que, durante sus recorridos por distintas zonas del país, ha podido observar las construcciones que se ejecutan y que, a su juicio, han transformado el entorno urbano.
“Si tomamos las nuevas avenidas que hemos construido, la Ecológica o la Hípica, son otras ciudades. O, por el norte, la Jacobo Majluta es otra ciudad. Y así en Santo Domingo Este y también en Santiago. Está a la vista de todos: ahí está la acción del sector público, pero también el dinamismo del sector privado”, manifestó.
En el eje de viviendas, el titular del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mivhed), Jean Luis Rodríguez, señaló que el sector construcción se encuentra entre los que han dinamizado la economía del país.
“Estamos trabajando en burocracia cero para reducir los trámites que usualmente se solicitan en varias instituciones y agilizar más la permisología”, afirmó.
Durante el encuentro de este lunes también fueron abordados cinco ejes relacionados con la política de vivienda: más familias con acceso a viviendas; mejoramiento de las viviendas existentes; agua, saneamiento, servicios y hábitat; titulación y seguridad jurídica; y viviendas asequibles.
La Guardia Costera de Estados Unidos informó este lunes de que rescató, junto a la Armada dominicana, a 61 migrantes de una embarcación sobrecargada que se hundía en la madrugada en el Atlántico, frente a Cabo Cabrón, en la península de Samaná, en el noreste de República Dominicana.
"Gracias a la rápida respuesta de las tripulaciones de rescate de la Guardia Costera y de la Armada de República Dominicana, se salvaron 61 vidas de una embarcación sobrecargada y que se hundía", dijo en un comunicado el comandante Matthew Romano, jefe de respuesta del sector San Juan.
La tripulación del guardacostas Winslow Griesser detectó hacia las 5:50 hora local (9:50 GMT) una embarcación de unos 9 metros que estaba zozobrando, a unos 22 kilómetros al noroeste de Cabo Cabrón, y comenzó de inmediato a subir a bordo a los pasajeros.
El guardacostas confirmó que la embarcación inestable se estaba hundiendo rápidamente y comenzó de inmediato a embarcar a los pasajeros.
La Guardia Costera desplegó además a la tripulación de un helicóptero MH-60T Jayhawk de la Estación Aérea de Borinquen para proporcionar apoyo aéreo en el rescate, mientras que una aeronave de la Fuerza Aérea Dominicana también acudió al lugar.
Poco después, las lanchas patrulleras de la Armada de República Dominicana Capella CG-108 y Algenib Ll-169 llegaron al lugar para colaborar en el rescate de todos los migrantes.
Una embarcación similar naufragó la noche del domingo de la semana pasada con más de 60 personas en las aguas del Canal de Mona, en el oeste de Puerto Rico, y las autoridades rescataron a 49 personas con vida, 3 muertos y otros 10 continúan desaparecidos.
"Estos viajes peligrosos e ilegales están aumentando, y tarde o temprano se nos acabará la suerte. No arriesguéis vuestra vida con traficantes despiadados. Elegid vías de migración seguras y legales; si os detienen, podríais enfrentaros a un proceso judicial o a la repatriación inmediata.", aconsejó Romano.
Dominicanos y haitianos realizan viajes migratorios en embarcaciones frágiles conocidas como yolas, a través del canal de la Mona, un paso marítimo de unos 110 kilómetros de ancho que separa República Dominicana y Puerto Rico.
Un mensaje que anuncia puntos de Altice a punto de expirar o exige pagar una supuesta multa de tránsito puede ser el comienzo de una estafa. Ambos engaños utilizan enlaces que aparentan pertenecer a servicios conocidos para conducir al destinatario a páginas donde le solicitan datos personales y de su tarjeta de crédito.
En el caso de los puntos, el aviso invita a canjearlos antes de que pierdan vigencia. La trampa comienza en la dirección: el enlace suplanta el nombre de Altice, pero muestra Altllce.eu.cc, una grafía que puede pasar inadvertida en una lectura rápida.
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Al continuar, la página pide el número de teléfono. Después presenta un catálogo de supuestos regalos y la cantidad de puntos necesarios para obtenerlos. El atractivo es que el usuario solo tendría que pagar el envío. Para completar ese pequeño desembolso, le exigen los datos de su tarjeta de crédito.
Ese pago es el objetivo del engaño: la promesa de un premio sirve para obtener información financiera y cobrar al destinatario.
El segundo aviso llega también por mensajería o SMS e insta a pagar una supuesta multa de tránsito. En este caso, el gancho es el enlace fransito.it.com, cuya dirección puede confundirse, a primera vista, con una referencia a tránsito.
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Para evitar caer en estas trampas, conviene desconfiar de los mensajes inesperados que anuncian premios, puntos próximos a vencer o deudas que deben saldarse mediante un enlace. Antes de introducir información personal o pagar, compruebe el aviso directamente en los canales oficiales de la empresa o institución, sin utilizar la dirección recibida.
Si ya facilitó los datos de su tarjeta, contacte de inmediato al banco emisor para bloquearla o sustituirla y revisar los movimientos. Conserve el mensaje y los comprobantes para reportar el fraude.
La Policía Nacional informó este lunes que durante septiembre se registraron 125 homicidios, de los cuales 55, equivalentes al 44 %, correspondieron a muertes en presuntos intercambios de disparos con agentes policiales.
Los decesos se produjeron en hechos ocurridos en distintas localidades del país, entre ellas Verón-Punta Cana, La Altagracia; Salcedo, Hermanas Mirabal; Azua, Barahona, Duarte, Puerto Plata, Dajabón, el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, El Seibo, Espaillat, Samaná y Montecristi, entre otras demarcaciones.
En la última entrega de LA Semanal con la Prensa del mes de septiembre, el presidente de la República, Luis Abinader, advirtió a los delincuentes buscados por distintos delitos que se entregaran a las autoridades.
Las declaraciones se produjeron durante ese encuentro, en el que también participó la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, quien aseguró que la institución dispone de una lista con los nombres de presuntos delincuentes reincidentes, a quienes se propone localizar antes de que vuelvan a delinquir y ocasionen más daños a la sociedad.
La institución del orden explicó que la tasa acumulada de homicidios se mantiene en 7.35 por cada 100,000 habitantes, lo que, según indicó, consolida una tendencia descendente en varios de los principales indicadores de seguridad ciudadana.
La Policía señaló que, aunque septiembre presentó un incremento de 34.4 % respecto al mismo mes de 2025, el comportamiento acumulado del año mantiene una reducción frente al período anterior.
Según las autoridades, los 168 casos de personas heridas registrados en septiembre representan una disminución de 6.7 % frente a 2025, de 32.0 % respecto a 2024, de 38.0 % frente a 2023 y de 37.3 % en comparación con 2022. Entre enero y septiembre se contabilizaron aproximadamente 265 casos menos, equivalentes a una reducción de 13.8 %, respecto al mismo período de 2025.
Asimismo, la institución aseguró que el comportamiento de los robos constituye uno de los principales resultados del período. Los 4,214 casos registrados en septiembre representan reducciones de 38.6 % frente a 2025, 45.7 % respecto a 2024, 45.4 % frente a 2023 y 53.7 % en comparación con 2022.
Informó, además, que durante septiembre se realizaron 2,002,236 operativos, en cuyo marco fueron ejecutadas 1,476 órdenes de arresto, con una efectividad de 82.7 %, y se practicaron 344 allanamientos, de los cuales 200 arrojaron resultados positivos.
Reportó que fueron depuradas 212,380 personas y 953,425 vehículos. De acuerdo a la nota policial, estas acciones permitieron detectar a 352 prófugos de la justicia y recuperar 1,255 vehículos reportados como robados.
Asimismo, fueron ocupadas y clasificadas 448 armas de fuego, de las cuales 315, equivalentes al 70.3 %, se encontraban en condición ilegal.
Según la Policía, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) realizó 39,108 operativos, que permitieron apresar a 3,655 personas y decomisar aproximadamente 854 kilogramos de sustancias controladas. Además, fueron ocupadas 83 armas de fuego y 99 motocicletas.
Manny Machado confía en que los Padres de San Diego pueden remontar un déficit de 2-0 en la Serie Divisional de la Liga Nacional (NLDS), destacando la resiliencia de su equipo a pesar de haber sido descartados durante toda la temporada.
Los Padres se enfrentan a la eliminación después de que el estelar cerrador Mason Miller desperdiciara una ventaja en el noveno inning contra los Cerveceros de Milwaukee en el Juego 2 del domingo, lo que llevó al miembro del Salón de la Fama y analista de FOX, David Ortiz, a declarar que San Diego estaba acabado.
"Estamos listos para pelear y llegar a donde queremos llegar, para ganar el trofeo más grande de nuestro deporte", dijo Machado el lunes cuando le preguntaron sobre los comentarios de Ortiz, según Alden González de ESPN. "No es un trabajo fácil. Es un camino duro. Tienes que lidiar con mucha adversidad".
"Esos no son los primeros comentarios que escuchamos sobre nosotros este año. Ha sido así todo el año y por parte de todos. Pero aquí estamos una vez más con la espalda contra la pared. Ya lo hemos superado una vez, podemos hacerlo de nuevo y lo vamos a hacer de nuevo".
El prematuro elogio fúnebre de Ortiz refleja las escasas probabilidades de los Padres de ganar la serie. Solo 10 equipos en la historia de las Grandes Ligas han ganado una serie al mejor de cinco tras perder los dos primeros juegos. Los Yankees de Nueva York fueron el último club en lograr dicha hazaña durante la ALDS de 2017.
"Se suponía que debían ganar este juego. Ahora están fuera. Se acabó", dijo Ortiz en el programa posterior al juego de FOX. "Lo siento, Tatis y Machado. Mucho cariño para ustedes. Quiero quedarme en Los Ángeles, pero el juego de esta noche dice muchas cosas".
"Se suponía que estarían volando a San Diego y bailando en el avión esta noche, y dejaron ir ese juego. Ahora van a tener que enfrentar a Jacob (Misiorowski) otra vez. Ese es el problema más grande. Si es que llegan hasta allá. Bueno, Cancún. Alguien va a llegar pronto".
Durante la búsqueda de Yosnely Álvarez, de 14 años, desaparecida desde el domingo tras supuestamente lanzarse a las aguas del río Yaque del Norte, fueron encontradas este lunes algunas prendas de vestir en la comunidad Mejía Abajo, Navarrete.
Específicamente fue localizada una blusa y la ropa interior, prendas que fueron reconocidas por la madre de la adolescente, Marielis Álvarez, como pertenecientes a su hija.
Los objetos fueron encontrados en la zona donde se desarrolla el operativo de búsqueda, en el que participan unos 60 miembros de la Defensa Civil, apoyados por drones y otras herramientas para rastrear el cauce y sus alrededores.
El domingo también fue localizada una chancleta que habría sido reconocida como perteneciente a la adolescente.
Yosnely desapareció la madrugada del domingo luego de lanzarse al río mientras, según las investigaciones, huía de un hombre que presuntamente la atacó con un arma blanca a ella y a otra menor de 16 años que la acompañaba.
La compañera resultó herida y logró escapar, mientras Yosnely se habría lanzado al río y desde entonces se desconoce su paradero.
La adolescente que consiguió escapar alertó a las autoridades sobre lo ocurrido. Relató que un hombre abusó sexualmente de ellas y luego las agredió.
Por el caso se entregó Edwin Reinaldo Rodríguez Cruz, señalado como la persona que habría trasladado en una motocicleta a las dos menores hasta las proximidades del río.
Según la versión ofrecida por Rodríguez Cruz a los investigadores, sostuvo una discusión con las adolescentes y posteriormente las atacó con un cuchillo.
Francisco Arias, director de la Defensa Civil en Santiago, informó que el organismo mantiene activados sus planes de contingencia a solicitud del Ministerio Público.
Indicó que continuarán las labores hasta dar con el paradero de la menor.
El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), Jean Luis Rodríguez, informó este lunes que esa institución otorgó 203 licencias de construcción en septiembre de este año, la cifra más alta registrada en un solo mes, correspondientes a proyectos que representan 57,133 millones de pesos en inversión.
El dato fue ofrecido durante su participación en LA Agenda Semanal, encabezada por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional.
Rodríguez explicó que el comportamiento de las autorizaciones constituye una señal del nivel de actividad que registra el sector construcción, uno de los segmentos que, según destacó, está contribuyendo de manera importante al crecimiento de la economía dominicana.
"El ministerio, desde que la permisología estaba en Obras Públicas en un momento y pasó al Mivhed, nunca había emitido en un solo mes la cantidad de licencias que se emitieron en el mes de septiembre, que fueron 203 licencias de construcción y que vienen a apoyar significativamente a ese criterio que muy bien tú has estado estableciendo", dijo en referencia a la incidencia de la construcción en el crecimiento económico.
El funcionario contestó a una pregunta del periodista Héctor Marte en torno al tema.
La cifra de septiembre adquiere mayor relevancia al observar el comportamiento acumulado del año. Entre enero y septiembre de 2026, el Mivhed ha emitido 1,476 licencias de construcción, un aumento de 93 % respecto al mismo período de 2025.
El ministro atribuyó parte de este desempeño a los esfuerzos para agilizar la permisología y reducir las trabas burocráticas que enfrentan los proyectos de construcción.
Rodríguez afirmó que el presidente Luis Abinader da seguimiento directo a este tema durante las reuniones del Gabinete de Construcción, donde, según explicó, una de las preguntas recurrentes es cómo avanzan los procesos de permisos en las distintas instituciones públicas.
Aunque el Mivhed mantiene una buena valoración en materia de permisología, el funcionario reconoció la necesidad de continuar simplificando los procedimientos para acelerar la aprobación de proyectos.
En esa dirección, informó que el ministerio trabaja junto al programa Burocracia Cero en un proyecto que busca reducir la cantidad de trámites que deben realizar los desarrolladores ante diferentes organismos del Estado.
La iniciativa procura que los procesos sean más ágiles y evitar que los inversionistas tengan que gestionar de manera separada autorizaciones ante instituciones cuya participación no necesariamente está directamente vinculada con el proyecto.
Las cifras del Ministerio de Vivienda se producen en un contexto en el que el sector construcción mantiene un papel relevante dentro de la actividad económica nacional.
La relación entre permisos, nuevas obras e inversión resulta especialmente significativa debido al efecto multiplicador de la construcción sobre otras áreas de la economía, entre ellas el empleo, la demanda de materiales, el transporte, los servicios profesionales y las actividades vinculadas al mercado inmobiliario, dijo Rodríguez.
Durante su intervención, sostuvo que el crecimiento de las licencias y la agilización de los procesos permiten proyectar una mayor actividad del sector en los próximos meses.
“Son cifras históricas que nos llenan de aliento y, sobre todo, de orgullo de que vamos por muy buen camino”, afirmó el ministro, al referirse al comportamiento de las autorizaciones emitidas por la institución.
A partir de la entrada en vigencia del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que está previsto a partir de noviembre, una empresa dominicana tendrá que preocuparse no solo por los delitos que puedan cometer sus propietarios o ejecutivos, sino también por determinadas actuaciones de empleados y subordinados cuando estas estén relacionadas con deficiencias de dirección, control o supervisión dentro de la organización.
El cambio introducido por el nuevo Código Penal, Ley 74-25, modifica de manera sustancial la gestión del riesgo empresarial: ante determinados hechos, una investigación penal podrá examinar simultáneamente qué hizo el trabajador y qué hizo —o dejó de hacer— la empresa para impedirlo.
El artículo 8 establece como regla general que las personas jurídicas podrán ser penalmente responsables por actos u omisiones punibles de sus órganos, representantes o subordinados realizados en su representación, cuando estos sean al mismo tiempo consecuencia del incumplimiento de los deberes de dirección, control o supervisión de la compañía.
El Código añade un elemento de particular importancia: la compañía puede comprometer su responsabilidad cuando la acción u omisión atribuible sea producto de su “imprudencia, negligencia, inadvertencia o inobservancia de los reglamentos”, o de la violación de su deber de cuidado.
Eso coloca bajo una nueva dimensión penal asuntos que hasta ahora muchas empresas podían manejar principalmente como problemas administrativos, laborales, regulatorios o disciplinarios.
Una política que existe solamente en papel, una operación de alto riesgo que funciona sin supervisión, empleados que desconocen los procedimientos, controles que no dejan evidencia documental o irregularidades conocidas que no son corregidas pueden adquirir relevancia dentro de un proceso penal.
Para comprometer la responsabilidad de la persona jurídica deben cumplirse las condiciones establecidas por el Código, entre ellas la conexión entre la conducta y el incumplimiento empresarial de sus obligaciones de dirección, control o supervisión.
Es justamente esa condición la que obliga a las empresas a prepararse.
Uno de los principales efectos prácticos del nuevo régimen será que después de un hecho delictivo ya no bastará con determinar quién lo cometió.
También podrá preguntarse qué controles tenía la compañía, quién debía supervisar al empleado, qué capacitación había recibido, si existía un protocolo para esa actividad, cómo se detectaban las irregularidades y qué hizo la administración cuando tuvo conocimiento de ellas.
El propio Código establece las características mínimas que debe tener un programa de prevención.
La empresa deberá identificar expresamente los ámbitos de su actividad en los que puedan presentarse riesgos penales; disponer de un órgano o departamento con poderes autónomos para controlar o supervisar el programa; establecer protocolos para responder cuando se detecte riesgo de comisión de infracciones, incluyendo un sistema disciplinario, y revisar periódicamente ese modelo.
Para las pequeñas y medianas empresas existe una diferencia: las funciones de cumplimiento pueden ser asumidas directamente por el órgano de administración. Sin embargo, el Código no las excluye de la obligación de gestionar el riesgo.
Esto convierte el denominado “compliance” o cumplimiento normativo en algo más que una buena práctica empresarial.
El programa puede convertirse en un elemento determinante para establecer si la compañía hizo lo que correspondía para evitar una conducta delictiva.
El artículo 8 establece que la empresa puede quedar fuera de responsabilidad cuando demuestre objetivamente que adoptó e implementó programas de cumplimiento adecuados y estos fueron burlados mediante maniobras fraudulentas que impidieron a la dirección detectar la conducta, bajo las condiciones señaladas por la ley.
Incluso la aplicación parcial de estos mecanismos puede ser valorada para atenuar una eventual sanción.
El alcance del régimen no está limitado a fraudes financieros.
El Código contiene disposiciones expresas sobre responsabilidad de personas jurídicas en áreas que forman parte de la actividad cotidiana de múltiples empresas.
Una de ellas es la seguridad de las personas.
Asimismo, una persona jurídica puede responder por conductas que provoquen enfermedad o incapacidad laboral a otra persona como consecuencia de imprudencia o negligencia.
Esto puede tener especial incidencia en empresas industriales, constructoras, hoteles, comercios, centros de entretenimiento, empresas de transporte, compañías de seguridad y cualquier actividad donde trabajadores o clientes estén expuestos a riesgos físicos.
Otro campo de impacto directoes Recursos Humanos.
El Código tipifica la discriminación e incluye conductas como negarse a contratar a una persona, imponerle sanciones o despedirla en determinadas circunstancias discriminatorias. También contempla condicionar una oferta de empleo a factores expresamente protegidos por la ley.
El artículo 174 dispone que las personas jurídicas pueden ser declaradas penalmente responsables por discriminación.
Por tanto, decisiones que antes podían examinarse principalmente desde el ámbito laboral pueden adquirir también una dimensión penal si encajan en los supuestos establecidos por el Código.
Las empresas también tendrán que prestar particular atención al manejo de información de empleados, clientes y proveedores.
a Ley 74-25 contempla responsabilidad de las personas jurídicas por infracciones relacionadas con la intimidad, identidad, documentos y datos personales.
El artículo 198 sanciona, entre otras conductas, la recolección, conservación, comercialización, acceso o divulgación de determinados datos personales sin consentimiento, y el artículo 199 establece expresamente que las personas jurídicas pueden ser declaradas penalmente responsables por estas actuaciones bajo las condiciones de los artículos 8 al 11.
Para compañías que manejan grandes bases de datos, expedientes de empleados, información bancaria, documentos de identidad o datos de clientes, el control sobre quién puede acceder, copiar, utilizar o compartir esa información pasa a tener una importancia penal adicional.
El riesgo también alcanza operaciones financieras y comerciales.
El Código permite establecer responsabilidad empresarial por estafa contra el Estado, estafa colectiva, bancarrota y negocios con estructura piramidal fraudulenta.
También contempla responsabilidad por determinadas modalidades de abuso de confianza, distracción de bienes, organización fraudulenta de insolvencia y ocultamiento o encubrimiento de infracciones.
Las personas jurídicas pueden responder por determinadas falsedades documentales y por delitos relacionados con falsificación de billetes, títulos, valores, sellos, signos de autoridad y otros documentos e instrumentos oficiales.
Para una empresa, esto significa que procedimientos internos relacionados con facturación, certificaciones, documentos oficiales, registros financieros y relaciones con instituciones públicas requerirán mecanismos capaces de impedir que una actuación irregular de un trabajador termine vinculándose con una deficiencia estructural de control.
Las compañías que fabrican o comercializan productos enfrentan otro frente.
El Código contempla directamente la responsabilidad de personas jurídicas por adulteración o falsificación de medicamentos, alimentos y bebidas.
En estos casos pueden imponerse multas, cierre de establecimientos comerciales, fábricas o almacenes y decomiso de bienes, equipos y maquinarias.
También se establecen consecuencias para personas jurídicas involucradas en adulteración o falsificación de productos químicos, semillas, fertilizantes y otros insumos agropecuarios.
El nuevo régimen tampoco significa que la responsabilidad pase del trabajador a la compañía.
Pueden existir las dos al mismo tiempo.
El artículo 9 establece que la responsabilidad penal de una persona jurídica no excluye la de la persona física que haya comprometido su responsabilidad en los mismos hechos como autor o cómplice.
Esto tiene un efecto directosobre la empleomanía.
Los trabajadores pueden mantener su responsabilidad individual, mientras que la compañía puede enfrentar simultáneamente consecuencias por sus propias fallas de organización.
En la práctica, esto probablemente impulsará a las empresas a establecer procedimientos más detallados para operaciones sensibles, definir con mayor precisión quién autoriza y quién supervisa, aumentar la capacitación, dejar constancia de las instrucciones impartidas y documentar las actuaciones de empleados y superiores.
También puede aumentar el uso de auditorías internas, canales de denuncia, controles de acceso a información, matrices de riesgo y sistemas disciplinarios.
No se trata necesariamente de fiscalizar cada actuación de un trabajador, sino de que la empresa pueda demostrar que posee mecanismos razonables y efectivos de prevención.
Las consecuencias de una condenaexplican otra parte de la preocupación empresarial.
Para las infracciones muy graves y graves, el artículo 39 contempla tres grandes grupos de sanciones: multa, penas complementarias y disolución legal de la persona jurídica.
Las infracciones muy graves pueden generar multas de entre 100 y 1,500 salarios mínimos del sector público. Para las infracciones graves, el rango es de 50 a 500 salarios mínimos.
Pero el costo puede superar ampliamente la multa.
Entre las penas complementarias figuran la confiscación o decomiso de bienes procedentes de la infracción; la clausura definitiva o cierre temporal, por hasta tres años, de establecimientos o de parte de la explotación comercial; la inhabilitación para participar en concursos públicos y la revocación definitiva o temporal de licencias, permisos o autorizaciones necesarias para desarrollar actividades comerciales o prestar determinados servicios.
La ley permite además combinar la multa con una o varias penas complementarias.
Incluso las infracciones leves pueden producir multas y penas complementarias, entre ellas el decomiso y el cierre temporal de establecimientos por hasta 15 días.
El Código también procura impedir que una reorganización societaria sea utilizada para borrar la responsabilidad.
El artículo 10 dispone que esta subsiste incluso después de la disolución de la persona jurídica y tras actuaciones corporativas que impliquen el cese de operaciones o la transmisión universal de su patrimonio.
Esto introduce un riesgo adicional para grupos empresariales y compañías matrices: el análisis penal puede superar los límites formales de una sociedad determinada.
Estas exigencias explican la presión de organizaciones empresariales para extender el período de adaptación.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) respalda una propuesta legislativa para llevar a 24 meses la entrada en vigencia de los artículos 8, 9, 10 y 11.
El gremio sostiene que particularmente las micro, pequeñas y medianas empresas necesitan más tiempo para asumir el costo y las estructuras requeridas por el nuevo estándar de cumplimiento.
“Las empresas dominicanas no buscan evadir este nuevo régimen: queremos cumplirlo, pero hacerlo con más certeza jurídica. La norma penal debe ser precisa e inequívoca, y su aplicación exige reglas claras, proporcionalidad y un tiempo razonable de preparación”, afirmó Boris De León Reyes, presidente de ANJE.
La Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) también respalda la ampliación del plazo.
Su presidente, Freddy González Estrada, señala que las empresas tendrán que revisar sus protocolos operativos, establecer responsabilidades claras de dirección y supervisión, capacitar al personal y documentar los mecanismos destinados a prevenir delitos.
En el caso de las empresas de vigilancia, el gremio considera especialmente importante la adecuación debido a que sus empleados toman decisiones relacionadas con la protección de personas y bienes, el uso de la fuerza y la respuesta frente a situaciones de riesgo.
Adesinc sostiene además que deberá poder distinguirse entre una deficiencia atribuible a la organización y una conducta individual ejecutada por un trabajador en violación de instrucciones y protocolos empresariales.
El cambio más relevante es que la prevención penal deja de ser exclusivamente un asunto de abogados.
Afectará la selección y capacitación del personal, Recursos Humanos, operaciones, tecnología, manejo de datos, seguridad laboral, auditoría, finanzas, compras y, finalmente, a los órganos de dirección.
La empresa tendrá que conocer dónde están sus riesgos penales y demostrar qué hizo para reducirlos.
Ese es precisamente el centro del nuevo régimen: ya no bastará con decir que un empleado actuó por su cuenta.
Cuando ocurra una infracción relacionada con la actividad de una compañía, una de las preguntas centrales podrá ser si la empresa realmente dirigía, controlaba y supervisaba la actividad en la que se produjo.
Y la respuesta no dependerá únicamente de lo que diga la compañía después del hecho, sino de los protocolos, capacitaciones, controles, registros y decisiones que pueda demostrar que existían antes de que ocurriera.
Los efectos climáticos adversos son ya inevitables debido al aumento de emisiones nocivas, aunque la magnitud de los daños depende aún de las medidas que entren en juego para reducirlas, según revela este martes un nuevo informe sobre el cambio climático.
Las emisiones han provocado un aumento de las temperaturas terrestres y marinas, así como una mayor subida del nivel del mar, entre otras cosas, mientras que los costos económicos y sociales derivados de ello "son mayores de lo que se creía anteriormente", desvela el último documento anual '10 nuevos avances en ciencia climática'.
Impulsado por las organizaciones internacionales Future Earth, The Earth League y World Climate Research Programme, ha sido elaborado por más de 70 científicos de casi 30 países que sostienen que "una reducción rápida de las emisiones" puede mitigar la magnitud de estos daños ya "inevitables".
De igual manera, el informe señala que los avances en la "ciencia del clima" hacen cada vez más factible determinar quién es responsable de los perjuicios que ya se están produciendo.
Los expertos indican que los océanos absorben más calor, aumentando el calentamiento y los riesgos climáticos; el deshielo eleva el nivel del mar y el cambio climático y el consumo excesivo reducen el agua disponible.
"El océano ha sido el amortiguador de nuestro planeta. Dado que el calor tarda décadas en penetrar en las profundidades oceánicas, las emisiones actuales provocan un mayor calentamiento y una subida del nivel del mar", explica Wendy Broadgate, directora del Centro Global de Future Earth.
"Más allá de ese umbral (1,5º) aumentan los riesgos de que se produzcan efectos climáticos en cadena y potencialmente irreversibles, y cada décima de grado adicional los agrava", completa Johan Rockström, director del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático, copresidente de The Earth League.
Subrayan, por último, que el dióxido de carbono (CO2) causa más daños económicos de lo estimado, que la ciencia puede relacionar emisiones concretas con los daños climáticos causados; que el negacionismo climático evoluciona hacia el 'ecopostureo' y la desinformación y que las tensiones geopolíticas pueden impulsar o frenar la transición hacia energías limpias.
Los programas Familia Feliz y Mi Vivienda han permitido entregar unas 24,243 viviendas a familias dominicanas, con una inversión que asciende a 64,000 millones de pesos, de acuerdo con las cifras presentadas este lunes durante LA Agenda Semanal encabezada por el presidente Luis Abinader.
El ministro de la Vivienda y Edificaciones (Mivhed), Jean Luis Rodríguez, explicó que ambos programas forman parte de la política de acceso a viviendas de bajo costo y de interés social impulsada por el Gobierno, con mecanismos de apoyo estatal para facilitar la adquisición de los inmuebles.
Rodríguez indicó que la meta es entregar 9,300 viviendas adicionales para 2028 y señaló que, de aquí a diciembre de este año, se proyecta alrededor de 2,000 nuevas viviendas a través de los dos programas.
En el caso del Plan Mi Vivienda, Rodríguez informó que se han entregado alrededor de 8,000 viviendas mediante el fideicomiso correspondiente.
Entre los proyectos mencionados durante la presentación figuran los desarrollados en San Luis, Hato Nuevo, Ciudad Modelo, La Barranquita, Los Llanos y Las Matas de Farfán, construidos en Santo Domingo, Santiago y San Juan.
El funcionario señaló que los programas de vivienda han permitido que miles de familias accedan a unidades habitacionales con apoyo del Estado, mediante los bonos que complementan el aporte de los beneficiarios.
El director ejecutivo del Fideicomiso VBC-RD, Camel Cury Lora, explicó que el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz, que se desarrolla en alianza con el sector privado, fue diseñado para personas con ingresos de entre uno y cinco salarios mínimos.
El programa contempla una serie de ayudas estatales mediante bonos, entre ellos el de primera vivienda, Familia Feliz y otros beneficios adicionales, como el Bono Mujer.
Cury señaló que el plan fue estructurado con participación de sectores sociales y el Banco Mundial, y que contempla un proceso de precalificación bancaria y acompañamiento financiero a las familias beneficiarias.
Según explicó, durante los primeros dos años del programa se entregaron cerca de 8,500 viviendas.
El esquema combina el aporte de las familias con ayudas del Estado. Rodríguez explicó que, en viviendas con un valor inferior a cuatro millones de pesos, los bonos pueden representar alrededor de 1.2 millones de pesos, entre los distintos beneficios otorgados.
Los funcionarios destacaron además que el seguimiento realizado a las familias beneficiarias ha mostrado cambios en su organización financiera y en las condiciones de vida de los hogares.
Condiciones para aplicar a Familia Feliz
Nacionalidad dominicana. Dominicano de nacimiento o naturalizado.
Cédula de identidad.
Acta de nacimiento de los hijos menores de edad.
Sin registro de vivienda. No poseer vivienda propia, certificado por la DGII, Jurisdicción Inmobiliaria o Dirección de Catastro.
Permanecer en la propiedad por un mínimo de 10 años.
Condiciones para aplicar a Mi Vivienda
Completar el formulario de información a través del portal oficial del Programa de Subsidio de Viviendas.
Ser dominicano y/o dominicana con sus documentos al día.
Presentar cédula de identidad.
No haber tenido, ni tener vivienda propia.
Presentar certificado de no antecedentes penales.
Demostrar ingresos mensuales suficientes y acordes al costo de la unidad habitacional seleccionada.
Contar con una precalificación bancaria en el inicio y una aprobación final por parte de una entidad de intermediación financiera, por el valor correspondiente a los recursos faltantes del precio de la unidad habitacional para adquirirla.
Superar el proceso de verificación y análisis social, el cual incluye la revisión de todos los cruces de información suministrada por el solicitante (ingresos, composición del hogar, situación laboral, historial social y económico).
El director del Mivhed informó que a través del plan "Dominicana se Reconstruye" se han impactado 58,538 viviendas, de las cuales 1,358 fueron construidas desde cero debido a las condiciones críticas en que se encontraban.
Durante LA Agenda Semanal, la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac) reparó y reforzó 5,974 techos.
Mientras la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) informó que trabaja en 500 viviendas en el barrio Enriquillo, Santo Domingo Oeste.