¡ÚLTIMA HORA!
Mujeres muertas, hijos huérfanos, familias confundidas y una estela de duelos en el país son algunas de las consecuencias que ha arrastrado la violencia machista en República Dominicana donde, según las cifras oficiales de las autoridades, alrededor de 30 mujeres han sido víctimas de feminicidios en los primeros meses del 2026.
Más allá de las estadísticas oficiales, los casos recientes han vuelto a encender las alarmas sobre la violencia machista en el país.
Aunque las estadísticas coinciden en el aumento de los feminicidios, las distintas instituciones manejan cifras diferentes sobre los casos registrados este año. Los registros más recientes sitúan entre 22 y 32 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en los primeros meses del 2026.
Los registros y los datos fueron publicados, de forma separada, por el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer y el Poder Judicial.
Pero detrás de cada número hay historias que se repiten: relaciones marcadas por conflictos, ataques cometidos por exparejas, discusiones y rupturas.
Uno de los casos más recientes ocurrió ayer en el sector La Toronja, en Santo Domingo Este, donde fue asesinada Indhira Carolina Beltré, de 33 años.
Según las autoridades, la mujer murió a causa de heridas provocadas con un arma blanca dentro de una vivienda ubicada en el callejón siete de la calle Duarte. Horas después del hecho, la Policía Nacional informó la captura de Camilo Rodríguez, de 52 años, señalado como el responsable del crimen.
El hombre fue detenido en el sector Riviera del Caribe tras labores de búsqueda e inteligencia realizadas por agentes policiales.
Algunos familiares de la víctima relataron escenas marcadas por la incredulidad. Una hijastra de Beltré aseguró que el acusado la llamó después del crimen y actuó con aparente normalidad, pidiéndole que acudiera a acompañar a una de las hijas de la mujer asesinada.
Días antes, otro hecho violento estremeció también a Santo Domingo Este. Esmeralda Moronta de los Santos, de 33 años, murió tras recibir múltiples disparos realizados por su expareja, Omar Tejeda Guzmán, de 48 años.
De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el hombre persiguió a la mujer por una calle del sector Alma Rosa I hasta alcanzarla dentro de un colmado, donde le disparó varias veces con una pistola calibre nueve milímetros y luego se suicidó.
Otro caso que generó preocupación pública, también difundido la pasada semana, fue el de Anabel Díaz, una joven que denunció haber sido víctima de agresiones físicas y amenazas constantes por parte de su pareja, Fausto Ezequiel Valdez Cordero, conocido como “Keka”, a quien acusó de intimidarla y advertirle que la mataría.
La mujer hizo públicas imágenes, mensajes y videos en redes sociales asegurando que temía convertirse en una nueva víctima de feminicidio ante la falta de respuestas de las autoridades. Posteriormente, la Policía Nacional informó el apresamiento de Valdez Cordero.
Mientras los casos continúan acumulándose, también aumentan las denuncias por violencia de género en el país.
El boletín estadístico más reciente del Ministerio Público revela que entre enero y marzo de este año se registraron 17,552 denuncias relacionadas con violencia de género, violencia intrafamiliar y delitos sexuales.
El informe señala que cerca del 89 % de esas denuncias corresponden a violencia dentro de la pareja o el entorno familiar, con una mayor incidencia en mujeres entre los 18 y 35 años.
Uno de los datos más reveladores es que, de los feminicidios contabilizados en el primer trimestre del año, solo tres víctimas habían presentado denuncias previas contra sus agresores.
Para el Ministerio Público, según hizo constar en su informe, la ausencia de denuncias “limita la activación temprana de medidas de protección y dificulta la intervención antes de que ocurran hechos fatales”.
Durante ese mismo período, las autoridades tramitaron más de 7,600solicitudes de órdenes de protección para víctimas de violencia, aunque poco más de 2,200 fueron otorgadas.
La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, lamentó los más recientes feminicidios ocurridos en el país, pero dejó claro que esas estadísticas no reflejan las vidas de las mujeres que se salvan.“Lamentablemente las cifras de los fallecimientos que son las más duras son las que vemos, pero no estamos viendo las mujeres que también se salvan todos los días”, dijo a la prensa.De su lado, Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, expresó que la entidad policial condena todo hecho contra la integridad de la mujer y dijo que el más reciente apresamiento, ejecutado a solo horas del hecho donde perdió la vida Indhira, evidencia que las autoridades ponen una atención especial a los sucesos.En medio de las estadísticas y los reportes oficiales, los feminicidios siguen enlutando familias.
República Dominicana se mueve cada vez más sobre dos ruedas. El sonido que define hoy gran parte de la movilidad nacional es el de las motocicletas: motores pequeños, rápidos y constantes que dominan calles, barrios, avenidas y carreteras del país.
No se trata únicamente de un cambio en el tránsito. Es una transformación económica, social y cultural que ha redefinido la manera en que millones de dominicanos trabajan, sobreviven y se desplazan.
De enero a abril de 2026, la Gerencia de Estudios Económicos y Tributarios de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) reportó el ingreso de 103,774 motocicletas, cifra superior en 32.19 % a las 78,506 importadas en igual período de 2025.
El crecimiento ocurre en un contexto donde las motocicletas ya son mayoría absoluta dentro del parque vehicular dominicano. Los registros oficiales indican que al cierre de 2025 el país contaba con 6,640,871 vehículos registrados, de los cuales 3,846,694 eran motocicletas, equivalentes al 57.9 % del total.
Sin embargo, para abril de este año, el parque vehicular nacional ascendió a 6,794,081 unidades, mientras las motocicletas aumentaron a 3,954,053, lo que representa el 58.2 % de todos los vehículos registrados en República Dominicana.
Pero ese crecimiento acelerado también expone una crisis persistente de seguridad vial. Entre 2020 y 2025, las infracciones vinculadas a motociclistas superaron los 2.2 millones de casos; mientras que, solo en 2025, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) fiscalizó 834,113 de esos vehículos y retuvo otras 81,107 por violaciones a la Ley 63-17.
Las cifras oficiales reflejan que el fenómeno dejó de ser una tendencia para convertirse en un cambio estructural de la movilidad nacional. La conclusión es contundente: más de la mitad de los vehículos del país son motocicletas.
El auge no es reciente, pero sí cada vez más acelerado. Solo durante 2025 se incorporaron 314,727 nuevas motocicletas, el mayor crecimiento absoluto entre todas las categorías vehiculares, conforme las estadísticas aportadas por la Gerencia de Estudios Económicos y Tributarios de la DGII.
Mientras los automóviles crecieron apenas 2.7 %, las motocicletas aumentaron 8.9 % en un solo año. La DGII también documentó que, de los 446,819 vehículos nuevos registrados en 2025, las motocicletas lideraron ampliamente el crecimiento, al pasar de 251,321 unidades en 2024 a 314,727 en 2025, para un incremento de 25.2 % respecto al año anterior.
La magnitud del fenómeno confirma que la motocicleta no solo domina el parque vehicular, sino, también las nuevas incorporaciones al sistema de movilidad nacional. Ningún otro tipo de vehículo registra un crecimiento similar en términos absolutos y relativos.
Durante décadas, el automóvil simbolizó progreso económico y movilidad social. Hoy, sin embargo, la motocicleta ocupa ese espacio para una parte importante de la población dominicana.
El fenómeno responde a múltiples factores: el crecimiento urbano desordenado, las limitaciones del transporte público, el aumento de los costos de vida y la necesidad de desplazamientos rápidos y económicos.
En ciudades congestionadas, la motocicleta ofrece una ventaja evidente: permite ahorrar tiempo y combustible, moverse por calles estrechas y acceder a sectores donde el transporte colectivo resulta insuficiente.
Pero más allá de la practicidad, la expansión motociclista revela algo más profundo: millones de personas dependen de ella para sostener su economía diaria.
Para miles de dominicanos, la motocicleta no es un lujo ni una opción secundaria. Es una herramienta de trabajo. Motoconchistas, repartidores de plataformas digitales, mensajeros, técnicos, vendedores ambulantes y trabajadores informales dependen de ella para generar ingresos.
La motocicleta se convirtió en el motor silencioso de una economía paralela que sostiene buena parte de la actividad urbana y rural. El bajo costo de adquisición y mantenimiento la hace accesible para sectores que no podrían asumir el costo de un automóvil.
En barrios populares y comunidades rurales, poseer una motocicleta puede significar la diferencia entre trabajar o no trabajar.
La expansión de las plataformas de entrega a domicilio también aceleró este fenómeno. El crecimiento del comercio digital y de los servicios rápidos disparó la demanda de repartidores, casi todos movilizados en motocicletas.
A diferencia de los automóviles, concentrados principalmente en grandes centros urbanos, las motocicletas tienen una presencia mucho más extendida en el territorio nacional. La DGII reporta que el 45.1 % de las motocicletas registradas está fuera de las principales provincias del país.
En muchas de estas demarcaciones, la motocicleta no representa una preferencia, sino, una necesidad estructural. Las limitaciones del transporte público y las distancias entre comunidades convierten a este vehículo en la única opción viable de movilidad.
El crecimiento del parque motociclista también arrastra otro problema: la antigüedad de gran parte de las unidades.
El 83.7 % de los vehículos registrados en el país tiene más de cinco años de fabricación. En el caso específico de las motocicletas, el 77.8 % corresponde a unidades fabricadas en 2020 o antes.
Esto implica mayores riesgos mecánicos, menor eficiencia energética y más vulnerabilidad en accidentes.
La precariedad económica impide, en muchos casos, la renovación del vehículo o el mantenimiento adecuado.
Ante el crecimiento del problema, las autoridades han intensificado los operativos de control. Solo en 2025, la Digesett fiscalizó 834,113 motocicletas en calles, avenidas, carreteras y autopistas del país.
En ese mismo período fueron retenidas 81,107 unidades por incumplimiento de las normas de tránsito. Las autoridades sostienen que muchas de las conductas detectadas como circular sin casco, conducir sin luces, realizar maniobras temerarias o transitar por aceras incrementan considerablemente el riesgo de lesiones graves y muertes.
Para la Digesett, el problema no es únicamente de fiscalización, también es de comportamiento ciudadano.
Las motocicletas ocupan un lugar predominante en los accidentes de tránsito registrados en el país. Especialistas en movilidad explican que la vulnerabilidad física del conductor, combinada con la alta exposición en las vías, convierte a este medio en uno de los más riesgosos.
A diferencia de los automóviles, las motocicletas no ofrecen protección estructural en caso de impacto. Un casco puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Sin embargo, las estadísticas muestran que miles de conductores continúan ignorando esa medida básica de seguridad.
El auge motociclista también revela debilidades estructurales del modelo urbano y del sistema de transporte dominicano.
Miles de ciudadanos encuentran en la motocicleta una solución inmediata ante la falta de sistemas de movilidad eficientes, accesibles y conectados. En muchas comunidades, el motoconcho sustituye prácticamente al transporte público formal.
La informalidad domina buena parte de la dinámica de movilidad urbana y rural. Esto plantea un reto complejo para las autoridades: cómo regular sin excluir, y cómo formalizar sin destruir la principal fuente de ingresos de miles de familias.
La pregunta ya no es si las motocicletas seguirán creciendo. Todo indica que continuarán dominando el parque vehicular nacional durante los próximos años. El verdadero desafío es cómo gestionar esa realidad.
Especialistas coinciden en que el país necesitará políticas más integrales que combinen educación vial, fiscalización sostenida, modernización del transporte público y renovación del parque vehicular.
También será necesario fortalecer la infraestructura vial, crear corredores más seguros y desarrollar mecanismos de formalización para quienes dependen económicamente de este medio.
Las motocicletas son hoy un reflejo de República Dominicana. Muestran la capacidad de adaptación de su gente, la búsqueda constante de oportunidades y también las debilidades estructurales del país en materia de movilidad, planificación urbana y transporte público.
En cada motocicleta hay una historia de supervivencia: un padre que trabaja, un joven que emprende, un repartidor que atraviesa la ciudad para generar ingresos, una familia que encuentra en dos ruedas su única posibilidad de desplazarse.
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El crecimiento acelerado de las motocicletas también ha intensificado los desafíos de seguridad vial. Entre 2020 y 2025, las infracciones relacionadas con motociclistas superaron los 2.2 millones de casos, según estadísticas de la Digesett. El no uso del casco protector continúa siendo la violación más recurrente. E
En 2020 se registraron 178,142 casos; en 2021 la cifra prácticamente se duplicó hasta 395,468; en 2022 aumentó a 447,986; en 2023 bajó a 370,528; y en 2024 alcanzó su punto más crítico con 573,078 infracciones.
Aunque en 2025 se produjo una reducción relativa, todavía se contabilizaron 297,942 motociclistas circulando sin casco protector.
Las infracciones relacionadas con luces defectuosas también muestran una tendencia preocupante. De 11,372 casos en 2020, pasó a 80,050 en 2024.
Otro dato alarmante es el traslado de niños menores de ocho años en este transporte, práctica prohibida por la Ley 63-17 debido al alto nivel de vulnerabilidad que implica.
Tras concluir la entrevista con Diario Libre, vestido con una camisa semiformal, pantalón largo, mocasines y gafas, Ángel (nombre ficticio) se disponía a abordar su vehículo para dirigirse a una concurrida plaza del Distrito Nacional, donde es encargado de compras de una empresa.
Nada en la apariencia de este mercadólogo, con perfil de ciudadano común, delata que cumple una condena de tres años de prisión por falsificación en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Haras Nacionales, uno de los recintos donde opera el programa Medio Libre, uno de los ejes que busca transformar una estructura carcelaria arcaica caracterizada por el reciclaje del crimen, lo que repercute en la seguridad ciudadana.
A través de Medio Libre, fase previa a la libertad condicional, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc) no solo busca ofrecer un nuevo comienzo a 885 privados de libertad que hoy están bajo esa modalidad, sino también reducir la carga económica sobre un sistema arrabalizado que alberga a más de 25,000 internos —un 60 % por encima de su capacidad— y cuya manutención le cuesta al Estado 1,400 pesos diarios por cada recluso.
Paradójicamente, algunos siguen presos porque no pueden una multa de 500 pesos, según relata Roberto Santana, director de la Dgspc
Solo en la alimentación de los 56 centros, la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), antiguo Comedores Económicos, entregó en el 2025 unas 24.1 millones de raciones, cuyo costo fue de 1,018 millones de pesos, igual a más del 36 % de presupuesto de la Dgspc, cifrado en 2,800 millones de pesos en el 2026.
En tanto, en Haras Nacionales, Ángel y sus compañeros circulan libremente por los 1,097 metros cuadrados del recinto. En el 2015, la Procuraduría invirtió 14.4 millones de pesos para convertir el centro vacacional de Santo Domingo Norteen un CCR.
Los privados de libertad, quienes viven en unas 25 casas de 42 metros cuadrados cada una y cuentan con lo necesario para vivir dignamente, cultivan la tierra, montan sus propios talleres, alimentan su intelecto en una biblioteca y juegan sóftbol en un play compartido por una liga infantil que prepara futuros prospectos de béisbol.
Cada tarde, tras concluir su jornada laboral, Ángel regresa a su hogar para compartir las noches con su esposa e hijos. Así transcurre su rutina de lunes a viernes. Sin embargo, los sábados y domingos debe retornar al centro correccional para cumplir con las condiciones de su condena, conforme a la condición impuesta por el juez de ejecución de la pena.
Mientras habla con Diario Libre, a pocos metros, otros internos socializan al aire libre y observan a varios niños entrenar en el play del recinto. Aunque estuvo en una cárcel del nuevo modelo, no tenía la libertad de moverse libremente. En cambio, en Haras Nacionales, donde usan uniformes, hay “una diferencia del cielo a la tierra”. “Para cualquier privado de libertad esto es un logro”, indica.
Alfredo (nombre ficticio)lleva un año y siete meses en Haras Nacionales. Siente que ha vivido más en ese tiempo que en los 13 años que pasó en la cárcel de La Victoria, lugar que definió como una “pesadilla”, donde se enfermó de diabetes e hipertensión arterial, pero tras ser trasladado al nuevo centro logró controlar esas dolencias.
Asegura que espera que una empresa sirva de garante para solicitar ante el juez su ingreso a la modalidad de Medio Libre, como boleto a la reintegración social. Para obtener el cambio de recinto, mantuvo buen comportamiento y participó en programas educativos.
Las flexibles condiciones del recinto han facilitado incidentes de fuga. En el 2020, Francisco Antonio Gómez y Susano Carmona, condenados a 30 y 20 años de prisión, respectivamente, escaparon en hechos separados. Asimismo, en el 2016, Luis Dione Arias, de 66 años, se suicidó mientras cumplía una condena de 20 años. En medio de esa situación, Nanco Hernández, sentenciado a dos décadas de prisión, también logró huir del recinto.
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En el CCR de Baní-Mujeres, Y.P. de 26 años y oriunda de Villa Mella, es otra de las beneficiarias del modelo de Medio Libre, que le permite trabajar como empleada doméstica de lunes a viernes y cumplir arresto domiciliario los fines de semana.
Gracias a su buen comportamiento y a la capacitación adquirida en distintos cursos técnicos, el juez de ejecución de la pena determinó que ya no debía presentarse en el recinto penitenciario, una decisión que le permitió rehacer su vida y formar una familia junto a su pareja, con quien tuvo una hija que hoy tiene siete meses.
“Se siente muy bien rehacer su vida”, señala Yennifer. Cuando descendió de la guagua e ingresó al recinto para la entrevista de este trabajo, sus compañeras y las agentes de vigilancia y tratamiento penitenciario (VTP) la recibieron junto a su hija con afectuosos abrazos. El ambiente transmitía sentido de familia.
Yennifer ha cumplido más de cinco años de los 15 a los que fue condenada por herir a una menor de edad. De las 57 internas, con edades entre 18 y 54 años, que tiene Baní-Mujeres, ella forma parte de las 27 beneficiadas con el Medio Libre, identificadas con camisetas rosadas.
La mayoría de las internas de este recinto proviene de comunidades de la región sur y arrastra historias marcadas por la pobreza y la baja autoestima, según explica la directora Arelis Uribe Román. Como parte de su proceso de reintegración social, reciben formación en educación básica, así como capacitación en belleza y manualidades.
El artículo 40 de la Constitución establece que todas “penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”. En ese sentido, sin importar el delito, todos los privados que han cumplido un tercio de su condena, si es de hasta cinco años, y una cuarta parte, en los casos de penas mayores, tienen derecho a solicitar su ingreso ante la Dirección de Medio Libre.
A través de esta entidad, amparada en la Ley 113-21 (que Regula el Sistema Penitenciario) y que depende de la Dgspc, el detenido agota un proceso de observación, tratamiento y prueba, explica Amado Cabrera, director del programa Medio Libre.
Detalla que el proceso inicia en la fase de tratamiento, donde el privado recibe capacitación. Luego pasa a una etapa de prueba, en la que se integra a actividades dentro del centro, antes de incorporarse a las brigadas de trabajo.
El siguiente paso es acceder a beneficios graduales, como permisos familiares bajo custodia por dos o tres horas. Además, un comité realiza un levantamiento de los aspectos psicológicos, médicos, educativos, legales y conductuales. Luego, la comisión de vigilancia, evaluación y sanción del centro, compuesta por ocho personas, emite un informe al Sistema Penitenciario.
Según la Dgspc, 649 tienen arresto o prisión domiciliaria y 236 cuentan con permisos laborales, para un total de 885 beneficiarios de Medio Libre. La meta es elevar esa cifra a 2,000, informó el titular Roberto Santana.
Otros 956 internos participan en programas de labores comunitarias, educación o atención psicológica. La entidad ha realizado acuerdos con otras instituciones para incorporar a los beneficiarios a sus programas. Por ejemplo, han reforestados las cuencas hidrográficas y en Semana Santa se integraron a las labores preventivas de las autoridades.
Cabrera sostiene que es poco frecuente que un privado incumpla las normas. Cuando lo hace, la dirección realiza un informe a la Dgspc y al juez de ejecución de la pena y, una vez comprobada la falta, se le retira el beneficio.
La estrategia de Medio Libre ha sido aplaudida en foros por funcionarios e instituciones, pero a nivel individual ha sido cuestionada por beneficiar a imputados de delitos graves.
En septiembre del 2025, el exfuncionario Donni Santana, condenado a 20 años de prisión por violación a una menor de edad, fue favorecido con el programa. Tras las críticas, el Ministerio Público informó que apelaría la decisión a fin de que regrese a cumplir la condena en prisión.
Más allá del modelo Medio Libre, la reforma penitenciaria contempla varias líneas estratégicas, como la construcción de nueve cárceles para reducir la sobrepoblación penitenciaria, que ya supera el 60 %.
Sin embargo, uno de los puntos en los que Roberto Santana, titular de la Dgspc, hace mayor énfasis es desmontar la corrupción en las prisiones tradicionales, las cuales buscan convertir en lugares seguros, “donde haya honestidad y donde, sin corrupción, se pueda rehabilitar a los privados de libertad para que empiecen una nueva vida”.
“¿Por qué, si nosotros somos unos corruptos, cómo podemos arreglar a los privados de libertad? ¿Cómo podemos rehabilitar a los privados de libertad si nosotros somos cómplices de los delincuentes ahí dentro?”, se cuestiona Santana. Insiste en que los custodios de los recintos no deben ser “unos bandidos, unos corruptos”.
En lo que va de año, 49 agentes VTP han sido sancionados por violar las normas dentro de los recintos. De ellos, algunos fueron cancelados, otros suspendidos y otros están en prisión.
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“La batalla contra la corrupción es un tema innegociable, donde no aceptamos padrinos… que por delante dicen que las cosas se hagan bien y por detrás piden privilegios para los privados de libertad”, explica Santana en tono enérgico.
Otro desafío es el exceso de presos preventivos: de los 25,000 privados de libertad, 16,000 son preventivos, una cantidad que no permite operar adecuadamente, debido a que se debe disponer de más de 100 vehículos al día para trasladarlos a los tribunales, se queja Santana. “Es una situación insostenible”.
La cárcel Las Parras recibió del Gran Santo Domingo 700 reos en los últimos tres meses. De estos, apenas han salido 28. Es una proporción excesiva. “¿Cómo voy a sostener el sistema?”, plantea Santana. En ese sentido, sugiere a fiscales y jueces enviar a prisión únicamente a los reclusos de alto peligro para la sociedad.
Mientras el Gobierno impulsa proyectos turísticos y promesas de desarrollo en el sur del país, las estadísticas antidrogas reflejan otra realidad que avanza por las costas y provincias fronterizas, donde las rutas del narcotráfico continúan afianzándose.
El Informe Estadístico Anual del Observatorio Dominicano de Drogas (ODD) reveló que durante 2025 las provincias Pedernales y Peravia concentraron el 50.21 % de toda la cocaína decomisada en el país.
Ese año, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) reportó la ocupación de 29,249 kilogramos de sustancias ilícitas, de los cuales 18,865.43 kilos correspondieron a cocaína, la droga con mayor presencia.
Solo Pedernales registró 5,698.71 kg de cocaína, equivalente al 30.21 % del total nacional, le siguió Peravia con 3,772.91 kilos, para un 20 %, de acuerdo con el informe.
En conjunto, ambas provincias del sur acumularon 9,471.61 kilogramos de cocaína decomisada, en un escenario que evidencia cómo las rutas marítimas continúan siendo utilizadas por las estructuras criminales para movilizar cargamentos ilícitos mediante lanchas rápidas a través de las costas dominicanas.
Las estadísticas también muestran otros puntos de alta incidencia como La Altagracia, en el este, con 3,338.14 kilogramos de cocaína incautados, representando un 17.69 %; Santo Domingo con 3,302.46 kg (17.51 %); y San Pedro de Macorís, también en la zona este, 1,509.02 kg (8 %).
La misma dinámica se refleja en las incautaciones de marihuana.
Santo Domingo, Pedernales y Peravia concentraron el 80.94 % de toda la marihuana ocupada durante 2025, según las estadísticas oficiales.
Santo Domingo reportó 4,177.13 kilogramos, equivalentes al 40.49 % del total nacional, ubicando el mayor número.
Pedernales aparece en segundo lugar con 3,316.80 kilos (32.15 %), mientras Peravia acumuló 856.46, correspondiente al 8.30 %.
Las cifras también sitúan a Montecristi entre las provincias con mayor volumen confiscado con 597.85 kg (5.79 %).
Más atrás figuran La Romana, con 278.66 kg (2.70 %), así como Puerto Plata y La Altagracia, con 171.31 y 171.20 kilogramos, respectivamente.
El impacto del narcotráfico no solo se refleja en las estadísticas de decomisos. Durante 2025, las autoridades reportaron 47,600 personas detenidas por violaciones a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas, con la mayor cantidad de arrestados entre jóvenes de 18 y 25 años, donde el 99 % de los detenidos fueron hombres.
A esto se suma la incautación de 2,134 medios de transporte utilizados en operaciones de narcotráfico donde las motocicletas representaron el 77.74 % de los vehículos ocupados con 1,659 unidades.
Los datos también reflejan el impacto social y violento del narcotráfico. Durante el año pasado fueron reportados 62 homicidios y 61 heridos vinculados a conflictos por drogas. El Sistema Nacional de Emergencias 911 registró 4,019 eventos relacionados con consumo de sustancias psicoactivas, mientras la Dirección de Migración deportó a 731 dominicanos por violaciones a la Ley 50-88, de los cuales 707 eran hombres y 24 mujeres, la mayoría procedentes de Estados Unidos.
En cuanto a las incineraciones realizadas por el Inacif, fueron destruidos 29,796.78 kilos de drogas, la mayor parte era cocaína con 18,544.44 kilogramos (62.24 %) y marihuana con 10,914.26 kilogramos (36.63 %).
Mientras en Santo Domingo el debate gira en torno a la inteligencia artificial o automatizaciones y el Gobierno afina su estrategia para posicionar al país como un referente tecnológico de la región, en La Cueva, una comunidad enclavada en la cordillera Central a 30 kilómetros al noroeste de Padre Las Casas, Azua, los pobladores hacen rifas y colectas para acceder por primera vez a la energía eléctrica.
Esta comunidad, integrada por unas 45 viviendas y alrededor de 200 habitantes dedicados a la agricultura, es una de las cinco localidades del distrito municipal de Los Fríos que aún carecen de suministro eléctrico. Sus residentes se alumbran por las noches con lámparas de gas y jachos de cuaba. Otros utilizan lámparas solares, que recargan durante el día con la luz natural y en la noche funcionan como bombillos.
Los más pudientes adquieren paneles solares para encender equipos de bajo consumo. No obstante, cuando el clima no les favorece y escasea la luz solar, vuelven a quedar a oscuras.
Sin embargo, buscando superar esa etapa, decidieron aportar 5,000 pesos por familia —mucho dinero para su nivel de ingreso, cuentan— y, junto a otros fondos, esperan reunir lo necesario para comprar el cableado, los postes y avanzar con su desarrollo.
Para lograrlo, es necesario extender el circuito eléctrico unos 3.2 kilómetros desde La Cucharita, la comunidad más cercana que sí dispone del servicio. Sin embargo, “Edesur dice que es muy costoso”, afirma Antonio Delgado, de 27 años. No obstante, se mantienen firmes y señalan: “Lo vamos a resolver con o sin la ayuda del Gobierno”.
De lograrlo, los pobladores de esta comunidad, literalmente, verán la “luz al final del túnel”. “Nosotros formamos una asociación y hemos realizado dos rifas. También tenemos la promesa de un aporte del ayuntamiento y con eso alcanzaríamos cerca de medio millón de pesos”, explica Antonio, esperanzado.
El próximo paso será realizar un levantamiento técnico sobre los trabajos necesarios para concretar la conexión eléctrica. Para ello, recibirán asesoría de la misión de la Diócesis de Orlando, una entidad que desde hace años apadrina comunidades de la Cordillera Central mediante proyectos agrícolas y la construcción de viviendas.
La inauguración de la Central Hidroeléctrica Palomino en el año 2012 marcó un avance significativo para la zona. Cuatro años después, en 2016, Edesur Dominicana y Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana invirtieron 68 millones de pesos para llevar electricidad a 480 familias de la cordillera Central. Sin embargo, localidades como La Cueva, El Montazo, El Recodo, El Tetero y Vallecito no fueron agregadas al proyecto de electrificación.
Al no cumplirles, el Estado no solo retrasa el desarrollo de estas comunidades, sino que también incumple su compromiso con la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 7, orientado a “garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos”.
Andrés Aybar, director municipal de Los Fríos, quien, “encarecidamente”, solicitó a las autoridades resolver el problema, indicó que el pasado jueves una comisión de Edesur visitó la zona y aprobó la instalación de la energía para El Montazo, sin embargo, para La Cueva consideran “que es muy lejos para la cantidad de casas”, pero que siguen en evaluación.
Aprovechando los ríos de la zona, en 2006 el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) instaló en El Tetero, a través del denominado “Proyecto Cordillera”, una minicentral hidroeléctrica con capacidad para generar hasta 30 kilovatios y abastecer a unas 26 comunidades.
No obstante, según el comunitario Miguel Delgado, la pequeña generadora actualmente solo funciona cuando el río registra un caudal elevado y apenas suministra electricidad a algunos residentes de El Tetero.
Además, en 2015, en El Montazo, la Fundación Sur Futuro, la Unión Europea, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Indrhi y otras entidades instalaron una minihidroeléctrica de 16 kilovatios, pero con el tiempo colapsó.
Al revisar los registros, se evidencia que RD aún no ha logrado cerrar la brecha en materia de acceso a la electricidad. El Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022 reveló que 80,380 hogares, equivalentes al 2.16 % del total, carecían de energía eléctrica. Para junio del 2025 hubo una mejora progresiva y el número se redujo a 64,144 hogares.
El este, con 20,027 viviendas, y el sur, con 18,705, son las regiones que concentran la mayor cantidad de hogares sin acceso a electricidad. Sin embargo, tras pedir un informe a la entidad rectora, la cifra de viviendas “sin luz” se redujo a 57,040 hogares, equivalente al 1.5 %.
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que desde las primeras horas de este lunes se registrarán aguaceros locales sobre el noreste y el litoral caribeño, debido a la incidencia de una vaguada y al viento del este-sureste.
El organismo indicó que durante la tarde aumentarán las precipitaciones, acompañadas de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas aisladas en localidades del noreste, el Valle del Cibao, la cordillera Central, el suroeste y la zona fronteriza.
Según el Indomet, la vaguada y la humedad asociada a una onda tropical continuarán generando aguaceros de moderados a fuertes en gran parte del país.
Pese a las lluvias, previene que las temperaturas seguirán calurosas. La entidad recomienda ingerir suficientes líquidos, usar ropa ligera y de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol y permanecer en lugares frescos y ventilados.
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene siete provincias en alerta amarilla, estás son: Montecristi, Puerto Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Dajabón, Valverde y Santiago Rodríguez.
Mientras que en alerta verde permanecen el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago, La Vega, Monte Plata, Duarte, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, Peravia, María Trinidad Sánchez, Samaná, Espaillat y Monseñor Nouel.
El COE exhortó a la población a no cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
La moda dominicana continúa ganando terreno en escenarios internacionales, mostrando que el talento local puede competir y destacarse incluso en los mercados más exigentes.
Esta vez, el protagonismo recae sobre el diseñador José Cristian Lagares, quien recién inauguró su primera boutique en Londres, Inglaterra, una de las capitales más influyentes de la industria de la moda.
Con una propuesta que mezcla elegancia relajada, sensualidad y referencias tropicales, José Cristian ha logrado posicionar una marca que continúa conquistando nuevos mercados.
Crecer dentro de una familia vinculada al diseño supone una ventaja, pero también una gran presión. Construir una marca propia lejos de la figura de su padre, el también diseñador Cristian Lagares, implicó encontrar el equilibrio entre honrar ese legado familiar y desarrollar una identidad independiente.
Trabajar previamente en la marca de su padre le permitió descubrir cuáles elementos podían conectar con su propuesta personal.
“No diría que es tanto desligarme (de la marca de mi padre), porque realmente ese es también el ADN con el que yo inicié”, explica, refiriéndose a su afinidad con la alta costura y el lino, tejido que sigue siendo protagonista en sus colecciones.
Más que competir con la firma familiar, su objetivo era coexistir con ella y construir una clientela propia. “Aunque nuestra moda es timeless, siempre le ponemos un poquito de algo trendy para lograr esa mezcla entre lo clásico y lo moderno”, refiere.
“Nos gustan las cosas que caigan, que vuelen, que simulen comodidad, pero también elegancia y sensualidad al mismo tiempo”, agrega. Esa combinación es precisamente lo que ha permitido que las piezas de la firma JC Lagares sean perfectamente identificables.
La apertura de una boutique en Londres representa uno de los mayores hitos en la carrera de José Cristian Lagares. La idea comenzó a tomar forma durante sus constantes viajes a la ciudad, donde descubrió un interés genuino por su estética y por el diseño caribeño con identidad cultural.
Personas que veían sus looks en la calle o durante sesiones fotográficas le preguntaban dónde podían comprar las piezas, pedían su Instagram o consultaban sobre envíos internacionales. Esa curiosidad terminó confirmando que existía espacio para su propuesta dentro del mercado británico.
“Las marcas de moda dominicana cuentan unahistoria muy fuerte y eso en ciudades como Londres se aprecia mucho”, asegura.
Actualmente, el espacio funciona dentro de un concept store que reúne cafetería, salón de belleza y servicios estéticos, una estrategia que el diseñador considera clave para introducirse en un mercado extranjero. “Tener el apoyo de personas o negocios allá genera confianza para quienes todavía no conocen tu marca más allá de Instagram”, explica.
Para Lagares, establecerse en Londres también implica representar a República Dominicana desde otro escenario cultural. “Más que nada, es poder darle un poquito de mi país a la gente de Inglaterra”, dice.
Aunque ahora divide su tiempo entre Santo Domingo y Londres, el diseñador asegura que su esencia creativa permanecerá intacta. La influencia europea, explica, simplemente ha refinado su mirada estética sin alterar el ADN de la marca.
“Estar en Londres no cambiará la esencia, porque eso tampoco es lo que ellos quieren. Ellos quieren que vayas con lo tuyo y lo muestres”, sostiene.
La apertura de la boutique en Londres parece ser apenas el inicio de una nueva etapa para José Cristian Lagares. Entre sus próximos objetivos figura uno un tanto ambicioso: participar en la Semana de la Moda de Londres. “Con Dios mediante, estamos trabajando para eso”, afirma.
Aunque ya ha recibido propuestas relacionadas con eventos de moda en ciudades igual de importantes en el ámbito de la moda, como Nueva York y París, el diseñador asegura que quiere apostar por plataformas oficiales. Y la ubicación estratégica de su boutique lo acerca a lograr esa meta.
El vecindario donde se encuentra el concept storees conocido como “Los Ángeles de Londres” por la cantidad de celebridades y figuras de la industria creativa que viven en la zona. De hecho, estilistas internacionales ya han comenzado a visitar el espacio y a conocer las piezas de la marca.
“Poco a poco, con colaboraciones y presencia en diferentes escenarios y alfombras rojas, podemos seguir escalando allá. Ese es el plan”, concluye.
Mientras gran parte de la población depende del internet y la telefonía móvil para comunicarse, un grupo de radioaficionados dominicanos mantiene activa una red de emergencia capaz de operar aun cuando colapsan los sistemas tradicionales de telecomunicaciones.
Se trata del Radio Club Dominicano, institución que en junio próximo cumple 100 años de existencia y que fue fundada por el doctor Carlos Regús. Sus miembros ofrecen apoyo voluntario a organismos de socorro y a la ciudadanía durante huracanes, inundaciones, terremotos y otras situaciones críticas.
“Cuando la comunicación falla, los radiodifusionados somos la línea principal de comunicación. Lo primero que falla en un desastre natural, ya sea un huracán o terremoto, son las comunicaciones y el radio aficionado simple y llanamente con un alambre y una batería en un radio, estamos comunicándonos con cualquier parte del mundo o directamente en el país”, explicó Guillermo Schrils, presidente de la organización.
La entidad trabaja en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), la Defensa Civil Dominicana, la Cruz Roja Dominicana y otras instituciones de respuesta rápida, proporcionando enlaces de comunicación gratuitos en momentos donde las redes telefónicas y el internet dejan de funcionar.
Según explicó Schrils, durante fenómenos atmosféricos las compañías de telecomunicaciones suelen quedar fuera de servicio, debido a daños en antenas o sistemas eléctricos ubicados en montañas y zonas vulnerables.
En esos casos, los radioaficionados instalan estaciones móviles en puntos estratégicos y comienzan a transmitir información esencial para las labores de rescate y coordinación.
Es un hobby, una actividad voluntaria y no remunerada que se convierte en un estilo de vida para gente que ama servir y ser útil a la sociedad. Por lo general los radioaficionados son voluntarios de los organismos de socorro como la Defensa Civil, los Bomberos, Cruz Roja, entre otros.
Actualmente Radio Club Dominicano cuenta con alrededor de 400 miembros entre activos e inactivos y mantiene programas de capacitación para nuevos operadores interesados en integrarse al servicio voluntario de comunicaciones.
Para ser miembro del club hay que tener una licencia que tiene un año de vigencia. Desde novicio que es una licencia que tiene un periodo más amplio y se pasa de transmitir de banda de 2 metros a 40 metros para luego llegar a otras categorías.
Viene la categoría superior general que son dos letras y después al superior que es una la diferencia entre una categoría de otra. Por ejemplo, en el caso de los vicios pueden transmitir en la banda de 2 m que ahora se le facilitó y en la banda de 40 m. A partir de ahí pasa la categoría técnica y posteriormente puede transmitir en todas las bandas.
El principal empleo de José Trujillo Valdez, padre de Rafael Leónidas Truillo Molina, fue la telegrafía y el dictador era un gran telegrafista, pero ese dato no era muy conocido porque Trujillo no hizo ostentación de ese oficio, cuenta Geraldo Peralta, miembro de la entidad.
Muchos de los integrantes del club tienen equipos instalados en sus vehículos para responder de inmediato ante cualquier emergencia. Desde allí pueden reportar inundaciones, accidentes, personas desaparecidas o situaciones de riesgo a las autoridades correspondientes.
Incluso, algunos miembros colaborandirectamente con unidades de rescate y organismos de emergencia.
Uno de ellos es Johnny Roger, radioaficionado y bombero, quien explicó que utiliza radios móviles mientras se desplaza en motocicleta para mantener comunicación constante y reportar incidentes.
Lleva al cinto dos radios y una antena fija en su motocicleta con los que mantiene comunicación constante con compañero y los organismos de socorro. “Si encuentro un accidente o una situación de emergencia, hacemos el enlace rápidamente con el COE o con el 9-1-1 para agilizar la respuesta”, señaló.
Además de servir como apoyo en desastres naturales, los radioaficionados también colaboran en operaciones de búsqueda y rescate de embarcaciones extraviadas.
Schrils explicó que, aunque no pueden interferir comunicaciones oficiales, sí pueden escuchar señales de auxilio y reportarlas a las autoridades competentes.
“Nos ha pasado con embarcaciones perdidas que escuchamos la transmisión, ubicamos aproximadamente la zona y notificamos a los organismos de socorro”, indicó.
La institución dispone también de sistemas digitales capaces de transmitir datos y correos electrónicos vía radiofrecuencia, una alternativa útil cuando no existe acceso a internet.
Gerardo Peralta, miembro del club, explicó que esa tecnología permite mantener operativa una red nacional de emergencia independiente de las plataformas comerciales de comunicación.
“Nosotros usamos internet como apoyo, pero no dependemos de él. Podemos seguir operando completamente por radio”, sostuvo.
Aunque la radioafición es considerada por muchos una práctica antigua, el Radio Club Dominicano asegura que sigue siendo una herramienta vital para la seguridad y la respuesta rápida ante eventos extremos.
En silencio, los radioaficionados dominicanos continúan defendiendo una idea sencilla: cuando todo falla, todavía queda la radio aficionada.
Hasta abril de este año, las exportaciones dominicanas acumularon 5,062.7 millones de dólares – una cifra que supera en 822.1 millones los 4,240.5 millones de dólares del año pasado– para un crecimiento de 19.4 % en el primer cuatrimestre del 2026, incentivado por el aumento de los precios del oro.
Solo este metal precioso, un activo refugio cuya demanda incrementa en momentos de incertidumbre económica y tensiones geopolíticas –como la actual con la prolongación de la guerra del Golfo Pérsico– sumó divisas por 1,045.3 millones de dólares a la República Dominicana en el citado período, 554.5 millones más que los 490.8 millones que generó en el cuatrimestre anterior, para una expansión de 113 %.
Al 15 de mayo, una onza troy de oro en el mercado se situaba en 4,561.90 dólares, aunque la cotización ha llegado a máximos de hasta 4,722.86 dólares por onza la semana pasada.
Esta coyuntura también ha llevado al país a exportar un mayor volumen del metal, con máximos de 77 toneladas de oro dominicano vendidas entre enero y abril de este año.
Se trata de cuatro veces más que las 21 toneladas exportadas entre enero y abril del año pasado, conforme datos del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana).
El oro también tuvo un rol relevante solo en el mes de abril, con ventas estimadas en 298.8 millones de dólares, para un incremento de 164.2 % –185.7 millones de dólares adicionales respecto a abril del 2025.
Una buena parte de este oro tuvo como destino a Canadá; las exportaciones hacia la nación norteamericana en enero-abril alcanzaron los 661.4 millones de dólares, con un crecimiento de 234.4 %, equivalente a una variación absoluta de 463.6 millones.
Esto lo colocó como el segundo destino al que más se exportaron productos luego de los Estados Unidos –con 2,379.8 millones de dólares–, y antes que Haití, que se posicionó como el tercer destino de las exportaciones dominicanas, tras alcanzar los 442.7 millones de dólares en el presente cuatrimestre.
El oro representa el producto más exportado, pero no es el único protagonista. En segundo lugar le siguen los instrumentos y aparatos de medicina (con 409.5 millones de dólares), seguido de los cigarros puros (311.6 millones), disyuntores (301.2 millones), t-shirts y camisetas (128.2 millones de dólares) y el cacao en grano, entero o partido (99.5 millones de dólares).
Según su régimen aduanero, el 55.4 % del total de las exportaciones dominicanas fueron realizadas por las zonas francas, con 2,803.3 millones de dólaresen divisas, seguida del régimen nacional, que contribuyó con un 44.6 %, equivalente a 2,153.5 millones de dólares, 700 millones más que los 1,453.5 millones de dólares reunidos entre enero y abril del 2025, para un alza de 48.2 %
Aunque una parte de los indicadores de la deuda del sector público no financiero (SPNF) del Estado dominicano mostraron mejorías en el primer trimestre de este año, como el riesgo por el tipo de interés, otros continúan su deterioro, como el saldo del endeudamiento con relación al producto interno bruto (PIB).
El monto adeudado por el Gobierno Central finalizó en marzo representando el 49.3 % del PIB, tras alcanzar los 66,388.5 millones de dólares, superando en 4,838.6 millones el saldo registrado en diciembre de 2025, período en el cual la deuda pública significaba el 48.1 % del PIB.
El incremento de 1.2 puntos porcentuales de la deuda del SPNF con relación al PIB acerca ese indicador a los niveles del 2021, cuando se ubicó en un 50.1 %, tras caer desde el 56.9 % que registró un año antes, durante la pandemia de COVID-19.
Así está contenido en el “Informe trimestral sobre la situación y evolución de la deuda pública de la República Dominicana”, elaborado por la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Economía, el cual recoge, además, un ligero aumento en la tasa de interés promedio de la deuda interna, al pasar de un 10.6 % al cierre del año pasado a un 10.7 % a marzo de 2026.
La tasa de interés promedio de la deuda externa se mantuvo sin cambios, en un 6.5 %, al cierre de marzo de este año, en comparación con 2025. En términos generales, el financiamiento del Estado dominicano genera a los acreedores un rendimiento de un 7.6 %.
Otro indicador que mostró un ligero cambio fue el riesgo de refinanciamiento. El tiempo promedio de madurez disminuyó de 10.2 años a 10.1 en el citado período.
El documento de Crédito Público destaca que el riesgo de tipo de interés presentó una disminución favorable, respecto a diciembre 2025, pasando de 12.4 a 11.3 % en marzo de 2026, mostrando una reducción en el porcentaje de deuda a tasa variable.
De igual forma, el riesgo cambiario cayó desde el 66.8 % que registró en el último mes del año pasado al 65.7 % en marzo de 2026, según la institución, debido a la obtención de financiamiento mediante subastas en el mercado doméstico denominadas en moneda local.
El choque económico, derivado del conflicto armado en Medio Oriente, también se ha trasladado a los bonos soberanos del Estado dominicano de forma negativa. Al 31 de marzo, esos instrumentos externos, denominados en dólares estadounidenses, presentaron movimientos de precio mayormente a la baja (un aspecto negativo), respecto al trimestre anterior.
Este comportamiento se enmarca en un entorno de alta volatilidad e incertidumbre, debido a los conflictos geopolíticos en Medio Oriente y el cierre parcial del estrecho de Ormuz, lo que llevó a los inversionistas a optar por instrumentos de refugio, como las materias primas, en busca de mayor protección ante la inestabilidad económica, explica el informe.
Y agrega que, en este contexto, la menor demanda por bonos soberanos de mercados emergentes sugiere que estos instrumentos han perdido atractivo relativo, impulsando ventas por parte de inversionistas internacionales.
