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El presidente Luis Abinader mantiene una valoración mayoritariamente favorable de su gestión, aun cuando la percepción económica del país atraviesa uno de sus momentos más delicados desde que llegó al poder en 2020. Esa es la principal conclusión que deja la más reciente encuesta de Gallup República Dominicana para Diario Libre, levantada entre el 28 de abril y el 1 de mayo de 2026.
El estudio revela una paradoja política de enorme interés en vista de que el mandatario conserva legitimidad personal y capacidad de aprobación pública mientras crece el malestar ciudadano sobre el costo de la vida, la pobreza, la inseguridad y la situación económica general.
Un 51.7 % de los entrevistados considera que Abinader “ha sido un buen presidente” y 9.7% “regular” frente a un 36.9 % que lo define como un mal gobernante. Las cifras confirman que, a casi seis años de haber llegado al Palacio Nacional y a dos años de concluir su segundo mandato, el presidente todavía retiene un capital político considerable.
Ese respaldo parece sostenerse, sobre todo, en áreas donde la administración ha logrado construir una narrativa de gestión visible y resultados tangibles.
El turismo continúa siendo el principal activo político del Gobierno. Un 73.4 % aprueba la labor oficial en el desarrollo y promoción del sector, consolidando una de las banderas más exitosas de la gestión. La recuperación récord de visitantes tras la pandemia y la expansión de nuevas inversiones hoteleras han permitido al oficialismo presentar el turismo como símbolo de estabilidad económica y confianza internacional.
La educación aparece como el segundo renglón mejor valorado, con 67.9 % de aprobación, seguida por el transporte público, con 58.9 %, y la construcción de obras públicas, con 57.4 %. En esos ámbitos, el Gobierno ha apostado a una estrategia de presencia territorial mediante proyectos de infraestructura, ampliación del Metro de Santo Domingo y ejecución de obras viales que mantienen alta visibilidad pública.
Sin embargo, debajo de esa evaluación relativamente favorable emerge un cuadro más complejo y políticamente más riesgoso.
La encuesta muestra un deterioro evidente en temas directamente vinculados con la vida cotidiana de la población. La seguridad ciudadana aparece entre las principales debilidades del Gobierno: 55 % considera que la administración realiza un mal trabajo en esa área.
El dato adquiere relevancia porque la percepción de inseguridad suele tener un impacto emocional y electoral mucho más profundo que otros indicadores macroeconómicos. A ello se suma una evaluación todavía más severa sobre la reducción de la pobreza: 64.5 % desaprueba el desempeño gubernamental en ese aspecto.
También el manejo de la deuda pública genera inquietud. Un 55.9 % entiende que el Gobierno ha hecho un mal trabajo en el control del endeudamiento estatal.
Pero el núcleo más delicado del estudio se encuentra en la percepción económica general.
El 62.9 % de los entrevistados define la situación económica nacional como mala o muy mala, mientras apenas un 21.6 % la considera positiva. El dato refleja un clima de ansiedad económica persistente, marcado por la inflación acumulada de los últimos años, el alto costo de bienes esenciales y la sensación de pérdida de capacidad adquisitiva.
En el ámbito personal, el panorama mejora ligeramente, aunque el pesimismo sigue predominando: 43.9 % describe su situación económica como mala o muy mala, frente a 30 % que la considera buena.
La diferencia entre la valoración del presidente y la percepción de la economía sugiere un fenómeno político relevante. Parte importante del electorado parece separar la figura de Abinader de las dificultades económicas que enfrenta el país.
Ese divorcio entre aprobación presidencial y malestar económico ha ocurrido antes en América Latina, especialmente en contextos donde los gobiernos logran proyectar transparencia personal, estabilidad institucional o capacidad administrativa aun en medio de tensiones sociales.
La encuesta indica, en consecuencia, que el principal desafío político del oficialismo hacia 2028 no parece residir en la imagen del presidente, todavía sólida, sino en la evolución de las condiciones económicas y sociales que experimenta la población en su vida diaria.
El estudio revela que el Gobierno conserva respaldo político, pero ya no dispone del mismo margen de tolerancia social que caracterizó los primeros años de la gestión de Abinader.
• Firma encuestadora: Gallup República Dominicana • Medio patrocinador: Diario Libre.• Tipo de estudio: Encuesta nacional de opinión sobre temas sociales, políticos y económicos.• Objetivo general: Analizar percepciones, actitudes y preferencias políticas de la población adulta dominicana respecto a la situación del país, la gestión del Gobierno, las figuras políticas nacionales y las expectativas electorales hacia 2028. • Universo: Población de 18 años o más residente en hogares unifamiliares de República Dominicana. • Muestra: 1,200 entrevistas presenciales o cara a cara a nivel nacional. • Método de selección: Procedimientos aleatorios en la selección de hogares e informantes, utilizando como marco muestral la cartografía del X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022. • Representatividad: Nacional, para población adulta residente en hogares unifamiliares. • Margen de error: ±2.8 %. • Nivel de confianza: 95 %. • Trabajo de campo: Del 28 de abril al 1 de mayo de 2026.
Alrededor de doce negocios chinos permanecen cerrados desde hace cerca de nueve meses, luego de que el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) ordenara su clausura por irregularidades estructurales.
Aunque Diario Libre intentó contactar a propietarios y representantes de algunos de estos establecimientos para conocer su estatus y los procesos de reapertura, no fue posible obtener respuestas.
La situación mantiene en incertidumbre a comerciantes y empleados, mientras la presidenta de la comunidad china en República Dominicana, Rosa Ng, calificó el proceso como “demasiado prolongado” y perjudicial para miles de trabajadores.
La dirigente comunitaria estimó que entre 2,000 y 3,000 empleos se han visto impactados por los cierres. Señaló que muchas empresas tuvieron que cesantear personal y pagar prestaciones laborales, además de asumir gastos fijos como energía eléctrica, impuestos y compromisos bancarios.
“Ya no aguantamos más”, quien relató Ng que algunos propietarios le han manifestado enfrentar serias dificultades financieras luego de varios meses sin operar.
Ng explicó que ninguno de los establecimientos ha logrado reabrir, pese a que algunos ya habrían cumplido con los requerimientos técnicos exigidos por las autoridades.
Al responder sobre el por qué estos propietarios no han cumplido con lo establecido por el Mivhed, sostuvo que los procesos han sido lentos y burocráticos, posiblemente afectados por cambios de dirección dentro del ministerio.
Indicó que algunos comerciantes han tenido que esperar aprobaciones adicionales de otras instituciones, como Medio Ambiente, lo que ha retrasado aún más la reapertura.
Entre las tiendas que permanecen cerradas están Suplax, Shopping Center New World, La Rocca, Plaza Hope, Ming Sheng, Me Home (Nine Mall), STD Mall, Brisas Mall y Yo Me, entre otros establecimientos en Santo Domingo y Santiago.
La presidenta de la comunidad china citó el caso de Suplax, ubicado en la avenida Nicolás de Ovando, donde aseguró que una comisión encabezada por un ingeniero de apellido Pellerano inspeccionó recientemente la estructura y verificó que las correcciones solicitadas fueron ejecutadas.
“Todo se ha entregado al nivel que corresponde y ahora estamos a la espera de la decisión de ellos”, expresó, al señalar que esa empresa también contrató estudios de vulnerabilidad estructural requeridos por el Mivhed.
Ng afirmó que la comunidad china mantiene disposición de colaborar con las autoridades y propuso traducir al idioma chino las normativas del Mivhed, a fin de facilitar su comprensión entre comerciantes extranjeros y prevenir nuevos casos.
Asimismo, llamó al Gobierno dominicano a fortalecer las relaciones con la República Popular China y a propiciar un diálogo que permita resolver la situación de los negocios cerrados. “No hay explicación para que empresas que ya han cumplido continúen cerradas”, concluyó.
La tienda china Suplax, clausurada hace varios meses por el Mivhed, afirmó que ya completó la mayoría de los trabajos y documentación requeridos por las autoridades, aunque todavía permanece cerrada a la espera de una autorización oficial para reabrir.
Así lo expresó Elisa Hg, asistente administrativa del establecimiento, quien calificó la situación como “difícil” debido al tiempo transcurrido sin operaciones comerciales.
Explicó que recientemente concluyeron el reforzamiento estructural solicitado por el ministerio y que una comisión técnica realizó una inspección el pasado lunes.
“Ellos vinieron a inspeccionar y dijeron que todo estaba bien, pero luego enviaron un correo con nuevas observaciones que ya habían sido entregadas en informes anteriores”, sostuvo.
Según indicó, una de las principales exigencias del Mivhed fue rellenar con concreto las columnas metálicas del edificio para reforzar la estructura. No obstante, aseguró que los ingenieros contratados por la empresa concluyeron que la edificación no representa peligro público y que soporta adecuadamente la carga del inmueble.
La empleada explicó que el negocio lleva varios años operando y que el edificio no presenta grietas visibles. A su juicio, gran parte del proceso pendiente corresponde a la regularización de permisos y trámites administrativos.
Entre los trabajos realizados mencionó el retiro de cristales de la fachada, reforzamiento de vigas, adecuaciones estructurales y desacoplamiento de muros en niveles superiores.
En cuanto a la documentación entregada al Mivhed, señaló que depositaron memorias de cálculo, estudios estructurales, permisos del ayuntamiento, autorizaciones ambientales y planos arquitectónicos. Indicó que solo faltan algunos planos sanitarios y eléctricos.
Asimismo, dijo que la empresa presentó certificaciones del acero importado desde China utilizado en la estructura, incluyendo pruebas de laboratorio realizadas localmente que, según afirmó, confirmaron la calidad del material.
Elisa aseguró que al momento del cierre de Suplax contaba con unos 300 empleados, pero que actualmente solo conservan cerca de 20 trabajadores para labores de limpieza y mantenimiento.
“Como la tienda no tiene ingresos, no tenemos forma de pagar salarios”, expresó. Agregó que también solicitaron suspensiones temporales de contratos ante el Ministerio de Trabajo, pero les fueron negadas.
La representante consideró que la principal dificultad ha sido la lentitud en las revisiones oficiales y los nuevos requerimientos que surgen luego de cumplir los anteriores.
Hasta el momento, indicó que las autoridades solo les han pedido concluir los trabajos pendientes “lo más pronto posible”, mientras la empresa sigue a la espera de poder retomar sus operaciones.
Por su lado, la directora ejecutiva de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), Jennifer Troncoso, aseguró que el cierre de varias tiendas de capital chino en el país responde a múltiples incumplimientos legales y estructurales, y afirmó que esta situación no ha generado un impacto negativo en el comercio formal dominicano.
Troncoso indicó que muchas de estas tiendas permanecen cerradas porque no han podido corregir las irregularidades detectadas. Agregó que, hasta el momento, la ONEC no ha investigado si los propietarios han trasladado sus operaciones a otros lugares o si mantienen actividades comerciales informales.
Troncoso explicó que estas empresas han sido señaladas por prácticas de competencia desleal, al no cumplir con normativas que sí son exigidas a los comerciantes locales.
Entre estas irregularidades citó fallas en el pago de impuestos, incumplimiento en la facturación electrónica, subvaluación en aduanas y violaciones a las disposiciones laborales, como el pago del salario mínimo y la seguridad social.
Asimismo, indicó que muchas de estas tiendas presentan deficiencias en sus infraestructuras, incluyendo la ausencia de salidas de emergencia adecuadas, sistemas de prevención de incendios, cantidad insuficiente de parqueos y baños, así como construcciones que no cumplen con los estándares de ingeniería establecidos en el país.
Estas condiciones, advirtió, representan un riesgo tanto para clientes como para empleados.
La ejecutiva señaló que, de acuerdo con levantamientos realizados por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, también se detectaron fallas estructurales graves, como vigas deterioradas y materiales en mal estado, lo que habría motivado el cierre de estos establecimientos hasta tanto realicen las adecuaciones correspondientes.
Finalmente, sostuvo que el cierre de estos negocios no ha afectado negativamente al comercio detallista formal, ya que, según afirmó, estas empresas operaban al margen de las normativas fiscales y no aportaban al fisco.
Por el contrario, consideró que las medidas adoptadas contribuyen a garantizar la seguridad de los consumidores y a promover una competencia más justa en el sector comercial.
El aumento de la huella edificable y la disminución de la mancha verde en gran parte de los 91 kilómetros cuadrados del Distrito Nacional está generando un desequilibrio en el crecimiento urbano, con cada vez menos espacios verdes para la recreación, la reducción de la temperatura y la captura de CO2, factores que impactan la calidad de vida de la población.
Se estima que entre un 25 % y un 35 % de la ciudad cuenta con cobertura vegetal, parques o áreas verdes visibles en algunas zonas; sin embargo, estas no cumplen con los parámetros internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece un urbanismo sostenible con entre un 20 % y un 40 % de mancha verde.
Expertos en urbanismo y medio ambiente recomiendan que las ciudades dispongan de al menos 9 metros cuadrados de área verde por persona y entre 1 y 3 árboles por habitante, tomando en cuenta especies con impacto positivo en el entorno.
Uno de los principales desafíos del Distrito Nacional es el vertiginoso crecimiento vertical, con la construcción de altas torres en espacios limitados, muchas de ellas fruto del interés privado de inversionistas y no de políticas municipales o estatales que garanticen un desarrollo urbano ordenado.
En ese contexto, los grandes pulmones verdes del Distrito Nacional juegan un papel estratégico. El Parque Mirador Sur constituye uno de los principales corredores ecológicos y climáticos de la capital.
Su cobertura arbórea ayuda a mitigar el efecto de isla de calor, absorbe carbono, regula la temperatura y ofrece espacios de recreación y salud para miles de ciudadanos.
Este sistema ambiental se complementa con el Parque Zoológico Nacional, el Jardín Botánico Nacional, el Parque Iberoamérica, el Centro Olímpico y sectores históricamente arbolados como Los Jardines, a los que se suman los 217 parques recuperados por la Alcaldía del Distrito Nacional, fortaleciendo una red verde urbana que mejora el bienestar colectivo.
Domingo Contreras, presidente del Centro de Innovación Atabey y exsecretario general de la Alcaldía del Distrito Nacional, es un firme defensor del medio ambiente. Para él, la ciudad necesita un mejor arbolado, a pesar de los esfuerzos realizados para “airear” las estructuras de cemento mediante la siembra de árboles.
Advierte que la ciudad ha desarrollado un fuerte efecto de isla de calor debido al exceso de asfalto y cemento, y afirma que el crecimiento vertical debió ir acompañado de aceras más amplias y corredores arborizados, permitiendo sustituir patios privados perdidos por calles más verdes y sombreadas.
“Hay ciudades que han reducido entre tres y cinco grados su temperatura gracias a su cobertura vegetal”, explicó Contreras.
Destaca que el arbolado urbano debe sembrarse con criterios técnicos, ya que no todas las especies son adecuadas para cualquier espacio. Algunas raíces dañan aceras, drenajes o tuberías; otras generan alergias o conflictos con el tendido eléctrico. Por ello, el Distrito Nacional desarrolló, junto al Jardín Botánico, una normativa de arbolado urbano basada en la diversidad de la flora dominicana.
Contreras sostiene que Santo Domingo enfrenta uno de los mayores desafíos urbanos de las últimas décadas: crecer sin perder su capacidad de “respirar”.
El aumento acelerado de construcciones, el avance del cemento y la reducción de espacios permeables han provocado un incremento de las temperaturas urbanas, inundaciones más frecuentes y una disminución progresiva de la cobertura vegetal.
“Santo Domingo ha experimentado un fuerte proceso de sobreasfaltado y expansión del cemento que ha generado el fenómeno conocido como isla de calor. Donde antes había casas con patios y árboles, hoy hay edificios sin espacios suficientes para arborización. El entorno urbano necesita árboles porque regulan la temperatura, disminuyen el ruido, mejoran la calidad del aire y aportan bienestar psicológico y visual”, señaló.
La Alcaldía del Distrito Nacional informó que, durante las dos gestiones de Carolina Mejía, se han sembrado 109,990 árboles en las tres circunscripciones de la capital, con plantas nativas y endémicas. Asegura que el Plan de Arbolado Urbano no se limita a la siembra, sino que incluye monitoreo, mantenimiento y evaluación técnica de las especies.
Además, se han iniciado procesos de cuantificación de captura de carbono en áreas verdes recuperadas y programas de educación ambiental en centros educativos. La meta de las autoridades es superar los 140 mil árboles plantados al finalizar los ocho años de gestión.
“Nos hemos visto en la necesidad de retirar árboles porque ponían en riesgo a transeúntes y edificaciones. En ese sentido, los árboles son evaluados técnicamente por especialistas forestales; cuando representan peligro para la vida humana o alguna edificación, se procede a su sustitución si el terreno lo permite”, indicó la Alcaldía.
El arquitecto urbanista Mayobanex Suazo considera que el crecimiento inmobiliario no debe verse como un enemigo de la ciudad, sino como una oportunidad para impulsar un modelo urbano más sostenible.
“El desafío no es construir menos, sino construir mejor. El constructor debe convertirse en aliado de una ciudad más verde y resiliente”, expresó.
Suazo entiende que los nuevos proyectos deben incorporar mayor permeabilidad del suelo, más áreas verdes y espacios públicos funcionales, y planteó la necesidad de reducir las huellas edificables y promover pavimentos permeables que ayuden a disminuir las inundaciones urbanas.
Tanto urbanistas como ambientalistas coinciden en que la ciudadanía también tiene responsabilidad en este proceso. Muchos árboles son eliminados por residentes debido a molestias relacionadas con raíces, hojas o mantenimiento, sin considerar alternativas ni el impacto ambiental.
“Reclamamos más árboles, pero muchas veces somos los primeros en cortarlos. Esto es importante decirlo. La cobertura arborescente residencial promedio por barrio era de 21 % y ha bajado incluso a 17 %. Debemos fomentar una mejor arborización urbana”, señalaron.
Ambos expertos coinciden en que el arbolado urbano debe ser tratado como infraestructura estratégica de la ciudad, al mismo nivel que el drenaje, las calles o la recogida de residuos.
Además de su valor ambiental, destacan su impacto económico en la reducción del consumo energético, la mitigación del calor y el aumento de la calidad de vida.
Para lograrlo, consideran necesario mantener políticas públicas permanentes, fortalecer la formación de técnicos forestales y garantizar que los planes de ordenamiento territorial incorporen el componente ambiental como eje central del desarrollo urbano.
Mientras Santo Domingo continúa expandiéndose, el debate ya no gira únicamente en torno a cuánto construir, sino a cómo hacerlo sin perder los espacios verdes que permiten que la ciudad siga respirando.
El hormigueo en los pies, la sed constante o una herida que no cicatriza pueden parecer molestias menores.
Sin embargo, para miles de personas en República Dominicana estos síntomas terminan en hospitalizaciones, amputaciones o enfermedades crónicas detectadas demasiado tarde, en un sistema que gasta más en tratar complicaciones como la diabetes, obesidad, hipertensión o gastroenteritis que en prevenirlas.
Así lo evidencian datos de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) y la Organización Panamericana de la Salud. Entre 2019 y 2024 se registraron 395,248 hospitalizaciones evitables, equivalentes al 16 % de los egresos hospitalarios del país, con un costo superior a los 12,400 millones de pesos.
Las cifras reflejan una contradicción preocupante. Pero esa es solo una parte del problema.
En el país existen alrededor de 1,900 Centros de Primer Nivelque resultan insuficientes para responder a las necesidades de las comunidades.
Mientras tanto, los procedimientos y autorizaciones médicas continúan en aumento. En 2019 se realizaron 3,731 intervenciones reportadas en registros especializados y, para 2024, la cifra ascendió a 8,504.
La Encuesta Nacional de Salud 2022 también refleja un elevado gasto de bolsillo. Los hogares dominicanos destinan, en promedio, 4,208 pesos mensuales a salud. El sector privado representa la principal vía de atención y más del 50 % del pago familiar en salud se concentra en medicamentos.
Diario Libre solicitó una reacción oficial a Sisalril sobre los señalamientos y datos abordados en este reportaje. Sin embargo, al momento de esta publicación, la entidad informó que su equipo técnico todavía trabajaba en la elaboración de las respuestas correspondientes.
La falta de prevención ocurre en un contexto de crecimiento sostenido de enfermedades crónicas.
Según datos del Ministerio de Salud Pública, más del 70 % de la población adulta presenta sobrepeso u obesidad, en especial en provincias como Hato Mayor (81.1 %), San Pedro de Macorís (72.9 %) y el Distrito Nacional (78.6 %).
Asimismo, uno de cada tres adultos vive con hipertensión, una de las principales causas de mortalidad prematura. Montecristi (50.5 %), Espaillat (46.2 %) y Duarte (45.8 %) registran las mayores prevalencias.
A esto se suma el avance de la diabetes. El Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición estima que el 13.45% de la población vive con la enfermedad, mientras otro segmento desconoce que la padece. Además, cerca del 9.3 % presenta prediabetes.
El expresidente del Colegio Médico Dominicano, Senen Caba, atribuye parte del problema al deterioro de la red hospitalaria pública y a la ausencia de un modelo sólido de atención primaria.
Para Caba, la situación se agravó durante el último período de gobierno de Danilo Medina.
El dirigente médico denuncia que numerosos hospitales permanecieron cerrados durante más de una década por remodelaciones, mientras el sistema perdió entre cuatro y cinco mil camas hospitalarias pese al aumento de enfermedades crónicas y demanda de servicios.
También criticó que recursos públicos destinados al sistema sanitario terminaran financiando servicios privados en lugar de fortalecer hospitales estatales.
“El Servicio Nacional de Salud, en vez de comprar servicios a los hospitales públicos, comenzó a comprarlos a instituciones privadas y la salud terminó privatizándose”, explicó.
Para Según Caba, el modelo actual privilegia la facturación y la intermediación financiera por encima de la prevención.
“Aquí hay una salud curativa con una visión rentista que no resuelve el problema”, advirtió. “El negocio solo puede generar ganancias negando servicios o limitando procedimientos”.
También alertó sobre la falta de especialistas en provincias fronterizas y zonas rurales.
Mencionó que en municipios como Loma de Cabrera, Restauración y Partido apenas existe un especialista disponible. Relató situaciones similares en comunidades del Sur profundo, donde algunos centros reciben visitas esporádicas de médicos.
Según explica, muchos profesionales evitan trasladarse al interior debido a bajos salarios y limitaciones para ejercer.
“El resultado es una enorme cantidad de personas excluidas, recibiendo una salud mala, de poca calidad y muy excluyente”, lamentó.
Fulgencio Severino, jefe del Departamento de Cardiología del Hospital Salvador B. Gautier, considera que el sistema sanitario dominicano “funciona para fallar”.
“El principal problema en los casos de infarto agudo al miocardio es que los pacientes son llevados tardíamente a la sala de cateterismo cardíaco”, reveló.
Explica que las guías internacionales recomiendan intervenir al paciente dentro de las primeras dos horas tras el diagnóstico o, de no ser posible, administrar trombolíticos para disolver el coágulo que obstruye la arteria.
Sin embargo, asegura que muchos pacientes no reciben esos medicamentos porque las aseguradoras no los cubren o porque los centros médicos temen que las Administradoras de Riesgo de Salud (ARS) rechacen pagos de tratamientos que pueden costar entre 50 mil y 100 mil pesos.
“Es injustificable que una enfermedad como la coronaria, que provoca más de 15 mil muertes todos los años en República Dominicana, todavía no tenga autorizados los trombolíticos adecuados para los pacientes”, indicó.
Las consecuencias, advierte, son graves.
Pacientes que pudieron recuperarse terminan desarrollando insuficiencia cardíaca crónica.
En un registro citado por el cardiólogo sobre casi 600 pacientes con infarto atendidos entre 2023 y 2024, apenas el 8 % recibió el procedimiento dentro del tiempo recomendado. El resto requería trombolíticos, pero no los recibió. Cerca del 50 % terminó en falla cardíaca.
“Cuando se habla de atención primaria y prevención, todo queda en discurso”, refiere. “La prevención implica gastar dinero y la función de las ARS es no gastar”.
El galeno también cuestiona la falta de cobertura de medicamentos ambulatorios para hipertensión, diabetes y colesterol, factores esenciales para evitar complicaciones cardiovasculares, amputaciones, insuficiencia renal o accidentes cerebrovasculares. Por estos últimos, unos 25 mil dominicanos se ven afectados por estos ataques cada año de acuerdo la Sociedad Dominicana de Neuro Intervención y Neurología Vascular.
“No se puede hablar de prevención si no se garantiza que la población más pobre tenga acceso a medicamentos”.
Numerosas hospitalizaciones respiratorias también se relacionan con fallas en atención primaria y emergencias.
Así lo sostiene la neumóloga internista Evangelina Soler, quien advierte que “muchas veces quienes reciben a los pacientes no son emergenciólogos ni especialistas”.
Explica que numerosos casos de neumonía podrían tratarse de manera ambulatoria, pero terminan hospitalizados por falta de criterios adecuados de evaluación o porque las aseguradoras no cubren medicamentos inhalados que permitirían estabilizar al paciente desde la emergencia.
“Muchas veces el propio seguro termina obligando al ingreso”, aseguró.
También señala que muchos pacientes llegan tarde a consulta tras automedicarse o buscar recomendaciones informales en farmacias.
“El paciente también tiene responsabilidadcuando deja avanzar el cuadro clínico”, comentó.
Soler advierte además sobre el impacto de la obesidad en las complicaciones respiratorias. “La obesidad es un factor de riesgo que compromete seriamente la salud de la población”.
La especialista considera necesario abrir espacios de diálogo entre aseguradoras, clínicas, gremios médicos y autoridades para corregir distorsiones del sistema.
Las enfermedades gastrointestinales reflejan otro rostro de la crisis preventiva. Así lo consideran las gastroenterólogas Yldalina Pichardo y Kirsis Romero.
“La campaña de prevención tiene que ser la meta del sistema de salud”, afirmó Romero. “Si tuviéramos un esquema de prevención más efectivo, muchos de esos ingresos podrían evitarse”.
La especialista explica que numerosos pacientes llegan a emergencias tras varios días de diarrea y deshidratación severa, luego de automedicarse o consumir alimentos manipulados en condiciones sanitarias deficientes.
“Cuando llegan al centro médico ya no es una gastroenteritis común, sino un cuadro con factores añadidos que obliga a hospitalizar”, expresó.
Por igual, Pichardo sostiene que estas hospitalizaciones reflejan debilidades estructurales relacionadas con saneamiento, agua potable, seguridad alimentaria y atención primaria.
“Que continúe generando tantas hospitalizaciones refleja problemas de acceso a atención primaria, consultas tardías y deficiencias en prevención comunitaria”, lamentó.
También indicó que muchas personas llegan a los centros cuando ya presentan deshidratación severa y otros desequilibrios importantes.
“Muchos ingresos hospitalarios ocurren no porque la infección sea tan grave, sino porque el paciente llega tarde”.
En Las Lagunas y Los Fríos, dos montañosos distritos municipales de Padre Las Casas, en Azua, enclavados en la Cordillera Central, la construcción de tres planteles avanza con marcada lentitud. En conjunto, las obras acumulan casi cuatro décadas desde su inicio y aún no existe una fecha definida de entrega.
Los estudiantes reciben el pan de la enseñanza carente de los nutrientes educativos esenciales, debido a no poder completar el programa académico de su ciclo. La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) atribuye la dilación al clima adverso, problemas de salud de un ingeniero y a que no hay “más información del contratista”.
En Los Fríos, ubicada a más de 1,500 metros sobre el nivel del mar, el liceo Hilario Santos de León lleva 13 años en construcción y apenas están los muros de contención y dos edificios, que todavía tienen la madera usada en el vaciado del plato, la cual luce inservible. Cuando Diario Libre visitó el lugar, apenas había dos obreros.
Mientras tanto, 127 estudiantes reciben docencia en un local que anteriormente albergaba la escuela rural y que, tras su construcción, cedió el local para el liceo. Allí, los alumnos permanecen hacinados, hacen sus necesidades en letrinas y, lo peor, no hay docencia en las asignaturas complementarias, como idiomas.
Cuando llueve la docencia también se interrumpe, añade. “Y lo peor es que no sabemos cuándo va a finalizar el nuevo plantel”, lamenta el educador.
“Seguimos dando clase en condiciones deplorables”, se queja el profesor Américo Delgado, mientras que su colega Rafelina Delgado agrega que los alumnos tampoco reciben el suministro escolar.
Según explican los docentes, el liceo está detenido porque el presupuesto se agotó en la nivelación del solar. La contratista Sandra Vargas confirmó que la obra fue presupuestada en 53 millones de pesos, pero solo la ejecución de los muros absorbió 50 millones. La ingeniera proyecta entregar el plantel en 2027.
La DIE reconoció los retrasos y los atribuyó a “condiciones climáticas adversas, específicamente a las lluvias”. Asimismo, informó que hace dos meses entregó a la contratista 20 millones de pesos para ejecutar otra cubicación.
El liceo, de concluirse, beneficiará no solo a los estudiantes de la comunidad cabecera, sino también a los de El Montazo, Los Guayuyos, La Cucarita, Las Lajas y Los Montacitos.
Esta última sección, aunque pertenece al distrito municipal de Arroyo Cano, provincia San Juan, envía a sus estudiantes a Los Fríos por la cercanía, pese a que forma parte de un distrito educativo de Azua.
Entre las amenidades que tendrán, según detalló la ingeniera Sandra Vargas, habrá tres edificios -dos de docencia y uno administrativo-, comedor para 125 estudiantes simultáneamente, cancha, rampa para niños en condiciones especiales y otras amenidades.
En Las Lagunas, el liceo Valentín García también tiene 13 años en construcción y sus terrenos están cubiertos de maleza. Los 70 estudiantes reciben docencia divididos en dos turnos, en el local de madera y zinc prestado por de una iglesia, el cual tendrá que devolver este año.
El director Efrend de León Vicente califica la situación como “difícil” y advierte, además, que para el próximo año escolar el panorama podría agravarse, ya que la matrícula aumentaría a unos 100 estudiantes.
Según respondió la DIE, el presupuesto del liceo de Las Lagunas es de 38.9 millones de pesos. De esos, la última cubicación pagada fue el 6 de junio del 2025, por 8.7 millones de pesos, y fue completada el 27 de octubre del 2025.
En el mes de diciembre pasado, el ingeniero a cargo presentó problemas de salud. Y, en la última supervisión del ingeniero Hipólito Capano, encargado de la región de Valdesia, confirmó que los trabajos van a un ritmo lento.
En Las Cañitas, una remota comunidad agrícola ubicada a 26.7 kilómetros de Padre Las Casas y a 36.2 de Constanza, enclavada en un verdoso valle de la cordillera Central, un plantel educativo lleva 20 años en construcción. Por esa situación los pobladores exigen su pronta terminación.
La escuela fue anunciada en julio de 2006, junto a una clínica rural, con una inversión de 15 millones de pesos como parte del “Proyecto Cordillera” del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi). Sin embargo, su construcción no se inició hasta 2010. Aunque una parte de la obra fue concluida, aún falta un edificio de dos niveles.
Para no interrumpir el año escolar, los niños reciben docencia en la parte más adecuada del plantel. Sin embargo, los residentes denuncian que el techo presenta un progresivo deterioro y temen que pueda colapsar sobre los alumnos. El centro resulta esencial, ya que acoge a estudiantes provenientes de secciones más alejadas.
“No quiero que se le caiga una pared a uno de mis nietos”, expresa Mercedes de los Santos, residente de Las Cañitas durante sus 50 años de edad, quien además aprovecha para solicitar el nombramiento de una enfermera para la comunidad. “Que el presidente recuerde que existe una ‘Cañita’”, añade.
Esa mañana no hubo docencia debido a que la noche anterior estuvo lloviendo y la parte frontal del recinto se inundó. Eso también provoca la suspensión de las clases. “Aquí solo vienen a buscar los votos y después se olvidan de nosotros… Hace falta mucho, pero lo principal es ese centro. Necesitamos que lo terminen”, agrega Tirzo de los Santos, de 67 años.
En febrero de 2024, el Gobierno inauguró, entre el distrito municipal de Arroyo Cano y el municipio de Bohechío, una extensión de la Universidad ISA. Con un currículo adaptado a la zona con carreras técnicas agrícolas, esta extensión no solo beneficia a los estudiantes de la cordillera Central, sino también a toda la región Sur.
Sin embargo, si primero no se terminan los liceos, los bachilleres llegarán a la universidad con vacíos académicos, advierte Santa Gabriela Aybar, comunitaria de 35 años y madre de dos estudiantes.
“Si es un niño de 14 años y no cuenta con un buen liceo donde estudiar, donde pasar el tiempo y donde aprender, ¿qué le queda?”, se cuestiona. “Es un daño que nos están haciendo al dejar ese liceo abandonado”.
A lo largo de los años, los residentes de las comunidades de la cordillera Central han protestado para que el Gobierno les garantice, al menos, servicios básicos como centros de salud, educación y caminos vecinales en condiciones adecuadas.
La construcción de edificios residenciales y plazas de gran extensión es lo primero que salta a la vista al llegar a Verón-Punta Cana, gracias al auge inmobiliario que ha aupado su éxito turístico. Este dinamismo contrasta con lo que le espera al visitante que se adentra en su casco urbano. Allí hay estrechas calles entaponadas de doble carril, negocios hacinados que conviven con el polvo de calles sin asfaltar y edificios cada vez más próximos a empresas industriales.
Estos son apenas algunos de los síntomas de una expansión urbana que terminó excediendo la gestión de un distrito municipal carente de un plan de ordenamiento territorial cuyo anteproyecto, en fase final, se espera sea presentado el próximo 20 de mayo.
“Al crecer tan rápido, la capacidad de respuesta en términos de infraestructura turística no ha sido suficientes”, reconoció el encargado de Planificación del Distrito Municipal de Verón-Punta Cana, Juan Carlos Sánchez.
La generación de empleos y la atracción de inversiones en la zona incentivó con fuerza la inmigración hacia Verón-Punta Cana desde Higüey, La Otra Banda y otras demarcaciones de distintas provincias del país, triplicando la población en poco más de una década.
Para el 2010, la población era de tan solo 43,982 habitantes que ocupaban unas 17,230 viviendas, con las piezas de cuartería o en la parte trasera de una edificación las unidades más comunes, representando 5,407 unidades. La realidad ahora es muy distinta; el censo del 2022 contabiliza a 138,919 residentes -un 215.85 % más - y hasta 59,828 residencias, predominantemente apartamentos (27,477 unidades).
“Aquí se está creciendo entre un 8 % y un 12 % en habitantes anualmente”, aseveró el presidente de la Asociación de Desarrolladores y Constructores de la provincia La Altagracia (Adecla), Mario Betances.
La expansión vertiginosa de personas sobre el territorio es tal que las autoridades municipales dudan de esta cifra. Para Sánchez, deben superar las 150,000 personas y para el presidente del Consejo de Regidores, Uridy Marte, las 200,000.
Recientemente, el Senado aprobó una resolución sometida por el representante de la Altagracia en la Cámara Alta, Rafael Barón Duluc, para instruir a la Oficina Nacional de Estadística (ONE) un censo especial y exclusivo para esta provincia, y así contar con datos más cercanos a lo que creen es la realidad.
Precisar estos datos es clave para evaluar el presupuesto que necesita Verón frente a la demanda de servicios como la recogida de basura, la supervisión de más proyectos en construcción o el asfaltado de más de 1,900 kilómetros lineales de calles terciarias en sectores donde predominan las vías de tierra y caliche.
Pero no solo se trata de mejorar las condiciones de vida de los residentes, sino de garantizar la sostenibilidad de un destino turístico que concentra las visitas de hasta 700,000 turistas en un solo mes, además de propietarios y extranjeros que tienen allí su segunda vivienda.
Cantidad, en kilómetros lineales, de vías que faltan por asfaltar dentro del casco urbano del distrito municipal de Verón.
Aunque la población creció, no todos han podido desarrollarse de manera equitativa. Esto se refleja en la ubicación de las viviendas, el acceso a servicios básicos y la calidad de parte de las edificaciones.
Durante un recorrido dentro y fuera del casco urbano de Verón, Diario Librepudo observar numerosas construcciones de torres de apartamentos próximas a industrias, hormigoneras, estaciones de gasolina o negocios informales en condiciones de hacinamiento, lo que evidencia inconsistencias en el uso de suelo.
Históricamente, el otorgamiento del permiso de usos de suelo era responsabilidad de la alcaldía de Higüey. No ha sido sino hasta enero de este año, tras una resolución emitida por el Ministerio de la Presidencia para facilitar el cumplimiento del anteproyecto del plan de ordenamiento territorial, que ahora esas atribuciones pasaron directamente al distrito municipal, recordó Sánchez.
“La ley de municipios establece que, aunque los directores y vocales tengan las mismas funciones que los concejales y alcaldes de los municipios, tenemos que rendirles cuentas a ellos; esto creó una interdependencia que nos afectó mucho”, subrayó.
A esto se suma la tendencia de propietarios que lotificaron sus tierras sin planificación previa, expandiendo comunidades en gran parte del entorno turístico, reconoció el presidente del Consejo de Regidores, Uridy Marte.
“Como no ha habido un plan, algo realmente trazado con pautas claras sobre desarrollo urbanístico, las personas han vendido sus tierras y aquellos que se han ido trasladando a vivir para acá hacían su casa y un séptico”, lamentó el regidor, quien advirtió sobre los riesgos ambientales y sanitarios.
Esto también permitió la construcción de viviendas vulnerables ante eventos climáticos.
De acuerdo con la ONE, el 20.95 % de las viviendas registradas en Verón-Punta Cana fueron construidas con materiales de baja calidad como zinc, tablas de palma, cartón, plywood y materiales de desecho. Además, el zinc estuvo presente en el 34.27 % de los techos registrados.
Del otro lado de esta realidad, están lo que las autoridades locales llaman “islas”: grandes condominios habilitados con todos los servicios para sus residentes, tanto para asegurar su plusvalía como para cobrar estos servicios de manera adicional.
“Aquí hay zonas que nosotros tenemos que pedir permiso para entrar; un archipiélago de comunidades y barrios cerrados que todos conectan a las pocas arterias que tenemos”, describió Sánchez.
Como uno de los pioneros en el desarrollo inmobiliario turístico de la zona, Frank Rainieri, chairman of the board del Grupo Puntacana, deploró cómo algunos empresarios han construido “mastodontes” en áreas de Punta Cana que presionan servicios básicos tan encarecidos como el agua.
“No puede ser que cada uno quiera coger una finca, tirar caliche y decir que está haciendo una urbanización; eso no es posible”, lamentó, tras tildar esa situación de insostenible.
El presidente de Adecla coincide con estas afirmaciones y considera que los desarrolladores tienen la responsabilidad de pensar y cuidar el destino turístico, lo que incluye invertir en infraestructura en los proyectos que, por su tamaño, pueden asumir esos costos.
“Yo estoy seguro que los desarrolladores serios estarían dispuestos a hacer la inversión para que sus proyectos salgan bien, pero tiene que haber un acuerdo, una alianza (con el Gobierno), tienen que haber condiciones; no es que yo voy a asumir ahora la responsabilidad del Estado, pues no es verdad que ningún proyecto puede ser eficiente si tiene que hacer toda esa inversión”, ponderó Mario Betances.
Ha sido la colaboración público-privada la que ha permitido la construcción de infraestructuras viales importantes –como la autopista del Coral en su momento y, recientemente, el elevado del Bulevar Turístico del Este–, observó el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), Juan Bancalari.
“Aunque vamos muy de la mano con el Gobierno en la parte de infraestructura, hay que tener orden y regulaciones; el ordenamiento territorial es vital en la zona turística”, enfatizó.
“¡Espérate muchacho! ¡Ven, coge para acá!”, gritó una estudiante a su compañero al salir de la Secundaria Francisco del Rosario Sánchez para advertirle de una fila de motoristas –entre ellos un delivery y un mototaxi– que hicieron de la acera un carril alterno para atajar el tapón de las 4:00 de la tarde.
El tránsito ha sido una de las consecuencias más visibles de la expansión urbana sin planificación.
En hora pico, recorrer los ocho kilómetros entre el centro de Verón y el Bulevar Turístico del Este puede tomar cerca de 30 minutos, más del doble del tiempo habitual sin congestionamiento.
La predominancia de calles estrechas de doble vía y sin señalización, sumada a la falta de agentes de tránsito y de un sistema eficiente de transporte colectivo, agrava la movilidad, aseguró Sánchez.
“Aquí hay una ruta de transporte interurbano y urbano, que son guagüitas muy pequeñas que no tienen ruta definida, ni corredores y van metiéndose por los caminos. Eso ya tiene que cambiar; se necesita también un sistema de transporte colectivo”, enfatizó.
De los 6,640,871 vehículos de motor que circularon en la República Dominicana en el 2025, 221,563 circularon en la Provincia La Altagracia, lo que la convierte en la sexta provincia con mayor parque vehicular en el país, tras un crecimiento de 9.80 % con relación a las 201,788 unidades registradas en el 2024.
De acuerdo a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) –cuyo informe solo ofrece los datos por provincia sin detallar las unidades presentes por municipio o distrito municipal– en La Altagracia predominaron los motores el año pasado (con 146,420 unidades), seguido de los jeep (25,329) y los automóviles (24,992).
Para la directora ejecutiva de la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave), Yris Nelsi González, el desorden del tráfico vehicular en Punta Cana es un ejemplo más de la falta de planificación y seguimiento a las iniciativas públicas que buscan agilizar la experiencia al volante, así como el incumplimiento de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
“Todo obedece a una falta de planeación inicial, tipo sistema, tomando en consideración la demanda de cada localidad; es un ejemplo más de que tenemos que abocarnos a un sistema pensado, analizado, planificado y fluido; mientras sigamos identificando supuestas soluciones tipo parches que no evalúan el sistema en sentido general, vamos a seguir teniendo las mismas soluciones”, observó.
Como Verón-Punta Cana carece de un acueducto, la escasez de agua es una problemática constante que lleva, tanto a los residentes como a los desarrolladores inmobiliarios a depender de dos métodos para abastecerse del recurso: la instalación de pozos tubulares y la compra a camiones cisterna.
El director regional del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) en el este, Lenin Carpio, espera que la demarcación finalmente inicie la construcción de un acueducto el próximo año, como parte de un contrato de préstamo por 400 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para proyectos de agua potable y saneamiento en esta demarcación.Esto eliminaría, el riesgo de sobreexplotación del agua del subsuelo que ya generan los pozos tubulares, reduciría la posible contaminación por el contacto con aguas residuales y pluviales y reduciría la demanda de pozos tubulares, muchos de los cuales se construyen al margen de los permisos que deben ser otorgados por Inapa.
El director municipal de Verón-Punta Cana, Ramón (Manolito) Ramírez, aseguró a Diario Libre que el próximo 20 de mayose presentará el anteproyecto del plan de ordenamiento territorialde la demarcación.
La iniciativa -comenzada en 2022, año en que se aprobó la Ley 368-22 de Ordenamiento, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos- empezará una fase final de vistas públicas, con el objetivo de socializarlo con todos los actores implicados en el distrito para realizar cualquier ajuste final.
Para el encargado de Planificación del Distrito, Juan Carlos Sánchez, el plan de ordenamiento -que ya ha sido revisado dos veces y cuenta con apoyo intersectorial-, permitirá distinguir los suelos urbanizables de aquellos que no lo sony someter a revisión los permisos de uso de suelo otorgados por Higüey para su readecuación a las nuevas normativas.
De igual modo, procurará la resolución de conflictos de uso de suelo en zonas con riesgo ambiental-como humedales, lagunas y litoral costero-, establecerá reglas más claras y transparentes e influirá con la cantidad de recursos económicos y humanos necesarios que deben asignarse para ejecutar este plan, aparte del presupuestoque maneja el distrito municipal,estimado en 700 millones de pesos al cierre del 2026.
Un enfrentamiento a tiros entre agentes policiales y presuntos delincuentes dejó como resultado un sargento de la Policía Nacional y dos hombres muertos durante un operativo realizado la madrugada de este domingo en el sector La Joya, kilómetro 14 de la Autopista Duarte, informó hoy la institución.
Un video del tiroteo circula en las redes sociales.
El agente fallecido fue identificado como el sargento Adolfo Miguel Mella Brito, quien participaba en un operativo junto a miembros de la Subdirección Regional de Investigación, Policía Preventiva, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y unidades Lince, refirió la Policía en una nota de prensa.
Según el informe preliminar, las patrullas realizaban labores preventivas en la zona cuando fueron atacadas a tiros por Jorge Raylin, alias “el Menor”, y Luis Javier Gregorio de la Cruz, alias “Patica” y “Flaco Gatillo”.
En el hecho también resultó herido el raso Arturo Morillo Prinston, así como el ciudadano José Manuel Capellán Suárez, quienes reciben atenciones médicas.
Las autoridades ocuparon dos pistolas calibre 9 milímetros que portaban los fallecidos y que habrían sido utilizadas durante el enfrentamiento.
La institución indicó además que un tercer implicado, identificado como “Riki”, logró escapar y permanece prófugo. De acuerdo con las investigaciones, el hombre se encontraba evadido de un centro penitenciario donde cumplía condena por homicidio.
Miembros de la Policía Científica realizaron el levantamiento de evidencias balísticas en la escena, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el caso y localizar al prófugo.
El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este domingo "totalmente inaceptable" la respuesta de Irán a la de Estados Unidos.
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmó en un discurso en Islamabad ante la cúpula militar y política del país que el mariscal de campo Asim Munir le comunicó la recepción del documento iraní, pero evitó entrar en detalles sobre el contenido.
Washington esperaba recibir esta misiva durante el fin de semana para decidir si mantiene la tregua iniciada el 8 de abril o si, por el contrario, reanuda las hostilidades ante la falta de avances en el desmantelamiento del programa de enriquecimiento de uranio iraní.
Trump insistió en una entrevista divulgada este domingo por el programa "Full Measure", aunque grabada durante la semana, en que Irán ha sido "derrotado" pero "eso no significa que estén acabados", y amenazó con atacar más "objetivo.
Las aceras son espacios públicos destinados exclusivamente al tránsito, la movilidad y la seguridad de los peatones, permitiendo que estos puedan desplazarse con seguridad. Y la Ley 63-17 sobre Movilidad y Tránsito establece que no son áreas de parqueo, ventas de negocios ni propiedad privada.
A pesar de ello, durante un recorrido realizado por Diario Libre se pudo constatar que en sectores como Maquiteria, Los Mameyes, San Isidro y Villa Duarte es muy común encontrar aceras obstruidas por negocios y residentes de la zona.
Además de negocios de venta de ropa, también se observó cómo las aceras son ocupadas por materiales de construcción, motocicletas, puestos de comida callejera y artículos de ferretería.
Esta situación impide que los peatones puedan circular libremente y en muchos casos los obliga a utilizar las calles, exponiéndolos a riesgos para su seguridad.
En la avenida 25 de Febrero, por ejemplo, gran parte de las aceras han sido convertidas en extensiones de negocios, con mercancías colocadas directamente sobre el espacio destinado a los peatones.
Situaciones similares se repiten en otros sectores, como la calle Jacinto de los Santos, en Los Mameyes, donde muebles, maniquíes con ropa y contenedores de basura obstaculizan el paso de quienes transitan por la zona.
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Dinámicas similares se observan también en la calle Costa Rica, en el Ensanche Ozama; La Calle Real, en Villa Duarte; y la autopista Coronel Tomás Fernández Domínguez, en San Isidro.
Graciano Céspedes, residente desde hace más de cuatro décadas frente a la avenida 25 de Febrero, explicó que la ocupación de las aceras por vehículos y negocios ha sido una problemática constante en la zona y que, pese a los intentos de las autoridades por controlarla, la situación persiste.
Según comentó, una de las principales razones es la falta de espacios de parqueo en muchas viviendas del sector, lo que lleva a los residentes a dejar sus vehículos estacionados frente a sus casas.
“Yo vivo en este sector desde 1980. Tengo mi vehículo parqueado aquí y amanece ahí porque no tengo parqueo”, expresó Céspedes.
Asimismo, señaló que en ocasiones agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) intervienen para mover los vehículos que obstruyen el paso, especialmente durante las mañanas, cuando aumenta el flujo vehicular y peatonal en la zona.
Todas estas prácticas infringen lo establecido en la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. En su artículo 237, la normativa incluye las aceras entre las principales áreas donde está prohibido estacionar o detener vehículos.
Asimismo, el artículo 19 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios establece como competencias de los ayuntamientos la regulación y gestión de los espacios públicos, el ordenamiento del tránsito y la construcción y conservación de infraestructuras urbanas.
La legislación también atribuye a las autoridades la responsabilidad de construir, mantener y garantizar el adecuado uso de aceras, contenes y vías públicas, además de velar por la organización y protección de los espacios de uso común.
Miembros del Ministerio Público y del Departamento de Prófugos de la Policía Nacional, adscritos al Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos contra la Propiedad de la Fiscalía del Distrito Nacional, persiguen de manera activa a un ex empleado privado, acusado de robar 60 millones de pesos mediante la modalidad de intervenir varias cuentas bancarias de la empresa donde trabajaba, para luego transferir el dinero a sus cuentas personales y después distribuirlo entre unas 113 personas para que estas luego les entregaran el dinero a cambio de un porcentaje.
Una nota de prensa del Poder Judicial dice que Juan Luis Valdez Cascante "logró realizar múltiples transferencias bancarias primero a sus cuentas personales y luego las distribuyó entre unas 113 personas para que estas luego les entregaran el dinero la mayoría de veces a cambio de un porcentaje".
El nombre de la entidad bancaria no fue suministrado.
Las autoridades indicaron que el imputado utilizó la modalidad conocida como “pitufeo”, una práctica que consiste en realizar múltiples transferencias de montos pequeños para evitar alertas y controles bancarios.
Contra Valdez Cascante pesa la orden de arresto No. 2025-AJ0015030, emitida el 11 de marzo de 2025 por la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.
El Ministerio Público sostiene que el acusado actuó junto a otros implicados aún bajo investigación, quienes también habrían resultado beneficiados de las operaciones fraudulentas.
El ex empleado enfrenta acusaciones por robo asalariado, asociación de malhechores y violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Según las autoridades, el imputado se ha mantenido oculto entre Bávaro, Punta Cana y Santiago de los Caballeros, zonas donde residen familiares cercanos.
