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Si eres cliente de una de las tres empresas distribuidoras de electricidad (EDE) y de los que se fijan en los elementos que contiene la factura, probablemente habrás notado que a partir de marzo le fue incluido dos nuevos conceptos: “importe sin subsidio” e “importe subsidiado”.
Tanto Edenorte, Edesur y Edeeste incluyeron en el documento por el servicio el monto que pagaría el usuario sin el subsidio que aporta el Estado y el balance final que debe desembolsar por el servicio brindado.
En la factura de una cliente de Edesur, con período de facturación del 13 de marzo al 13 de abril, por la cual debía pagar 5,992.91 pesos sin el “importe total sin subsidio”, con el aporte del Gobierno de 2,661 pesos la usuaria terminó debiendo 3,331.91 pesos.
De igual forma, un usuario de Edeeste, por cuya factura del 20 de abril de este año debía pagar sin el importe 3,052.58 pesos, con el subsidio estatal, que ascendió a 1,770.96 pesos, finalizó con un saldo pendiente a pago de 1,281.62.
El dirigente político del opositor partido Fuerza del Pueblo, Roberto Rosario, reveló que, de acuerdo con informaciones, la medida de incluir ambos conceptos en la factura es para plantear la eliminación del subsidio a partir de junio próximo.
“Es decir, le está anunciando (el Gobierno) de cuánto será su aumento y mientras tanto nos entretiene con el supuesto diálogo (por la crisis derivada de la guerra en Medio Oriente)”, declaró Rosario.
El presidente de la República, Luis Abinader, adelantó en un discurso a la nación el pasado marzo que el país registraría presiones sobre la tarifa eléctrica, como resultado del impacto por el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán.
Entre enero y febrero de 2026 el Estado destinó 151.4 millones de dólares para el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica (FETE), 16.8 millones de dólares adicionales a los destinados para ese concepto en igual período del año pasado.
Solo durante el 2025, el FETE consumió 827.5 millones de dólares de los contribuyentes, de acuerdo con los reportes del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Recientemente, la agencia calificadora Fitch Rating redujo la perspectiva del país, pasándola de positiva a estable, aunque mantuvo la calificación en ‘BB-’.
Sin embargo, Fitch sostuvo que la calificación de crédito soberana se ve limitada, entre otros factores, por la subvención de un sector eléctrico deficitario.
Las tres empresas públicas distribuidoras de electricidad dejaron de cobrar 181.9 millones de dólares durante el período enero-febrero, como resultado de compra de energía a los generadores por 480.8 millones de dólares, de cuyo monto facturaron 308.5 millones y recuperando por pago de los usuarios solo 298.9 millones de dólares, según el informe del MEM.
A partir de agosto entrará en vigencia la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal y amplía significativamente el alcance de la responsabilidad penal de las personas jurídicas —empresas, asociaciones comerciales y fundaciones—, así como la de sus propietarios, gerentes y otros de sus representantes.
La normativa establece que los propietarios y gerentes de las empresas podrán enfrentar condenas de hasta cinco años de prisión por actos u omisiones derivados de imprudencia o negligencia que ocasionen daños o la muerte de personas.
Hasta ahora, solo leyes especiales en áreas específicas —como la protección del medio ambiente— contemplaban sanciones penales para propietarios, administradores y directivos empresariales.
El párrafo VII del artículo 8 del nuevo Código dispone que una persona jurídica será penalmente responsable si se comprueba que la acción u omisión atribuible a ella fue producto de imprudencia, negligencia, inadvertencia, inobservancia de reglamentos o violación del deber de cuidado.
No obstante, dicha responsabilidad podrá ser atenuada o sometida a soluciones alternas —como períodos de prueba— si la empresa demuestra que contaba con políticas y programas efectivos, verificables y medibles de cumplimiento normativo y prevención de infracciones.
Al disponer la sanción penal a quienes por torpeza, imprudencia o negligencia causen decesos, la Ley 74-25 también establece, en su artículo 112, que “el propietario, o la persona que ostente la posesión o el dominio, de un inmueble o instalación destinado a la operación de comercio, espectáculos de cualquier naturaleza, aparcamiento de vehículos, hospedaje” serán también sancionados hasta con diez años de cárcel.
La pena se impondrá cuando provoque la muerte de “más de cinco personas” al realizar ampliaciones violando las normativas que lo obligan a introducir las reparaciones que sean necesarias y a observar regulaciones específicas de construcción y seguridad física.
El abogado Miguel Valerio, quien es director académico del Instituto VJR Orwell Centro de Pensamiento para la Libertad, explica que un propietario o gerente solo enfrentará sanciones penales si se demuestra una actuación conjunta con la empresa en la comisión de la infracción. En caso contrario, recaería exclusivamente en la persona jurídica.
Por su parte, el jurista Robinson Reyes señala que quienes realmente administran y ejecutan las operaciones son los principales responsables, ya que sus firmas figuran en documentos de la empresa. Ambos dicen que, entre las sanciones más severas para las personas jurídicas se encuentra su disolución. También pueden imponer su suspensión temporal.
El nuevo código “institucionaliza la responsabilidad penal de la empresa y ya el propietario, el empresario, el presidente del Consejo, no necesariamente debe responder por la persona jurídica”, asevera Valerio.
Según este penalista, la Ley 74-25 exige a las empresas implementar sistemas eficaces de gestión de riesgos penales y programas de cumplimiento normativo.
Cita el ejemplo de que, una empresa exime su responsabilidad penal cuando uno de sus empleados, mediante maniobras fraudulentas burla el sistema de cumplimiento y la compañía no tiene posibilidad alguna de detectarlo, pero que, inmediatamente se percata de la infracción, los directivos denuncian al responsable del delito.
El hallazgo de un bebé la pasada semana, frente a una vivienda en el kilómetro 11 de la avenida Independencia, en el Distrito Nacional, activó el protocolo estatal de una carrera que desde ya empieza a definir su futuro.
Aunque el infante se encuentra bajo la custodia del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), su estabilidad física es solo el primer paso de un proceso que busca rescatarlo del anonimato legal.
¿Qué sigue?
Cuando un menor es hallado en la vía pública sin referentes familiares, el Estado dominicano inicia un proceso legal y administrativo que busca garantizar su derecho a la identidad y a una familia.
Según informaciones obtenidas del encargado del Departamento de Gestión Territorial del Conani, Edwin Ceballos, el protocolo se divide en varias etapas.
Evaluación médica y retención: normalmente, el centro de salud al que se traslada el menor emite un informe clínico y se contacta con el Ministerio Público, quien emite una orden de retención para evitar que el infante sea entregado a personas no autorizadas.
Investigación de campo: durante los primeros tres meses, se realizan levantamientos consecutivos de trabajo social. Se indaga en el entorno donde apareció el niño, hospitales y cuarteles.
"Se hacen tres levantamientos consecutivos mes por mes. Esto va abultando todo el expediente a los fines de que se verifique la existencia o no de algún referente familiar. Se realizan a los fines de ir recibiendo información oportuna", dijo.
Expediente de declaratoria de abandono: Si tras las investigaciones no aparece la familia biológica, el Departamento de Protección Legal del Conani apodera al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes.
Al niño se le asigna un nombre de forma provisional y, tras la sentencia de abandono, el tribunal autoriza al Conani a dotarlo de un acta de nacimiento para garantizar su derecho a la nacionalidad.
Los menores en esta situación que ingresan al sistema lo hacen bajo la categoría de “protección”.
La condición de “abandono” es un estatus jurídico que solo adquiere el menor una vez que un tribunal emite una sentencia definitiva, después de agotar todas las vías. Este proceso busca evitar declaratorias de abandono innecesarias que puedan vulnerar el derecho del niño a permanecer con su familia biológica.
El municipio Salvaleón de Higüey, principal centro urbano de la provincia La Altagracia, experimenta un crecimiento acelerado que, aunque refleja dinamismo económico, también evidencia una creciente presión sobre su capacidad territorial, los servicios básicos y la planificación urbana.
De acuerdo con el informe “Expansión de las comunidades urbanas de La Altagracia, República Dominicana 1988-2022”, el distrito de Higüey concentra el 52.09 % de todas las edificaciones de la provincia. Además, el 81.29 % de las viviendas se ubica en zonas urbanas, lo que confirma un alto nivel de centralización poblacional en un distrito de más de 234,000 habitantes, según el Censo de Población y Viviendas de 2022.
Este crecimiento se traduce en una elevada densidad habitacional. La ciudad registra 1,511.87 viviendas por kilómetro cuadrado, cifra que casi duplica el promedio provincial de 805.60 viviendas/km², evidenciando una fuerte presión sobre el espacio urbano y los servicios públicos.
El territorio urbanizado de Higüey ha crecido de manera significativa en las últimas décadas. En 1988 contaba con apenas 1.97 km², aumentando a 17.80 km² en 2010 y alcanzando 22.12 km² en 2022, lo que representa un incremento superior al 1,022 % en 34 años.
En total, la ciudad se expandió 20.15 km², siendo el período entre 1988 y 2010 el de mayor crecimiento, con 15.83 km² adicionales. En cambio, entre 2010 y 2022 el aumento fue de 4.32 km², reflejando una desaceleración en el ritmo de expansión.
La velocidad de crecimiento también ha variado: pasó de 0.72 km² por año entre 1988 y 2010 a 0.36 km² anuales en el período más reciente, lo que indica una moderación en la ocupación del suelo, aunque el crecimiento continúa.
El patrón de crecimiento urbano ha evolucionado de una expansión inicial hacia el oeste a un comportamiento multidireccional, extendiéndose hacia el norte, sur y suroeste, lo que sugiere una dinámica menos planificada y más dispersa.
A nivel interno, sectores como Pepe Rosario, Pueblo Nuevo y Los Coquitos presentan las mayores concentraciones de viviendas, mientras que comunidades como Cambelén y Batey Estante Alto mantienen densidades más bajas, reflejando desigualdades en la distribución urbana.
El informe atribuye este crecimiento al aumento poblacional, el desarrollo económico del este y la expansión de actividades comerciales y de servicios, aunque advierte sobre los desafíos en planificación, infraestructura y acceso a servicios básicos.
El arquitecto Cirio Valdez advierte que el crecimiento urbano de Higüey no solo es acelerado, sino también desorganizado, debido a la débil aplicación de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial.
Según explica, aunque la normativa busca regular el uso del suelo, promover la densificación ordenada y garantizar la planificación de infraestructuras, su implementación ha sido lenta, lo que ha permitido la proliferación de proyectos habitacionales sin servicios básicos.
Grandes extensiones de terreno están siendo subdivididas y vendidas como solares sin garantizar agua potable, drenaje sanitario, electrificación, aceras o contenes, especialmente en zonas cercanas a la carretera Higüey–El Seibo y la Autovía del Coral.
Asimismo, señala que el modelo de expansión horizontal incrementa la presión sobre servicios como la recolección de residuos, el suministro de agua, el drenaje pluvial y la movilidad urbana, situación visible en comunidades como Villacerro, La Malena y La Tranquera.
Valdez también advierte la falta de una zonificación clara, lo que ha permitido construcciones en áreas vulnerables, incluyendo humedales y zonas propensas a inundaciones, además de limitar la creación de espacios públicos y áreas verdes.
A mediano y largo plazo, sostiene que este modelo de crecimiento podría derivar en colapso de servicios, inundaciones urbanas y mayor desigualdad territorial. “El problema ya existe, ahora toca organizarlo”, afirma.
Al ser consultado sobre si el municipio cuenta con un plan de ordenamiento territorial actualizado, el jurídico del Ayuntamiento de Higüey y municipalista, Manuel Alejandro Chevalier, explica que, por el momento, solo la zona turística dispone de esa herramienta.
Indica que el área de Verón-Bávaro-Punta Cana ya cuenta con un plan de ordenamiento territorial, mientras que para el resto del municipio aún se trabaja en ese proceso junto al Ministerio de Hacienda y Economía, entre otros organismos competentes.
“Desde la alcaldía se hace lo que corresponde. Estamos tratando de frenar los asentamientos desorganizados y regular a los desarrolladores de terrenos, cuya proliferación ha aumentado debido a la alta demanda habitacional provocada por la explosión demográfica”, sostiene. No obstante, reconoce que esas medidas resultan insuficientes sin un plan formal alineado con la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Chevalier también señala que existe una “deuda social inmensa con el municipio de Higüey”. Entre las principales carencias cita un acueducto inconcluso desde hace unos 14 o 15 años, deficiencias en drenaje y alcantarillado —actualmente en proceso de licitación con financiamiento internacional— e infraestructura vial insuficiente para el crecimiento del parque vehicular.
Como ejemplo de los esfuerzos recientes, menciona la intervención del arroyo Cagüero, una de las principales vías fluviales de la ciudad, que no había sido saneada en más de 25 años y estaba gravemente afectada por la acumulación de desechos sólidos.
De cara a los próximos años, sostiene que la prioridad es garantizar el derecho a la ciudad, lo que implica enfrentar el tránsito vehicular, que califica de caótico, mejorar el acceso al agua potable y desarrollar sistemas adecuados de drenaje y tratamiento de aguas residuales.
Advierte que, de no mejorar las condiciones de vida, la población tenderá a desplazarse hacia el polo turístico, generando desequilibrios territoriales.
“Higüey debe consolidarse como la ciudad que sostiene la mano de obra del polo turístico, pero con condiciones dignas para su gente. De lo contrario, el crecimiento desordenado seguirá agravando los problemas existentes”, advierte.
El abuso sexual contra menores en República Dominicana evidencia una de las expresiones más alarmantes de la violencia infantil. Hay cientos de denuncias cada año, un repunte reciente en los casos y un patrón persistente que afecta, ante todo, a niñas y adolescentes.
Detrás de las cifras oficiales —ya de por sí inquietantes— se esconde una realidad más amplia y menos visible. Una que marca el silencio, el subregistro y la cercanía entre víctimas y agresores, pero que también evidencia la dimensión estructural de un problema aún lejos de poder frenarlo.
En 2025, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), atendió 27,421 casos de niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración de derechos, incluyendo abuso sexual. Al menos 1,020 de esos sucesos estuvieron vinculados a abuso físico, abuso sexual, explotación y otras formas graves de maltrato.
Las experiencias de vida de Johanny Quiroz, psicóloga infantojuvenil, la llevaron a orientar su práctica profesional a este tema, evitado, incluso, por otros colegas. Como parte del abordaje de una realidad tan compleja, creó los recursos “Mi primer libro para colorear y prevenir” y las tarjetas “Preguntas para niños curiosos”.
Aún así, reconoce que todavía falta mucho esfuerzocolectivo para enfrentar esta problemática.
—¿Cuáles son los principales vacíos que detecta en la educación preventiva sobre abuso sexual infantil?
Falta educación parental, antes de la infantil, y entrenar a los padres es necesario para que se pueda llevar a cabo la educación y prevención en los hijos.
Los papás suelen dejar en manos de terceros todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Por sus propias experiencias y creencias. Es entendible, porque vienen de una crianza con poca o ninguna educación sexual, sin embargo, no justifica que no se hagan cambios.
—¿Cómo se puede abordar un tema tan delicado sin generar miedo en los niños?
Jugando, cantando, coloreando. No hacerlo desde el miedo, sino desde la prevención, el amor y el respeto. Tener el deseo de romper círculos de desinformaciónes el primer gran paso.
—¿Qué experiencias la llevaron a desarrollar estas herramientas educativas?
En consulta veo muchos padres con miedos y vergüenza de hablar estos temas con sus hijos, que no tienen idea de cómo poner sobre la mesa estos temas, pero lo que realmente me trae hasta aquí es el no querer que ningún niño sufra lo que yo en mi infancia. Quiero evitarles ese dolor y trauma.
Es mi propia forma de sanar.
—¿Qué señales de alerta deberían aprender a identificar tanto niños como adultos?
Alguien que se acerca más de la cuenta emocionalmente, que “sobre regala” a un niño. Si el menor no se siente cómodo con alguien en especial y lo hace saber, sea con palabras o comportamiento. Malestar en un niño sin encontrar causas fisiológicas o si tiene un comportamiento sobre sexualizado para la edad.
—¿Qué tan extendido considera que está el problema del abuso sexual infantil en el país?
Es un gran problema social, en especial porque si los adultos no saben identificar una situación de abuso, no saben muchas veces que es lo que está pasando, aunque lo estén viendo frente ellos.
No saber por ejemplo que mostrar contenido pornográfico, tener relaciones sexuales en presencia de los niños, aunque están “dormidos” es abuso, involuntario pero lo es. Si supieran el daño que puede causar a largo plazo, quizás dejarían de hacerlo.
—Hablar sobre abuso todavía es tabú en gran parte de la sociedad dominicana, ¿cuáles barreras culturales dificultan abordarlo?
Las formas distintas de pensar y actuar a la hora de criar. Padres que fueron criados de manera muy diferente. Creencias de que la sexualidad es algo muy malo de lo que no se puede hablar, vergüenza.
—¿Cuáles son los casos más difíciles?
Casi siempre las denuncias van en contra de tíos, primos, vecinos, profesores. Sin embargo, lo más duro es cuando el abusador es el padre o la madre. Es más doloroso para todos.
También es complejo cuando se trata de hermanos. En especial, porque para los papás es muy doloroso porque de repente hay un hermano bueno y un hermano malo. Por igual, se enfrentan a cómo manejar o cómo actuar en esa situación, a quién quiero o a quién no quiero.
Otro aspecto complicado es el tiempo que tarda la justicia en llegar. Muchas veces, hasta que no se comprueba si el menor fue realmente abusado, el menor sigue en contacto con esa persona.
—¿Qué otras políticas públicas deberían impulsarse para complementar este tipo de iniciativas?
Primero el no mirar al otro lado. Hacer que las leyes que amparan a los niños entren en vigor.
Por igual, psicoeducación masiva a nivel público y privado.
Gran parte de la batalla contra este tipo de violencia hacia niños, niñas y adolescentes se gana con la prevención. La doctora Quiroz emplea herramientas didácticas para llevar a cabo esta tarea.
—¿Qué rol juegan los padres en la implementación efectiva de estos materiales?
Los padres llevan el material a casa, también deberían prepararse para las posibles preguntas que surgen con su uso. Son ellos quienes deberían ser el medio primario de educación sexual y prevención en sus niños. No los maestros, el internet o el vecino.
—¿Cómo funcionan las tarjetas “Preguntas para niños curiosos”?Traen un código que descarga, que lleva a una guía para los adultos, para que se eduquen primero. Después cada tarjeta trae una situación cotidiana que representa un riesgo con preguntas y el niño dice qué haría, qué piensa de esas preguntas e imágenes. Dependiendo la respuesta papá o mamá sabrá cómo ayudarle a entender.
El libro trae información similar pero ya más adaptada a los niños: colorear, frases, juegos, recortar. Adaptado a la forma en la que los niños mejor aprenden.
—¿Hasta qué punto los materiales didácticos sustituyen la conversación directa entre adultos y niños?
Nunca sustituirán las conversaciones, todo lo contrario, van a propiciar o a iniciar conversaciones saludables entre padres e hijos sobre esos temas que dan miedo.
—¿Qué riesgos existen si este tipo de herramientas se utilizan sin acompañamiento profesional?
Que el niño se quede con dudas y vaya a las fuentes de riesgo, internet, personas cercanas que no son de confianza. Que no entienda correctamente. Que no preste atención y no genere prevención real.
Caminar por las aceras de Gascue se ha vuelto una odisea. El icónico sector, uno de los más antiguos de la capital y que encabezó en su momento la vanguardia urbanística en Santo Domingo, hoy ha perdido el brillo que lo caracterizó en el pasado, para convertirse en un gigantesco estacionamiento.
Las principales vías del primer “ensanche” de la capital: César Nicolás Penson, Luisa Ozema Pellerano, Doctor Báez, Santiago, entre otras, se han convertido en corredores tomados por vehículos estacionados en ambas aceras.
Trabajadores del sector que pidieron mantener el anonimato por temor a represalias de sus empleadores, dijeron a Diario Libre que no respaldan la práctica de estacionarse en las aceras. Sin embargo, admiten que muchos recurren a ella ante la ausencia de parqueos accesibles en la zona y los riesgos que implica dejar el vehículo a gran distancia de sus lugares de trabajo.
“Por lo general aquí siempre se parquean personas en las aceras. Esto no es correcto, ya que al hacerlo, las personas no pueden transitar por las mismas. Lamentablemente vivimos en un país con leyes, pero nadie las cumple. Pero tampoco es todos los días que se parquean, aunque sí la mayoría de las ocasiones”, indicó un ciudadano.
Las denuncias sobre el desorden vehicular en Gascue no son recientes. Ya en 2014, Diario Libre advertía sobre esta problemática en el reportaje “Gascue entre prostitución, abandono y caos urbano”.
El antiguo esplendor de Gascue se diluye hoy entre filas de autos que invaden el espacio de los peatones y perpetúan un caos que parece haberse normalizado.
Una riña entre cinco privados de libertad en el Centro Correccional Najayo 20, ubicado en San Cristóbal, dejó como resultado dos internos heridos, informó la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales.
El incidente ocurrió la noche del jueves, alrededor de las 8:20 p.m., en el área M1 del recinto, donde los reclusos se enfrentaron por alegadas disputas internas, cuyas causas aún están bajo investigación, conforme a un comunicado.
Los heridos fueron identificados como Delvin Yornanny Santana y Robert Cedeño, quienes fueron trasladados a un centro de salud para recibir atención médica tras resultar lesionados durante la pelea. No se reveló a qué centro hospitalario fueron llevados ni su condición de salud.
Los otros internos son: Alexander Javier Ventura Castro,Carlos Manuel Flete y Luis Junior Martínez Lorenzo.
Las autoridades indicaron que los otros tres reclusos involucrados fueron aislados de manera preventiva, mientras se desarrollan las investigaciones para determinar responsabilidades.
La directora del centro, Yadira de los Santos Valdez, explicó que el personal de seguridad actuó conforme a los protocolos establecidos, logrando controlar la situación y restablecer el orden en el recinto.
La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales aseguró que el incidente no afectó el funcionamiento general del centro, donde se mantiene la vigilancia y las medidas de control correspondientes.
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó la noche de este jueves que mantiene 20 provincias y al Distrito Nacional bajo distintos niveles de alerta, debido a la incidencia de un sistema frontal casi estacionario al norte del país, combinado con los efectos del viento cálido del sureste, lo que favorece la formación de nubosidad y la ocurrencia de aguaceros.
De acuerdo con el último boletín del organismo, Puerto Plata y Espaillat son las provincias que se encuentran en alerta roja.
En alerta amarilla permanecen ocho provincias: San José de Ocoa, Montecristi, Santiago, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Samaná, La Vega y Monseñor Nouel.
Mientras que en verde figuran diez provincias y el Distrito Nacional: San Juan, Elías Piña, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Santiago Rodríguez, Santo Domingo, San Cristóbal, Hato Mayor, Monte Plata, Peravia y Valverde.
El COE exhortó a la población a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
En tanto, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto en la costa Atlántica, específicamente desde la Bahía de Manzanillo (Montecristi) hasta Cabo Engaño (La Altagracia), debido al viento y el oleaje anormal.
El Senado aprobó este jueves en primera lectura un proyecto de ley que busca regular la intermediación inmobiliaria y combatir la publicidad engañosa en República Dominicana.
La iniciativa fue propuesta por los senadores Rafael Barón Duluc (Cholitín), Félix Bautista y Eduard Espiritusanto.
La pieza legislativa tiene como objetivo establecer un marco claro para supervisar, fomentar y organizar el mercado inmobiliario, garantizando que la promoción, comercialización y ejecución de transacciones se realicen de forma ética, transparente y ordenada.
Uno de los puntos a descartar del proyecto es que toda persona física o jurídica que desee ejercer como intermediario inmobiliario deberá obtener una licencia de operación, la cual será emitida por una nueva Dirección General de Registro, Control e Intermediación Inmobiliaria, adscrita al Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed).
Esta licencia deberá renovarse anualmente.
El proyecto también crea esta dirección como órgano regulador encargado de ejecutar, supervisar y fiscalizar las actividades del sector, incluyendo la emisión de licencias, inspección de operaciones y cumplimiento de las normativas.
Quedan excluidas de esta regulación las ventas directas realizadas por propietarios, así como la asesoría legal ofrecida por profesionales del derecho y las transacciones realizadas por apoderados legales debidamente autorizados.
El senador Duluc explicó que la iniciativa responde a la falta de regulación histórica en el sector, donde, según indicó, “cualquiera podía desarrollar un proyecto sin permisología, publicitarlo y venderlo”.
“Ahora, para tú poder siquiera publicitar un proyecto, tienes que demostrar que es real y que cuenta con los permisos correspondientes. Esto ayudará a evitar estafas que, aunque no son masivas, sí son significativas porque afectan a personas que invierten los ahorros de toda su vida”, expresó.
Agregó que la normativa también contribuirá a mejorar la imagen del país y fortalecer la confianza de inversionistas locales y de la diáspora.
De su lado, el senador Espiritusanto destacó que la iniciativa surge ante el creciente temor de inversionistas, especialmente dominicanos en el exterior, debido a casos de fraude inmobiliario.
“Hemos visto cómo la diáspora ha perdido la confianza para invertir en el país por estafas. Este proyecto busca garantizar que toda inversión pase por filtros y tenga respaldo legal”, afirmó.
Indicó además que el proyecto contempla sanciones severas para quienes incurran en prácticas fraudulentas o publicidad engañosa.
La propuesta, que surge de la fusión de tres iniciativas legislativas, deberá ser conocida en segunda lecturaen el Senado. De ser aprobada, pasará a la Cámara de Diputados para su eventual sanción definitiva.
Más allá de la conservación de colecciones de plantas para la investigación y la divulgación científica, los jardines botánicos avanzan hacia una tendencia que también prioriza solucionar o mitigar problemas que impactan a la sociedad.
El cubano Alejandro Palmarola, presidente del Jardín Botánico de La Habana “Quinta de los Molinos”, abordó acciones que están desarrollando estos espacios y que, a su juicio, los convierten en aliados para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), establecidos por Naciones Unidas en 2015 para hacer frente a desafíos globales.
—¿Cómo ha cambiado el rol de los jardines botánicos en la actualidad?
Los jardines botánicos comenzaron siendo colecciones de plantas. Siguen siendo eso y tienen que seguir siéndolo, pero es muy importante que cada vez más nos veamos comprometidos con la sociedad, con los problemas sociales, con la sostenibilidad y con el cumplimiento de las metas que nos trazamos como sociedad.
Yo creo que los jardines botánicos lo hacen, pero a veces no lo vemos.
La charla que tuve durante el congreso (Puentes Botánicos 2026) tenía que ver con eso: con que nos visualicemos en cada uno de los ODS y que podamos identificar, más allá de la conservación de la naturaleza, qué otras cosas importantes estamos haciendo para la sociedad.
—¿Qué ODS puede impactar un jardín botánico?
Los jardines botánicos, en primer lugar, siempre impactan en el tema de la conservación; eso está claro. Pero, además, están comprometidos con los espacios verdes de las ciudades y, por lo tanto, estamos conectados con el ODS de ciudades sostenibles.
Siempre se imparte educación de calidad dentro de los jardines, y eso es importante para el ODS relacionado con la educación.
Estamos trabajando con poblaciones vulnerables, que laboran usualmente en las profesiones que nosotros empleamos.
Los jardines están conectados con el ODS que tiene que ver con el hambre cero. Hoy estamos comprometidos también con la generación de alimentos.
—¿Qué servicios ecosistémicos provee un jardín botánico?
Los jardines botánicos son un ecosistema que está muy conectado con la visión de una sola salud, que tiene que ver con la naturaleza, los animales y los humanos; no solo son un lugar de esparcimiento, sino también un hábitat para las aves, con rutas migratorias importantes, y una fuente de alimentación para los animales que habitan en la ciudad.
Son espacios verdes importantes, disfrutables por las personas; entonces, eso promueve la salud, la biodiversidad y la educación.
—En las ciudades estamos viendo fenómenos extremos como inundaciones y altas temperaturas, ¿cómo estos espacios pueden contribuir a mitigar los efectos del clima?
Los jardines botánicos son espacios importantísimos para el control de las islas de calor, también los espacios verdes que gestionamos, porque cada vez más los jardines botánicos miran hacia afuera del propio espacio.
Hay jardines que están en las afueras de la ciudad, pero hay otros que tenemos “la suerte” de la presión de la ciudad. Por un lado, se ve como algo negativo, pero yo creo que es una suerte estar en el centro de la ciudad y ser un espacio diferente, que tiene un clima distinto, que alberga ecosistemas importantes y donde las personas pueden venir, como aquí en Santo Domingo.
