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La Policía Nacional informó este domingo que amplía las investigaciones internas para determinar posibles responsabilidades disciplinarias en la actuación de sus agentes durante la persecución que culminó con la muerte del chofer Deivy Carlos Abreu Quezada, quien fue agredido por un grupo de motoconchistas.
De acuerdo con las indagatorias preliminares y el análisis de videos difundidos en redes sociales, el incidente se originó cuando el conductor fue perseguido por varias vías de la ciudad por un grupo de motoristas, quienes posteriormente lo interceptaron y atacaron.
Las imágenes muestran que, en medio de la persecución, el chofer se detuvo brevemente cerca de un destacamento policial con la aparente intención de solicitar ayuda, pero continuó la marcha segundos después.
Posteriormente, Abreu Quezada ingresó al área de parqueo del Palacio de Justicia a bordo del camión recolector de basura, donde fue alcanzado por los agresores, quienes le ocasionaron heridas de arma blanca.
Según el informe oficial, en ese escenario un agente policial adscrito al área judicial realizó dos disparos disuasivos, acción que evitó un linchamiento, aunque la víctima ya se encontraba herida.
La institución indicó que la actuación policial, desde el inicio de la persecución hasta la intervención final, está siendo evaluada conforme a los protocolos operativos y disciplinarios vigentes.
Por el hecho, ocho motoconchistas han sido apresados y puestos a disposición del Ministerio Público, señalados como presuntos responsables de la agresión. La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso instruyó a los fiscales para que presenten cargos por asesinato.
El caso quedó registrado en varios videos difundidos en redes sociales, los cuales forman parte del proceso investigativo.
El hoy occiso será enterrado este domingo en el cementerio municipal de Constanza.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, informó hoy que el Ministerio Público presentará cargos preliminares por asesinato contra los responsables de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, de 40 años, quien fue atacado el viernes por un grupo de motoristas tras una colisión de tránsito en la provincia Santiago.
A través de un mensaje publicado en la red social X, la magistrada calificó el hecho como un “asesinato” cometido por un “grupo asesino” que actuó luego de una colisión vehicular en la que no se registraron personas heridas, de acuerdo con las investigaciones preliminares.
Reynoso indicó que ya instruyó a los fiscales a proceder con la calificación jurídica correspondiente del caso.
“El Ministerio Público actuará con firmeza frente a este crimen”, señaló la procuradora en su publicación, en la que también expresó pesar por la muerte de la víctima.
El hecho ocurrió luego de un incidente de tránsito que derivó en una persecución y agresión colectiva contra el conductor de un camión recolector de basura de la empresa Compañía de Limpieza Urbana (Comlursa), quien posteriormente falleció a causa de las heridas recibidas.
En un comunicado, Comlursa informó que Abreu Quezada laboraba en la empresa desde hacía más de nueve meses.
"Nos solidarizamos con sus familiares, amigos y compañeros de trabajo en este momento de dolor (...) Al mismo tiempo, condenamos enérgicamente el acto violento que desencadenó esta tragedia", dijo Félix Pérez, encargado de la compañía.
La Policía informó ayer sobre el apresamiento de ocho motoconchistas, incluido el supuesto responsable de herir con un arma blanca al conductor.
"Este caso refleja una realidad crítica que tiene décadas de arraigo en la población dominicana: más del 50 % de los homicidios se relacionan con conflictos sociales", insistió Reynoso.
Destacó que con alta frecuencia se procesan responsables de muertes y lesiones "que actúan por diferencias que pueden resolverse en una simple conversación, pero que terminan en crímenes sangrientos".
"Es urgente reflexionar y actuar desde todos los sectores representativos de la sociedad. La violencia jamás será la vía adecuada para dirimir conflictos. Desde el Ministerio Público, haremos absolutamente todo lo posible para que esta turba asesina sea castigada conforme a la ley", afirmó.
La condena de cinco años de prisión impuesta a Elizabeth Silverio Silien por dar falsas calidades de médico, en lugar de los siete años dictados en un primer juicio de fondo en el 2024, se debe a un principio legal que impide agravar la pena cuando es solo la parte imputada que apela la sentencia.
El Ministerio Público y los representantes de los 11 querellantes y actores civiles que acusaron a Silvestre Silien de hacerse pasar como neurocientífica y psicoterapeuta para ofrecer terapias a niños autistas sin poseer los títulos universitarios que la facultara, no recurrieron la sentencia del primer juicio de fondo, que fue declarado nulo.
El primer proceso fue dejado sin efecto por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación en octubre del 2025, que acogió la impugnación de la defensa de la imputada.
Esos magistrados, Pedro Antonio Sánchez Rivera, (presidente), Nancy María Joaquina Guzmán y July Elizabeth Tamaríz Núñez, concluyeron que hubo “falta de valoración de pruebas aportadas por la parte recurrente” y que elfallo que la condenó en un principio a siete años carecía de “motivación”. En ese sentido, ordenaron un nuevo proceso contra la "falsa" médico.
Al pronunciar su condena de cinco años contra Silverio Silien, la pasada semana, la jueza Milagros Ramírez Cabrera, de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, citó el artículo 420 del Código Procesal Penal que, dijo, plantea que cuando una sentencia es impugnada solo por el acusado o su defensor “no puede ser modificada en su perjuicio ni puede imponerse de una pena más grave”.
La decisión íntegra del fallo de Ramírez Cabrera será leída el próximo 10 de junio, a las 11:00 de la mañana.
El Ministerio Público y las víctimas solicitaban en este segundo juicio que se condenara a la imputada a los siete años que decidió el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en octubre del 2024.
El nuevo fallo determinó que Silverio Silien, de 31 años de edad, usó la “falsa calidad” de psicoterapeuta y neurocientífica para evaluar y dar terapias a niños desde los 18 meses, y a jóvenes de 25 años de edad con TEA.
Las alegadas estafas a los padres de los pacientes se hacían a través del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Knowledge Land (Kogland), ubicado en Gascue, Distrito Nacional.
Kogland también tiene como socio al esposo de Silverio Silien, David Báez Zorrilla.
La imputada alegaba tener títulos de universidades extranjeras, incluidas la de Cambridge, en Inglaterra, así como un exequátur que el Ministerio Público pudo comprobar que no existía.
Una de las víctimas narró durante los procesos contra la hoy condenada que pagó 290,000 pesos para ingresar a su hijo en el Kogland y 25,000 pesos mensuales, cuyos diagnósticos eran firmados por la acusada “como PhD y con su exequátur, doctora Elizabeth Silverio PhD”.
La Superintendencia de Bancos (SB), a través de la Oficina de Servicios y Protección al Usuario (ProUsuario), ordenó la devolución de 33.2 millones de pesos entre enero y marzo de 2026 a favor de usuarios de servicios financieros que presentaron reclamaciones asociadas a sus productos bancarios.
De esta forma, la SB ha ordenado el reembolso de 728.3 millones de pesos desde agosto de 2020, informó en una nota de prensa.
Las órdenes de reembolsar estos recursos en el primer trimestre del año se generaron a partir de 1,741 reclamaciones de personas que agotaron sus respectivos procesos con sus entidades financieras y luego recurrieron a ProUsuario.
El 62 % de esas reclamaciones se resolvió a favor de las usuarias y los usuarios financieros.
Las causas más habitualesde estas reclamaciones durante estos tres meses han sido:
En los últimos años, el monto de recursos dispuestos a devolver ha registrado un crecimiento significativo, lo que va de la mano a una estrategia de apertura de múltiples canales de atención para los usuarios del sistema financiero.
ProUsuario cuenta con múltiples canales que facilitan el acceso remoto y presencial que permiten a la ciudadanía realizar consultas, quejas y reclamaciones.
Las personas interesadas pueden comunicarse, tanto a través de la aplicación ProUsuario (disponible en App Store y Google Play Store), como al número telefónico y de WhatsApp 809-731-3535.
También pueden escribir al correo electrónico contacto@prousuario.gob.do, agendar una cita desde la página web prousuario.gob.do o visitar las oficinas físicas en Santo Domingo y Santiago.
Antes de acudir a ProUsuario con una reclamación, se debe realizar el proceso correspondiente en la entidad bancaria. Si la respuesta no resulta satisfactoria para el o la reclamante, entonces puede acudir a ProUsuario con un comprobante de la reclamación.
Se debe proveer una copia de la cédula o el pasaporte (en caso de extranjeros) así como dos números telefónicos de contacto y correo electrónico.
La muerte de un conductor en Santiago el pasado viernes, tras ser perseguido y atacado por una turba de motoristas luego de un incidente de tránsito, volvió a colocar bajo escrutinio un fenómeno que se ha repetido en diferentes puntos del país: persecuciones colectivas de motoristas contra conductores, algunas grabadas y difundidas en redes sociales, con consecuencias que van desde daños materiales hasta desenlaces fatales.
El hecho más reciente ocurrió en la avenida Circunvalación Norte de Santiago, cuando el conductor de un camión recolector de basura, David Carlos Abreu Quesada, de 40 años, fue perseguido tras un roce con una motocicleta y habría abandonado el lugar del hecho.
La persecución culminó en el Palacio de Justicia de Santiago, donde el chofer intentó refugiarse. Fue herido con un arma blanca y posteriormente falleció en el hospital Presidente Estrella Ureña.
Por el caso, la Policía Nacional informó del arresto de ocho motoconchistas, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
En el Distrito Nacional, hechos similares se han producido sin desenlace mortal. Uno de ellos ocurrió en julio del 2025, cuando un conductor fue rodeado y perseguido por motoristas luego de un conflicto vial en la avenida John F. Kennedy.
En videos difundidos se observa cómo los motoconchistas lanzan piedras y cascos protectores contra el vehículo en marcha, rompiendo todos sus cristales. La Policía detuvo a seis personas por este hecho.
Un caso ocurrido en mayo del 2024 documenta una persecución directa de un motorista contra un conductor tras un roce vial.
Según el testimonio de la víctima, el motociclista lo siguió en plena vía, le lanzó un casco contra el vehículo y luego lo interceptó en medio del tránsito, golpeando el cristal e intentando obligarlo a bajarse. El incidente culminó con una pedrada contra el automóvil.
El problema viene desde antes. Un grupo de motoristas persiguió y agredió al chofer de una guagua pública en junio de 2020 en el sectorManoguayabo, enSanto Domingo Oeste. La persecución se produjo luego de un incidente en el tránsito, mientras el vehículo se desplazaba a alta velocidad.
Cuando la guagua quedó detenida en un taponamiento, los motoristas lanzaron piedras y botellas y uno de ellos golpeó al conductor en la cabeza, provocándole la pérdida del conocimiento. El chofer fue ingresado en un centro de salud, mientras versiones no confirmadas en redes señalaban una supuesta vinculación previa con un robo.
Tras estos y otros hechos, autoridades y actores institucionales han advertido públicamente sobre los riesgos de la violencia colectiva en el tránsito.
El director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, ha insistido en diversos escenarios en la necesidad de reforzar la regulación de las motocicletas y de combatir la cultura de confrontación en las vías públicas.
Desde la Policía Nacional se ha reiterado que las agresiones cometidas en grupo constituyen delitos penalmente perseguibles, independientemente de que se originen en incidentes de tránsito.
Asimismo, desde el ámbito judicial, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ha sostenido que el 58.9 % de los homicidios registrados en el país tiene su origen en conflictos sociales. Esto implica que cerca de seis de cada 10 casos tienen su origen en disputas interpersonales.
La incertidumbre marca la segunda ronda de contactos entre EE. UU. e Irán, prevista para este lunes. Donald Trump anunció el envío de una delegación a Pakistán, encabezada por su vicepresidente JD Vance, pero amenazó con nuevos ataques si no hay avances, mientras Teherán condicionó los contactos al fin del bloqueo naval estadounidense sobre sus puertos.
"Mis representantes van a Islamabad, Pakistán. Estarán allí mañana por la noche para negociar", dijo este domingo el presidente de Estados Unidos en su red Truth Social.
El vicepresidente JD Vance participará en esta nueva ronda de conversaciones en Islamabad, donde ya lideró un primer encuentro con negociadores iraníes que culminó sin resultados, según confirmó a EFE la Casa Blanca.
Un funcionario de la Administración republicana también afirmó que Vance estará acompañado del enviado especial, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense.
Trump insistió hoy en que ofrece a Teherán un "acuerdo muy justo y razonable" y espera que lo acepten "porque, si no lo hacen, Estados Unidos va a destruir cada planta de energía y cada puente en Irán. ¡Se acabó lo de ser el chico bueno!".
"Caerán rápido, caerán fácilmente", agregó Trump en un mensaje dominado por una retórica más dura: "¡Es hora de poner fin a la máquina asesina de Irán!".
Teherán, por su parte, adelantó que no enviará a sus representantes a Islamabad mientras Washington mantenga el bloqueo sobre sus puertos, un cerco que consideró "ilegal y criminal".
Entretanto, la capital paquistaní se encuentra bajo un estricto bloqueo de seguridad y con sus principales hoteles desalojados para acoger a partir de este lunes la nueva ronda de conversaciones.
A la espera de estos contactos, se agudiza la crisis debida al bloqueo del estrecho de Ormuz, por el que transita el 20 % del crudo mundial, que aplica Irán desde el pasado 28 de febrero, cuando comenzaron los ataques de EE.UU e Israel.
Irán recuperó el sábado el "control estricto" de Ormuz, apenas un día después de haber anunciado su reapertura, y en las últimas horas, la Guardia Revolucionaria obligó a retroceder a dos petroleros con banderas de Botsuana y Angola.
El Reino Unido denunció el sábado que lanchas iraníes abrieron fuego contra un buque cisterna a 20 millas náuticas de Omán.
Mientras, Israel utilizó por primera vez la expresión "línea amarilla" para delimitar su ocupación sobre el sur del Líbano, la misma terminología que aplica en Gaza.
La "línea" dibuja una franja de control que se adentra hasta 10 kilómetros en territorio libanés, donde Tel Aviv mantiene desplegadas cinco divisiones y controla el espacio marítimo adyacente.
A pesar del alto el fuego de diez días pactado entre Israel y el Líbano, hoy se han registrado disparos contra supuestos milicianos de Hizbulá y demoliciones de edificios en aldeas fronterizas, según reportes locales.
El conflicto ha salpicado a la política europea. El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció que propondrá este martes a la Unión Europea la ruptura del acuerdo de asociación con Israel alegando violaciones de los derechos humanos.
La respuesta israelí no se hizo esperar. El ministro de Exteriores, Gideon Saar, respondió acusando a Sánchez de "hipocresía" y de mantener un "doble rasero" por sus relaciones con los gobiernos de Irán y Venezuela.
Mientras, Francia volvió a exigir garantías al Gobierno libanés para capturar a los responsables del ataque contra la misión de paz de la ONU que acabó con la vida de un casco azul francés el sábado.
Bruselas condenó hoy la agresión que, señaló en un comunicado, "según todas las indicaciones, ha sido perpetrada por Hizbula", extremo rechazado el sábado por el grupo chií, que llamó a la "prudencia" antes de atribuir responsabilidades sobre el incidente.
Desde Luanda, el Papa León XIV se pronunció también este domingo sobre el conflicto para pedir el cese de hostilidades: "Renuevo el llamamiento para que las armas callen y se siga el camino del diálogo", dijo.
Millones de mujeres casadas y de personas transgénero en Estados Unidos podrían tener problemas para votar si se aprueba una ley impulsada por el presidente Donald Trump que actualmente se debate en el Senado.
El proyecto de ley, ya aprobado en la Cámara de Representantes, exige que los electores prueben su ciudadanía estadounidense al inscribirse en el padrón electoral, con certificado de nacimiento o pasaporte, y que, al momento de votar, presenten un documento de identidad válido.
A diferencia de otros países, Estados Unidos no expide un documento nacional de identidad, por lo que se acepta un permiso de conducir o incluso una tarjeta de estudiante.
El texto de la SAVE America Act (Ley de Salvaguarda de la Elegibilidad de los Electores Estadounidenses) estipula que las personas cuyo nombre no coincida en la documentación presentada deberán proporcionar documentos adicionales, como un certificado de matrimonio o una sentencia de divorcio, para justificar el cambio.
Pero según el Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York, "más de 21 millones de estadounidenses no tienen acceso inmediato a estos documentos" y "casi la mitad de los estadounidenses no tienen pasaporte".
Así, los electores más afectados si se aprueba la ley SAVE America serán "las mujeres, las personas transgénero" y las personas con bajos ingresos, "que no pueden pagar un pasaporte y no viajan", afirma Rick Hasen, profesor de derecho electoral en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).
Letitia Harmon, directora de investigación en Florida Rising, una organización que trabaja por la justicia social con sede en Florida, dijo a la AFP que estuvo casada y luego se divorció en el estado de Washington.
"El problema es que no sé qué nombre figura en el padrón electoral de Florida", dijo a la AFP. "No sé si tienen mi apellido de soltera" o "el de casada".
Harmon dijo que probablemente tendrá que solicitar su sentencia de divorcio, un trámite costoso y que lleva mucho tiempo.
La Casa Blanca argumenta que la ley SAVE America permitiría evitar el fraude electoral, aunque la legislación actual ya prohíbe que los extranjeros voten.
En cuanto a las mujeres casadas que cambiaron de nombre "simplemente tienen que seguir los procedimientos de su estado para actualizar la documentación", dijo en marzo Karoline Leavitt, portavoz del Ejecutivo estadounidense.
Que millones de mujeres tengan dificultades para votar importa porque históricamente los hombres tienden a apoyar al Partido Republicano.
Según el Pew Research Center, en 2024, el 52% de los hombres inscritos en el padrón electoral se inclinaba por los republicanos, frente al 44% de las mujeres.
Hasen explicó que, en la última década y media, ha habido una tendencia en muchos estados de mayoría republicana a aprobar leyes que dificultan el voto, mientras que los de mayoría demócrata adoptaron iniciativas que lo facilitan.
De hecho, doce estados de mayoría republicana exigen a los electores que prueben su ciudadanía para poder inscribirse en el padrón electoral.
En 2014, Harmon vivía en el estado de Kansas y no pudo votar en unas elecciones primarias porque no tenía su certificado de nacimiento como lo exigía la legislación estatal. Cuatro años más tarde, un juez federal declaró inconstitucional esa ley después de que más de 30.000 personas no pudieran inscribirse en el padrón de ese estado.
A principios de abril, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, promulgó su propia versión de la ley SAVE America, que entrará en vigor en enero de 2027, después de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.
Harmon consideró absurdo privar de sus derechos electorales a miles de personas solo por un par de casos de fraude.
En 2025, dos personas fueron procesadas en Florida por haber mentido sobre su nacionalidad para votar en unas elecciones. Pero casos así son extremadamente raros.
Una investigación del Washington Post reveló 31 "incidentes creíbles" de suplantación de identidad en elecciones entre más de mil millones de papeletas de votación emitidas de 2010 a 2014.
Tres personas murieron, una resultó herida y cuatro fueron capturadas tras una violenta riña registrada la tarde del sábado 18 de abril en el sector Los Laches, localidad de Santa Fe, en Bogotá, mientras se realizaba el rodaje de la cuarta temporada de la serie Sin senos sí hay paraíso.
El hecho causó consternación entre integrantes de la producción y generó reacciones inmediatas de varios protagonistas de la serie, quienes compartieron mensajes de duelo en redes sociales.
“Silencio en el set. En memoria de los compañeros de SSHP que fallecieron hoy”, publicaron varios actores junto a una imagen de fondo negro.
Una de las figuras que difundió el mensaje fue la actriz Carmen Villalobos, intérprete de Catalina Santana, quien utilizó su cuenta de Instagram para expresar solidaridad con las víctimas.
Según la información preliminar divulgada por autoridades colombianas, el incidente ocurrió en un espacio público donde se desarrollaba la grabación, cuando un hombre atacó con arma blanca a otra persona sin mediar palabra.
La agresión provocó una riña en la que intervinieron varias personas presentes en el lugar, lo que derivó en más heridos y en la muerte de tres personas, incluido el presunto atacante.
Una cuarta persona resultó herida y recibe atención médica, mientras cuatro individuos fueron arrestados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho, explicó que el agresor no portaba documentos de identidad ni teléfono celular, por lo que las autoridades trabajaban en su identificación.
“Lo que hemos podido establecer con las primeras entrevistas y algunos videos es muy extraño, porque la persona que primero agrede con arma blanca no medió palabra, no le dijo nada a la otra, tan solo se acercó y lo hirió”, declaró el oficial.
Manchester City devolvió la emoción a la carrera por el título al vencer 2-1 al Arsenal, este domingo en el Etihad Stadium en la 33ª fecha de la Premier League.
El City, que abrió el marcador con un gol de Rayan Cherki (16'), vio cómo un error de su arquero Gianluigi Donnarumma al tratar de alejar un balón con el pie propiciaba el empate del delantero Kai Havertz (18').
Erling Haaland (64') dio en el segundo tiempo la victoria a los hombres de Pep Guardiola, que se colocan a tres puntos de los Gunners a cinco fechas para el final del campeonato, mientras que los Citizens tienen aún un partido pendiente (ante el Crystal Palace).
En un partido intenso con aires de final, el City confirmó su resurgimiento primaveral frente a unos Gunners llenos de dudas, después de haber dejado escapar ya dos opciones de título en pocas semanas (Copa de la Liga y Copa de Inglaterra), y de haberse clasificado con apuros para las semifinales de la Liga de Campeones contra el Sporting de Portugal.
Luego de que el sábado pasado el Arsenal desperdiciara la oportunidad de aventajar en doce puntos al City, ahora los hombres de Mikel Arteta se encuentran bajo presión y ven cómo se les escurre de entre las manos la posibilidad, cercana durante varios meses, de conquistar su primera Premier desde 2004.
Un tribunal federal de apelaciones permitió al presidente Donald Trump continuar construyendo un salón de baile de 400 millones de dólares en la Casa Blanca, en un fallo emitido un día después de que un juez de un tribunal inferior mantuviera bloqueada la construcción en superficie en el sitio de la antigua Ala Este.
Según informó la agencia AP, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia de Estados Unidos suspendió temporalmente el viernes la orden del juez de distrito Richard Leon que paralizaba parte del proyecto. El panel programó una audiencia para el 5 de junio para revisar el caso.
De acuerdo con AP, en su fallo del jueves Leon continuó bloqueando la construcción en superficie de la ampliación del salón de baile de 90,000 pies cuadrados (8,400 metros cuadrados), al tiempo que permitió que solo continuaran las obras subterráneas en un búnker y otras "instalaciones de seguridad nacional" en el lugar.
El proyecto se remonta al otoño pasado, cuando Trump ordenó la demolición del Ala Este para construir en ese espacio el nuevo salón de baile.
Posteriormente, el grupo National Trust for Historic Preservation presentó una demanda para bloquear la construcción, argumentando que el mandatario se había extralimitado en sus funciones al continuar con el proyecto sin obtener primero la aprobación de agencias federales clave y del Congreso.
A finales de marzo, Leon falló a favor del grupo sin fines de lucro, aunque suspendió su decisión por un breve período, permitiendo que continuaran los trabajos subterráneos. La administración apeló la decisión ante el tribunal superior.
Trump ha defendido la iniciativa señalando que el salón de baile representa una mejora necesaria para el complejo presidencial. El mandatario también ha argumentado que tiene derecho a construirlo porque el costo será cubierto por donaciones de personas y corporaciones adineradas, aunque los contribuyentes asumirán los gastos relacionados con la seguridad.
