¡ÚLTIMA HORA!
El Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide) anunció este martes la realización de su primera subasta pública de bienes, en cumplimiento de la Ley 60-23, como parte de la gestión de activos decomisados a favor del Estado.
La institución informó que en esta convocatoria se pondrá a disposición del público una amplia gama de bienes, entre ellos apartamentos, casas, solares, vehículos, joyas, yates, aeronaves y lotes de chatarra.
Incabide destacó que se trata de un "hito en la administración de bienes incautados" por la comisión de delitos graves como el narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción administrativa.
El director ejecutivo del organismo, Manuel Oviedo Estrada, afirmó que el proceso representa una oportunidad de participación abierta para la ciudadanía.
“Estamos abriendo las puertas para que cualquier dominicano, desde un emprendedor hasta una familia, pueda participar con total confianza. No solo estamos subastando activos; estamos transformando bienes recuperados en recursos útiles para el desarrollo del Estado, bajo un proceso donde la transparencia es el único protagonista”, expresó.
La entidad explicó que cada activo ha sido sometido al rigor legal establecido en la Ley 60-23, sobre Bienes Incautados, garantizando a los adjudicatarios documentación en regla y libre de gravámenes. Asimismo, señaló que los fondos recaudados serán destinados a fortalecer programas de prevención y resarcimiento social.
Para participar, los interesados deberán completar su registro hasta el viernes 1 de mayo, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en la sede central del Incabide, ubicada en la calle F #5, Arroyo Hondo Viejo, Santo Domingo. El derecho a participar tiene un costo de cinco mil pesos.
En adición al monto de inscripción, las personas interesadas en adquirir inmuebles deberán abonar el 10% del monto del precio fijado a los bienes a subastar para la primera puja (el 10% deberá pagarse por cada inmueble o por cada mueble que exceda de cinco millones de pesos -5,000,000 millones de pesos- en caso de que se inscriba por más de un inmueble).
La subasta se celebrará el miércoles 13 de mayo, a partir de las 8:00 de la mañana, en el Paraninfo Dr. Ricardo Michel de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) aprobó este martes un conjunto de propuestas orientadas a transformar el sistema educativo dominicano, entre ellas la eliminación de la promoción automática de estudiantes y la priorización del desarrollo de competencias por encima de las calificaciones tradicionales.
Una nota de prensa del gremio, indica que estas iniciativas fueron aprobadas durante el Primer Congreso Pedagógico de la ADP, que reunió a cerca de 500 delegados de todo el país bajo el lema “La Educación Dominicana Pensada Desde el Magisterio”.
En el encuentro, los docentes trabajaron durante los días 13 y 14 de abril en seis ejes temáticos, de cuyos debates surgieron 69 propuestas que fueron aprobadas en plenaria.
Entre las recomendaciones destaca la transformación del sistema de evaluación educativa para que priorice los aprendizajes y el desarrollo de competencias, estableciendo criterios más rigurosos antes de permitir el avance académico de los estudiantes.
Conforme a nota de prensa, la propuesta surgió en los debates del Eje 6, titulado “El modelo educativo dominicano y la formación ciudadana”. Según plantearon los docentes, la evaluación centrada principalmente en la calificación, sumada a políticas de promoción automática, debilita la exigencia académica y fomenta una cultura de conformismo entre los estudiantes.
El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, informó que las 69 propuestas aprobadas serán compiladas en un documento que posteriormente será presentado a la sociedad dominicana.
Durante el congreso también se aprobó que dos propuestas adicionales sean analizadas por el Comité Ejecutivo Nacional del gremio.
De acuerdo a la nota de prensa, entre las iniciativas aprobadas figura el desarrollo de programas sistemáticos que fortalezcan la relación entre las familias y los centros educativos, refiere el documento.
Los docentes plantearon que estas acciones deben ir más allá de las reuniones tradicionales e incluir formación parental, talleres de apoyo educativo en el hogar, mecanismos de comunicación efectiva y, cuando sea necesario, un régimen de consecuencias ante el incumplimiento de responsabilidades familiares.
Propusieron desarrollar una política de formación docente continua que articule la teoría universitaria con la práctica en el aula, con programas contextualizados, reducción del número de estudiantes por clase y reconocimiento de las diversas condiciones socioeconómicas en las que laboran los educadores.
Inteligencia artificial
Conforme al documento, durante los debates también se abordó el impacto de la inteligencia artificial en la educación. Los docentes plantearon la creación de un programa nacional de alfabetización digital crítica que forme tanto a maestros como a estudiantes en el uso ético y responsable de esta tecnología.
La propuesta incluye integrar la enseñanza sobre inteligencia artificial como contenido curricular transversal desde la educación primaria, no solo como herramienta pedagógica, sino también como objeto de estudio que permita a los estudiantes comprender su funcionamiento, limitaciones, sesgos e implicaciones éticas.
Los educadores señalaron que están abiertos a las posibilidades transformadoras de la inteligencia artificial, siempre que se respete el rol central del docente.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que la guerra con Irán está cerca de terminar y dijo que Teherán está buscando llegar a un acuerdo rápidamente, durante una entrevista con la cadena Fox News.
"Veo la guerra muy cerca de terminar", dijo Trump cuando la periodista María Bartiromo, de Fox, le preguntó sobre por qué se refería al conflicto en pasado.
El mandatario insistió en que Irán busca "desesperadamente" un acuerdo y no descartó que este pueda llegar en las siguientes rondas de negociaciones.
Durante la entrevista, que será transmitida completa el miércoles en un programa matutino, Trump repitió sus argumentos sobre que, debido al programa nuclear iraní, era necesario atacar como lo hicieron en febrero en el inicio de la guerra con la operación nombrada 'Furia Épica'.
"Si no lo hacíamos hoy Irán tendría armas nucleares y no queremos eso", dijo Trump a la entrevistadora, una frase que ha repetido constantemente durante las siete semanas de guerra.
Este martes, Trump aseguró que las negociaciones presenciales con Irán que iniciaron el fin de semana podrían ser retomadas en dos días.
En una entrevista telefónica con una enviada especial del diario New York Post en Islamabad, el presidente republicano recomendó a la periodista permanecer los próximos días en la capital paquistaní.
"Deberías quedarte allí, de verdad, porque algo podría pasar en los próximos dos días, y nos inclinamos más a ir allí", dijo Trump, quien agregó: "Es más probable, ¿Sabes por qué? Porque el mariscal de campo está haciendo un trabajo excelente".
El vicepresidente estadounidense, JD Vance, encabezó el pasado sábado la primera ronda de negociaciones con Irán en Islamabad, en lo que fue la reunión de mayor alto nivel entre ambos países desde que rompieron relaciones por la revolución islámica de 1979.
Tras más de 20 horas de negociaciones, ambas delegaciones abandonaron Pakistán sin un acuerdo y Trump ordenó a la Armada estadounidense bloquear el estrecho de Ormuz, como hizo Teherán tras el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.
La jueza Milagros Ramírez Cabrera, de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, condenó este martes, en un segundo juicio, a cinco años de prisión a Elizabeth Silverio Silien, acusada de usurpar funciones en el área de la salud a través del centro Knowledge Land (Kogland).
En el primer juicio de fondo, el cual fue anulado el año pasado, se le había sentenciado a siete años de cárcel.
Pese a la condena, la imputada no será enviada de inmediato a prisión, ya que la magistrada dispuso que la pena se ejecute solo cuando la sentencia sea “firme”, debido a que Silverio no se ha sustraído del proceso y ha acudido a las audiencias.
El abogado Abelardo Guridi explicó a Diario Libre que esto responde a cómo funciona el proceso penal, al indicar que “la sentencia de primer grado puede ser recurrida, y mientras eso ocurra, sus efectos quedan suspendidos hasta que una corte de apelación la ratifique o no”.
En ese sentido, indicó que una decisión se vuelve firme cuando ya ha sido revisada por tribunales superiores o cuando ninguna de las partes la impugna dentro del plazo establecido. En este caso, señaló que Silverio tiene 20 días francos para apelar.
“Si ella apela, entonces un tribunal de la corte va a conocer nuevamente el caso y emitirá una decisión definitiva”, precisó el jurista.
Sobre la decisión de no enviarla a prisión de inmediato, Guridi señaló que el tribunal valoró su comportamiento durante el proceso. “Como no se ha sustraído y ha comparecido, la jueza entendió que tiene arraigo suficiente para enfrentar en libertad las acciones recursivas”, explicó.
A Silverio Silien también se le condenó al pago de dos millones de pesos a favor de las víctimas constituidas en querellantes y actores civiles. De confirmarse la sentencia en los tribunales superiores, Silverio cumpliría la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.
Conforme a una nota del Ministerio Público, en la motivación de la decisión la jueza estableció que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron que la imputada utilizó documentos falsificados, incluyendo títulos universitarios y un número de exequatur inexistente, con los que aparentaba una preparación profesional que no poseía.
Además, precisa que los padres que declararon como testigos resultaron coherentes en sus testimonios, mientras que las pruebas documentales establecen que la imputada se presentaba y firmaba los informes de los pacientes en calidad de doctora en neurociencia, sin que fuera aportada ante el tribunal ninguna documentación que evidencie la realización de estudios superiores ni la obtención de un exequatur que le acredite para ofrecer dichos servicios, tal como hicieron constar los representantes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas).
Silverio fue hallada culpable de estafar a padres que acudieron a su centro con la esperanza de que sus hijos recibieran atención especializada, haciéndose pasar por profesional de la salud sin contar con estudios superiores ni autorización legal en la República Dominicana, en violación a la normativa vigente.
A su salida del tribunal, Silverio Silien dijo que su proceso penal asegurando que su proceso judicial responde a un intento de ocultar situaciones más profundas que, según ella, ocurren en la República Dominicana.
"Recuerden que conmigo se necesita tapar lo que verdaderamente está pasando en este país. Ahora mismo soy el tapadero de la realidad", expresó, sin ofrecer detalles sobre sus declaraciones. También añadió: "Encima de Dios no se sienta nadie".
Actualmente, Silverio Silien tiene medida de coerción de presentación periódica e impedimento de salida del país, por otro proceso.
Su abogado, Waldo Paulino, comunicó que apelarán la condena de cinco años.
Los presidentes ejecutivos del Banco Popular Dominicano, Christopher Paniagua, y del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, reafirmaron este martes su compromiso con el desarrollo económico, social y medioambiental del país.
Durante un encuentro institucional en la Torre Popular, ambos ejecutivos destacaron la importancia de mantener una relación cercana con los clientes y con la sociedad, especialmente en un contexto internacional marcado por desafíos económicos.
Los ejecutivos bancarios resaltaron el papel de la banca como pilar de estabilidad económica y social, al acompañar el crecimiento de las personas, las empresas y los distintos sectores productivos del país, contribuyendo así al desarrollo nacional.
El encuentro también sirvió como espacio de coordinación y diálogo entre ambas entidades financieras, con el objetivo de fortalecer respuestas conjuntas ante los retos actuales del entorno económico, indicó el Banco Popular en una nota de prensa.
Paniagua y Aguilera coincidieron en que la colaboración entre las principales instituciones bancarias del país refuerza la confianza en el sistema financiero y permite enfrentar con mayor eficacia las coyunturas económicas.
También reiteraron su visión compartida de mantener una gestión responsable, enfocada en resultados y orientada a apoyar a los clientes y al desarrollo continuo del país.
El presidente Luis Abinader aseguró la tarde de este martes que está "presionando" a las autoridades en la provincia de Puerto Plata para acelerar la remoción del lodo acumulado tras las recientes inundaciones que afectaron esa demarcación por las lluvias que se registran en el país a causa de una vaguada.
El mandatario explicó que su intención es visitar la zona una vez se restablezcan las condiciones de mayor normalidad, especialmente en el distrito municipal de Montellano, uno de los más impactados por el desbordamiento del río Camú.
“Estoy presionando a todo el mundo allá para que saquen todo el lodo de Montellano. Cuando yo vaya, quiero ver ya un nivel de normalidad”, expresó durante una visita al sector Los Platanitos, en Ensanche Paraíso, zona que resultó afectada por las recientes inundaciones.
Abinader aclaró que el desbordamiento en Montellano corresponde al río Camú de Puerto Plata, y no al de La Vega, como se había interpretado inicialmente, y señaló que la crecida inundó prácticamente todo el municipio.
El jefe de Estado indicó que el Gobierno ha brindado asistencia alimentaria en gran parte del país, mientras coordina la entrega de enseres del hogar una vez disminuyan las aguas, a fin de evitar que estos se dañen nuevamente.
Precisó que los artículos se están almacenando en distintas localidades afectadas, incluyendo zonas del Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, El Seibo, así como municipios de Hato Mayor.
El gobernante afirmó que las autoridades están identificando a las familias en condición de vulnerabilidad para garantizar que reciban asistencia y puedan retomar sus actividades cotidianas lo antes posible.
Asimismo, informó que ya iniciaron los trabajos de reconstrucción de un puente que fue arrastrado por las aguas en la carretera turística, estructura que databa de 1953.
“El puente ya empezó a reconstruirse, será una nueva infraestructura”, puntualizó.
La Cámara de Diputados aprobó mediante resolución transferir los terrenos donde operaba el antiguo Club de Legisladores, con el objetivo de que sean utilizados en la creación de una escuela de turismo.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, explicó este martes que el inmueble, de aproximadamente 9,000 metros cuadrados, será traspasado a la Dirección General de Bienes Nacionales, una entidad con la que ya se había acordado previamente este procedimiento.
A su vez, Bienes Nacionales lo transferirá al Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), que estará a cargo del desarrollo de la nueva academia de turismo.
El espacio está ubicado en la calle Jacinto de los Santos, próximo a la avenida España, en Santo Domingo Este.
Pacheco recordó que el Club de Legisladores dejó de funcionar en el año 2020, tras el inicio de la pandemia, y desde entonces permanece cerrado, en parte por razones económicas y como parte de los esfuerzos de la Cámara “para mantener un manejo prudente de su presupuesto”.
En ese sentido, destacó que esta decisión busca dar un uso productivo a un activo que ya no está en funcionamiento, contribuyendo así, según dijo, al desarrollo de uno de los sectores más dinámicos de la economía dominicana.
El presidente de los diputados subrayó que la iniciativa permitirá generar oportunidades de formación para jóvenes, facilitando su acceso a empleos dignos en el sector turístico que, según detalló, ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años.
Asimismo, valoró este traspaso como un aporte de la Cámara de Diputados al país, al canalizar un bien público hacia un proyecto de interés nacional, en cumplimiento de los procedimientos establecidos por la ley y por la propia resolución aprobada.
Durante sus declaraciones, Pacheco también señaló que la institución continúa trabajando en la identificación y organización de otras propiedades bajo su administración, incluyendo el saneamiento de terrenos que fueron otorgados al Congreso Nacional mediante decretos de expropiación.
El club de los legisladores, según dijo Pacheco, fue un espacio que funcionó hasta el 2020 y era usado para el esparcimiento y recreación de los diputados, sus familiares y los empleados de la Cámara Baja.
El proceso judicial contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez se aproxima a una posible extinción de la acción penal debido a los prolongados retrasos que han impedido el inicio del juicio de fondo dentro del plazo legal, advirtió este martes Participación Ciudadana.
El movimiento cívico emitió su octavo informe, dedicado exclusivamente al caso de Rodríguez y los otros acusados en ese proceso.
Recordó que el artículo 150 delCódigo Procesal Penalestablece un límite de cuatro años para la duración máxima de los procesos. No obstante, el expediente alcanzaría cinco años en julio próximo.
La entidad advirtió que las dilaciones responden, en gran medida, a la interposición reiterada de incidentes por parte de los imputados, con el objetivo de prolongar el proceso hasta provocar su extinción.
"La Suprema Corte de Justicia ha sentado el precedente de que el plazo de duración máxima, por mandato constitucional, debe ser razonable y no constituye una camisa de fuerza para el juzgador. Claramente ha establecido que para determinar su extensión se debe tomar en cuenta la complejidad, la actividad procesal de los imputados y la conducta de las autoridades judiciales", indicó la entidad.
De acuerdo con la organización de la sociedad civil, el juicio de fondo —fijado inicialmente para el 23 de septiembre de 2024— ha sido aplazado en 22 ocasiones en un período de 18 meses, sin que se haya conocido el fondo del caso.
Ante esta situación, sostuvo que esta práctica contraviene el artículo 305del Código Procesal Penal, que ordena que los incidentes sean resueltos en un solo acto, sin afectar el desarrollo del juicio.
A un año y ocho meses de su convocatoria, el juicio de fondo aún no inicia, lo que —según Participación Ciudadana— evidencia fallas estructurales en el sistema de justicia para procesar con eficacia los casos de corrupción administrativa.
Jean Alain Rodríguez rechazó el informe y lo calificó como un documento “político disfrazado de técnico”, al tiempo que negó que su defensa haya incurrido en tácticas dilatorias.
Por el contrario, atribuyó los retrasosal Ministerio Público, específicamente a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
“El Ministerio Públicono ha podido demostrar un solo hecho concreto que me vincule a actos de corrupción. La extinción no es un truco de la defensa, sino la consecuencia de una acusación débil”, afirmó Rodríguez mediante una nota de prensa.
El exprocurador sostuvo que el proceso en su contra se acerca a los seis años, superando el límite legal, y aseguró que ha asistido a todas las audiencias sin "provocar aplazamientos".
Además, indicó que, pese a que el plazo para la extinción estaría vencido, su defensa no ha solicitado el cierre del caso, con el fin de demostrar presuntas irregularidades, entre ellas falsificación de documentos, ocultamiento de pruebas y presiones a testigos.
Al menos siete personas murieron entre la noche del lunes y esta madrugada en un ataque perpetrado por bandas armadas pertenecientes a la coalición Viv Ansanm, en una localidad en el sudeste de Haití, como represalia por el arresto en una comisaría de uno de los suyos.
El ataque se produjo en Seguin, localidad situada en el municipio de Marigot, en el departamento del sureste, al sur de Puerto Príncipe, donde además la comisaría y al menos dos vehículos de la Policía Nacional de Haití (PNH) fueron incendiados, según videos que circulan en las redes sociales, en los que también se observan varios cadáveres.
"Hay informaciones que sugieren que un allegado de las bandas fue retenido en la comisaría de Seguin, y los bandidos respondieron matando a estas personas", explicó el alcalde de Marigot, René Danneau, en un programa de la radio estatal.
Según el alcalde, las víctimas eran residentes de la zona que forman parte de una brigada comunitaria que lucha junto a la PNH contra las bandas.
Con este nuevo ataque de las bandas armadas en esta localidad del sureste, un nuevo departamento del país corre el riesgo de caer en manos de las pandillas, sumándose así a los departamentos del Oeste, Centro y Artibonite (norte de la capital), también en el centro del país.
A finales de marzo pasado, al menos 70 personas murieron en las localidades de Jean Denis y Pont Sondé, en el departamento de Artibonite, a manos del grupo armado Gran Grif, que también hirió a decenas e incendió viviendas.
En esa ocasión, organizaciones no gubernamentales y las embajadas de Estados Unidos y Francia expresaron su condena y repudio a este ataque, que recuerda a otras masacres que han tenido lugar en Haití, en medio de una violencia extrema que según las Naciones Unidas causó la muerte de al menos 5,500 personas entre marzo de 2025 y mediados de enero de 2026.
Un primer contingente de 50 tropas de Chad llegó a Haití el 1 de abril, marcando el inicio de las operaciones de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) respaldada por la ONU, que se espere alcance un máximo de 5,500 efectivos de ese y de otros países.
El Tribunal Constitucional (TC) declaró conforme con la Constitución el uso obligatorio de medios y plataformas digitales en los tribunales que estaban ubicados en el Edificio de las Cortes de Apelación del Distrito Nacional, en el Centro de los Héroes (La Feria) y que fueron trasladados a la sede de la Jurisdicción Inmobiliaria.
El TC rechazó así, en cuanto al fondo, la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta contra una resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia.
En sus motivaciones, el TC destacó que la Resolución núm. 21-2025 no surge del arbitrio del Pleno de la SCJ, sino del ejercicio de una facultad legal expresa, específica y de naturaleza extraordinaria reconocida en las Leyes 25-91, Orgánica de la SCJ, y 339-22, que habilita y regula el uso de medios digitales para los procesos judiciales.
Subrayó que la Ley 339-22 faculta expresamente al Pleno de la SCJ para establecer los aspectos referidos al uso de los canales virtuales y los servicios judiciales.
Adicionalmente, el Párrafo VII del artículo 14 de la Ley núm. 339-22 habilita de manera específica al Pleno para disponer, mediante resolución motivada, el uso obligatorio de medios digitales en situaciones de causa mayor que impidan mantener la operatividad del servicio de administración de justicia presencial.
La sentencia TC/0180/26 concluye que la actuación de la SCJ se enmarcó con precisión en el marco normativo.
La decisión del TC está contenida en la Sentencia TC/0180/26, del 13 de este mes de abril del 2026 y responde a un recurso sometido por Amado Américo Moquete Tena, Mercedes Cruz Sánchez y Robinson Francisco Martínez Rosario contra el ordinal primero de la Resolución núm. 21-2025.
La resolución cuestionada se emitió luego de decidirse el traslado de los tribunales y otras dependencias del Poder Judicial del Edificio de las Cortes de Apelación por un estudio que advierte de riesgos de colapso de esa estructura.
La SCJ actuó dentro de sus atribuciones constitucionales
Al destacar en una comunicación de prensa la sentencia del TC, el Poder Judicial dice que uno de sus señalamientos más relevantes consiste en la clarificación del ámbito de competencias entre los órganos del Poder Judicial.
“El TC precisó que la potestad reglamentaria en materia jurisdiccional recae de manera exclusiva en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en consonancia con lo ya establecido en la Sentencia TC/0286/21.
Al ser la SCJ la que dictó la Resolución núm. 21-2025, el Tribunal Constitucional descartó cualquier vicio de competencia y confirmó que el órgano emisor era el constitucionalmente habilitado para adoptar la medida”, agrega.
El Tribunal Constitucional también valoró positivamente que la Resolución núm. 21-2025 no haya sido concebida como una medida permanente.
Por el contrario, el Pleno de la SCJ dispuso expresamente su carácter provisional, estableciendo que la pertinencia y continuidad de la modalidad digital será revisada cada seis meses, hasta tanto cesen las circunstancias de fuerza mayor que la originaron.
