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Con 49 años de edad, Mario José Redondo Llenas sale de la prisión este martes 5 de mayo, cuando se cumplen las tres décadas que se le impusieron luego de ser hallado culpable por el secuestro y asesinato de su primo José Rafael Llenas Aybar, de 12 años.
En una resolución del pasado 28 de abril, la jueza interina de la Ejecución de la Pena de San Cristóbal, Miolany Herasme Morillo, ordenó al Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo-Hombres, “la inmediata puesta en libertad” de Redondo Llenas, al cumplirse la sentencia.
El crimen, por el que también fue sentenciado a 20 años de cárcel Juan Manuel Moliné Rodríguez, cómplice del homicidio agravado, conmocionó profundamente a la sociedad dominicana en mayo de 1996 y los siguientes 10 años que duró todo el proceso penal en los tribunales. Moliné Rodríguez terminó de purgar su condena en el 2016.
Ambos amigos, de familias acomodadas, tenían 18 y 19 años de edad cuando cometieron los hechos que confesaron.
José Rafael Llenas había llamado a su madre, Ileana Aybar de Llenas, para que le autorizara salir con su primo, Mario José Redondo, a una exhibición de motores en un supermercado el 3 de mayo de 1996. La madre accedió. Luego, Mario José llamó a Ileana Aybar para informarle que dejó al niño en un centro comercial para encontrarse con unos amigos, lo que le resultó extraño a Aybar porque el menor no acostumbraba a salir solo. Decidió ir a la plaza a buscarlo y no lo encontró. Ahí empezó la intensa búsqueda, la cual siguió todo el país por los noticiarios y a la que se unió, de manera fría, Mario José.
El cuerpo fue hallado el 4 de mayo con 34 puñaladas esparcidas, principalmente en su espalda, en un arroyo del kilómetro 24 de la autopista Duarte.
Los jóvenes admitieron el crimendespués de ser detenidos por las pistas que los señalaban, una de ellas un papel hallado en la mano de la víctima con el número de la novia de Moliné.
En un principio, el plan era pedir 10 millones a los padres del niño por su rescate. Mario José infligió las 34 puñaladas a su primo, mientras Moliné sostenía su cuerpo.
Mario José Redondo Llenas y Juan Manuel Moliné Rodríguez intentaron, sin éxito, salir en libertad condicional.
Moliné lo intentó en dos ocasiones; Mario José lo hizo cuando cumplió 17 años en la prisión. Este último también procuró anular la sentencia que lo condenaba en todas las instancias, alegando violaciones al debido proceso, entre ellos impugnando el término de “condena a sufrir”, una determinada pena, que calificó de “vejatorio por inhumano”.
La propuesta de disminuir a la mitad los recursos asignados a los partidos para mitigar los efectos de la crisis económica internacional provocó que el liderazgo político apele a referencias directas a leyes vigentes que, a su juicio, inciden en la aplicación de la eventual medida.
Fuera del rechazo de la oposición que generó la propuesta del Gobierno, la discusión de los dirigentes se trasladó a marcos legales como la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, la Ley de Presupuesto para el Sector Público y la propia Constitución.
El exsecretario general y aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, calificó la propuesta como “ilegal e inconstitucional”, al considerar que el Poder Ejecutivo “no tiene facultad para reducir unilateralmente” los fondos asignados y que cualquier modificación debe pasar por el Congreso Nacional.
“El Gobierno debe tener cuidado con usar la crisis como una herramienta política. Estamos a las puertas de un proceso preelectoral donde el partido oficialista cuenta con toda la estructura y los recursos públicos para su campaña, mientras pretende asfixiar financieramente a la oposición”, expresó.
En específico, Mariotti citó la Ley 423-06, sobre Presupuesto del Sector Público que, en su artículo 48, establece que el Poder Ejecutivo no puede modificar el total de gastos aprobados por el Congreso ni trasladar fondos entre partidas o capítulos sin someter un proyecto de ley para su aprobación.
Asimismo, el exsenador peledeísta hizo referencia a la Constitución al advertir sobre posibles implicaciones institucionales de la medida.
En detalle, mencionó el artículo 212 de la Constitución que dispone que la Junta Central Electoral (JCE) es un órgano autónomo con independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera. Según la ley 20-23, sobre Régimen Electoral, el órgano comicial es quien distribuye los fondos de los partidos de acuerdo a las votaciones obtenidas por las organizaciones en las últimas elecciones.
De su lado, presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle, expresó su respaldo al recorte en el contexto de la crisis internacional, pero advirtió que la decisión debe ejecutarse conforme al marco legal vigente.
“Respaldamos la reducción de los fondos asignados a las organizaciones políticas en medio de la actual crisis internacional, pero esta decisión debe estar sustentada en el cumplimiento estricto de la ley”, afirmó al recomendar que, antes de tomar la medida, el Gobierno debe someter un proyecto de modificación a la Ley de Partidos Políticos, promulgada en 2008.
Al hablar así, se refirió a la ley que norma a los partidos políticos y que, en sus artículos 59 y 61 establece que el patrimonio de los partidos incluye las contribuciones del Estado y dispone que los fondos públicos deben distribuirse en un 80 % entre partidos con más del 5 % de los votos, un 12 % entre los que obtuvieron entre 1 % y 5 %, y un 8 % entre los de menor votación.
El expresidente de la JCE, Roberto Rosario, consideró que la discusión sobre la reducción del financiamiento a los partidos no debe centrarse únicamente en criterios económicos y explicó que el financiamiento público responde a “la necesidad de garantizar condiciones mínimas de competencia”.
El dirigente de la Fuerza del Pueblo advirtió que cualquier modificación a estos recursos debe analizarse con cautela, ya que incide directamente en el funcionamiento de las organizaciones políticas y en la dinámica electoral.
Asimismo, planteó que el debate debe ampliarse más allá del monto del financiamiento, incorporando elementos como la transparencia en el uso de los recursos y el fortalecimiento institucional del sistema de partidos.
De su lado, el ministro Sigmund Freund, en su condición de delegado político del Partido Revolucionario Moderno (PRM), llamó a los partidos políticos a debatir y analizar la propuesta al indicar que el plan va de la mano con la petición de la oposición sobre el “nivel de sacrificio” que debe aplicar cada sector.
“Es una cuestión de que nosotros estamos proponiendo como partido político de Gobierno de que nosotros, los partidos políticos, también hagamos nuestra cuota de sacrificios”, manifestó Freund.
Para este 2026, según la Ley de Presupuesto General del Estado y la resolución 01-2026, de la JCE, los partidos políticos tienen asignados 1,620 millones de pesos y de ese monto, las organizaciones mayoritarias (PRM, Fuerza del Pueblo y PLD) recibirán el 80 % en partidas divididas mensualmente y supervisadas por el organismo comicial.
En el último Consejo de Gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, el Poder Ejecutivo presentó un plan de austeridad que, entre otras medidas, incluye la posibilidad de reducir el financiamiento público que reciben los partidos políticos en hasta un 50 %, como una estrategia para tener recursos disponibles ante los embates de la crisis económica que provoca la guerra en Oriente Medio.
El 1996 ocupa un lugar singular en la memoria colectiva de la República Dominicana; no solo por la magnitud de los hechos ocurridos, sino, por la forma en que impactaron simultáneamente distintos ámbitos de la vida nacional: seguridad, justicia, derechos humanos y la institucionalidad política.
Mañana, tres décadas después, ese año vuelve al presente. No como recuerdo, como noticia.
El martes, Mario José Redondo Llenas, primo de la víctima en el caso que estremeció al país, cumplirá su condena de 30 años por el asesinato y quedará en libertad. Antes, su coimputado, Mario José Moliné Rodríguez, ya había recuperado la libertad tras cumplir 20 años de prisión. La justicia cierra un ciclo. Pero la memoria, no.
El 6 de febrero de 1996, el vuelo 301 de Birgenair, que despegó desde el aeropuerto Gregorio Luperón, en Puerto Plata, con destino a Alemania, Europa, se precipitó al océano Atlántico pocos minutos después de iniciar su trayecto. Las 189 personas a bordo fallecieron.
La tragedia no solo tuvo un impacto humano devastador, generó cuestionamientos técnicos sobre la seguridad aeronáutica y afectó la percepción internacional del país como destino turístico. En un contexto de crecimiento del sector, el accidente obligó a revisar protocolos y reforzar estándares de supervisión.
En mayo de ese mismo año, el asesinato del niño José Rafael Llenas Aybar marcó un punto de inflexión en la manera en que la sociedad dominicana interpretaba la violencia.
El caso trascendió el ámbito criminal, para convertirse en un fenómeno social, no solo por la brutalidad del hecho, sino, por el vínculo entre la víctima y los responsables, lo que provocó una profunda conmoción. La idea de que el peligro podía originarse en entornos cercanos alteró la percepción de seguridad.
Casi treinta años después, el caso vuelve a interpelar a la sociedad. La inminente salida de prisión de Mario José Redondo Llenas reabre preguntas que no han perdido vigencia: ¿puede una condena cerrar una herida de esta magnitud? y ¿qué significa la justicia cuando el daño es irreparable?
El sistema judicial cumple sus plazos. La sociedad, en cambio, procesa los hechos en otra dimensión, más lenta y más compleja.
En paralelo, la desaparición de Narciso González (Narcisazo), ocurrida en 1994, continuaba siendo un tema de alta sensibilidad en 1996. Hoy, 32 años después, continúa siendo uno de los capítulos más sensibles de la historia reciente dominicana.
A pesar del tiempo transcurrido, su viuda y su familia no han perdido la esperanza de conocer algún día el paradero de su cuerpo. Esa búsqueda, sostenida en el tiempo, trasciende lo personal para convertirse en un símbolo de la deuda pendiente del Estado en materia de verdad y justicia.
El caso, aún sin resolución definitiva, mantiene vigente el debate sobre la institucionalidad, la rendición de cuentas y la protección de los derechos fundamentales.
El contexto político de 1996 estuvo marcado por la elección de Leonel Fernández como presidente de la República, en un proceso respaldado por el expresidente Joaquín Balaguer.
Este resultado representó un punto de inflexión en la dinámica política dominicana. Más allá de la alternancia en el poder, reflejó la capacidad del sistema político para reconfigurarse en medio de tensiones acumuladas.
La llegada de un liderazgo más joven abrió expectativas de modernización, aunque en un entorno social marcado por el impacto de los hechos que definieron ese año.
1996 no puede ser entendido únicamente como un año de acontecimientos. Fue un período que dejó marcas profundas en la sociedad dominicana. Hoy, con la inminente liberación de uno de los responsables de uno de sus casos más emblemáticos y con una desaparición que aún reclama respuestas, ese año vuelve a cobrar sentido, porque hay hechos que terminan en los tribunales y hay otros que permanecen abiertos en la memoria colectiva.
La inteligencia artificial ya no es una promesa lejana para los sistemas de salud. Desde la programación de citas médicas hasta la detección temprana de enfermedades cognitivas, hospitales de EE. UU. utilizan herramientas tecnológicas capaces de reorganizar la atención sanitaria, optimizar tiempos y detectar riesgos antes de que los síntomas se agraven. Sin embargo, el verdadero desafío no es sólo adoptar tecnología, sino garantizar que exista infraestructura, capacitación y supervisión humana para usarla de manera segura.
Así lo explicó Lidia Moura, directora del Centro de Atención Sanitaria del Hospital General de Massachusetts y profesora de la Escuela de Salud Pública de Harvard, durante una entrevista con Diario Libre.
—Tenemos a EE.UU. como un referente, ¿cómo está la salud allá?
Somos líderes en materia de tecnología y estamos apalancando tecnologías emergentes, incluyendo la inteligencia artificial. No solamente para ayudarnos a descubrir nuevos tratamientos y tomar mejores decisiones, también para reorganizar la forma en cómo cuidamos a nuestros pacientes, con el objetivo de mejorar el acceso al cuidado, la calidad del cuidado y también la seguridad.
—Y con respecto a Latinoamérica, ¿qué ocurre en materia de salud?
Voy a dar un ejemplo de Brasil. Allí existen lugares donde se utiliza tecnología de punta, muy similar a lo que se hace en Mass General Brigham. Pero en esa misma región, o incluso cruzando la calle, hay centros que ni siquiera tienen acceso a archivos digitales.
En Latinoamérica vemos una penetración desigual de las tecnologías y debemos tener cuidado de asumir que todos los sistemas de salud pueden utilizar tecnología inmediatamente. También debemos prestar atención a otros aspectos relacionados con la adopción tecnológica. El primero es la infraestructura y el segundo es la capacitación de los usuarios. Esos tres aspectos deben ir juntos. No se trata solamente de pensar cuál será la próxima tecnología, sino de asegurarnos de que la tecnología se use de forma apropiada y segura.
He visto distintos retos relacionados con los sistemas hospitalarios, la cobertura de seguros y otros contextos que también pueden ser pertinentes para RD.
—¿Podría la inteligencia artificial reemplazar eventualmente al personal médico?
En términos generales, no. Lo que buscamos es utilizar la IA como ocurre en otras industrias. Hoy usamos IA para planificar rutas o resolver tareas cotidianas. Pero el trabajo final sigue dependiendo de un ser humano.
—En enfermedades como el cáncer o enfermedades catastróficas, ¿puede ser útil la IA?
Ahí es donde la IA puede brillar. Nos permite analizar grandes cantidades de información con más precisión. Ya usamos software para detectar condiciones médicas mediante imágenes.
La implementación debe dividirse en tres partes. La primera es la integración tecnológica: cómo integrar nuevas herramientas con sistemas existentes. La segunda es la integración al flujo de trabajo, es decir, cómo incorporar estas herramientas sin interrumpir procesos ni agregar más carga laboral. La tercera es la capacitación de usuarios, para evitar usos incorrectos de las herramientas y para que puedan detectar posibles errores.
Las empresas del sector construcción en la República Dominicana se ganaron 36,330.6 millones de pesos durante el 2024, un período en el cual recibieron ingresos por encima de los 239,000 millones de pesos producto de la venta de bienes generados y por la prestación de servicios y en el cual también vieron aumentar su rentabilidad.
Las ganancias de las compañías constructoras tuvieron un aumento absoluto de 7,568.2 millones de pesos en 2024, en comparación con los 28,762.4 millones del año anterior, significando un 26.3 % más, apoyadas por un alza de 40,483.6 millones de pesos en los ingresos.
Los datos están contenidos en la Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE) 2025 para la construcción, correspondiente a los dos años fiscales anteriores, en la cual se precisa que las firmas dedicadas a esa actividad pasaron de generar 198,880.8 millones de pesos en 2023 a recibir ingresos por 239,364.5 millones el año siguiente, un 20.4 % más.
Los ingresos de esas empresas durante el 2023 y el año siguiente se generaron principalmente por la venta de los bienes producidos, con el 73.6 % y el 72.7 %, respectivamente. En tanto, las prestaciones de servicios representaron el 20.7 % y el 22.2 % de sus ingresos en el mismo período.
La rentabilidad de las constructoras, que es igual a la utilidad del ejercicio sobre los ingresos, también se incrementó en el citado lapso. El indicador financiero pasó de un 14.5 % en 2023 a un 15.2 % en el 2024, de acuerdo con el documento, elaborado por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).
Pero, no solo los ingresos y la utilidad de las empresas de la construcción registraron aumentos, los gastos y costos también sufrieron variaciones al alza entre 2023 y 2024. Estos pasaron de 129,830.4 millones de pesos a 160,956.7 millones en ese período, para un incremento absoluto de 31,126.3 millones, representando un 24 %.
En 2024, el 39 % de los costos y gastos estuvo representado por las materias primas y materiales consumidos para la producción de bienes, sufriendo una ligera reducción en comparación con el 39.8 % del año anterior.
Asimismo, el costo de los insumos o materiales consumidos para la producción de servicios, representó el 18.7 % de los gastos de las empresas constructoras en 2024, superando el 16.3 % del año antes.
De igual forma, las remuneraciones pagadas por las compañías de la actividad construcción aumentaron en 1,789.1 millones de pesos en el período analizado, al pasar de 40,288 millones a 42,077.1 millones de pesos, según los resultados de la ENAE.
El salario promedio en el sector registró un aumento de un 2 % entre el 2023 y el 2024, pasando de 27,828.1 pesos a 28,384.1 pesos, para un incremento absoluto de 556 pesos.
Este comportamiento refleja un incremento sostenido en los sueldos y salarios nominales durante el período analizado, evidenciando un ajuste positivo en la compensación promedio para los trabajadores del sector, destaca la encuesta.
La operación estadounidense para liberar a las embarcaciones atrapadas en el estrecho de Ormuz por el bloqueo iraní, anunciada este domingo por el presidente Donald Trump y denominada 'Proyecto Libertad', movilizará más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15,000 militares.
La misión comenzará el lunes, avisó Trump en un mensaje en Truth Social, después de que "países de todo el mundo" solicitaran la ayuda estadounidense para permitir el paso seguro de sus barcos.
Según el presidente, muchos de esos países son "inocentes" y no guardan relación con el conflicto en Irán, por lo que Estados Unidos planea escoltarlos por el estrecho de Ormuz a modo de "gesto humanitario", en el que también instó a participar a Irán.
El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom), a cargo de las operaciones de EE.UU. en la región, informó que en el operativo participarán "destructores con misiles guiados, más de 100 aeronaves con base en tierra y mar, plataformas autónomas (drones) de dominio múltiple y 15,000 miembros del servicio".
"Nuestro apoyo a esta misión defensiva es esencial para la seguridad regional y la economía global, mientras mantenemos también el bloqueo naval", afirmó el comandante del Centcom, Brad Cooper.
El comando agregó que el estrecho de Ormuz es un corredor comercial "esencial" por servir de paso para una cuarta parte del comercio mundial de petróleo por vía marítima y para "volúmenes significativos" de combustible y fertilizantes.
Este punto geográfico es objeto actualmente de un doble bloqueo por parte de Irán y de Estados Unidos. El país persa mantiene restringido el paso en respuesta a los bombardeos estadounidenses e israelíes del pasado 28 de febrero, mientras que EE.UU. intercepta cualquier barco que se dirija o salga de puertos iraníes.
En este sentido, EE.UU. posee buques de guerra y aeronaves desplegadas en la región que podrían ayudar en el 'Proyecto Libertad'.
El conflicto en Irán se encuentra pausado por un alto el fuego, mientras iraníes y estadounidenses negocian la paz, donde la apertura del estrecho de Ormuz es un elemento clave.
En su mensaje, Trump afirmó que el traslado de los barcos de los países que han pedido ayuda a EE.UU. tiene como único objetivo "liberar a personas, empresas y países que no han cometido ningún delito", y destacó que muchos de los buques tienen escasez de alimentos y de todo lo necesario para que sus tripulaciones permanezcan a bordo en condiciones sanitarias adecuadas.
La Policía Nacional informó este domingo que tres agentes policiales —incluyendo dos mujeres— y un capitán del Ejército de la República Dominicana (ERD) resultaron heridos, tras ser agredidos durante una manifestación en contra de la explotación de la mina de oro Los Romeros, en San Juan.
La institución indicó en una nota de prensa que la jornada inició y se desarrollaba de manera pacífica; sin embargo, en su fase final, un grupo de individuos —actualmente en proceso de identificación— lanzó piedras contra el personal de seguridad apostado en la zona, especialmente mujeres policías, para preservar el orden público.
"Las agresiones contra los agentes se produjeron sin que existiera ninguna razón, motivo ni circunstancia", dice la Policía.
Las autoridades investigan si estos hechos fueron provocados por personas infiltradas en la manifestación.
La Policía Nacional precisó que durante el incidente no se utilizaron armas de fuego. Dijo que las unidades actuantes emplearon gases lacrimógenos y chorros de agua con el objetivo de dispersar a los agresores y evitar que continuaran los actos violentos.
Asimismo, destaca que se reportaron daños materiales, incluyendo la rotura de los cristales de una unidad policial apostada en las inmediaciones de la Presa de Sabaneta, lugar donde se desarrollaba la protesta.
La institución del orden indicó que había desplegado refuerzos preventivos en la zona, con el propósito de garantizar la seguridad de los manifestantes y prevenir alteraciones del orden público.
Las autoridades reiteraron que se mantienen las investigaciones en curso para identificar y someter a los responsables de estos hechos.
De acuerdo a la empresa canadiense GoldQueste, se está en la fase de exploración de la zona de Romero para determinar si es factible la explotación minera de la zona.
El Gobierno ha aclarado que el permiso otorgado a la minera solo ha sido de exploración y no de explotación y que hay que esperar los resultados de los estudios que se realizan.
El avance de la inteligencia artificial (IA) en los sistemas de justicia abre un debate central sobre sus beneficios y límites. En esta entrevista, la especialista, invitada por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) analiza hasta qué punto estas herramientas pueden aportar eficiencia sin comprometer garantías fundamentales, en un contexto donde la tecnología ya incide en decisiones sensibles.
En un conversatorio en el citado centro de pensamiento, la especialista abordó el tema con una exposición titulada: "La inteligencia artificial: entre la promesa de objetividad y el riesgo de deshumanización de la justicia". En la entrevista, la jurista destacó aspectos significativos del impacto de esta nueva herramienta aplicada al ámbito judicial.
—¿Hasta qué punto la inteligencia artificial puede reducir la discrecionalidad judicial sin reproducir o amplificar los sesgos históricos presentes en los sistemas de justicia?
La inteligencia artificial puede reducir ciertas formas de variabilidad judicial, especialmente aquellas ligadas al cansancio, al contexto, al estado de ánimo o a lo que Kahneman denominó “ruido”. En ese sentido, puede introducir mayor regularidad, consistencia y previsibilidad en determinadas decisiones, sobre todo allí donde el juicio humano se muestra inestable o excesivamente dependiente de la decisión correcta concreto, pero esta capacidad de ofrecer resultados sin ruido, porque la IA no se enfada ni sufre estrés, no significa que sean más imparciales y objetivas que las humanas.
Sin embargo, se ha demostrado que la IA resuelve con sesgos y ello porque la IA no opera en el vacío, sino a partir de datos construidos por sistemas sociales e institucionales que ya contienen desigualdades históricas. De esta forma puede reproducir o incluso intensificar sesgos previos si estos están incrustados en los datos, en las categorías utilizadas o en el propio diseño del sistema.
Por ello, la IA no elimina automáticamente la subjetividad humana; a veces simplemente la desplaza de lugar. Se pasa de la discrecionalidad visible del juez a una forma de sesgo tecnificado, menos evidente y, por ello mismo, más difícil de detectar y cuestionar. Por tanto, la inteligencia artificial solo puede reducir legítimamente la discrecionalidad judicial si está sometida a fuertes exigencias de transparencia, control, revisión y supervisión humana.
—¿Qué riesgos concretos implica el uso de algoritmos en decisiones preventivas que afectan derechos fundamentales, como la libertad personal o la presunción de inocencia?
Podemos identificar riesgos muy concretos. El primero es la opacidad algorítmica. Cuando una decisión sobre libertad, reincidencia, peligrosidad o medidas cautelares se apoya en un sistema cuyo funcionamiento no es plenamente accesible ni comprensible, se debilitan elementos esenciales del debido proceso. La persona afectada puede no saber con claridad cómo se ha construido la evaluación de riesgo, qué variables se han utilizado, con qué peso o con qué margen de error.
El segundo riesgo es la afectación del derecho de defensa. Si la lógica interna del algoritmo no puede ser discutida eficazmente, la contradicción procesal se resiente. El afectado puede verse condicionado por una valoración técnica que influye en la decisión, pero que no puede impugnar en condiciones reales de igualdad, puesto que desconoce las razones que llevaron a la IA a tomar esa decisión.
El tercero es la apariencia de neutralidad o infalibilidad. Las puntuaciones, escalas o probabilidades pueden producir una falsa impresión de objetividad. No podemos olvidar que una predicción estadística no equivale a una verdad jurídica. El riesgo consiste en que la autoridad técnica del algoritmo termine sustituyendo, en la práctica, la motivación jurídica y la valoración prudente del caso.
El cuarto riesgo es más profundo: el que las decisiones que afectan derechos fundamentales descansen sobre una lógica predictiva que desplace la presunción de inocencia y acerque la justicia a un modelo de anticipación del comportamiento futuro. En esos casos, el sistema ya no reacciona solo frente a hechos probados, sino también frente a probabilidades, y eso exige una cautela constitucional máxima.
—En el equilibrio entre eficiencia judicial y garantías procesales, ¿dónde deberían trazarse los límites del uso de la inteligencia artificial dentro del sistema de justicia?
Los límites deben trazarse allí donde el uso de la inteligencia artificial empieza a comprometer el núcleo de las garantías procesales.
La IA puede ser útil en tareas auxiliares: clasificación de expedientes, gestión documental, búsqueda de información, detección de patrones, tratamiento masivo de datos o apoyo técnico en labores preparatorias. En ese terreno, la eficiencia puede ser una ventaja legítima y compatible con la mejora del sistema.
Pero el límite aparece cuando la IA se aproxima al núcleo duro de la función jurisdiccional, es decir, cuando influye de manera determinante en la valoración de hechos, en la apreciación de la prueba, en la interpretación del Derecho o en decisiones que afectan directamente a la libertad, a la dignidad o a otros derechos fundamentales.
La justicia penal no puede regirse solo por criterios de rendimiento. No basta con que una herramienta convierta el sistema en uno más rápido o más uniforme. La pregunta decisiva es si ese uso sigue siendo compatible con la motivación judicial, la transparencia, la posibilidad de contradicción, el recurso y la responsabilidad de quien decide.
Por tanto, el límite debería situarse exactamente ahí: la IA puede asistir, pero no sustituir el juicio jurídico humano allí donde están en juego garantías fundamentales.
—A partir de la experiencia comparada en jurisdicciones como la Unión Europea, Estados Unidos o Brasil, ¿qué modelo regulatorio ofrece mayores garantías frente a la deshumanización de la decisión judicial?
En realidad, no hay una respuesta simplista en favor de un único sistema, pero podemos ver una comparación muy clara.
Brasil aparece como el modelo más ambicioso en términos de gobernanza estructural. Su fortaleza está en la clasificación de riesgos, la evaluación de impacto, la auditoría, la transparencia institucional y la trazabilidad de los sistemas. Es un modelo fuerte para hacer la tecnología jurídicamente gobernable.
Europa, y especialmente España, aparecen como el modelo más intenso en la protección del núcleo constitucional del juzgar. Su preocupación principal no es solo gobernar la herramienta, sino impedir que la inteligencia artificial invada la responsabilidad humana del juez, la independencia judicial y la función jurisdiccional en sentido estricto. Es, por tanto, el modelo más claramente orientado a evitar que la automatización sustituya la decisión humana en el espacio donde se valoran hechos, se interpretan normas y se afectan derechos fundamentales.
Estados Unidos, en cambio, se presenta como un modelo de experimentación y corrección posterior. Tiene capacidad adaptativa, pero también mayor fragmentación y menor uniformidad protectora, lo que puede dejar al justiciable más expuesto a desigualdades regulatorias y a controles insuficientes.
Si la pregunta es qué modelo ofrece mayores garantías frente a la deshumanización de la decisión judicial, mi inclino hacia el modelo europeo-español, porque es el que más claramente blinda la función jurisdiccional humana y más insiste en que la IA no puede sustituir la valoración del juez. Brasil ofrece una regulación institucional muy sólida, pero Europa y España aparecen como los sistemas más directamente orientados a preservar la dimensión constitucional y humana del acto de juzgar.
En España, por ejemplo, la Instrucción del Pleno del Consejo General del Poder judicial de 28 de enero de 2026, acordó lo siguiente en relación con los Principios de utilización de los sistemas de IA en el ejercicio de la actividad jurisdiccional:
La utilización de los sistemas de IA por los jueces, juezas, magistrados y magistradas en el ejercicio de la actividad jurisdiccional deberá ajustarse a los siguientes principios:
—Si juzgar implica interpretar, ponderar y asumir responsabilidad institucional, ¿qué papel real puede desempeñar la inteligencia artificial sin sustituir indebidamente la función del juez?
La inteligencia artificial puede desempeñar un papel auxiliar, instrumental y de apoyo, pero no puede ocupar el centro de la decisión jurisdiccional.
Su papel legítimo estaría en funciones como ordenar información, localizar patrones, facilitar tareas de gestión, resumir documentos, asistir en búsquedas complejas, procesar grandes volúmenes de datos o colaborar en tareas técnicas y preparatorias. Todo eso puede mejorar la administración de justicia sin desplazar al juez.
Juzgar no es solo calcular. Juzgar implica interpretar normas, ponderar principios, valorar circunstancias concretas, justificar decisiones y asumir responsabilidad institucional. Esa dimensión no puede ser absorbida por la lógica algorítmica, porque el algoritmo no ofrece razones en sentido jurídico fuerte: correlaciona, clasifica, predice, pero no responde institucionalmente por la justicia de la decisión. La IA puede ayudar a “ordenar” la justicia, lo que no debería hacer es reemplazar la responsabilidad humana de juzgar.
Por eso, el papel real de la IA debe ser el de una herramienta subordinada al juicio humano, nunca el de un sustituto del juez. Puede ayudar a que la justicia sea más eficiente e incluso más consistente en ciertos aspectos, pero la decisión final debe seguir siendo humana, motivada, revisable y jurídicamente atribuible a una autoridad responsable.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo de tres muertos por un posible foco de infección por hantavirus en un crucero en el Atlántico, una enfermedad que puede provocar un síndrome respiratorio agudo.
El barco MV Hondius cubría la ruta entre Ushuaia, en Argentina, y Cabo Verde. El domingo se encontraba frente al puerto de Praia, capital de Cabo Verde, constataron un fotógrafo y un camarógrafo de la AFP.
"La OMS fue informada de un suceso de salud pública relativo a un barco de crucero que navega por el océano Atlántico y está aportando su apoyo", declaró esa agencia de la ONU a la AFP.
"A día de hoy, se ha confirmado un caso de infección por hantavirus en laboratorio, y hay otros cinco casos sospechosos. De las seis personas afectadas, tres han muerto y una está actualmente en cuidados intensivos en Sudáfrica", precisó la OMS.
Ese pasajero, un ciudadano británico de 69 años, fue hospitalizado en Johannesburgo, señaló un portavoz sudafricano, Foster Mohale, que depende del Ministerio de Salud.
Los hantavirus se transmiten a través de los roedores, en particular por contacto con su orina, sus heces y su saliva, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.
"Aunque sea raro, el hantavirus puede transmitirse de una persona a otra y provocar enfermedades respiratorias graves", indicó la OMS.
"Se están realizando investigaciones en profundidad, sobre todo análisis de laboratorio adicionales e investigaciones epidemiológicas. Los pasajeros y la tribulación están recibiendo atención médica. También se está llevando a cabo la secuenciación del virus", agregó.
Según una fuente conocedora del caso, que pidió mantener el anonimato, habría una pareja de neerlandeses entre los tres fallecidos. La tercera víctima seguiría a bordo del barco.
Un pasajero de 70 años fue el primero en desarrollar síntomas. Murió a bordo del barco y su cuerpo fue depositado en isla de Santa Elena, un territorio británico del Atlántico Sur, explicó Mohale.
Su esposa, de 69 años, también cayó enferma a bordo y fue evacuada a Sudáfrica. Murió en un hospital de Johannesburgo, indicó el vocero, que no pudo indicar la nacionalidad de las víctimas.
"La OMS está organizando la evacuación médica de dos pasajeros que presentan síntomas, y lleva a cabo una evaluación exhaustiva de riesgos y presta apoyo a las personas afectadas a bordo", dijo el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en X.
"Una acción rápida y coordinada es esencial para limitar los riesgos y proteger la salud pública", remarcó.
Según la fuente conocedora del caso, las dos personas enfermas podrían ser llevadas a un hospital de Cabo Verde, para ser puestas en aislamiento, tras lo cual el barco podría reanudar su ruta hacia el archipiélago español de Canarias, a dos o tres días de navegación.
Por su parte, la OMS indicó que está "facilitando la coordinación" entre los países y los operadores del barco para "organizar la evacuación médica de dos pasajeros con síntomas". Además, elogió "la rapidez de las medidas tomadas y la buena coordinación entre las partes implicadas".
Está operado por una empresa con sede en los Países Bajos, Oceanwide Expeditions.
Uno de los cruceros ofrece un itinerario que parte de Ushuaia hacia Cabo Verde, con escalas en las islas de Georgia del Sur y Santa Elena.
De acuerdo a varias páginas de monitoreo de buques, el MV Hondius se encontraba el domingo frente al puerto de Praia, capital de Cabo Verde. El buque tiene capacidad para unos 170 pasajeros y una tripulación de unos 70 miembros.
Existen numerosos tipos de hantavirus. Según la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza (OFSP), "solo un tipo de virus, extremadamente raro, puede transmitirse de una persona a otra".
En el arte escénico hay quienes construyen espacios y quienes construyen experiencias. Y Ángela Bernal pertenece, sin ambigüedades, a la segunda categoría. Su trabajo no se limita a diseñar estructuras: articula emociones, dirige atmósferas y traduce ideas abstractas en relatos visuales que impactan desde el primer instante.
Arquitecta de formación, actriz por vocación y escenógrafa por evolución natural, su trayectoria es el resultado de una preparación constante y de una inquietud creativa que nunca ha aceptado límites.
“Yo creo que el tener la multidisciplina viene de querer muchas cosas a la vez y de tener unos padres que me abrieron las puertas y me entraron cuando me antojé de piano, cuando me antojé de ballet, cuando me antojé del jazz”, explica.
Esa apertura inicial no fue anecdótica: fue el cimiento de una manera de entender el arte como expansión, no como encierro. “Fui pasando por todas las artes, me gustaban todas y me formé en todas las necesarias para ser mejor. Y entonces me hice arquitecta, que también es arte”.
El giro hacia la escenografía no llegó como decisión planificada, sino como una irrupción del azar.
A partir de ahí, lo que parecía una intervención puntual se convirtió en una carrera sostenida por una convicción íntima: la necesidad de expresarse.
“Yo creo que fue la necesidad de contar lo que yo me soñaba, que la gente viera lo que podía hacer. Nunca pensé que lo hacía bien, pero yo quería que la gente lo viera”.
En su relato, la formación no aparece como un complemento, sino como una condición estructural. “La formación te hace estar listo para lo que llega, que a veces te cambia el rumbo completo a lo que tú pensabas que querías”. Esa idea atraviesa toda su práctica: la preparación como dispositivo de respuesta ante lo inesperado.
Bernal no separa disciplinas; las integra. Aunque su oficio principal es la escenografía, su identidad artística sigue anclada también en la actuación.
“Yo diría que sigo siendo escenógrafa y actriz. O sea, como actriz de teatro musical, esa integración de disciplina está intrínseca”.
Esa doble condición le permite observar el espacio desde dentro: no solo como creadora, sino como usuaria. “El ser actriz para mí fue mi valor agregado para ser escenógrafa”.
Su enfoque, lejos de lo ornamental, se centra en la construcción de narrativas espaciales. “El ser humano, aunque no sea dado al arte, nació con códigos universales de color, de texturas… todo lo que esa persona ve desde que entra a ese lobby, el sonido, la iluminación, todo es llevar un mensaje”.
En su visión, el espacio no decora: comunica. Esa lógica la ha llevado a expandir su práctica hacia el mundo corporativo, donde traslada las herramientas del teatro a eventos institucionales y de marca.
“Nosotros podemos crear experiencias con una historia con hilo conductor, con jerarquías… y hacer que un evento comunique esa marca de manera especial, que cree un alto impacto y una experiencia memorable en todo el espectador”.
En ese tránsito, la clave no está solo en la creatividad, sino en la traducción de lo intangible. “¿Cómo se traduce una emoción abstracta a algo visual que la gente puede ver y disfrutar? El ser humano tiene estímulos universales que nosotros sabemos trabajar”. Esa traducción, insiste, no es intuitiva únicamente, sino metodológica.
“El productor tiene que entender que todo se toma su tiempo… si el tiempo no es prudente, no se va a poder contar con Track Stage porque es una falta de respeto al proceso y a la calidad”.
Su evolución profesional también está marcada por una decisión estructural: el trabajo en equipo. “Yo me di cuenta en el 2015 que no podía sola. Que para crecer necesitaba un equipo”.
Hoy, ese equipo, una estructura compacta de diseñadores, artistas y técnicos, sostiene proyectos de gran escala. “Tengo desde alumnos míos hasta colegas que se suman al proceso. Es un equipo muy especial”.
En su lectura del país, Bernal es clara en la dualidad. “A nivel de talento no tenemos nada que envidiar al extranjero. A nivel de recursos, sí”.
La limitación material contrasta con la capacidad creativa local, que ha sido validada incluso por referentes internacionales.
“Un escenógrafo español me dijo: ‘Yo no sé cómo ustedes hacen tanto en tan poco tiempo’… y eso me hizo sentir que vamos bien”. Hoy, su presente está marcado por proyectos de alto impacto. Entre ellos, la exhibición del centenario de los Juegos Centroamericanos y el montaje del musical Chicago.
Pero más allá de los títulos, su mirada sigue siendo la misma: la de alguien que entiende el arte como un proceso continuo. “Yo te puedo decir que he cumplido todos mis sueños, pero como que yo no termino… siempre hay otro”.
Y quizá ahí reside la esencia de su obra: en esa imposibilidad de cierre, en esa búsqueda constante que transforma cada espacio en una posibilidad de relato.
Porque, como ella misma resume, con una frase que atraviesa toda su trayectoria: “El quererlo de verdad con fuerza es lo que me ha hecho hacer”.
