¡ÚLTIMA HORA!
Una joven madre de 24 años murió tras ser atacada a tiros presuntamente por su expareja, un sargento de la Policía Nacional, quien posteriormente intentó quitarse la vida, en un hecho ocurrido este lunes en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte.
La víctima fue identificada como Dayana Paulino Santos. El médico legista que hizo el levantamiento certificó su muerte a causa de múltiples heridas de proyectil.
Mientras que el presunto agresor es Diango Burgo, sargento adscrito a la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y asignado al servicio en Nagua.
De acuerdo con las informaciones preliminares, luego de dispararle a su expareja en repetidas ocasiones, el agente se habría provocado una herida de bala en la cabeza con fines suicidas.
Se informó que Dayana Paulino Santos y el sargento Diango Burgo habían procreado tres hijos durante su relación.
La Constitución dominicana establece un plazo máximo de 48 horas para que una persona detenida sea presentada ante un juez. Sin embargo, en la práctica, ese límite puede convertirse en días, semanas o incluso más de un mes.
Y cuando finalmente un tribunal ordena la libertad, salir del destacamento tampoco ocurre de inmediato.
La situación ha quedado evidenciada con los 13 ciudadanos que permanecen más de 30 días detenidos en los destacamentos del Ensanche Felicidad y Vietnam, en Santo Domingo Este, sin haber sido sometidos al control de un juez y sin que existiera registro de un proceso penal en su contra.
Aunque un tribunal acogió el hábeas corpus presentado por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y ordenó su libertad inmediata, varios días después la decisión aún se encuentra en proceso de ejecución.
La decisión legal de la liberación de los 13 detenidos ocurrió después de que una inspección de la Defensa Pública encontrara a 16 personas privadas de libertad en los destacamentos de Felicidad y Vietnam. Trece llevaban más de un mes detenidas sin haber comparecido ante un juez.
Durante la audiencia, el Ministerio Público informó al tribunal que no encontró solicitudes de medidas de coerción ni actuaciones procesales relacionadas con esas personas.
El tribunal ordenó la libertad de los 13 ciudadanos, pero el caso no fue el último. Días después, durante una nueva inspección en el destacamento de El Tamarindo, en Santo Domingo Este, las defensoras públicas encontraron a otro hombre que llevaba casi 12 días privado de libertad sin haber sido presentado ante un juez, en circunstancias similares a las detectadas previamente en los destacamentos del Ensanche Felicidad y Vietnam.
Según relataron, los agentes explicaron que el retraso obedecía a la falta de vehículos para trasladarlo hasta la fiscalía.
Sin embargo, cuando consultaron el sistema del Poder Judicial, descubrieron que tampoco existía una solicitud de medida de coerción depositada y ante esa situación, interpusieron un nuevo hábeas corpus.
Para la Defensa Pública, la ausencia de transporte se ha convertido en una de las explicaciones más frecuentes para justificar los retrasos.
"No había sucedido antes con esta magnitud. Ahora uno de los argumentos recurrentes es que no hay vehículos para trasladar a los detenidos", explicó Figuereo.
La defensora sostuvo que esa situación no solo afecta a quienes esperan ser presentados ante un juez por primera vez, sino también las audiencias de medidas de coerción.
"Si hay 65 audiencias fijadas, 45 o 50 terminan aplazándose por falta de traslado", aseguró.
El hábeas corpus tampoco acelera siempre la libertad.
Las defensoras afirman que incluso cuando presentan acciones constitucionales para recuperar la libertad de un detenido, el proceso suele enfrentar nuevos obstáculos.
Según Figuereo, en algunos casos el Ministerio Público solicita aplazamientos de las audiencias de hábeas corpus para ganar tiempo.
"La táctica dilatoria que está haciendo el Ministerio Público es pedir aplazamiento para depositar la solicitud de medida de coerción. Cuando vuelve la audiencia, aparece el vehículo, trasladan al imputado y conocen la medida", afirmó.
El artículo 40 de la Constitución dispone que toda persona detenida debe ser presentada ante un juez dentro de las 48 horas siguientes a su arresto.
El artículo 71 reconoce el hábeas corpus como el mecanismo para restablecer ese derecho cuando la privación de libertad es ilegal o irrazonable.
Sin embargo, para la Defensa Pública, las visitas diarias a los destacamentos muestran una realidad distinta.
Las inspecciones no solo verifican el tiempo de detención. También revisan si los privados de libertad han recibido alimentos, agua, atención médica y si han sido objeto de maltratos.
"Mucha gente ni siquiera sabe por qué está detenida o que tiene derecho a ser presentada ante un juez en 48 horas", señaló la defensora pública Dilenny Morel.
La historia de los 13 ciudadanos resume la paradoja que describen las defensoras. Entraron a los destacamentos sin que posteriormente se formalizara un proceso judicial.
Un tribunal ordenó su libertad. Pero la ejecución de esa decisión también requirió nuevos trámites, seguimiento de los abogados y espera.
Para la Defensa Pública, esa secuencia refleja un problema que trasciende un caso particular: en algunos destacamentos dominicanos no solo resulta fácil entrar; también puede ser muy difícil salir, incluso cuando un juez ya ordenó la libertad.
El incendio que afectó la tarde de este lunes una embarcación en la isla Saona fue producto de una explosión, mientras el número de lesionados aumentó a 23, conforme a datos suministrados por el Cuerpo de Bomberos de Bayahíbe, provincia La Altagracia.
Los ocupantes fueron rescatados inicialmente por otras embarcaciones que se encontraban en el área y posteriormente recibieron asistencia de los organismos de emergencia y luego trasladados a dos centros de salud.
Como resultado del incidente, se confirmó el traslado de un total de 23 personas heridas, distribuidas de la siguiente manera:
El Cuerpo de Bomberos dijo que concluida la fase de búsqueda y rescate, los esfuerzos interinstitucionales se concentran actualmente en la atención, estabilización y seguimiento médico de los pacientes, así como en la coordinación de los recursos necesarios para garantizar una respuesta sanitaria oportuna y adecuada.
Participaron representantes del Cuerpo de Bomberos de Bayahibe, Centro de Operaciones de Emergencias (COE), la Gobernación Provincial de La Romana, el Ministerio de Turismo, la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), la Dirección Regional Yuma del Servicio Nacional de Salud, Defensa Civil, la Armada de República Dominicana, la Policía Nacional, la Policía Turística (Politur) y las demás instituciones que integran el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta.
La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana recordó este lunes cuáles son los requisitos para que un niño nacido fuera del territorio estadounidense pueda adquirir la ciudadanía de su país al nacer, entre ellos el tiempo mínimo de residencia que debe acreditar el padre o la madre ciudadano.
En una nueva entrega de la columna "Pregúntale al cónsul", la legación diplomática explicó que, en la mayoría de los casos, el padre o la madre ciudadano debe demostrar que residió físicamente en Estados Unidos o en uno de sus territorios durante al menos cinco años antes del nacimiento del menor.
Además, de ese período, al menos dos años deben haberse cumplido después de que el progenitor alcanzara los 14 años de edad.
La embajada precisó que, si se cumplen esos requisitos, los padres pueden solicitar un Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero (CRBA, por sus siglas en inglés), documento emitido por el Departamento de Estado que certifica que el menor adquirió la ciudadanía estadounidense al nacer.
El CRBA funciona como el acta de nacimiento estadounidense de los niños nacidos fuera del país y constituye la principal prueba de ciudadanía. Con este documento, el menor puede solicitar un pasaporte estadounidense, acceder a servicios consulares y ejercer los derechos que corresponden a un ciudadano de Estados Unidos.
La representación diplomática indicó que el trámite también puede realizarse después del nacimiento, siempre que la solicitud se presente antes de que el hijo cumpla los 18 años.
Para solicitar el CRBA o un pasaporte estadounidense, los padres deben presentar los documentos originales durante la entrevista consular. La embajada advirtió que la falta de documentación puede retrasar el proceso o requerir una nueva cita.
Los oficiales consulares también pueden solicitar pruebas adicionales, incluido un examen de ADN, para confirmar el vínculo biológico, cuando sea necesario.
Asimismo, recordó que las tarifas del pasaporte y del Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero no son reembolsables, incluso si la solicitud es denegada o debe repetirse.
El proceso comienza con el registro en la plataforma MyTravelGov, donde también se realiza el pago de 100 dólares por el CRBA.
Entre los documentos requeridos figuran el acta de nacimiento del menor, las identificaciones de ambos padres, la prueba de ciudadanía estadounidense del progenitor, evidencias de presencia física en Estados Unidos —como pasaportes anteriores, declaraciones de impuestos, registros escolares, documentos militares o estados de cuenta del Seguro Social—, además de pruebas del embarazo, del parentesco y, cuando corresponda, certificados de matrimonio o divorcio.
Una vez completado el registro, la entrevista debe solicitarse por correo electrónico a la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo. Según la misión diplomática, el tiempo estimado de respuesta para este trámite es de hasta siete días hábiles.
Bernardo Pie conquistó la medalla de oro en la categoría de -74 kilogramos del taekwondo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
El dominicano derrotó al puertorriqueño Adrián Benítez por dos asaltos a cero. El primer round concluyó 3-1, mientras que el segundo finalizó con un amplio 26-2, asegurándole el título de campeón centroamericano y del Caribe.
Pie logró medallas de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y Santiago 2023 en los (-68kg), y la obtenida en esta edición es su tercera medalla de oro centroamericana, logró la presea dorada en Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.
El exprocurador general Jean Alain Rodríguez y su defensa técnica agotaron este lunes la jornada completa de la audiencia, en la mañana y tarde, solicitando al tribunal la extinción de la acción penal de su proceso, a pesar de que las juezas solo les habían concedido únicamente dos horas para presentar el incidente.
Al hacer su propia defensa junto a sus abogados, Rodríguez afirmó que la acusación por presuntamente estafar por más de seis mil millones de pesos al Estado durante su gestión, cumplirá en agosto seis años porque se le empezó a investigar en el 2020, inmediatamente asumió el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno.
“Esta defensa en el día de hoy ha demostrado junto con los abogados ordenado por el doctor Carlos Balcácer que nosotros no calificamos para una excepción porque no hemos dilatado el proceso.
La ley dice claramente – continuó Rodríguez - que solamente se puede extender cuando un tribunal en el momento determinado haya dicho por resolución motivada que hubo una dilación y ningún tribunal lo ha dicho”, afirmó el exfuncionario.
Al unirse a su propia defensa en audiencia alegó que el máximo de los cuatro años que establece la ley es el que corresponde para el caso porque no hay excepción para el expediente ser calificado para un plazo mayor.
Afirmaron que la acusación, junto a la investigación que, según afirman, inició en agosto del 2020, en la gestión de la exprocuradora general Miriam Germán Brito, cumplirá seis años el próximo mes.
Reiteraron que no han provocado dilaciones del proceso y que sí lo ha hecho el Ministerio Público.
"Son seis años. Casi seis años. Y sí es cierto que todo sujeto es juzgado en un proceso de interés público, en el principio de la presunción de inocencia, hay garantías que deben observarse", subrayó Rodríguez al hacer su propia defensa este lunes..
La audiencia fue recesada para el próximo miércoles, después de que otras defensas empezaran a adherirse a la solicitud de poner fin a la acusación, cuyo incidente continuará ese día por parte de los otros imputados.
Los abogados del exprocurador son Carlos Balcácer y Nelys Rivas.
La extensa jornada de la audiencia, desde minutos antes de las diez de la mañana hasta pasada las cuatro de la tarde, con una hora de almuerzo, estuvo marcada por tensiones durante las primeras tres horas, y que las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional calificaron como una "discusión estéril".
Los abogados de Rodríguez exigían más de dos horas para presentar el incidente de la extinción de la acción penal y habían depositado ante el tribunal un documento con 276 páginas “con sus correspondientes anexos”, a lo que el tribunal y el Ministerio Público les exigían presentar sólo oralmente su solicitud.
“Es que en dos horas no podíamos agotar la presentación del incidente”, dijo Balcácer durante la audiencia.
La presidenta del Segundo Tribunal Colegiado, Claribel, Nivar Arias, respondió que “durante más de una hora” se le había “explicado a dichos abogados la forma en que deben presentar esos incidentes. Más de una hora en el día de hoy, más las horas que se agotaron en la audiencia anterior”.
Agregó que si Balcácer “duda de la imparcialidad de esta juzgadora, tiene las herramientas necesarias para utilizar”.
De manera preliminar, al menos 12 personas han resultado heridas la tarde de este lunes durante el incendio de una embarcación ocurrido frente a Playa Viva, en la zona de El Abanico, próxima a Isla Saona.
Según los reportes iniciales, 11 de los afectados fueron llevados al Centro Médico Central Romana, mientras que una persona fue trasladada a la Clínica Canela. Ambos centros de salud están ubicados en la provincia La Romana.
Las autoridades y los organismos de respuesta continúan en la zona atendiendo la emergencia y recopilando información sobre el incidente.
El caso permanece en desarrollo, por lo que las cifras de lesionados y demás detalles podrían variar conforme avancen las investigaciones por parte de las autoridades.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes una flexibilización temporal de ciertas medidas de supervisión financiera para permitir que las instituciones estadounidenses faciliten operaciones autorizadas relacionadas con la recuperación económica y la ayuda humanitaria en Venezuela tras los recientes terremotos en el país.
La decisión busca facilitar que bancos y otras instituciones financieras estadounidenses puedan procesar operaciones vinculadas con la asistencia humanitaria, la reconstrucción y la recuperación económica de Venezuela tras los terremotos, al reducir el riesgo de sanciones regulatorias por posibles dificultades de cumplimiento durante esas transacciones autorizadas.
El Tesoro explicó que las instituciones financieras deberán mantener sus programas de cumplimiento contra el lavado de dinero y seguir respetando las sanciones vigentes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
La protección anunciada no cubrirá violaciones intencionales o deliberadas de las normas financieras estadounidenses, según el comunicado.
De acuerdo con un informe del Banco Mundial, presentado el jueves pasado, los daños provocados por los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio, tendrán un costo estimado de 19.600 millones de dólares y podría frenar la recuperación económica del país durante una década.
Los sismos del 24 de junio, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y figuran entre los más devastadores de la historia reciente de Venezuela.
El régimen de sanciones se endureció en 2019 con restricciones más amplias sobre la economía venezolana, incluida la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Desde entonces, el Tesoro estadounidense ha emitido licencias y excepciones específicas para permitir determinadas operaciones, entre ellas algunas relacionadas con el sector petrolero, especialmente tras los cambios políticos registrados en Venezuela después de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero.
Un incendio afectó la tarde de este lunes en el establecimiento comercial chino Ming Sheng, ubicado en la avenida Isabel Aguiar, esquina Duarte Vieja, en el municipio Santo Domingo Oeste. Hasta el momento no se han reportado lesionados.
La vía fue cerrada aproximadamente un kilómetro. Los negocios en los alrededores se vieron obligados a cerrar, a causa del fuego.
Conforme a reportes, el siniestro comenzó alrededor de las 4:00 de la tarde, movilizando varias unidades del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Oeste que trabajaron hasta pasadas las 7:00 de la noche para sofocar el siniestro. Al lugar también acudieron unidades del Sistema de Atención a Emergencias 9-1-1 están presentes en el lugar.
El comandante de operaciones del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Oeste, Fernando Arturo Santana, informó que no se han reportado personas heridas ni lesionadas como consecuencia del incendio.
Santana explicó que las labores de extinción se vieron dificultadas por la falta de agua en algunos momentos de la emergencia, lo que retrasó el control total del fuego.
En cuanto a las causas del incendio, indicó que aún se desconocen y que será el departamento técnico del organismo el encargado de realizar las investigaciones correspondientes, una vez concluyan las labores de extinción.
Sobre la tienda Ming Sheng
La tienda Ming Sheng fue uno de los establecimientos clausurados el año pasado (el 9 de septiembre) por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived), debido a irregularidades en sus permisos y certificaciones, detectando vulnerabilidades críticas, incluyendo filtraciones severas, humedad y una sobrecarga excesiva de peso en la losa de techo utilizada inadecuadamente como área de almacenamiento.
El 12 de mayo del año en curso, el Mived autorizo su reapertura, indicando que la edificación había sido sometida a un saneamiento de la estructura mediante tratamiento especializado de áreas afectadas por humedad y la corrección definitiva de filtraciones.
Asimismo, ejecutaron un reforzamiento y sellado con tratamiento de fisuras detectadas, así como la reparación de perforaciones previas en elementos estructurales clave.
El centro también se puso al día con la seguridad industrial mediante el anclaje normativo de los sistemas de almacenamiento metálico para prevenir incidentes.
El director distrital de Verón-Punta Cana, Ramón Ramírez, "Manolito", aseguró este lunes que la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) no busca perjudicar a ningún sector de la comunidad y anunció la realización de vistas públicas para escuchar las inquietudes de los distintos actores sociales.
"La planificación de nuestra ciudad a través del POT no significa, bajo ninguna circunstancia, perjudicar a ningún sector. Al contrario, busca equilibrar el crecimiento y garantizar que todos seamos parte del desarrollo de Verón-Punta Cana, actuando siempre conforme a las leyes vigentes y bajo el más riguroso escrutinio legal", afirmó Ramírez mediante una nota de prensa.
El ejecutivo municipal señaló que la planificación y organización del territorio constituyen un paso necesario para el crecimiento ordenado de Verón-Punta Cana. Además, destacó que el proceso se lleva a cabo dentro del marco jurídico vigente, garantizando la transparencia, el debido proceso y una participación amplia e inclusiva.
Ramón Ramírez informó que la Junta Distrital convocará vistas públicas y mesas de trabajo con el propósito de garantizar que las inquietudes, propuestas e ideas de todos los actores locales sean escuchadas e incorporadas al proceso institucional.
Indicó que esos espacios, contemplados por la ley, permitirán que empresarios, líderes comunitarios, comerciantes y ciudadanos en general puedan expresar sus opiniones, presentar sus puntos de vista y plantear las enmiendas que consideren necesarias al plan.
De igual forma, aseguró que el propósito de esta dinámica es alcanzar un consenso democrático y jurídicamente fundamentado, en el que todos los sectores involucrados se sientan representados y respalden las medidas que definirán el futuro urbanístico y económico de la zona.
El proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Verón Punta Cana plantea un cambio estructural en la forma de planificar el crecimiento del principal polo turístico del país, al convertir la movilidad en uno de los ejes centrales del desarrollo urbano mediante la creación de un sistema vial jerarquizado que incorpora vías expresas, arteriales, colectoras y locales, además de una red de ciclovías y espacios exclusivos para peatones.
La propuesta rompe con el modelo de expansión basado únicamente en el tránsito vehicular y establece que el desarrollo urbano deberá organizarse en torno a un sistema de
El documento dispone que la planificación vial se sustente en los principios del Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible (DOTS), promoviendo una ciudad más conectada, con menores tiempos de desplazamiento y menos dependencia del automóvil privado.
