¡ÚLTIMA HORA!
El tiempo se agota. Para el martes 15 de diciembre, en pleno periodo de compras navideñas, los clientes de supermercados y otros comercios deberán comprar las bolsas en las que trasladarán sus productos, según la Ley 98-25 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
El objetivo es reducir el consumo de plástico y fomentar que una misma bolsa se utilice repetidamente para realizar compras. En teoría, dejar de entregar una funda plástica gratis para proteger al medioambiente parece una decisión sencilla hasta que se traslada a las operaciones de miles de colmados, supermercados, farmacias y tiendas, que tienen los siguientes desafíos: ¿cuáles bolsas deberán cobrarse?, ¿cuánto costarán?, ¿cómo se incorporarán a los inventarios?, ¿pagarán ITBIS?, ¿cómo será el sistema de facturación?, ¿de qué grosor y tamaño se venderán?, ¿quién explicará al consumidor que debe pagarlas?
Las anteriores son algunas de las interrogantes que plantea el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, ante la proximidad de la fecha. Para entender la dimensión del cambio, explicó que en el país operan alrededor de 62,000 colmados, 3,570 pequeños y medianos supermercados, 3,900 farmacias, 5,550 ferreterías y 9,800 tiendas de distintas actividades, entre ellas tejidos, tecnología y artículos diversos.
Todos ellos deberán operar con un protocolo que aún no está listo, precisó.
La directora ejecutiva de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), Jenniffer Troncoso, coincidió con García en que los establecimientos necesitan conocer las reglas para ejecutar el mandato, pero estas siguen pendientes de que las establezca el Ministerio de Medio Ambiente.
La ONEC solicitó desde el año pasado la conformación de una mesa de trabajo y, aunque esta existe, Troncoso atribuyó parte de la demora a cambios dentro del Ministerio de Medio Ambiente.
Entre lo que todavía queda por establecer, señala las posibles excepciones, las condiciones del cobro, las autoridades que inspeccionarán y las consecuencias del incumplimiento. Plantea que las compras por aplicaciones y los servicios de entrega también necesitan ajustes: habrá que decidir cómo el cliente seleccionará las bolsas y asumirá el costo.
No obstante, los miembros de la ONEC llevan meses preparándose internamente. Los ajustes abarcan inventarios, procedimientos de caja y capacitación del personal.
Los comerciantes han participado este año en al menos seis reuniones de la mesa técnica de trabajo con Medio Ambiente y otros sectores vinculados a la fabricación y distribución de plásticos. En esos encuentros tripartitos se han abordado asuntos técnicos, comerciales y de interpretación de la ley que todavía están a medio cocer.
La FDC solicitó una prórroga a Medio Ambiente, más allá de marzo del 2027. En la próxima reunión de la mesa de trabajo prevé proponer comenzar por etapas: primero con las grandes superficies y extender progresivamente el procedimiento.
Su preocupación es cómo lograr que los establecimientos pequeños y los ubicados fuera de las grandes ciudades conozcan las especificaciones de las fundas, dispongan de ellas y apliquen los procedimientos.
En Supermercados Bravo, el gerente de Mercadeo, Igor Casanova, indicó que la empresa mantiene conversaciones con Medio Ambiente y evalúa distintos escenarios, pero espera las disposiciones oficiales para definir el procedimiento.
Planteó que las reglas deben ser claras y aplicables a todos los participantes, de modo que el consumidor conozca el origen del cambio y no lo interprete como una iniciativa particular de una cadena.
La valoración de los plazos cambia al consultar a José María Munné, director ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria del Plástico (Adiplast). “De parte de la industria estamos preparados”, afirmó.
Según indicó, algunas empresas ya incorporan tecnologías de biodegradación en sus productos, aunque no ofrece una cifra consolidada de fabricantes de fundas que las utilizan. En el caso de productores de foam, ubica el inicio de la aplicación de esas tecnologías en algunas empresas entre 2021 y 2022.
Destaca que el marco legal también establece la responsabilidad extendida del productor, importador y comercializador. Esta obliga a participar en la gestión de los residuos una vez termina la vida útil del producto, mediante sistemas individuales o colectivos que financien acciones de sensibilización, recuperación y manejo.
El propósitoes que la obligación no termine cuando una bolsa sale de la fábrica o llega al consumidor, sino que exista participación de la cadena productiva en su recuperación y tratamiento.
Este final de la cadena en los cambios para el uso de las bolsas plásticas, parece encaminado. Contrasta con un punto de partida de la aplicación de la ley cercano en el plazo, pero lejano en su ejecución.
El asesor de Medio Ambiente, José María Tost, aseguró que se trabaja en una resolución y un reglamento para precisar cómo se aplicará la disposición.
Indica que entre los asuntos en discusión están las características de las fundas sujetas a cobro, cuáles podrían entregarse gratuitamente y una propuesta de precios mínimos por tipología, aunque no adelanta montos. También se analizan criterios de reciclabilidad y reutilización, incluidas pruebas de resistencia y normas técnicas que permitan comprobar las características de los productos.
El objetivo es reducir el consumo y fomentar que una misma bolsa se utilice repetidamente para realizar compras. Reconoce que la transición requiere carteles informativos, orientación y capacitación del personal. “Esto no se adquiere de hoy para mañana”, expresó.
Sobre la biodegradabilidad de plásticos y foam, expresó que se trabaja con el Instituto Dominicano para la Calidad y se estudian las capacidades técnicas necesarias para evaluar los productos. Planteó que las certificaciones deben responder a criterios sólidos y evitar afirmaciones ambientales sin sustento.
Aunque reclama más tiempo, García asegura que el sector comparte el objetivo ambiental de la medida y no prevé pérdidas de empleos por el cobro de las fundas, sino lo contrario. Consideró que los nuevos procesos operativos obligarán a la creación de puestos para velar por el cumplimiento de la ley.
Las cajeras deberán consultar cuántas fundas desea el cliente y registrar su pago antes de entregarlas. El consumidor, a su vez, tendrá que decidir si las compra, utiliza una bolsa reutilizable o lleva sus productos sin ellas.
La República Dominicana se colocó en la línea de las políticas de seguridad tecnológica adoptadas por Estados Unidos y varios países europeos al restringir la incorporación de equipos y programas de proveedores considerados de alto riesgo en las infraestructuras críticas de las redes de telecomunicaciones.
La decisión, contenida en la Resolución 100-2026 del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), se fundamenta en una evaluación clasificada de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que recomendó limitar la participación de determinados proveedores tecnológicos por los riesgos que podrían representar para la seguridad nacional.
La medida fue aprobada el pasado 29 de octubre y publicada el 13 de noviembre, en momentos en que la empresa vietnamita Viettel se prepara para ingresar al mercado dominicano de telefonía móvil e internet, después de obtener una concesión de 20 años para desarrollar redes de cuarta y quinta generación.
Viettel mantiene relaciones comerciales y tecnológicas con fabricantes internacionales, entre ellos la empresa china Huawei, objeto de restricciones en Estados Unidos y varios países europeos por preocupaciones relacionadas con la seguridad de las comunicaciones y la posible intervención de gobiernos extranjeros.
Aunque la resolución dominicana no identifica expresamente a Huawei, ZTE ni Viettel, sus disposiciones podrían afectar la selección de equipos y proveedores de la nueva operadora, particularmente aquellos destinados al núcleo de sus redes. No hace referencia a equipos ya instalados pese a que los operadores locales, por razones de precio, han adoptado mayoritariamente tecnología china.
El informe del DNI constituye uno de los elementos centrales de la decisión. Su carácter clasificado impide conocer públicamente cuáles proveedores fueron examinados, qué vulnerabilidades se identificaron y si las recomendaciones responden a amenazas concretas o a riesgos potenciales.
La resolución establece cinco criterios para evaluar a los proveedores: antecedentes de incidentes de seguridad no resueltos, dificultades para verificar independientemente sus sistemas, legislaciones extranjeras que permitan exigir información a las empresas sin autorización judicial, ausencia del país de origen del Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia y obligaciones legales de comunicar vulnerabilidades tecnológicas a las autoridades antes de corregirlas.
Las restricciones se concentran en el núcleo de las redes, donde se realizan funciones esenciales como la autenticación de usuarios, el control de las comunicaciones, el enrutamiento de datos y la interconexión entre operadores.
El Indotel prohíbe provisionalmente adquirir, contratar, instalar o activar nuevos componentes de proveedores clasificados como de alto riesgo para esas funciones, salvo autorización mediante una no objeción de su Consejo Directivo.
La disposición no obliga a retirar los equipos existentes ni afecta, en principio, las capas de acceso, distribución y transporte que no desempeñen funciones críticas del núcleo.
Las operadoras deberán notificar con 90 días de anticipación cualquier instalación, ampliación o modificación sustancial de infraestructura crítica. También se contemplan restricciones a tecnologías suministradas indirectamente mediante filiales o intermediarios.
La decisión coincide con un paso importante en la entrada de Viettel al mercado dominicano.
La empresa realizó el 13 de noviembre una transferencia de 972,519,255 pesos al Indotel, correspondiente al primer desembolso por los derechos establecidos en su contrato de concesión.
Su incorporación supondría un nuevo competidor para Claro, Altice y Viva, en un mercado donde la ampliación de la oferta constituye uno de los objetivos declarados del regulador.
La coincidencia entre el pago de la concesión y la publicación de las restricciones introduce interrogantes sobre las condiciones tecnológicas bajo las cuales Viettel podrá desarrollar sus operaciones.
Estados Unidos ha restringido el uso de equipos de Huawei y ZTE en determinadas infraestructuras de telecomunicaciones por consideraciones de seguridad nacional.
La Unión Europea también ha promovido mecanismos para identificar proveedores de alto riesgo y reducir su participación en las redes 5G, aunque las decisiones concretas varían entre sus Estados miembros.
La resolución dominicana adopta criterios semejantes, sin establecer públicamente una prohibición general contra fabricantes específicos.
La medida es provisional. El Indotel concedió 60 días calendario para recibir observaciones de los interesados antes de adoptar una decisión definitiva. También contempla revisiones periódicas y una reglamentación integral sobre proveedores seguros.
El Indotel tiene convocada una rueda de prensa para hoy, en la que se espera que su presidente, Guido Gómez Mazara, aborde la situación de Viettel y amplíe los detalles sobre la Resolución 100-2026.
Entre los aspectos que requieren aclaración figuran el alcance de las recomendaciones del DNI, los mecanismos para clasificar proveedores de alto riesgo y las consecuencias de las restricciones para los operadores existentes y los nuevos inversionistas.
También deberá precisarse cómo se conciliarán las exigencias de seguridad nacional con los derechos derivados de las concesiones otorgadas por el propio regulador.
Los abogados Carlos Balcácer y Manuel Sierra Pérez son parte de un grupo de siete penalistas que denuncian las recurrentes muertes de personas en el país a manos de agentes policiales bajo el discurso de intercambio de disparos o muertes en acción legal, que hasta el momento llegan a no menos de 117 desde el mes de septiembre. En su cruzada sostienen que existe un “silencio sepulcral” en el Ministerio Público frente a las muertes de ciudadanos durante supuestos intercambios de disparos con la Policía Nacional y cuestionan que el Estado esté recurriendo a la fuerza policial sin resolver las deficiencias de la persecución penal.
Los abogados han hecho varias solicitudes al Ministerio Público y se han encontrado con una pared. “Al día de hoy, esa solicitud de varias diligencias no ha tenido respuesta de la Procuraduría General de la República. Un silencio sepulcral”, afirma Sierra Pérez.
Los juristas reconocen que las muertes en intercambios de disparos son problemas más amplios del sistema de justicia, que empieza con el fracaso de la reforma policial, la escasez de fiscales, la insuficiencia de tribunales, las dificultades para procesar a los infractores y la desconfianza de una parte de la población en las instituciones. Sin embargo, eso no las justifica. Balcácer sostiene que las autoridades deben asumir las responsabilidades que les corresponden en la persecución de los delitos, en lugar de presentar la muerte de personas buscadas por la justicia como una respuesta a la inseguridad.
“Fracasó el Estado. Y como el Estado no tiene respuesta frente a la población, ha decidido elegir una limpieza humana”, expresa el abogado durante su participación en el segmento Diálogo Libre de este periódico.
Balcácer fue cuestionado sobre la reacción de ciudadanos que manifiestan alivio cuando la Policía mata a una persona señalada como responsable de robos, asaltos u otros delitos. Advierte que aceptar las muertes como solución a la delincuencia puede tener consecuencias para toda la sociedad. “Porque con la actitud que está teniendo ahora mismo la Policía bajo la dirección de su director general se crea en el inconsciente colectivo de la autoridad una licencia de hacer lo que yo quiera”, advierte.
El abogado plantea que la falta de atención a las denuncias de las víctimas contribuye a esa situación. “Si la Policía no atiende el reclamo de la persona ofendida, de la víctima, obviamente es la misma falta de la Policía en no tramitar el asunto a los departamentos investigativos o el mismo Ministerio Público”, explica.
A su juicio, la respuesta debe consistir en investigar los delitos, detener a los responsables y presentarlos ante los tribunales. “El tema no es matar al infractor”, afirma.
Balcácer sostiene que la delincuencia no puede desaparecer mediante la eliminación física de quienes cometen delitos, sino que corresponde al Estado establecer mecanismos para controlarla y prevenirla.
El abogado también relaciona las dificultades para perseguir la delincuencia con la falta de recursos del sistema judicial: “Hay pocos fiscales. Es lo primero. Yo quiero ir a la génesis”.
Balcácer señala que la cantidad de representantes del Ministerio Público resulta insuficiente frente al volumen de denuncias que reciben las fiscalías. Describe las dificultades para tramitar expedientes de estafa, abuso de confianza, falsificación, violencia y otros delitos que deben ser investigados antes de presentarse ante un tribunal.
También cuestionó la cantidad de tribunales disponibles en el Distrito Nacional para conocer los procesos penales. “¿Cuántos colegiados hay aquí? Cuatro”, señala durante la conversación, al tiempo que defiende la necesidad de ampliar la capacidad de los órganos judiciales.
El presupuesto aprobado para el Poder Judicial en 2026 fue de aproximadamente 12,921.6 millones de pesos.
Balcácer también cuestiona los recursos destinados a la Policía y las condiciones laborales de sus agentes, al señalar que una política de seguridad efectiva requiere personal capacitado, salarios adecuados y mecanismos de supervisión. “Aquí lo que hay es que proteger tanto a la autoridad como al ciudadano”, manifiesta, al tiempo de señalar que en la mayoría de los casos los policías conviven cercanos a delincuentes.
La reincidencia delictiva forma parte de la discusión, especialmente por el argumento recurrente de las autoridades de que las personas fallecidas en supuestos intercambios de disparos acumulaban cinco, diez o más registros policiales. Sin embargo, la existencia de esos antecedentes no implica condenas judiciales ni permite justificar las circunstancias en que ocurrieron las muertes.
Una ficha ni siquiera significa que una persona haya sido judicializada. Lo mismo que el discurso de la orden de arresto. “La rebeldía es tan leve que tú te presentas y se levanta [...] de una vez”, expresa Balcácer, al explicar que una declaración de rebeldía no equivale necesariamente a una sentencia condenatoria.
El abogado diferencia las personas investigadas o buscadas por la justicia de aquellas que han sido declaradas culpables mediante una sentencia. También aborda el problema de quienes salen de prisión después de cumplir una condena y vuelven a cometer delitos. Para Balcácer, la respuesta debe incluir mecanismos de rehabilitación, educación, capacitación laboral y seguimiento de las personas que recuperan su libertad.
Menciona su experiencia como abogado en procedimientos de libertad condicional y los programas de formación que se desarrollan dentro de los centros penitenciarios. “El individuo, señores, que le coge diez años al Estado, preso, diez [...] no te ve jamás un puñal en la calle”, sostiene, al defender su percepción sobre el efecto de las condenas prolongadas.
El abogado Manuel Sierra Pérez cuestiona que el Ministerio Público no haya informado los resultados de las investigaciones relacionadas con las muertes durante los operativos policiales. Recuerda que los abogados han solicitado autopsias, informes de médicos legistas, peritajes balísticos, registros de armas y grabaciones de cámaras de seguridad.
“¿Dónde están las armas con las que se produjeron esos supuestos alegados intercambios de disparos? ¿Dónde están las huellas dactilares para establecer que ciertamente ese infractor de la ley que murió tenía el arma en sus manos?”, pregunta.
Sostiene que estas evidencias son necesarias para determinar si realmente existieron enfrentamientos y si los agentes actuaron dentro de los límites legales.
“Nosotros lo que queremos es determinar si ciertamente se trató de intercambio de disparos. Se debe proteger a la autoridad”, afirma. Defiende que la persecución de los delitos debe garantizar los derechos de las personas buscadas por la justicia. “Primero es que son órdenes que no dicen que vayan y lo traigan muerto, sino que lo traigan vivo”, expresa sobre las órdenes de arresto.
El jurista manifiesta que las autoridades tienen la obligación de investigar las muertes, independientemente de los antecedentes de las personas fallecidas.
Los movimientos por la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para las elecciones de 2028 tomaron fuerza el fin de semana, con actividades de respaldo a los proyectos de David Collado y Carolina Mejía, principalmente en Santo Domingo Este.
El alcalde de ese municipio, Dío Astacio, formalizó su integración al proyecto presidencial de Collado, con el respaldo de una estructura política que, según informó, está integrada por 153 coordinadores territoriales, regidores, presidentes zonales y aspirantes a diputados y regidores.
La actividad se celebró en el Club Calero, en Villa Duarte, y reunió a cientos de dirigentes y militantes del PRM, entre ellos alcaldes, legisladores y representantes de distintas estructuras de la organización.
Astacio justificó su respaldo al ministro de Turismo por su trayectoria y capacidad de gestión.
Mencionó su paso por el Congreso Nacional, la Alcaldía del Distrito Nacional y su actual responsabilidad al frente del Ministerio de Turismo.
Collado no asistió al encuentro. Astacio explicó que el funcionario tiene compromisos con la ley que le impiden participar en ese tipo de actividades políticas.
Según La Ley 41-08 de Función Pública, un funcionario designado no puede participar en actos políticos.
Mientras que el proyecto de Carolina Mejía encabezó actividades para fortalecer su estructura política.
El sábado juramentó a la diputada Dellys Féliz, conocida como Mamá Dellys, y a su equipo en Santo Domingo Este.
La legisladora explicó que decidió respaldar a Mejía porque considera que representa una oportunidad para que el país sea gobernado por primera vez por una mujer.
También expresó que ve en su proyecto la posibilidad de dar continuidad al trabajo del presidente Luis Abinader.
Carolina resaltó la trayectoria de la diputada en los barrios y el liderazgo de su esposo, Domingo Batista, quien fue alcalde de Santo Domingo Este en tres ocasiones.
En tanto que, el dirigente perremeísta Adán Peguero aseguró que Mejía obtendría más del 70 % de los votos en una convención interna en Santo Domingo Este y alrededor del 60 % a nivel nacional.
La aspirante presidencial también encabezó la juramentación del Comando Nacional de Salud de su proyecto C-28. Durante el encuentro planteó reformar instituciones del sector que realizan funciones similares, ampliar a 14 horas diarias los servicios de atención primaria y reducir la burocracia para obtener medicamentos de alto costo.
A esos planteamientos agregó la necesidad de aumentar la seguridad en los hospitales y contar con más especialistas en cuidados intensivos.
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De su lado, el equipo de la vicepresidenta Raquel Peña, quien confirmó sus aspiraciones presidenciales, amplió su estructura política en la región nordeste.
Adolfo Pérez, coordinador nacional del proyecto, encabezó juramentaciones en las provincias Samaná y María Trinidad Sánchez, con actividades en Nagua, Río San Juan y Cabrera.
“Las encuestas dicen una cosa, pero la gente de todo el país dice que el 28 es de Raquel”, expresó Pérez al referirse al respaldo que, según afirmó, recibe la vicemandataria.
Al menos 11 vuelos que conectan a República Dominicana con Estados Unidos fueron cancelados este domingo, por las condiciones meteorológicas, problemas de tripulación y efectos de la paralización aérea registrada el pasado viernes en Estados Unidos.
Luis José López, director de Comunicación Corporativa de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), confirmó a Diario Libre que las cancelaciones se registraron en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).
Entre las salidas suspendidas figuran tres vuelos de JetBlue: el 2110, con destino a Nueva York (JFK); el 2538, hacia San Juan, Puerto Rico (SJU), y el 606, a Orlando (MCO). Aerodom atribuyó estas cancelaciones al mal tiempo.
También fue cancelado el vuelo 2171 de American Airlines, con destino a Miami (MIA), por el efecto acumulado de la paralización de vuelos (ground stop) ordenada el viernes por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos.
En cuanto a las llegadas, fueron cancelados cuatro vuelos de JetBlue: el 209, procedente de Nueva York; el 2537, desde San Juan; el 589, desde Fort Lauderdale (FLL), y el 605, desde Orlando. Estas suspensiones también estuvieron relacionadas con las condiciones meteorológicas.
A estos se suman el vuelo 1629 de JetBlue, procedente de Boston (BOS), y el 2099 de American Airlines, desde Miami, debido a problemas con las tripulaciones afectados por el cierre aéreo.
También figura el vuelo 2171 de American Airlines, procedente de Miami, por los efectos acumulados de la paralización del viernes.
Aerodom también reportó retrasos este domingo en los vuelos 1942 de Delta, desde Nueva York, y 2099 y 1026 de American Airlines, desde Miami, por problemas relacionados con las tripulaciones.
Asimismo, el vuelo 330 de JetBlue, procedente de Boston, registró retrasos debido a un mantenimiento no programado.
Entre el viernes 13 y este domingo 15 de noviembre, Aerodom contabilizó 44 vuelos cancelados en los aeropuertos que administra, de los cuales 23 correspondieron a salidas y 21 a llegadas.
Según el reporte, 31 cancelaciones estuvieron relacionadas con el cierre del espacio aéreo estadounidense y sus efectos, mientras que siete obedecieron al mal tiempo, cuatro a problemas de control del tráfico aéreo en Canadá y dos a falta de tripulación de Delta en Atlanta.
El viernes 13 de noviembre, cuando la FAA ordenó la suspensión de los despegues en los aeropuertos de Estados Unidos por una falla en las comunicaciones de los centros de control aéreo, se cancelaron 14 vuelos.
El sábado 14, la cifra aumentó a 19, con afectaciones tanto en el Aeropuerto Internacional de Las Américas como en el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en Puerto Plata.
Cinco presuntos integrantes de bandas armadas haitianas murieron este domingo en una operación de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés) en el departamento de Artibonito, en el centro del país, el mismo donde la víspera fueron asesinadas al menos diez personas por estas bandas.
"Cinco presuntos miembros de bandas murieron y se incautaron armas. Esta operación va más allá de la mera seguridad", señaló en comunicado la GSF, cuya creación fue autorizada en septiembre de 2025 por el Consejo de Seguridad de la ONU.
La operación tuvo lugar al norte de la comuna de Gros-Morne, donde la GSF recuperó además el control de una iglesia y una escuela que las bandas habían convertido en bastiones suyos, en el sector de Carnifice, agregó la nota informativa.
"Las tropas de la GSF despejaron y aseguraron estos lugares y sus alrededores, restableciendo el acceso a través de un corredor fundamental", indicó la información, según la cual también fueron desmanteladas "varias barricadas y trincheras que bloqueaban la Carretera Nacional No. 5".
Según la GSF -integrada por 2,181 policías y militares de El Salvador, Chad, Guatemala, Jamaica, Sri Lanka, Mongolia y Bangladesh- y comandada por el mayor general mongol Erdenebat Batsuuri, las operaciones continuarán.
"Se trata de restaurar la libertad de circulación, reabrir el acceso a las instituciones públicas y restablecer la presencia del Estado en comunidades que han sufrido años bajo el control de bandas", concluyó el comunicado.
En Artibonito, donde tuvo lugar esta operación, al menos diez personas fueron asesinadas el sábado en un ataque de bandas.
La matanza fue perpetrada en la aldea de Morne-Robert, situada en la comuna de Saint-Marc, y fue atribuida a la banda Gran Grif, informó la emisora Radio Télé Galaxie.
La información agregó que las víctimas eran agricultores del municipio de Verrettes, unos sesenta kilómetros al norte de Puerto Príncipe, que se dirigían al mercado de Pont-Sondé para vender sus productos.
Otros medios locales elevan a trece el número de personas asesinadas en esta masacre, cifra que aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.
Las operaciones contra las bandas armadas se han intensificado en las últimas semanas por parte de las fuerzas de seguridad haitianas, la GSF y el contingente de más de 2,000 soldados enviados por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
El futuro cercano de Willbes Dominicana luce difuso y, para los cientos de empleados cancelados y suspendidos de la única zona franca operativa en Barahona, totalmente incierto.
La pérdida de su principal cliente en los Estados Unidos, The Children’s Place –que se declaró en quiebra este 8 de noviembre– agrava una producción textil binacional ya debilitada ante la prolongada situación de inestabilidad social en Haití, todo esto en momentos en que los ejecutivos de la zona franca agotan un proceso de reestructuración empresarial y financiera en su país de origen, Corea del Sur.
Han sido estas multicrisis las que llevaron a la compañía al despido y suspensión masiva de personal a lo largo del año.
Aunque medios masivos reportaron la desvinculación de hasta 800 empleados según testimonios, la compañía indicó la cancelación de 300 trabajadores y otros 250 suspendidos temporalmente, según informaciones que esta proporcionó al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) sobre su situación actual.
De este modo, hay 550 trabajadores afectados de manera directa, mientras que solo 250 empleados seguirían reteniendo sus empleos, aunque las operaciones de la compañía se encuentran actualmente paralizadas.
Un portero de la compañía evitó que Diario Libre ingresara a las instalaciones que ocupa en el parque industrial de Barahona, alegando que Willbes Dominicana se encuentra cerrada.
Al referirse a los ejecutivos de la empresa, explicó que “los coreanos ya concluyeron sus trabajos en la zona franca” y que su reapertura espera por la llegada de nuevos inversionistas a finales de noviembre.
Al ser consultado, el MICM aseguró que la compañía ha manifestado la intención de reanudar sus operaciones, pero que el cierre de The Children’s Place hace que la compañía enfrente “una situación compleja” por la reducción significativa de sus pedidos internacionales.
“Hasta el momento, la empresa no ha comunicado formalmente una decisión de cierre definitivo y mantiene expectativas de recuperación. No obstante, la normalización de sus operaciones dependerá de los resultados de los procesos de reestructuración y negociación que se desarrollan en Corea del Sur”, abundó.
Aunque el MICM no informó de las condiciones laborales en las que están los empleados cancelados y suspendidos ahora mismo, detalló que otra compañía de capital coreano, Global SAE-A Group, evalúa la posibilidad de establecer una nueva operación con un potencial de generar hasta 2,000 empleos formales en Barahona.
Explicó que esta compañía está interesada en establecer sus operaciones en el parque de zonas francas de esta provincia, modernizando sus instalaciones e incorporando nuevas maquinarias.Si bien esto no garantiza que todos los empleados cancelados y suspendidos trabajarían en este nuevo proyecto de instalarse, el MICM resalta que Global SAE-A quiere aprovechar la disponibilidad de mano de obra calificada y la experiencia acumulada por los trabajadores de la industria textil en esa demarcación.Diario Libre intentó ponerse en contacto con algunos de los empleados desvinculados o suspendidos para conocer su situación laboral frente a la compañía y las condiciones bajo las cuales pausaron o culminaron sus trabajos, según cada caso, pero no fue posible al cierre de esta entrega informativa.
¿Qué posibilidades de éxito tiene la reciente solicitud sometida por la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) para que el copago tenga un tope de 500 a 1,500 pesos dependiendo de la especialidad? Junto a esta solicitud el organismo también le ha pedido que elimine el doble cobro por consulta y resultados médicos.
En el pasado, la Sisalril ha accedido a solicitudes de la DIDA para corregir prácticas irregulares en el sistema de salud, entre ellas los cobros indebidos, la exigencia de fotografías para autorizar coberturas y los pagos adicionales que algunos prestadores trasladan a los pacientes por desacuerdos con las aseguradoras. Esas peticiones se convirtieron en circulares y resoluciones.
Estos precedentes sirven de referencia ante la nueva propuesta presentada por la DIDA para que la Sisalril establezca límites a las diferencias que pagan los afiliados cuando acuden a consultas médicas, especialmente con especialistas, donde los montos pueden alcanzar hasta los 5,000 pesos.
Entre las disposiciones adoptadas por la Sisalril, a solicitud de la DIDA, figura la Circular SSRL-INT-2025-000687, del 22 de mayo de 2025, que establece directrices contra las prácticas de cobros indebidos a los afiliados del Seguro Familiar de Salud y del Seguro de Riesgos Laborales. La medida fue reiterada por la Superintendencia en septiembre de 2026.
También está la Circular SSRL-INT-2025-001714, del 18 de agosto de 2025, que prohíbe a las ARS, los prestadores y el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) exigir fotografías a los afiliados como condición para autorizar coberturas, en protección de su dignidad, intimidad y datos de salud.
Esta disposición responde a las denuncias de la DIDA sobre consultorios que exigían pagos exclusivamente en efectivo, una práctica que dificultaba a los afiliados demostrar los montos entregados y reclamar cuando consideraban que se les había cobrado por encima de lo autorizado por su aseguradora.
La misma circular establece que los desacuerdos entre las ARS y los prestadores por tarifas, honorarios, auditorías, glosas u objeciones no pueden trasladarse a los pacientes mediante cobros adicionales, retención de documentos o suspensión de servicios. La Circular SSRL-INT-2026-002960, de agosto de 2026, también reforzó que las objeciones y glosas deben resolverse entre las aseguradoras y los prestadores.
Según explicó la institución a Diario Libre, durante el último año ha compartido con la Superintendencia alrededor de 1,491 incidencias relacionadas con irregularidades de los Prestadores de Servicios de Salud (PSS), entre ellas cobros por encima de lo establecido, retención de pacientes y documentos.
La capacidad de levantarse, transformar las experiencias difíciles y encontrar motivos para continuar ha sido una constante en la vida de Gloria Trevi. Su historia personal y artística, atravesada por momentos complejos, ha encontrado en la música, la fe y el respaldo de su público razones para mantenerse en movimiento y mirar hacia adelante.
Con esa filosofía, la cantante mexicana conversó con Diario Libre durante la alfombra magenta de los Premios Heat, celebrados en Puerto Vallarta, México, donde compartió reflexiones sobre las adversidades, la defensa de sus convicciones, la maternidad y los proyectos que actualmente ocupan su atención.
Al preguntarle qué le permite conservar la firmeza y continuar trabajando después de tantos años de carrera, Trevi respondió con una reflexión que resume su manera de asumir las experiencias negativas: convertirlas en algo positivo.
“Si tú recibes piedras, tú puedes convertirlas en flores o frutas. O si tú recibes un insulto, lo conviertes en estrellas, en cosas bonitas. Entonces, yo creo que eso es lo importante: lo que uno hace con las cosas negativas. A mí me gusta convertirlo en canciones”, expresó.
La intérprete también se refirió a la importancia de defenderse cuando se enfrenta una situación injusta, aunque reconoció que la confrontación no es precisamente su inclinación natural.
“Yo soy una persona que me gusta la paz, nada más que hay veces que, cuando es demasiado, uno se tiene que defender. Pero con amor. Si uno lo hace con amor, se puede llegar a muchas conciliaciones”, sostuvo.
Su mirada hacia el tiempo tampoco está anclada en la nostalgia. Al preguntarle qué extraña de épocas pasadas, respondió con espontaneidad: “Nada, a mí me encanta el presente y el futuro”, una declaración que refleja su disposición a seguir explorando nuevas posibilidades.
En esa etapa, sus hijos tienen un protagonismo especial. Trevi habló emocionada del video de “Intensamente”, una canción que cuenta la historia de cada uno de ellos y cuya grabación le permitió compartir una experiencia artística familiar. Recordó especialmente la sensación de cantar junto a sus hijos sobre un escenario.
“Cuando tus hijos están chiquitos, te pones a cantar con ellos. Entonces, de repente, estar cantando con ellos en el escenario fue como sentir que estaba con las estrellas más grandes del universo”, relató.
También agradeció el respaldo que han recibido “Intensamente” y “Pompas de jabón”, dos canciones que comienzan a abrir camino a un nuevo material discográfico que, según adelantó, será del agrado de sus seguidores.
La vigencia de su música entre las nuevas generaciones fue otro de los temas de la conversación. La cantante agradeció especialmente a las madres, tías y familiares que transmiten su repertorio a los más pequeños. Entre las anécdotas que compartió recordó la de una niña que, al escuchar “Medusa”, preguntó a su madre quién era aquella nueva artista. La respuesta de la progenitora, sorprendida por la ocurrencia, fue: “¿Nueva?”.
La conversación tuvo lugar en una noche especial para la artista, quien recibió el reconocimiento Artista Oro de los Premios Heat, entregado por Olga Tañón. Visiblemente emocionada, agradeció a Dios y a sus seguidores por acompañarla durante su recorrido profesional.
“Estoy muy agradecida con Dios, agradecida con el público. Siento que este reconocimiento realmente es para ese público que me ha puesto el hombro para llegar hasta este momento”, manifestó.
Y cuando se le preguntó a quién dedicaba tantos años de trabajo, sus discos, giras y conquistas profesionales, respondió sin rodeos: “¡A Dios! ¡A Dios!”.
La cantante mexicana también tuvo a su cargo el cierre musical de la celebración, al clausurar la ceremonia con varias de sus canciones. Su participación puso el broche artístico a una noche en la que, además de recibir un reconocimiento a su trayectoria, volvió a expresar los principios que han guiado su manera de afrontar la vida: la fe, el agradecimiento, la capacidad de reinventarse y la decisión de seguir adelante.
Durante la entrevista en Puerto Vallarta, México, Gloria Trevi destacó el alcance internacional de estos galardones al afirmar: “Son unos premios latinos de Santo Domingo para el mundo”, en alusión a su origen dominicano y a las diez ediciones celebradas en Punta Cana.
Esta vez, la premiación llegó a México, luego de realizarse en Medellín el año pasado. La artista también recordó su visita anterior a Santo Domingo, ciudad que calificó como “hermosísima”.
Los exministros de Obras Públicas y Administrativo de la Presidencia, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, deberán comparecer nuevamente ante la justicia. Este lunes, la Corte de Apelación del Distrito Nacional tiene programado conocer el recurso interpuesto por el Ministerio Público contra la decisión que rechazó la acusación contra ambos exfuncionarios de presunta corrupción administrativa.
La audiencia está fijada para las 9:00 de la mañana en la Segunda Sala de la Corte Penal de la capital.
Castillo y Peralta fueron favorecidos en mayo de este año con un no ha lugar por la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, quien conoció la preliminar del proceso de presunta corrupción que involucra también al exministro de Hacienda Donald Guerrero.
La jueza argumentó que los fiscales no presentaron “suficientes elementos de prueba” para sustentar las acusaciones, por lo que, no existe “probabilidad de una condena en otro escenario procesal”.
La magistrada, además, rechazó la acusación del órgano persecutor contra otros tres imputados: Daniel Guerrero Mena, hijo del exministro de Hacienda; Marcial Reyes y la notario Rosa Arias Ruiz.